El documento resume las jornadas sobre la nueva ley de ciencia celebradas en Madrid. Se discutieron temas como el modelo de I+D, la coordinación entre actores, la investigación en el sector público y privado, y la transferencia de conocimientos. Hubo acuerdo en actualizar la ley para reflejar los nuevos actores en I+D, pero divergencias sobre cómo equilibrar los intereses públicos y privados y garantizar la independencia de la investigación básica.

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Balance de las Jornadas sobre la Nueva Ley de Ciencia
Madrid 9-10 de octubre de 2008
UN PASO HACIA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y
HUMANOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN
Las jornadas se celebraron los pasados días 9 y 10 de Octubre en el CSIC, en un acto que fue presentado por el
Secretario de Estado de Investigación C. Martinez y que clausuró el Secretario General de Política Científica y
Tecnológica J. M . Labastida como coordinador del grupo de trabajo que debe redactar el proyecto de ley antes
del 31 de Diciembre.
El acto tuvo una muy buena acogida, mas de 200 asistentes, procedentes de muy distintos ámbitos:
Universidades, OPI.s , Centros Tecnológicos y empresarios.
No estuvieron presentes Rectores, ni Directores de OPIs (sólo asistió Jose Rubio del CIEMAT). Por parte de
CC..OO asistieron delegados de las Secciones Sindicales del CSIC, CIEMAT e INTA. En las distintas Mesas
estuvieron presentes parlamentarios de PSOE, PP. CiU y ERC
En el attachment se incorporan los texto que fueron sometidos a debate a lo largo de cinco sesiones celebradas :
I.- Modelo, instrumentos, coordinación, planificación e internacionalización
II.- I+D en el sector público
III. I+d en la empresa
IV.-Transferencia de conocimiento y colaboración público-privada
V.- Ética, asesoramiento experto, publicación en acceso abierto, cultura científica y cooperación al desarrollo
Resumen y valoración de las sesiones
I.-Modelo, instrumentos, coordinación, planificación e internacionalización
El borrador parte de la necesidad de actualizar la Ley de Ciencia de 1986, teniendo en cuenta el cambio de
escenario
- Nueva red de red de actores en el sistema de I+d: Nuevos centros públicos, centros autonómicos,
fundaciones, peso creciente de la investigación universitaria
- Influencia de las CC.AA. en la creación y financiación de las actividades de I+D
- Maduración de la comunidad científica y crecimiento de los gastos en I+d
- Nuevos aspectos a considerar transferencia, divulgación y cultura científica, problemas éticos e I+D como
instrumento de cooperación para el desarrollo
- Creciente peso de la internacionalización
- La ponencia hace énfasis en que la nueva ley no puede ser solo para el sector público y debe dar cabida a las
nuevas instituciones que han surgido a lo largo de los últimos años y sobretodo ampliarse al sector empresarial,
por tanto la ley no puede ser sólo dedicada al fomento de la I+D, sino que debe ampliarse al campo de la
innovación
- Hay también acuerdo en que la nueva realidad autonómica, sus competencias y las iniciativas puestas en
marcha, particularmente en Cataluña y en el País Vasco, con sus nuevas formas de gestión (ICREA, Centros
Tecnológicos) deben tener un claro reflejo en la orientación de la Ley. La actuación debe basarse en criterios de
coherencia, complementariedad y cooperación. El debate no llegó a conclusiones claras más allá de reconocer
la necesidad de introducir un organismo de ámbito interterritorial que supere las limitaciones del actual Consejo
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General. Se apunta como mas operativo hacia un órgano semejante al Consejo Territorial de Política Fiscal, en
que las decisiones pueden adoptarse por mayoría, con objeto de hacerlo mas operativos, aunque hay dudas de
que este criterio pueda ser aceptada por las CC.AA. históricas
-Como órgano coordinador de las políticas públicas se apunta a superar el esquema de la actual Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología y su sustitución por una Comisión Delegada del Gobierno que dispone de
mayor capacidad ejecutiva y rango político
- Se está de acuerdo en que las políticas públicas deben tener un marco de actuación presupuestario plurianual y
que los recursos tengan un carácter anticíclico, es decir que dado su carácter estratégico no se reduzcan ante
los ciclos económicos negativos
- Se entiende que la ley debe ser una ley marco, de contenido preciso y sencillo, no un catálogo exhaustivo de
decisiones
- Se insiste en el la importancia del refrendo social de las políticas de I+d, pero mas allá de una crítica al
