Política general del gobierno peruano 2012-2016

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra
Diversidad”

EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO Y PRINCIPALES
MEDIDAS DE GESTIÓN
2012 - 2016

JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LIMA, 20 DE AGOSTO DE 2012

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CONTENIDO

Introducción

1. SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL
2. DIALOGO NACIONAL Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES
3. CAMBIOS EN LA RELACIÓN CON LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
4. REFORMA DEL SERVICIO CIVIL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
5. REFORMA PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
6. INVERSION, PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN
7. FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
8. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
9. CIERRE DE BRECHAS SOCIALES Y SERVICIOS BÁSICOS
10. DEFENSA DEL PERU Y AYUDA AL NACIONAL EN EL EXTERIOR

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Señor Presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas;

Señores miembros de la Mesa Directiva;

Señoras y señores Congresistas;

Señoras y señores integrantes del Gabinete Ministerial.

Peruanas y peruanos:

El Gabinete que presido asiste al Congreso con gran entusiasmo para
exponer la política general de gobierno de acuerdo a lo dispuesto por la
Constitución y para compartir con la Representación nacional su visión
sobre las necesidades y soluciones que requiere el país. Antes de este
acto, hemos tenido oportunidad de compartir con el parlamento varios
temas de gran importancia, como en el reciente debate para la
delegación de facultades. En ello reconocemos la generosidad y espíritu
de cooperación y de crítica constructiva, para un tema de enorme
importancia para el país.

Este Gabinete ha puesto un especial énfasis en su disposición al diálogo.
Lo hacemos convencidos que la democracia y el Estado de Derecho,
exigen como requisito de funcionamiento, una eficaz conservación
tanto del orden como de la paz y de la legitimidad del poder.

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Entendemos que este diálogo no se reduce a una declaración simbólica,
sino a un proceso; a la búsqueda de instrumentos de gestión eficaz de
las controversias y al concurso de las instituciones llamadas a jugar su
papel en cada circunstancia. No obstante, el diálogo que postulamos no
excluye la acción ni el uso de las fuerzas del orden público, ni de la
acción de la justicia cuando se vulneren los derechos constitucionales
que estamos obligados a defender.

El diálogo que propugnamos presupone una Ética Política diferente.
Una nueva relación sobre la base de poder entendernos los peruanos.
Lo sintetizó un experimentado parlamentario: don Ramiro Prialé.
Resulta ineludible manifestar ante ustedes, que las tensiones por las
que transita el país requieren del ejemplo y la inspiración de ilustres
políticos de nuestra historia reciente como Fernando Belaunde, cuyos
100 años de nacimiento celebramos este año, Víctor Raúl Haya de la
Torre, Víctor Andrés Belaunde, Roberto Ramírez del Villar, Alfonso
Barrantes Lingán, Valentín Paniagua, entre otros. A todos estos
maestros de la concertación, les rendimos nuestro homenaje esta tarde
democrática.

Un primer aspecto que queremos resaltar ante la representación
nacional, es que el país a diferencia de décadas pasadas, transita hoy,

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con el esfuerzo de todos los peruanos, por una ruta de progreso y
libertad. Crecimiento con inclusión social, como propósito fundamental
de la actual gestión de Gobierno, se combina con aspectos centrales de
convivencia: pleno respeto a las libertades civiles y políticas y, en
primera línea, la libertad de expresión. Valores fundamentales para la
democracia que debemos todos reconocer sin ambigüedades, impulsa
decididamente este gobierno.

Este es un Gabinete joven, de políticos y técnicos que hemos ingresado
convocados por el Presidente Ollanta Humala para trabajar por el país,
con auténtica vocación de servicio. El “Amor por el Perú” y la austeridad
republicana que buscamos ejercer, emulando en ello a los iniciadores
de la República, es un estilo de gobierno que nos inspira. Pregonamos
en ello un uso del poder sensato y transparente; al servicio del pueblo.

Transitamos hoy, además, por un momento importante de nuestra
historia. Nuestra cultura viene siendo revalorada; la marca Perú se abre
paso en el mundo como signo de algo grande, lo que se explica por el
orgullo que sentimos todos por nuestro país, su gente, su historia, sus
héroes, su cultura. Somos un país con una riqueza mayor que los
metales que se encuentran en sus entrañas: el ímpetu de su gente, el
emprendimiento que los peruanos ponemos en todo lo que hacemos.

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Es evidente entonces que la base y afirmación de nuestra riqueza
material y humana se encuentra en la cultura y el arte. El gobierno
asume y se compromete a cuidar el principal activo del Perú: el respeto
a la diversidad cultural y el enorme patrimonio cultural que hemos
heredado y construido, como signo de nuestra identidad.

Este Gabinete asiste al Parlamento a pocos días del Mensaje a la Nación
del Presidente de la República Ollanta Humala, quien ha señalado las
grandes líneas de acción del gobierno y ha realizado un exhaustivo
balance de lo realizado durante el primer año de gestión. El Presidente
ha ratificado su compromiso con la gran transformación del Perú y ha
comprometido al gobierno en el logro de indicadores sociales de primer
orden, entre ellos la reducción de la pobreza al 15%, el año 2016.
Suscribimos plenamente todo lo señalado y cumplimos ahora con
precisar los aspectos que constitucionalmente es nuestro deber
informar a la representación nacional:

Nuestro trabajo en los próximos meses se centrará en atender
prioritariamente diez aspectos claves que se exponen en esta
presentación ante el Honorable Congreso de la República del Perú:

2. DIALOGO NACIONAL Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES

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3. CAMBIOS EN LA RELACIÓN CON LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
4. REFORMA DEL SERVICIO CIVIL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Esto, por supuesto, sin desatender los objetivos de mantener un país en
crecimiento con inclusión social en democracia. Asumir estos temas,
junto a las políticas ya en marcha en materia económica y de inclusión,
han de generar una mejor calidad de vida, mayor estabilidad y el
desarrollo de un proyecto de largo plazo con democracia, ciudadanía,
igualdad de oportunidades, progreso y sobre todo con una mirada
optimista del futuro.


Al igual que otros países de la región, Perú presenta una tendencia
creciente en índices de crimen y violencia. Somos conscientes que
estamos frente a un problema en el que nos toca firmemente actuar.

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En esta materia, no encontramos consenso en el Congreso para
otorgarnos facultades legislativas. Por ello las reformas que se
requieren serán, conforme a sus atribuciones, materia de una agenda
legislativa que deberá aprobar el Congreso. Estamos seguros que serán
sensibles y comprenderán que estamos frente a un problema de orden
nacional que requiere la atención rápida y preferente para que
detengamos la tendencia creciente y preocupante de la delincuencia
que afecta a muchos peruanos y peruanas.

La estrategia en esta materia parte por introducir reformas normativas
y acciones que realizará el gobierno. Esperamos que el paquete
legislativo que remitiremos en breve sea atendido con la premura y
urgencia que se requiere.

