La Corte Constitucional declaró exequibles ciertos apartes de la ley 1801 de 2016, que permiten el ingreso de perros guías y otros caninos de asistencia para personas con diversas discapacidades a lugares públicos. La Corte consideró que la normativa original era discriminatoria al no incluir a personas con discapacidades distintas a la visual, lo que vulneraba el principio de igualdad. Se destaca la importancia de reconocer la necesidad de apoyo canino para mejorar la accesibilidad y autonomía de todas las personas con discapacidad.