Este documento resume un conflicto de 12 años entre la comunidad negra de San Marcos y la empresa de energía EPSA. El conflicto comenzó en 2001 cuando EPSA vertió 500,000 metros cúbicos de sedimento en el río Anchicayá, causando un desastre ambiental y dañando la flora, fauna y ecosistema. Múltiples comunidades a lo largo del río están demandando colectivamente a EPSA por 165 mil millones de pesos en daños. El documento concluye criticando al gobierno por otorgar conces

1. DEMANDA CONTRA EPSA… UN PROBLEMA DE 12 AÑOS…!
El pasado 8 de Febrero del presente año se reunió la Asamblea General de la Comunidad Negra de
San Marcos con representantes de la empresa de Energía del pacífico, EPSA. Con el fin de dirimir
un conflicto que los ha enfrentado por más de 12 años. Un conflicto que dio lugar en el año 2001
cuando trabajadores de dicha empresa ubicados en la hidroeléctrica del río anchicayá,
derramaron a dicho río un poco más de 500 mil metros cúbicos de sedimento que tenían
almacenados junto a otros miles de metros más. Según argumentos de representantes de esta
empresa, dicho derramamiento se dio porque el depósito donde se acumulaba este sedimento
presentó fallas en sus partes laterales, lo que los obligó a intervenir rápidamente en su
reparación. Y por ende, “tener que derramar este material al río”.
El vertimiento de este material al río originó un desastre ambiental en la zona, ocasionando daños
irreparables en la flora y en la fauna, y en general, en el ecosistema ribereño. Lo que atentó
fuertemente contra la seguridad alimentaria de toda una comunidad, la cual respaldaba sus
sueños de progreso, en sus cultivos y en su río, y en todo el conjunto de imaginarios e ilusiones
heredados de sus ancestros e inspiradores de su quehacer.
Este conflicto no solo tiene a la comunidad de San Marcos enfrentada a esta empresa sino que
enfrenta también a otras tantas comunidades más, ubicadas a lo largo de este río y sobre la
carretera Simón Bolívar, antigua vía al mar. Cabe anotar, que el valor general interpuesto por
estas comunidades a través de su abogado para resarcir los daños ocasionados, asciende a 165
mil millones de pesos, es decir, unos ochenta millones de dólares mal contados. Lo que le
reportaría a cada miembro de la familia un total de 34 millones de pesos si el consejo de estado y
la Corte Constitucional ratifican la decisión adoptada por el tribunal Supremo del valle, quien en
primera instancia falló a favor de estas comunidades.
Este es un conflicto que presta atención en muchas comunidades donde el Gobierno Nacional,
está concediendo a diestra y siniestra todo tipo de concesiones ambientales, sin prever los
impactos negativos que dejan las malas prácticas de estas empresas a nuestro ecosistema
nacional, justificado por unos cuantos pesos que quedan de impuestos para la nación, pero
causando al mismo tiempo, más miseria y desolación para estos pueblos.
Con todo lo anterior, no estoy diciendo que esté en contra del bien general sobre el particular ni
mucho menos que rechace los avances que en materia energética, minera y de hidrocarburos se
puedan gestar para el país. Lo que rechazo profundamente es que a través de estos proyectos se
tenga que aniquilar los derechos ancestrales de los pueblos y que dicha aniquilación no les ofrezca
opciones claras y cómodas de subsistencia.