funcionamiento del actual Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, no se precisan los mecanismos concretos de
mediación social; la demanda social se presenta básicamente ligada a la demanda empresarial y no se precisan
los distintos niveles en que deba expresarse ese consenso social, a nivel de empresa, ámbito geográfico,
temático etc
- Hay coincidencia en que el Parlamento debe tener un mayor peso en el seguimiento y evaluación de las
políticas publicas de I+D
- A nivel internacional se coincide en la necesidad de integrar las políticas de I+D en el marco de las políticas de
cooperación para el desarrollo, con énfasis especial en las actuaciones hacia la U.E. pero también hacia
Latinoamérica
II.- I+d en el Sector Público
La ponencia sobre actuación del Sector Público fue bastante esquemática al centrarse básicamente en
la descripción de las actuaciones en curso para la puesta en marcha de la Agencia Estatal CSIC, sin apuntar las
contradicciones por las que atraviesa su puesta en marcha y la defensa a ultranza del incremento de la
flexibilidad de los sistemas de gestión y de recursos humanos en los organismos públicos ( OPIs y
Universidades) para la creación de spin-off, considerados como el objetivo básico a cumplir en la nueva etapa.,
posición muy remarcada por el representante de la Universidades. Ninguna referencia al concepto de servicio
público, ni a la generación y transmisión de conocimientos, olvido pues de todo concepto ligado al desarrollo de
la ciencia básica, ni a la transferencia de conocimientos al conjunto de la sociedad. Escasas precisiones sobre
las relaciones específicas entre Universidad y OPIs, más criticable aún cuando es uno de los objetivos que se
fijan en la estrategia de potenciación de los campus de excelencia en que centra su actuación la Secretaria de
Estado de Universidad
En materia de personal la preocupación mayor de la ponencia pasa por las dificultades para contratar
personal investigador internacional y la crítica al modelo de funcionario. Ninguna referencia al modelo de
precariedad que invade al sector público ni a su ligazón con el modelo de financiación y promoción vigente. La
ponencia avanza alguna referencias sobre el modelo de carrera profesional y la reorganización de los OPIs, pero
sin entrar en excesivos detalles, ni tomar en consideración la falta de responsabilidad política que supone la
ausencia falta de actuaciones en este terreno. Las propuestas sobre Reglamentos de Organización y Personal
de los OPIs recogidas en al Ley de Ciencia de 1986 son justamente el único aspecto de la misma que no ha sido
desarrollado.
Ninguna precisión sobre la necesidad de un desarrollo paralelo del Estatuto de Personal Docente e
Investigador de las Universidades y el Estatuto de Personal Investigador recogido en el Estatuto Básico del
Empleado Público
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III.- I+D en la Empresa
La ponencia, presentada por Juan Mulet (Director Gral. de COTEC), lobby de las 150 empresas
españolas mas relevantes) fue especialmente significativa. Se reconoce que la ley no puede actuar mas que
sobre las decisiones que se adopten para el sector público y , sin hacer ninguna reflexión crítica sobre el escaso
dinamismo innovador demostrado por el sector empresarial español, se lanza toda una serie de iniciativas sobre
como deben aprovecharse los recursos públicos, financieros y organizativos, para mejorar la posición del sector
empresarial: Incremento de subvenciones, mantenimiento de desgravaciones fiscales, política de compras
públicas, movilidad de recursos humanos etc. Parece que la única estrategia posible para el cambio de modelo
tecnológico pasa por la proliferación de spin-off, a pesar de la crítica sobre la operatividad de este modelo
planteado por algún representante del sector de Biomedicina, precisamente el área en que mas ha proliferado
esta figura.
Mucho mas contundente y clara como ejemplo de la posición empresarial fue la intervención del
representante de Farmaindustria: Asocia la actividad investigadora del sector a las políticas de compras públicas
de productos farmacéuticos, si se rebaja la factura farmacéutica bajan los gastos de investigación; si se
incrementan los costos de los ensayos clínicos o se endurecen los permisos para su realización, trasladarán su
actividad a otros países mas permisivos, si no se reconocen los derechos de propiedad intelectual ( mediante el
incremento del uso de genéricos), se reducirá también la actividad investigadora. Todo un manual del buen
lobbista que confunde intereses de sector con intereses públicos.