En esta materia queremos enfatizar que estamos trabajando en una
serie de reformas importantes. Fortaleceremos la organización policial,
buscando una mayor eficacia en las áreas especializadas de combate al
crimen y mejorando y ampliando las comisarias para brindar un
adecuado servicio al ciudadano y protegerlo. Reestructuraremos los
protocolos de intervención en las diversas acciones que se realizan:
denuncias, investigaciones, estrategias, seguridad de Estado, entre
otros aspectos. Aprobaremos una nueva ley de organización y funciones
del Ministerio del Interior, para fortalecer sus áreas críticas y poder

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sostener el proceso de reequipamiento y modernización policial que
requiere el país. Reformaremos el Código Procesal penal para darle
mayor eficacia y evitar impunidad.

Sin duda, la Policía Nacional requiere urgente atención para poder
enfrentar la tarea de la seguridad ciudadana. Ello pasa por abordar una
estrategia de equipamiento integral y atención a sus recursos
esenciales. En este ámbito se adquirirá un conjunto de vehículos como
porta-tropas, patrulleros, motocicletas y motobombas antidisturbios.
Será la compra más grande que se ha hecho en años. Se contará con
patrulleros inteligentes, un concepto diferente de seguridad con
cámaras de video, GPS, computadora, radar de registro de velocidad,
dispositivo biométrico y equipos de telecomunicaciones.

Se ultiman los detalles para contar con patrullaje aéreo, lo que
permitirá una acción rápida ante eventos criminales. Para ello, está
previsto adquirir 4 helicópteros equipados, para lo que se prevé una
inversión aproximada de 93 millones de soles.

Para la seguridad de los policías y el trabajo de control de disturbios se
invertirán más de 30 millones en chalecos antibalas y equipo
antimotines.

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En el ámbito tecnológico, la reforma que emprenderemos implicará la
puesta en funcionamiento en diciembre de este año del Sistema para la
identificación de huellas dactilares (AFIS). Se trata de una poderosa
herramienta de lucha contra el crimen que permitirá identificar a los
delincuentes y evitará la duplicidad de identidad.

La Policía Nacional ingresará a la “Era de la Comunicación Digital”, con
la adquisición del sistema de comunicación radial TETRA 2 para las
ciudades de Lima y Callao el cual entrará en funcionamiento en marzo
de 2013, que ha significado una inversión de 29 millones de soles. Esto
permitirá una poderosa plataforma de comunicaciones de voz y datos
encriptados, para comunicar al personal policial de manera segura,
eficiente y confidencial. También incluye un Sistema de Video
Vigilancia para visualizar en tiempo real puntos estratégicos de la
ciudad. En el primer semestre del año 2013, implementaremos dicho
sistema de comunicación en las Regiones de Tacna, Arequipa y Piura.
Esto ya se encuentra en proceso de licitación pública, con una inversión
de 30 millones de soles. Posteriormente se continuará implementando
en todas las regiones del país.

Para perseguir el delito de forma eficaz en zonas de difícil acceso o
donde la delincuencia se viene asentando, se implementarán Puestos
de Respuesta Inmediata (PRI), Comisarias itinerantes, acondicionadas

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para la atención al ciudadano. Otra estrategia vinculada a la eficacia en
la prevención siguiendo un modelo de éxito tomado de Francia es la
creación del Grupo Terna. Se trata de un grupo de policías integrado
actualmente por cerca de 100 efectivos, quienes se mimetizan con la
ciudadanía ubicándose en puntos críticos de robo (arrebatos) de la
ciudad a fin de capturar a los delincuentes. La eficacia de este proyecto
permitirá expandirlo en todo el país.

Es importante señalar que afianzaremos estas y otras reformas con el
incremento de sueldos de la Policía Nacional que tantos años ha
esperado.

Considerando el importante papel que cumple la industria de la
construcción en el modelo de desarrollo, afrontaremos con decisión el
fenómeno criminal de extorsiones y violencia que la afecta; una medida
será la creación del Registro de Trabajadores de Construcción Civil,
buscando así proteger la vida e integridad de empresarios y miles de
trabajadores.

La lucha contra el crimen tiene una serie de componentes adicionales
en múltiples sectores y entidades. En esta perspectiva el gabinete
impulsará la necesidad de afianzar la reforma penitenciaria ya iniciada,
así como medidas de prevención del delito en el que deben participar
todas las agencias del Estado como el Ministerio de la Mujer y

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Poblaciones Vulnerables y Ministerio de Educación en el trabajo con los
jóvenes; DEVIDA en la tarea de prevención de la drogadicción; y el
Ministerio de Salud en cuanto a la salud mental de la población.

Pero toda acción será inútil, si las dos entidades que deben cumplir un
papel central en la protección de nuestra comunidad no refuerzan su
trabajo: el Ministerio Público y el Poder Judicial. Desde aquí y
asumiendo la voz de miles de personas agraviadas por la comisión de
delitos, exigimos a estas instituciones cumplir su misión pública, lo que
debe implicar una profunda reforma judicial. En seis años se ha más que
duplicado el Presupuesto de estas instituciones y los resultados no
acompañan el enorme esfuerzo del Estado en esta materia. Señores
jueces, señores fiscales, más esfuerzo, más interés por los problemas
del país.

Cumpliendo con lo anunciado hace algunos días, comenzaremos a
remitir en breve los proyectos de Ley que se requieren en materia de
seguridad ciudadana. Se trata de un paquete normativo para combatir
la delincuencia que considera, entre otras medidas, las siguientes:

• Ley contra la Criminalidad Organizada. Una potente ley que
permitirá contar con herramientas efectivas en contra de las bandas
criminales.

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• Ley que perfecciona la reiteración y reincidencia en delitos
menores, lo que implica además el registro en bases de datos
accesibles por la sociedad a aquellos que se dedican a esta actividad
criminal, que no es sancionada por el sistema judicial.

• Ley de Interoperatividad de las agencias de control penal, para que
todas las entidades del Sector Público que se dedican a la lucha
contra el crimen, actúen coordinadamente evitando la duplicación de
esfuerzos, destinado a dar golpes certeros.

• Ley de creación del Registro Público de violadores sexuales y
pedófilos. El derecho a proteger a nuestros niños nos lleva a plantear
este registro, conjuntamente con reglas de conducta que estos
criminales deben mantener, aún después de cumplida su condena,
en aras de la protección de la población vulnerable. Implicaremos en
ello el concepto de “Custodia de Seguridad” de modo permanente
como existe en Alemania, España y otros países.

• Por medio de una Ley de Negacionismo, penalizaremos a aquellos
que buscan intervenir en la vida política del país sobre la base de
negar la barbarie terrorista que vivió el país.

• Ley que crea competencia para juzgamiento en ámbito nacional de
delitos vinculados a quienes se exceden en actos de protesta como

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toma de carreteras y afectación de servicios públicos. Los delitos que
se vienen perpetrando abusando del derecho al reclamo social serán
juzgados en instancias nacionales.

