Este conflicto por las tierras de Tilzapote se ha arrastrado por mucho tiempo. Algunas personas con poder político y económico, incluyendo al Diputado Federal Héctor Pablo Ramírez Puga, tienen ambición por las tierras de Tilzapote que llegan hasta la costa. Los comuneros acusan a las autoridades comunales pasadas y presentes de favorecer a quienes reclaman las tierras. El conflicto continúa mientras el supuesto propietario Pedro Martínez interpone recursos legales.

1. AGOSTO DE 2012
El problema de “Tilzapote” es un conflicto añejo: PR
Por Javier Hernández / Uno Más Uno
Domingo, 05 de Agosto de 2012 | 20:04
Puerto Escondido, Oax. El conflicto de las tierras de Tilzapote, comunidad del municipio de Santa María Tonameca,
continúa toda vez que el supuesto propietario que se dice ser el señor Pedro Martínez Araiza interpuso un recurso de
revisión al respecto ante las autoridades jurisdiccionales.
Este predio está localizado sobre la carretera federal 200 y mismo que su extensión llega hasta el litoral, motivo que ha
generado ambición por parte de algunas personas con poder político y económico entre las que se menciona al Dip.
Federal Héctor Pablo Ramírez Puga.
De acuerdo a declaraciones de algunos comuneros, quienes han indicado que en este asunto los que hoy reclaman se han visto beneficiados por las autoridades
comunales tanto las anteriores como las actuales, en su momento Claudio Pacheco y hoy Pablo Rito, señalándolos con esta actitud como traidores del pueblo de San
Francisco Cozualtepec, agencia municipal donde pertenece esta comunidad .
Recuerdan los comuneros de esta núcleo agrario que por este conflicto ya se giraron 11 órdenes de aprehensión de las cuales solo se cumplieron tres y esperan que con
el poder, con el que cuentan los que hoy reclaman esta propiedad en algún momento se cumplan las restantes o bien sea giradas mas a otras personas.
En anterior asamblea de comuneros estos acordaron, comentan los comuneros que esta propiedad que tanto problema ha causado sea retomada por Bienes
Comunales y que se vuelva propiedad del pueblo.
En entrevista para Uno Más Uno, con Pablo Rito, Presidente de los Bienes Comunales de esta comunidad de San Francisco, al cuestionarle al respecto indicó; “El
problema de Tilzapote es un asunto que se viene arrastrando con comisariados de tiempo atrás, quiero decirle que yo soy originario de San Francisco Cozualtepec, y
conozco bien las tierras en disputa.
Ese predio pertenecía a este núcleo agrario, el cuales es de una extensión de 45 hectáreas las cuales hoy las tiene en forma irregular en posesión el señor Bartolo
Martínez, como bien dice que el que las tiene encerradas crea derecho y este es el caso”.
Así mismo al cuestionarle sobre esta actitud del Sr. Martínez, que hace la autoridad agraria en este sentido, indicó el funcionario agrario, “el señor Bartolo sabe que
esas tierras pertenecen a San Francisco y Bartolo no tiene la razón en contar con la posesión de estas tierras”.
De igual forma al interrogarle sobre, el reclaman de estas tierras por Pedro Martínez a quien le fue entregada una acta de posesión de estos terrenos por la anterior
autoridad comunal, afirmó; “en verdad yo desconozco si se realizó ese trámite ante esta oficina, mira la gente lo cuenta y hasta a mi me dicen que yo también ya me
vendí, que ya me lleve una lana, yo no he tomado un solo quinto de esas tierras, en cuanto a todo lo que dicen del anterior comisariado yo no sé hasta dónde es verdad
o es mentira.
En cuanto al señor Pedro Martínez, quiero comentarte que no lo conozco personalmente y hace algunos meses en cuanto se comenzó a escuchar este nombre, se habla
que él es el responsable de que hayan sido detenidos algunos comuneros y que fueran hasta la cárcel, quiero decirte que este es un problema entre estas dos partes.
De la misma forma al indicarle cual es papel juega, como autoridad agraria, enfatizo, pues ver que un grupo de personas se están peleando por unas tierras, y en su
momento resolver de quien son esas tierras, quizá hasta del pueblo siempre y cuando convenga, por ejemplo a Pedro Martínez aquí no se le conoce únicamente
conozco a su apoderado el cual inclusive ni lo conozco”
Para culminar si o no conoce a las partes en conflicto y como es que usted interviene, “buen quiero decir que ante las oficinas de la representación agraria no se está
ventilando este asunto, solo son rumores afuera de las oficinas, he llagado a pensar que hasta son gente de fuera y quisiera saber que intención o el interés tiene por
este conflicto”.