Las intervenciones de Telefónica y Acciona muy en la línea de incrementar las ayudas públicas, pero
ninguna referencia a la distinción entre generación de tecnología propia o mera compra como estrategia de
innovación en el caso de Telefónica, o la diversificación en el caso de Acciona.
IV.- Transferencia de conocimiento y colaboración público-privada
El eje central de la argumentación pasa por la constatación de la debilidad tecnológica de nuestro modelo de
desarrollo y la necesidad de compensarlo mediante la “apropiación” por el tejido productivo de los conocimientos
generados por el Sector Público de la investigación. Este objetivo debe cumplirse facilitando al maximo la
transferencia de conocimientos y personal del sector público al privado, siguiendo cuatro líneas de actuación:
- Flexibilidad en los regímenes de personal
- Reducción del régimen de incompatibilidades, mejora de la condiciones de excedencia y retorno
para investigadores ligados a spin-off, superación del 10% en los títulos de propiedad de
investigadores en empresas de base tecnológica
- Incrementar las políticas de subvenciones y desgravaciones fiscales hacia el sector privado
- Mejora del acceso por parte del sector privado a los recursos económicos del Estado, concretado en
el concepto de neutralidad, en la adjudicación de los fondos públicos: Las convocatorias públicas no
deben hacer distinción en base al carácter público o privado de la entidad demandante de fondos, la
asignación de fondos debe hacerse no por el tipo de actores (organismos públicos, privados,
universidades) sino por los campos temáticos de actuación
V.-Ética, asesoramiento experto, publicación en acceso abierto, cultura científica y
cooperación al desarrollo
Las aportaciones en este campo fueron lo más novedoso de las propuestas de las jornadas, tanto por la
incorporación de nuevos conceptos y objetivos para la actividad científica (cultura científica, cooperación para el
desarrollo) como por el amplio abanico de posibilidades técnicas que se abren para la generación y difusión de
conocimientos. En el campo de la ética se suscitan oportunidades de favorecer prácticas y actitudes que
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conciernen a una comunidad científica mucho mas compleja y rica en experiencias que la que existía veinticinco
años atrás; pero la actuaciones no pueden limitarse a cuestiones de buena práctica experimental y de
divulgación sino a cuestiones asociadas a conflictos de intereses y actuaciones públicas ante temas
controvertidos: genéricos, transgénicos, modelos energéticos, etc.
Valoración e intervenciones de los representantes de CC.OO.
La dureza y reiteración de las propuestas básicas planteadas insisten en el criterio de neutralidad y no
discriminación entre organismos públicos y privados en el acceso a convocatorias pública de financiación de
I+D; se articula como estrategia básica para el cambio de modelo de desarrollo la creación de spin off y el
énfasis en flexibilidad de la gestión de los recursos humanos y financieros para incrementar la trasferencia de
conocimientos del sector público al empresarial. Esta posición tendente a borrar las fronteras entre las funciones,
objetivos y financiación del sector público y privado fue duramente contestada, casi en solitario, por los
portavoces de CC.OO. La no distinción entre públicos y privado significa un paso claro hacia la privatización
creciente del sector de investigación y no responde en absoluto a los objetivos de un sector público cuyas
funciones son la creación de conocimiento y cultura científica al servicio del conjunto de la sociedad española,
mas allá de la necesaria interacción con el tejido productivo.
CC.OO no rechaza las relaciones entre el sector público y privado pero entiende que esta relación debe
hacerse desde el respeto a los objetivos y culturas propias de ambos sectores y dentro del marco de una
planificación estratégica de las actividades de I+d que exige el cambio de modelo de desarrollo para nuestro
país. Esta es la actuación que hemos defendido históricamente tanto en el Consejo Asesor de Ciencia y
Tecnología, como en las propuestas presentadas durante la redacción del Plan Nacional de investigación 2009-
2013 y en los distintos dictámenes que sobre los sucesivos planes nacionales ha ido elaborando el Consejo
Económico y Social. Este mismo criterio se ha defendido en los Observatorios de Política Industrial y Tecnológica
creados en la pasada legislatura con presencia de asociaciones empresariales y sindicales, pero que el
Ministerio de Industria ha marginado en todos los debate sobre política tecnológica.