• Ley de eficacia a la persecución del delito bajo el nuevo Código
Procesal Penal. Un paquete de reformas para buscar la mejora del
nuevo código procesal penal en la lucha contra el crimen.

Además, queremos señalar que hemos revisado el conjunto de
iniciativas que existen en el Congreso en materia de seguridad
ciudadana y que, pese a su importancia, no han sido aprobadas hasta
hoy. Nos ponemos a disposición de la representación nacional, para
poder trabajar conjuntamente en esto, que es una prioridad para
nuestra gente.

Lucha contra el narcotráfico y terrorismo

El terrorismo que azotó el Perú en los años 80 y 90, pretende ingresar
ilegítimamente a la política peruana. Más aún, busca cooptar el
magisterio como parte de una nueva estrategia política. El Gobierno
por decisión del Presidente Humala ya ha presentado al Congreso una
medida para que aquellos condenados por terrorismo sean separados
de las aulas. Lo hizo hace meses y ahora lo reitera en el proyecto de Ley

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de Reforma Magisterial. También queremos que quienes hagan
proselitismo o usen a nuestros niños para fines subalternos estén fuera
de la carrera magisterial.

Pero hace falta algo importante: que LOS DEMOCRATAS CERREMOS
FILAS FRENTE A QUIENES QUIEREN DESTRUIR AL PAÍS. No les
concedamos ni un centímetro. Que los partidos políticos y las
organizaciones gremiales, sociales, culturales, empresariales, sindicales,
educativas y religiosas hagan lo que exige el país; que como entidades
intermedias se comprometan en canalizar y difundir las opciones de la
libertad y hagan frente a esta arremetida que no tiene sentido en la
democracia.

Señores Congresistas:

La acción de la inteligencia en la lucha contra los remanentes
terroristas, es el instrumento esencial para enfrentarlo y derrotarlo. La
experiencia nos ha demostrado, que esta estrategia es indispensable
para alcanzar el éxito en las operaciones militares. Por su propia
naturaleza es una labor paciente y silenciosa que de manera inmediata

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no se percibe y puede generar una falsa impresión de inacción o
demora, pero todos sabemos que es imprescindible. Por ello, el
Gobierno ha adoptado las medidas necesarias para fortalecer esta
tarea, y no escatimará esfuerzos, ni recursos económicos, para dotar a
nuestras Fuerzas del Orden de todos los instrumentos que permitan
alcanzar el objetivo de derrotar al narcotráfico y pacificar nuestro país.
Pero esto no es exclusivo de las Fuerzas del Orden; cada uno de
nosotros, debe comprometerse en actuar decididamente a favor de
este objetivo. Lamentablemente, en algunos lugares del país, los
terroristas y los narcotraficantes cuentan con un incomprensible apoyo
de sectores radicales.

Sabemos que el buen soldado peruano sabe adaptarse
disciplinadamente a las condiciones a veces críticas que existen, sin
quejas, sin reclamos, porque así lo exige la disciplina militar, siguiendo
el ejemplo de nuestros héroes, como Francisco Bolognesi. Sin embargo,
es importante enfatizar que el esfuerzo que viene haciendo el Estado,
también busca incrementar la moral de las tropas que se ha venido
desgastando en los últimos lustros por este tipo de cuestiones. En ese
sentido, es de principal interés para la acción de nuestras fuerzas de
seguridad en las zonas concernidas, el replantear los aspectos logísticos

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y de condiciones de vida para el éxito de la misión encomendada. Una
herramienta potente será la creación de la central de compras que
estamos creando producto de la delegación de facultades; mientras
tanto de inmediato hemos dispuesto tomar las medidas de urgencia,
para proceder rápidamente a complementar lo que ya ha hecho y cubrir
las adquisiciones de urgencia que se requieran, como vehículos, muros
perimétricos de las bases, instalación de torreones, concertinas y otras
mejoras de las instalaciones militares y policiales, así también
refacciones de dormitorios, cocinas y las comodidades necesarias que
se requieran; así mismo, adquisiciones en pertrechos, equipos de
protección personal tales como chalecos antibalas, visores, municiones,
equipos de comunicación, mejoras en los sistemas de atención médica y
todo lo necesario para el éxito de las operaciones y la vida de nuestros
efectivos.

El Gobierno ha aprobado el Plan VRAEM que tiene por objetivo pacificar
la zona con interdicción de las actividades ilícitas. El plan considera,
además, y ya lo estamos haciendo, la necesidad de llevar al Estado a
esta zona, lo que implica brindar servicios públicos como Banco de la
Nación, SUNARP, SUNAT, programas sociales, infraestructura pública
como puentes, carreteras, programas de reconversión productiva,
capacitación, entre otros aspectos. Parte central de esta estrategia es

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proteger a los alcaldes y autoridades que sean intimidados y
amenazados por el terrorismo.

En el marco de la legislación para el mejoramiento del Sector Defensa y
las mismas Fuerzas Armadas, la agenda que abordará este Gabinete es
significativa. Asumiremos una reforma sustancialdel Sistema de
Seguridad y Defensa Nacional con el objeto de fortalecer su
constitución y funcionamiento y orientaremos objetivos claros para el
fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas, la carrera militar y
el servicio militar. La central de compras para la defensa será una
iniciativa muy potente y el incremento de las remuneraciones y
pensiones significará luego de muchos años de discusiones estériles,
una realidad.

Todas estas acciones y las que se vienen implementando para pacificar
el país y que por razones de seguridad de nuestras tropas y policías no
podemos hacer todas explicitas, implican ejercer un liderazgo en la
lucha contra el terror y la unión de todas las fuerzas políticas y sociales
con el fin de lograr un compromiso común para defender el SISTEMA
DEMOCRÁTICO, la GOBERNABILIDAD y el DESARROLLO DEL PAÍS. POR
ELLO LESREITEROLA CONVOCATORIA PARA HACER UN FRENTE COMUN,
COMO ESTADO Y COMO SOCIEDAD EN ESTA LUCHA.

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2. DIALOGO NACIONAL Y ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS
SOCIALES

Las divergencias son consustanciales a la democracia. Solo en
dictaduras parece que los conflictos no existen por la represión o por la
prensa abyecta que presta su pluma para estos propósitos. Pero en
democracia es preciso enfrentar los conflictos con sensatez y eficacia.

Desde aquí le decimos al país que estamos replanteando el problema de
la conflictividad social. Entendemos su dimensión y creemos que es
necesaria una respuesta coherente y sustentable en el tiempo como
garantía de la estabilidad democrática y para el desarrollo del país.