Descarada venta de playas a extranjeros
MISAEL SÁNCHEZ
A tres meses y medio de que concluya el gobierno de Felipe Calderón, las delegaciones de la Profepa, la
Semarnat y Conagua realizan operativos en bahías de Huatulco para venderlas a extranjeros, denunció
ayer el Colectivo de Organizaciones Ambientales de Oaxaca (COAO) al cuestionar el desalojo de la playa
El Arrocito, en perjuicio de comerciantes y prestadores de servicios que durante más de una década han
atendido a miles de turistas en las Bahías de Huatulco. Y es que la semana pasada, las tres
dependencias, así como personal de la PGR y la Secretaría de Marina, realizaron un operativo en la playa
El Arrocito para desalojar a los comerciantes con el argumento de que no contaban con una concesión,
permiso o autorización del gobierno federal para atender al turismo en la playa.
“Es lamentable que el gobierno federal, encabezado por la delegada de la Profepa, Laura Ernestina
Aguilar Chagoya esté afectando a los pobres para ayudar a empresarios extranjeros que tienen interés en
la privatización de las playas”, señaló el coordinador del COAO, Nasario García Ramírez.
“Cuando denunciamos afectaciones a otras playas de Huatulco por parte de los hoteleros, principalmente extranjeros, la delegada de la Profepa siempre
ignora las quejas, por ello la próxima semana vamos a protestar en el Zócalo de la ciudad. Es mejor que la delegada se preocupe por atender nuestras
demandas para que se preserve el río Atoyac”, declaró.
Cuestionó además que se haya desalojado a habitantes de Santa María Huatulco para privilegiar a extranjeros, como ocurre con hoteles de extranjeros,
como el “Cosmos Residence” que se construyó precisamente con acceso a la playa El Arrocito.

2. “Y no nos pueden negar que están privatizando las playas porque hasta el mismo hotel Cosmos Residence tiene letreros en inglés que señalan que la
Semarnat le concesionó la zona federal marítimo terrestre para que sus clientes tengan acceso a la playa”, denunció.
Señaló además que los comerciantes que fueron desalojados, en plena temporada vacacional, siempre han garantizado la conservación del manglar, algo
que no ha hecho el hotel Cosmos Residence que incluso destruyó parte de este para colocar mobiliario de playa.
“No es cierto que los comerciantes hayan provocado contaminación o afectaciones al hábitat de la flora y refugios de vida silvestre que existen en ese
ecosistema. Son otro tipo de intereses los que han llevado al gobierno federal a desalojar la playa El Arrocito”, añadió.
El dirigente ecologista dijo que constitucionalmente las playas no se pueden vender, pero que con el argumento de que se están concesionando a
extranjeros el gobierno federal desalojó a los prestadores de servicios.
Por último señaló que la Comisión Nacional del Agua busca obtener una certificación ambiental de playa limpia en El Arrocito pero sólo para beneficiar a
los dueños del hotel al que se le concesionó el manglar.
Entredichos
LUIS OCEJO MARTÍNEZ
LA MALDAD NO DESCANSA: Vaya notición el que nos proporcionan los Notarios Públicos de Oaxaca. Resulta ser que una auténtica banda de
facinerosos presuntamente encabezada por dos Ex-Registradores del Registro Público de la Propiedad de Puerto Escondido se han dado a la tarea de
clonar recibos, notificaciones catastrales, recibos de Traslado de Dominio y elaborar escrituras públicas falsificando las firmas y los sellos de
conocidos Notarios de esta localidad y del interior del Estado y con la complicidad de empleados de la Dirección de Catastro en donde realizan las
altas y las bajas de las cuentas prediales y con la complacencia del Registrador Público de Puerto Escondido se han dado a la tarea de despojar a
particulares de terrenos en Puerto Escondido, aunque también están actuando en esta Ciudad de Oaxaca, principalmente en las casas abandonadas y
en terrenos baldíos. Existen ya varias denuncias penales al respecto, principalmente se está despojando a los particulares que tienen terrenos en el
Fraccionamiento Bacocho en Puerto Escondido, Oaxaca. Ante esta acción delincuencial, los Notarios exhortan a los ciudadanos que tengan terrenos
en dicho Fraccionamiento para que A).-Chequen si sus cuentas prediales aún están vigentes. B).-Checar en el Registro Público de Puerto Escondido si
su registro está vigente y no se lo han cancelado. C).-En caso de que se vaya hacer alguna transmisión de propiedad de dichos terrenos, deben exigir
se presenten los documentos originales y no aceptar por ningún motivo que su Notario les acepte copias simples de escrituras ni copias certificadas.
D).-En el caso de esos terrenos de preferencia exigir que se presente personalmente el vendedor y su esposa, exhibiendo en originales sus
respectivas credenciales de elector y el Acta de Matrimonio. E).-En el caso de que presente Poder Notarial, exigir que sea original y pedir a su Notario
se comunique telefónicamente con el otro Notario que expidió el poder para checar su autenticidad, porque están circulando en la Ciudad de Oaxaca y
en Puerto Escondido, Poderes Notariales falsos. F).-En el caso de que ya se esté inmiscuido en algún problema legal, independientemente de que
acuda a su Abogado de confianza e inicie el juicio reivindicatorio para recuperar su propiedad, hay que tener el valor civil y denunciar penalmente a
los pillos de siete suelas que le estén causando perjuicio a su patrimonio. De nada.