La colaboración público privado no puede estar sometida a la manipulación interesada de los lobbys
empresariales, ni someterse a un puro esquema de mercado. Introducir el mercado en unos centros públicos,
aboca a los investigadores a actuar no al servicio de una orientación estratégica de los mismos, sino como
microempresarios, suministradores de servicios, que utilizan sus centros como meras franquicias , en un duro
proceso de competencia con sus colegas por una contratación externa procedente paradójicamente de
financiación pública. Cuando todos los informes reiteran que la atomización es uno de los problemas clave de la
investigación española, el modelo que se propugna no hará sino empeorar la situación.
En todo caso la actuación ante el sector privado debe estar sometida a un estricto control de los
conflictos de intereses del que los máximos responsables del nuevo ministerio e impulsores de la nueva ley no
son precisamente el mejor ejemplo. Parece quererse imponer un modelo de relaciones que ha sido superado por
la experiencia de países mas consolidados. En este terreno deberían introducirse la legislación restrictiva que se
ha puesto en marcha en el área de biomedicina en países pioneros como EE,UU. Alemania o Francia.
El sector público ha hecho sus deberes dotándose de unos recursos humanos, económicos y
organizativos que el sector empresarial no se ha preocupado de generar ni siquiera a lo largo del amplio ciclo
expansivo experimentado a lo largo de los últimos quince años y ello a pesar de tener el régimen de
financiación publico y de desgravaciones fiscales mas amplio de toda la U.E. Paradójicamente y de acuerdo con
los últimos datos del INE, la aportación financiera pública al sector privado, no ha originado un factor de arrastre
de la inversión directa privada, sino que se ha producido un fenómeno de sustitución mas que e incremento neto
de los recursos privados
Ante el cambio de ciclo económico de triunfar en la Ley esta orientación, estaríamos ante una clara
confrontación por el acceso a los recursos económicos públicos, justamente cuando los P.G.E. muestran un
estancamiento de los recursos dedicados a los OPIs, se detectan claras dificultades de financiación en el ámbito
universitario y sólo se incrementan los activos financieros destinados a financiar la actividad de investigación del
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sector privado. La decisión adoptada por los gestores del PNI de restringir a las empresas la presentación de
proyectos en el acción estratégica de energía del nuevo Plan Nacional de Investigación puede ser una pista más
de cómo se están aplicando ya los criterios mas regresivos que aparecen en los borradores de la ley.
El grupo de trabajo que va a redactar el proyecto ha anunciado que dispondrá de un texto articulado
para finales de diciembre, en un intento del Ministerio de reforzar una imagen muy sometida a controversia. Todo
indica que dentro del propio PSOE, partido y grupo parlamentario, no hay unanimidad en la defensa de los
postulados básicos presentados en las jornadas, hay sectores muy representativos que preferirían que el grupo
de trabajo presentase no un texto articulado sino una serie de recomendaciones y así poder corregir los puntos
más polémicos de los borradores. Se trataría también de un intento para reorientar la imagen de un sector clave
del gobierno: Industria, Ciencia e Innovación Ciencia que se les escapa de las manos y cuya imagen, mas allá
de la coincidencia en postulados ultraliberales, traduce una imagen pública traduce ineficacia y enfrentamiento.
Existe una factor adicional que condiciona el futuro de esta área del gobierno y son las tensiones
ligadas a la aprobación de los P.G.E, que el PNV supedita a la cesión de competencias en I+D o en su defecto a
la transferencia de partidas presupuestarias correspondientes a su peso económico. El MICINN ha reiterado
públicamente su oposición a este proceso, posición compartida por amplios sectores de la comunidad científica
que entienden que esta orientación debilitará el papel de nuestro país en el concierto internacional.
En todo caso la nueva ley y su desarrollo son los elementos que unidos a una política industrial
adecuada deben servir de base al cambio de modelo de desarrollo que nuestra sociedad demanda, conscientes
de esta importancia desde las distintas instancias de intervención publica, CC.OO seguirá el contenido de los
borradores sucesivos e intervendrá en el sentido de sostener un modelo de refuerce la eficacia y cohesión del
sistema público de investigación y los intereses de sus trabajadores y sobretodo los intereses globales de la
sociedad española.
Madrid 20 de Octubre 2008
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