Por ello hemos decidido crear la OFICINA NACIONAL DEL DIALOGO Y
SOSTENIBILIDAD, como apuesta a una política de prevención, desde
donde enfatizaremos la respuesta institucionalizada del gobierno para
restablecer la confianza ciudadana, articulando a los sectores públicos
que tienen directa intervención en zonas de riesgo formulando
estrategias inteligentes de acción para llevar al Estado también a estas
zonas. Ello contribuirá a posicionar y consolidar el concepto de “gestión
del diálogo” para propiciar una mejor relación con la población, sobre la
base del respeto, la tolerancia y la atención a sus necesidades.

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Los mecanismos de diálogo sirven para construir acuerdos
consensuados entre las partes dialogantes. No obstante, queremos ser
muy enfáticos en precisar que esta posición no refleja debilidad; no deja
de lado el principio de autoridad, ni el cumplimiento del orden jurídico
que corresponde a uno de los aspectos básicos de responsabilidad del
Estado para garantizar la convivencia social. Estamos muy conscientes
del rol que tenemos para cuidar a todos sus ciudadanos y lo haremos
con firmeza. Confíen que el Gobierno sabrá dialogar, pero también
defender al país de aquellos que buscan usar falsamente el diálogo o
quienes lo desprecian. Es claro, como anunció el Presidente de la
República, que para nosotros, el país y su gente están primeros.

3. CAMBIOS EN LA RELACIÓN CON LAS INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS

El Gobierno ya anunció la necesidad de una nueva relación con las
industrias extractivas. La importancia de más Estado, es que se defienda
el derecho a un ambiente sano y equilibrado. No tenemos otra posición
y por ello el Estado introducirá reformas importantes que hagan que la
inversión privada sea sostenible.

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No se trata de trabar la inversión o imponer barreras a la misma. Por el
contrario, un enfoque sostenible plantea que, para que la inversión no
tenga inconvenientes futuros, atienda las consideraciones que exigen
los estándares ambientales que ya el Perú tiene. Es decir, que solo se
cumpla la ley y no exista lugar para que sectores radicales afloren para
propósitos destructivos. Lograr que exista una convivencia armoniosa
entre inversión y población.

Se trata así de la factibilidad ambiental y social de los proyectos de
inversión, en especial de las industrias extractivas como la minería. Se
trata de un tema de capital importancia.

El Estado debe contar para este fin con un sistema eficiente y
transparente, con credibilidad en los agentes económicos y sociales que
garantice la sostenibilidad de la inversión. Para ello, presentaremos al
Congreso una iniciativa de ley para la creación de una entidad con la
responsabilidad de certificar los Estudios de Impacto Ambiental que
operará de manera coordinada con los sectores productivos. Se buscará
que este organismo actúe promoviendo inversiones sostenibles, de
modo que se eviten futuros conflictos; pero también que se acorten los
plazos que se emplean en la actualidad en esta tarea.

Queremos anunciar también que estamos iniciando un agresivo proceso
de fortalecimiento de la fiscalización ambiental. Incrementaremos la

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presencia del Estado realizando acciones de interdicción como las
ocurridas en Madre de Dios, respecto a los mineros ilegales,
fomentando la formalización. Estas acciones implicarán también duras
sanciones administrativas en caso se requiera, como lo ocurrido en las
cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Alto Marañón, donde se
han impuesto sanciones a una empresa de hidrocarburos por más de 34
millones de soles. Igualmente el caso del derrame de concentrado de
cobre en la localidad de Santa Rosa – Cajacay. Seremos muy estrictos en
exigir el cumplimiento de las normas ambientales y el respeto del
derecho de las poblaciones del entorno en el que se desarrollan las
actividades económicas, para lo cual además replantearemos la
tipificación de infracciones en materia ambiental, así como
formularemos una propuesta normativa para incrementar las sanciones
que se vienen imponiendo a la fecha.

El país cuenta con una política de Estado recientemente incorporada al
Acuerdo Nacional que considera el acceso a los recursos hídricos. Al
respecto, comprendemos que se debe garantizar el acceso progresivo al
agua a todos los peruanos. El agua es un recurso natural sobre el cual el
Estado tiene el deber y el derecho de regular su uso, debiendo velar por
su conservación a través de un uso sostenible que garantice el goce de

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este bien a las futuras generaciones. Nadie debe considerarse
propietario del agua.

Conforme a lo expresado por el Presidente de la República en su
Mensaje a la Nación, próximamente cumpliremos con entregar al
Congreso de la República, el proyecto de reforma constitucional,
conducente a consagrar de manera explícita, el derecho constitucional
de acceso al agua.

Debe quedar claro que la defensa del recurso hídrico siempre será
cuestión previa para la aprobación de cualquier proyecto extractivo. Los
inversionistas serios, además, saben que la sostenibilidad de sus
proyectos, se basa en contar con la respectiva licencia socio-ambiental.
Por ello, no dudamos que nos pondremos de acuerdo, sociedad, Estado
e inversionistas, sobre la vigencia de este principio rector, como parte
de las reglas de juego.

4. REFORMA DEL SERVICIO CIVIL Y MEJORA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA

Una reforma muy potente que abordará este Gabinete será la nueva
Ley del Servicio Civil. De una vez por todas se enfrentará la reforma de
la administración pública para generar un servicio civil idóneo, ético y

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eficaz para la nación. Se trata de otra reforma largamente esperada en
la que ya estamos trabajando y que pronto presentaremos al Congreso
de la República. Esta reforma implicará la creación de una nueva carrera
civil a la cual migren progresivamente las diversas modalidades de
contratación laboral del Estado, privilegiando la meritocracia, la gestión
por resultados, la evaluación, la rendición de cuentas, el desarrollo
profesional y la planilla pública ordenada.

Pero, resultan imprescindibles otras mejoras en la gestión pública que
permitan que el Estado provea con efectividad los bienes y servicios
públicos que el ciudadano de a pie demanda de él. El accionar del
Estado requiere ser más ágil y el gasto y la inversión pública más
eficiente y de impacto. Como lo anunció el Presidente Humala
recientemente, estamos en pleno proceso de reformar el Sistema
Nacional Inversión Pública (SNIP), las contrataciones del Estado, la
incorporación de una planilla única centralizada y la intensificación del
Gobierno Electrónico en todas las instancias gubernamentales.

En lo que respecta a la inversión pública, la simplificación del SNIP
contribuirá a la eliminación progresiva de numerosos procedimientos
engorrosos ya identificados que no ponen en riesgo la calidad de la
inversión pública, permitiendo así la reducción a más de la mitad de los
plazos para el otorgamiento de la viabilidad a los proyectos de inversión

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pública. Por ejemplo, se pasará de 230 a 81 días, como máximo, para la
aprobación del perfil de los proyectos de inversión pública menores a
un millón de soles, los mismos que representan el 90% de todos los
proyectos de inversión que se elaboran en los tres niveles de gobierno.

De otro lado, estamos profundizando el alcance del Presupuesto por
Resultados. Con el primer presupuesto superamos una cobertura del
40% del gasto no financiero ni previsional, y este año estaremos por
encima del 50%, manteniendo la meta de llegar al 100% al 2016.


Mucho se dijo y especuló sobre el proyecto de Ley de Reforma
Magisterial. Pero la cuestión es clara: se trata de la MAS IMPORTANTE
REFORMA del Estado, por su impacto en nuestros niños y adolescentes,
porque busca enfrentar el problema de la educación de baja calidad de
nuestro país y porque persigue reivindicar al maestro en su formación y
reconociendo sus méritos. A esta iniciativa se agrega la modernización
del Sector Educación, con su nueva Ley de Organización y Funciones,
que también será presentada en breve al Congreso.

Mientras que solo el 11% de los niños de segundo grado de primaria de
escuelas rurales comprenda lo que lee, se seguirá reproduciendo la

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exclusión. Por esta razón la reforma es un punto fundamental para el
país, en donde ojalá todos estemos de acuerdo. Pedimos al honorable
Congreso que vele por una educación de calidad para todos; una
educación que haga que los olvidados estén primero; que sea sensible
con las escuelas rurales; que haga que la educación sea el motor del
cambio en el país. No hagamos política con nuestros niños y jóvenes.
Trabajemos por la reforma y modernización de la educación; por un
proyecto educativo que supere las enormes desigualdades en el
aprendizaje.

Nuestra propuesta ya está en manos de ustedes y cuenta con el
financiamiento necesario. Solo esperamos que podamos implementarla
prontamente. El Gabinete considera que TODOS GANAMOS CON UNA
EDUCACION DE CALIDAD: niños, adolescentes, padres de familia,
maestros y la comunidad. Que la educación nos una, señores
Congresistas.


La estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico sostenido
son indispensables para reducir la pobreza, la desigualdad y generar los

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ingresos fiscales que aseguren la expansión del gasto social en favor de
los más pobres y excluidos del país.

Recientemente, el pasado 16 de agosto y pese a una alerta que lanzó la
firma Moody's, se anunció la mejora de la calificación crediticia del
Perú. El país mejoró su calificación debido a la existencia de un menor
riesgo político y un sólido desempeño fiscal. Ello es más meritorio si
consideramos el complicado entorno internacional, ya que nuestro país
se ubica como una de las naciones más dinámicas del mundo y creció
6% durante el último año debido al dinamismo de la inversión privada y
el consumo. Si bien nuestros fundamentos macroeconómicos son
sólidos y tenemos un amplio margen de maniobra para adoptar
políticas de estímulo económico adicionales a las ya implementadas en
caso la crisis externa se deteriore, no hay espacio para la complacencia.
Debemos continuar impulsando reformas en el ámbito económico y,
sobre todo, sentar las bases para que el crecimiento económico sea
sostenido en el tiempo, en base a la inversión, mejoras en la
productividad y competitividad y, especialmente, una clara apuesta por
la innovación y la diversificación productiva.

A los objetivos de reducir los elevados índices de evasión tributaria que
persisten en el país y la necesaria ampliación de la base de
contribuyentes, resulta impostergable asumir el desafío de lograr una

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mayor formalización del sector productivo; por eso los Ministerios de
Economía y Producción están trabajando en diseñar los incentivos
adecuados para avanzar en ese proceso con una oferta de valor del
Estado que supere a la informalidad. Pensamos que las políticas que
mejoren la competitividad y productividad de la MYPE, serán un
incentivo para que estas empresas se formalicen y se conecten con el
mercado en general y con empresas de mayor tamaño. Esto se logrará a
través de la formación de conglomerados, cadenas productivas y
plataformas de asistencia técnica.

Asimismo, se ha efectuado una reforma del Sistema Privado de
Pensiones a través de la Ley 29903 donde se plantea una reforma
integral. Este cuerpo normativo promueve una mayor cobertura,
incorporando a los trabajadores de las microempresas y a los
independientes, lo que implicará que más de 2 millones de trabajadores
serán incluidos en el sistema previsional. También fomenta una mayor
competencia en el mercado mediante la promoción de un sistema más
equitativo, con costos adecuados, mejor rentabilidad de los fondos,
mayor transparencia, un servicio óptimo y de calidad para el afiliado y
que fomente una cultura de ahorro previsional.

Un aspecto complementario a la reforma del Sistema Privado de
Pensiones aprobada por el Congreso, será la activa promoción de la

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inclusión y educación financiera. Se lanzará prontamente un programa
para que las personas de a pie puedan ahorrar en valores emitidos por
el Estado. Se espera generar una conciencia de ahorro a largo plazo en
la población, aun en un contexto en el cual persiste la inestabilidad en
los mercados financieros internacionales y en el que las personas
buscan instrumentos de bajo nivel de riesgo. Utilizaremos el Internet
como la principal plataforma de contratación, un canal de fácil acceso y
bajo costo, con la finalidad de eliminar las actuales barreras geográficas
o económicas existentes.

Tenemos el importante desafío de acelerar aún más la inversión pública
en los tres niveles de gobierno. Aun cuando estamos abocados a
simplificar los sistemas administrativos presupuestales, de inversión
pública, de contrataciones, sin que esto signifique una merma en la
calidad de los proyectos y en el adecuado uso de los recursos públicos,
el reto principal lo constituye lograr mejorar las capacidades y la gestión
pública.

Cabe señalar que se van a desarrollar programas de asociaciones
público-privadas por US$10 mil millones hasta el 2013. PROINVERSIÓN
ya adjudicó la concesión del Tramo Vial Arequipa-Moquegua-Tacna y la
concesión de las Bandas de telecomunicaciones de 900 Megahertz. Se
demuestra así lo alentador y confiable que es el Perú para la inversión

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privada. Asimismo, se adjudicarán tres líneas de trasmisión en los
departamentos de Cajamarca, Loreto, San Martín y Cusco. Somos
conscientes que los procesos de concesiones deben acelerarse todavía
más.

En el sector transportes y telecomunicaciones, se va a desarrollar un
vasto programa de inversiones hasta el 2016 que implicará
principalmente asfaltar el 85% de la Red Vial Nacional; la construcción
de la Red del Metro de Lima cuyo proyecto principal es la construcción
de la Línea 2 Ate – Callao, con un ramal al Aeropuerto Jorge Chávez que
tendrá una inversión de US$ 3,000 millones. Actualmente se vienen
realizando los Estudios de Preinversión. Asimismo, se construirán 1,000
puentes definitivos y modulares en carreteras de la Red Vial Nacional.
En lo que resta del año se invertirán S/. 286 millones en carreteras en el
VRAEM, en las que destacan Quinua-San Francisco, Alfamayo-
Quillabamba y el Anillo Vial VRAEM.

Con una inversión de 420 millones de dólares se instalará la Banda
Ancha en Capitales de provincia; ello implica el desarrollo de la Red
Dorsal de Fibra Óptica que interconecte las 195 capitales de provincia
del país, mediante una red de telecomunicaciones soportada en fibra
óptica.

30

Hasta fin de año se tiene previsto electrificar a 194 mil viviendas rurales,
logrando la meta de cobertura de 65% en la electrificación rural.

En lo que toca a la matriz productiva, es importante que el país
diversifique las opciones que históricamente ha ofrecido. Es necesario
que por fin podamos aprovechar este ciclo económico y que exista una
verdadera diversificación industrial que sea promovida a partir de la
innovación tecnológica. Dentro de los instrumentos para impulsar la
innovación y la transferencia tecnológica quisiera destacar la pronta
aprobación e implementación del Fondo de Apoyo a la Innovación,
Ciencia y Tecnología (FINCYT) en su segunda fase, los incentivos
tributarios dados para que la PYMEs inviertan más en innovación, la
reestructuración del CONCYTEC y la pronta creación de un Sistema de
Tecnología e Innovación que mejor articule los esfuerzos que las
entidades del Estado hacen en materia de inversión en investigación y
desarrollo. El foco será uno que apueste por la generación,
transferencia, adopción, uso y explotación de nuevos conocimientos y
tecnologías. De esta manera, impulsaremos una estructura productiva
que impulse la demanda de servicios tecnológicos, se genere una mayor
demanda empresarial de conocimiento universitario y se contribuya al
establecimiento de intereses comunes entre el sistema de investigación
pública y el sector productivo.

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De otro lado, en lo que respecta al fomento de la producción y pesca, es
de destacarse que este año se realizó el Primer Censo Nacional de la
Pesca Artesanal en el Ámbito Marino que determinó que existen más de
56 mil pescadores artesanales en las Costas del Perú, lo que permitirá
diseñar políticas más asertivas para promover el Consumo Humano
Directo. Se formalizó a más de 7 mil agentes de pesca artesanal a través
del Programa de Extensión de Pesca Artesanal; así como a 90
organizaciones a nivel nacional.

La política agraria se concreta en elevar el nivel de competitividad del
sector agrario, en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo para
mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en las zonas
rurales y alto andinas, a través de esfuerzos de coordinación
multisectorial, en los tres niveles de gobierno y con todos los actores
involucrados como los gremios, las asociaciones de productores, las
comunidades y las empresas representativas del sector.

Se han brindado créditos a 23 mil productores agrarios desde
AGROBANCO para impulsar la producción, transformación y
comercialización de cultivos y crianzas. Tarea importante es el IV Censo
Nacional Agropecuario, con una inversión de S/.113 millones, que se
viene ejecutando y que permitirá contar con información básica
completa y actualizada del sector agropecuario que facilitará la

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elaboración de políticas, programas y planes que promuevan el
desarrollo agrario y la inclusión social.


El proceso de descentralización debe adquirir una dimensión de
proyecto nacional y avanzar en la construcción de la Nación, dotándola
de un proyecto unificador, que es tal vez la mayor ausencia
experimentada en la República peruana. Es evidente que este proceso
no ha estado exento de serios problemas en su ejecución, lo que ha
afectado a los servicios de la población en educación, salud y servicios
básicos.

Del mismo modo, es imprescindible impulsar un gobierno central
comprometido con el desarrollo de las regiones con una perspectiva
nacional. La transformación del país hacia el que estamos avanzando
requiere de regiones y municipalidades articuladas en una visión de país
que ponga fin a la imagen de nación invertebrada que pone en juego su
viabilidad en 25 gobiernos que actúan cada uno por su lado sin mayores
vínculos ni coordinaciones.

Para mejorar capacidades de los gobiernos regionales y locales,
pondremos a disposición la Escuela Superior de Administración Pública

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de reciente creación en la PCM. Para la eficacia en la gestión y
coordinación entre el Gobierno nacional y los gobiernos regionales y
locales, continuaremos realizando Consejos de Ministros
Descentralizados, dado que es una acción de gobierno muy eficaz para
ordenar y ejecutar las agendas con las regiones y municipios del país. Y
brindaremos atención prioritaria a la acción de los gobiernos locales,
como ya lo estamos haciendo articulando las competencias acción de
todos los sectores.

Además, es imprescindible que podamos robustecer junto con todas las
autoridades del país la política de prevención y mitigación de desastres.
La población que sufre los embates de la naturaleza requiere de la
actuación de todos. En esa vía fortaleceremos al Instituto Nacional de
Defensa Civil, así como el Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción de Desastres.


Una acción importante durante el primer año de gobierno ha sido
enfrentar el problema de la corrupción. La impunidad amenaza y socava
nuestra institucionalidad democrática.

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Ya hemos informado a nuestros conciudadanos que las personas
condenadas por corrupción le deben más de mil millones de soles al
erario nacional, en pagos de reparaciones civiles lo que es una
expresión de la impunidad. Decidimos poner alto a todo ello y por eso
los procuradores del Estado ya están actuando con firmeza. Esta labor
se ha extendido a los terroristas que le deben al país una millonaria
suma de más de 3 mil 850 millones de nuevos soles. Ya logramos en
este último caso embargar tres inmuebles de la pareja del líder del
movimiento terrorista Sendero Luminoso.

Vamos a extender el combate a la corrupción en el convencimiento que
es lo correcto y lo que el país espera. Reiteramos en ello el
incondicional COMPROMISO del Gabinete contra la corrupción. Sin esta
voluntad política no habrá resultados en esta tarea. Asumimos en ello
plenamente el mensaje del Presidente Humala y llamamos a todos, y
principalmente a los jóvenes del Perú, para poder cambiar nuestra
realidad y adecentar nuestra sociedad.

Enfatizaremos en esta materia, entre otras, las siguientes medidas:

• Vamos a fortalecer el sistema de defensa jurídica del Estado.
Propondremos en breve la creación de la Procuraduría General de la
República, que será el Estudio de abogados más grande del Perú para
defender los altos intereses del Estado y evitar que se sigan

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perdiendo valiosos recursos del país por las corruptelas de malos
funcionarios judiciales. La centralización del sistema de procuradores
en una sola entidad fuerte y especializada, será una potente reforma
del Estado.
• Ratificamos la decisión, de que ninguna persona condenada por
delitos de corrupción salga de prisión antes del cumplimiento
efectivo de su condena, si no cancela el íntegro de la reparación civil.
• Pedimos la pronta aprobación de la Ley de Inhabilitación Permanente
de Funcionarios que no abonen las reparaciones civiles, presentada
hace algunas semanas.
• Reconociendo que la corrupción está fuertemente enraizada en el
ámbito privado, vamos a promover la suscripción de Pactos anti-
sobornos, para que las empresas proveedoras del Estado, se
comprometan al no pago de sobornos bajo las sanciones penales y la
inhabilitación permanente para futuras licitaciones.
• Asimismo, anunciamos que cumpliremos con nuestra obligación
internacional de cumplir los estándares internacionales del Convenio
de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos
contra la corrupción.

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• Igualmente, hemos implementado una mayor transparencia en el
Poder Ejecutivo, al ordenar el Registro de Visitas para dar mayor
transparencia a las actividades de los funcionarios del Estado.

Finalmente, quiero enfatizar que en la lucha por la limpieza y
transparencia de la cosa pública, no hay privilegiados. Es más, seremos
más severos con aquellos que pretendiendo abusar de su condición de
parientes de altos funcionarios del Estado, pretendan una prebenda o
beneficios improcedentes. El ejemplo de esto lo ha dado el Presidente
de la República Ollanta Humala, quien en declaración pública el pasado
25 de marzo, dijo:

“En el caso de mi familia siempre he dado disposiciones claras a
cada ministro, de manera personal y de manera conjunta. No
tienen por qué hacer caso a ningún familiar que vaya a tocar la
puerta, a pedir puesto de trabajo, favores, negocio, etc., nada de
eso. Y le digo a las personas que quieren a través de mi familia
acceder a mí por algún tipo de favor, negocio, trabajo, etc. que
han escogido el peor de todos los caminos. Así no van a llegar
jamás a mi persona”.

A partir de ello informo, que sobre la reciente denuncia periodística que
involucra a un familiar del Presidente, ya hemos dado instrucciones

37

para que se lleve a cabo una exhaustiva investigación y que se aplicarán
las sanciones a que hubiere lugar, así como las medidas correctivas para
reformar del registro de proveedores del Estado e impedir que esto se
produzca en el futuro.


La inclusión social que buscamos es aquella que permita que todos los
peruanos y peruanas puedan ejercer sus derechos y accedan a iguales
oportunidades. Estamos comprometidos en lograr que un niña de
nuestra sierra o selva tenga las mismas oportunidades que un niño de la
costa, que ambos reciban servicios de calidad: agua, educación, salud,
nutrición; que las familias de ambos tengan oportunidades de
desarrollarse en su localidad y generarse ingresos de manera digna que
les permitan salir adelante, que ambas familias encuentren en el estado
a un aliado y que el esfuerzo de los peruanos sea suficiente para salir
adelante.

El centro del desafío está en lograr una intervención efectiva y
articulada del sector público, en esta tarea la Presidencia del Consejo de
Ministros apoyará decididamente, desde la Comisión Interministerial de

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Asuntos Sociales, desde la Secretaría de Descentralización y desde la
nueva Oficina de Diálogo Nacional y Sostenibilidad.

Si bien la creación del MIDIS ha sido un aspecto central para reorientar
las políticas sociales y articular los sectores y niveles de gobiernos para
una acción eficaz cerrando las brechas en el acceso a servicios públicos,
reducir la pobreza y vulnerabilidad e igualar oportunidades para todos
los ciudadanos, debemos centrarnos en el esfuerzo de llegar con el
Estado, con sus servicios y con más y mejores oportunidades a las zonas
más alejadas.

No hablaremos de los programas sociales, estos fueron detallados en
extenso por el Presidente de la República. Sólo enfatizaré que estos
programas están en expansión para lograr atender a todos los que los
necesitan, pero sobre todo estamos comprometidos en mejorarlos para
asegurar que entregan productos y servicios oportunos y de calidad.

Tenemos claro que la apuesta por la inclusión social no se basa en la
sola entrega de programas sociales, sino en la combinación de
programas que alivien la pobreza actual y que a la vez logren objetivos
de largo plazo: que nuestros niños y niñas de las zonas más pobres se
eduquen, accedan a la salud, a su DNI y a todos los servicios que les
corresponden por derecho, para que tengan un futuro promisorio y con

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opciones de progreso. Pero además necesitamos que los programas de
alivio se entreguen junto con programas que los complementen. Que
vengan junto con programas de desarrollo productivo, capacitación
para el trabajo, desarrollo de actividad empresarial, entre otros, para
que paulatinamente las poblaciones que hoy reciben solo programas de
alivio, vayan ganando autonomía. Esto requiere de la acción concertada
del estado, de todos sus sectores y niveles de gobierno.

Un ejemplo del tipo de articulación que viene promoviendo el MIDIS y
que apoyaremos desde la PCM, consiste a mejorar la oferta de
infraestructura básica para los más pobres. Como se sabe a pesar de la
reducción en la pobreza, en los 341 distritos más pobres de la sierra sur
solo el 5% de los hogares tiene acceso conjunto a agua segura,
saneamiento básico, energía y telecomunicaciones, limitando con ello
sus oportunidades de generación de ingresos. Frente a ello, este
gobierno ha comenzado a ejecutar una estrategia multisectorial que
articula las inversiones en servicios básicos para que estos servicios no
solo lleguen a los distritos más pobres, sino que lleguen todos a la vez y
así potenciar su impacto en las oportunidades económicas y de
bienestar de los más pobres. La meta es pasar del 5% de hogares con
acceso simultáneo al paquete de servicios de infraestructura en estos
341 distritos al 50% en el 2016. Así, a través de criterios comunes de

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priorización, una visión territorial del desarrollo, un análisis de brechas
de infraestructura a nivel de centro poblado y un seguimiento y
evaluación permanente, este gobierno financiará la infraestructura y
también premiará el trabajo articulado.

Un objetivo central de la política de inclusión es enfrentar los elevados
niveles de desnutrición crónica infantil: 1 de cada 5 niños peruanos es
desnutrido en el Perú y en las zonas más pobre 1 de cada 2 está en esta
situación. Casi 600 mil niños peruanos sufren hoy de desnutrición
crónica. A pesar de la bonanza económica, el Perú aún mantiene índices
de desnutrición graves: si bien en la última década la pobreza se redujo
28 puntos, la desnutrición solo se ha reducido en 6 puntos
porcentuales. Para atender este problema doce ministerios hemos
suscrito el “Compromiso Nacional para la Lucha Articulada contra la
Desnutrición Infantil”, para intervenir con acciones coordinadas y
probadamente efectivas que nos permitan bajar la desnutrición en 13
puntos porcentuales al 2016. En esta tarea se han comprometido
también los gobiernos regionales y locales. Todos debemos estar juntos
en esta tarea prioritaria.

En cuanto al ámbito laboral el propósito del gobierno es impulsar la
generación de empleos dignos y contribuir con establecer puestos de
trabajo temporal, como parte de programas de ayuda social. A través

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del Programa “Trabaja Perú” se han generado más de 34 mil empleos
especialmente para madres solteras, jóvenes y discapacitados,
esperando llegar a fin de año con casi 60 mil. En este objetivo, otra
medida esperada es la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral. Es un proyecto presentado hace varios meses y que también se
encuentra en el Congreso pendiente de aprobación.
En cuanto al acceso a servicios de saneamiento, el gobierno despliega
importantes esfuerzos para que cada vez más peruanos, principalmente
de las zonas más pobres y tradicionalmente desfavorecidas en los
ámbitos urbano y rural, tengan acceso a servicios de agua y
saneamiento, seguros y sostenibles, y a una vivienda y un entorno
dignos.

A fin de año se tiene como meta instalar 45 mil instalaciones de agua
potable y 61 mil unidades básicas de saneamiento a viviendas en el
ámbito rural. Asimismo efectuar la conexión de 97 mil instalaciones de
agua potable y 132 mil de alcantarillado a viviendas en el ámbito
urbano, la construcción o mejoramiento de 67 mil viviendas en el
ámbito urbano, concluir la implementación de 215 Tambos y 296
proyectos de mejoramiento de barrios.

Es de vital importancia la aprobación del Proyecto de Ley que
presentamos al Congreso hace algunas semanas, que propone la

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Modernización de los Servicios de Saneamiento del Perú. Con ello se
busca el incremento de la cobertura y calidad de los servicios de
saneamiento a nivel nacional.

En cuanto a las personas con discapacidad, en setiembre del presente
año se iniciará la ejecución de la Primera Encuesta Nacional
Especializada en Discapacidad que permitirá configurar el mapa real de
la discapacidad en nuestro país y su situación en diferentes aspectos y
ámbitos de desarrollo, lo que permitirá perfeccionar las políticas
públicas que se vienen ejecutando a favor de esta importante
población.

El Ejecutivo ha enviado al Congreso observaciones a la autógrafa de la
Ley General de Personas con Discapacidad, con el fin de asegurar la
viabilidad técnica y económica de sus propuestas. Estamos plenamente
comprometidos con el desarrollo de las personas con discapacidad, con
la inclusión de todos y todas en la vida social y económica del país, pero
debemos hacerlo sobre bases sostenibles que aseguren un proceso
irreversible de mejora en las condiciones de vida de este grupo de
nuestra sociedad.
Seguiremos enfatizando la tarea de promover los derechos de la mujer,
para lo cual ya tenemos el Plan de Igualdad de Género 2012 – 2017. Y
seguiremos la política anunciada de proteger la integridad de las

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mujeres y niños frente a la violencia de la que son objeto. Este gobierno
no tendrá tolerancia frente a estos hechos y actuará con mano firme.

El gobierno ha enfatizado la voluntad política de poner en marcha
cambios trascendentes en el sistema de salud del Perú, en el marco del
objetivo de lograr crecimiento con equidad. El fortalecimiento de la
atención primaria de salud busca acercar un servicio de mejor calidad al
ciudadano, para resolver en forma oportuna las necesidades de salud
más frecuentes en lo que respecta a promoción, prevención,
diagnóstico, detección temprana y tratamiento.

El Plan Nacional de Atención Integral del Cáncer -Plan Esperanza-
ratifica la voluntad del Gobierno de proporcionar cobertura integral a
los peruanos respecto de las enfermedades crónicas que aquejan
crecientemente a la población. Este plan se inicia dando atención
integral gratuita de cáncer a 12 millones de peruanas y peruanos
afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), previendo próximamente su
extensión a más peruanos actualmente sin seguro de salud.

El reto no es solo dar tratamiento de cáncer y cubrir el financiamiento
requerido para ello, sino fundamentalmente lograr que la enfermedad
sea, en primer lugar, prevenida y, en segundo lugar, detectada
precozmente, para evitar el gran sufrimiento personal, familiar y social
que esta enfermedad acarrea. De tal modo, en el corto plazo este plan

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incluye el funcionamiento, en todas las regiones, de unidades móviles
con capacidad para despistaje y diagnóstico.

En el año 2013 se destinará recursos para la adquisición de
equipamiento, fortaleciendo al INEN y a los Institutos Regionales de
Enfermedades Neoplásicas del norte y sur del país, así como a los
servicios oncológicos en siete hospitales nacionales. Para ampliar la
oferta, se certificarán las competencias de los médicos con experiencia
y se incrementaran plazas de residentado en oncología. Cabe anotar
que se ha previsto un financiamiento para el Plan Esperanza de S/. 300
millones en el año 2013.

La cultura es un elemento consustancial de nuestra identidad, siendo
que tenemos que reconocernos como un país milenario que nos
enorgullece cada vez más en la diversidad, colores y sabores del Perú. El
Ministerio de Cultura viene conduciendo un proceso de transformación
del país para el desarrollo sostenible, promoviendo la ciudadanía
intercultural. La consulta previa a los Pueblos Indígenas, se pondrá en
breve en ejecución. Esto implica un cambio importante en el escenario
del país, que hará las inversiones a futuro sostenibles.

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La política exterior del Perú tiene en su más alto interés el
fortalecimiento de la integración regional. Al respecto, la presencia y
liderazgo peruanos en foros multilaterales regionales es cada vez más
activa y notoria. La finalización de temas limítrofes durante la gestión
del Presidente Ollanta Humala, permitirá que todos nuestros esfuerzos
se dirijan a fortalecer las relaciones bilaterales con nuestros vecinos.

En la controversia marítima con nuestro vecino del sur,
comprometemos a todo el país a estar unido y a esperar que el trabajo
jurídico de los equipos especializados deje sentada nuestra legítima
posición, para que la Corte Internacional de La Haya imparta justicia en
este caso. El Gabinete en este ámbito trabajará firmemente por la
defensa de nuestro país en esta etapa crucial que se avecina.

Estamos ante un proceso de consolidación de apertura del Perú en el
mundo. La democracia peruana ha permitido que se nos considere
como un país serio, respetuoso y promotor de los derechos humanos y
un socio confiable en la comunidad democrática internacional.

Con relación a aproximadamente tres millones de peruanos que viven
en el exterior país, nuestro gobierno continuará trabajando para

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brindarles un mejor servicio y protección. Pero hoy, muchos de ellos se
encuentran en una situación difícil por la crisis internacional, lo que
hace que tengamos que preocuparnos por ellos. Si antes los peruanos
contribuyeron en épocas difíciles, con remesas que paliaron la situación
económica precaria; hoy es necesario que les ayudemos ante la
situación difícil que atraviesan. Por esta razón presentaremos en breve
al Congreso la Ley del Retorno, que facilite el regreso de nuestros
compatriotas que desean contribuir al desarrollo del país.

Señoras y señores Congresistas:
Venimos al parlamento con humildad y con ánimo de cooperación. No
nos preside la ambición del poder sino un servicio sincero a la patria.
Muchos de nosotros formamos parte de una generación nueva de
políticos y técnicos al servicio del Estado. Nos impulsa la mística, el
patriotismo y un profundo compromiso social.

En este gabinete no encontrarán ustedes voluntad de encono. A pesar
de cualquier diferencia encontrarán la mejor disposición de un gobierno
que desea hacer las cosas con todos y para todos.

Les pido aceptar la mano tendida y sincera de un grupo de mujeres y
hombres comprometidos con el futuro del Perú.

Muchas gracias

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Política general del gobierno peruano 2012-2016

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