Mega-fraude con terrenos
“Embarran” falsificadores de escrituras al Registro Público de la Propiedad, Instituto Catastral y a la
Dirección General de Notarías
Andrés CARRERA PINEDA
Con la complacencia y complicidad de funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del Estado, cientos de
oaxaqueños están siendo defraudados con la compra venta de propiedades con escrituras apócrifas.
Modus operandi
Las personas que llevan a cabo el fraude establecen terrenos o casas abandonadas que no han tenido movimiento
durante algún tiempo, investigan tanto en el Registro Público de la Propiedad (RPP), como en el Instituto Catastral

3. del Estado de Oaxaca (ICEO) a nombre de quién se encuentra la propiedad y en la Dirección General de Notarías,
buscan el protocolo de un notario que haya fallecido en años anteriores y así consumar el delito.
El abogado, Raúl Pérez Zorrilla, explica que una vez que los falsificadores tienen el protocolo del notario ya
fallecido, “lo que hacen es borrar una escritura del libro de ese notario y elaboran una escritura a nombre de una
persona que ni existe”.
Por ejemplo, explica, le ponen que Juan Pérez le vende a José o a quien sea, sacan copias de esas escrituras
apócrifas, las llevan al Instituto Catastral, donde les abren cuentas catastrales, hacen entre comillas los pagos de los
impuestos y después vuelven a ir al Registro Público, inventan inscripciones y con eso tienen una escritura falsa de
una propiedad.
La compra-venta
El mega-fraude que ahora enfrentan cientos de oaxaqueños y que a pesar de las denuncias, la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE) no ha tomado cartas en el asunto, se ejecuta cuando las propiedades con las escrituras
falsas son vendidas a buen precio a víctimas que tarde o temprano se percatan que han sido defraudados, cuando
aparecen los verdaderos dueños.
“Estos delincuentes contactan con alguien que les interesa adquirir un terreno y les dicen que se los dejan a buen
costo, porque el gancho es vender un terreno barato, cuando logran el negocio, el siguiente paso es visitar a un
notario. No es mi responsabilidad decir que los notarios están coludidos pero muchos, o no se dan cuenta o pasa
algo raro, porque no se dan cuenta que los documentos que avalan son falsos y cuando el comprador va a tomar
posesión, sale el verdadero dueño y viene el problema”.
Los casos
A la fecha el abogado ha conocido dos casos similares y asegura que varios notarios que actúan de buena fe,
también han detectado varias escrituras falsas, por ello, no descarta que los defraudadores puedan tener sus propios
notarios que les permite realizar estos actos ilícitos.
“Lo chistoso de uno de estos terrenos, es que le hablaron a mi cliente porque en su terreno tenía anuncios de su
negocio, le solicitan que retire tales anuncios porque el nuevo dueño iba a tomar posesión, entonces mi cliente le
dice que está en un error porque esos terrenos han pertenecido a su familia desde hace más de 30 años. Es mi
terreno le contestan y le cuelgan”.
Comenta que cuatro días después de la primera llamada, “le volvieron a marcar para pedirle lo mismo, entonces yo
trato a estas personas y me junto con sus abogados de los supuestos dueños, intercambiamos escrituras para
investigar”.
“La sorpresa que me voy dando es de que las escrituras de estas personas no tienen antecedentes tan grandes, pero
lo que más me llamó la atención es que en las notarías, a la hora de obtener una copia del libro de donde nace la
escritura falsa, nos damos cuenta que están borradas y que de ahí se basaron para una escritura de compraventa, eso
nos da pensar que alguien de Notarías está involucrado, porque esos libros están en resguardo de la Dirección de
Notarías”.
Pérez Zorrilla presume que ante estas irregularidades, dentro del Registro Público de la Propiedad “alguien se
dedicaba o se dedica a borrar escrituras y hacer nuevas escrituras falsas”.
“Eso lo debe investigar las autoridades, porque eso no es nuestra obligación pero lo peor es que la Procuraduría de
Oaxaca ya lo sabe desde el 2010 y no ha hecho nada y hasta ahorita no ha pasado nada”, dice el abogado.
Caso reciente
El segundo caso que llegó en manos del abogado ocurrió este 2012, de igual forma, una de sus clientas, quien es
dueña de un terreno que se localiza en pleno Centro Histórico, sobre la calle de 5 de Mayo, con escrituras apócrifas
los falsificadores intentan vender el predio.

4. Como en el primer caso, especifica que un día su clienta, quien por cuestiones de seguridad se omite su nombre,
envió a uno de sus trabajadores para realizar la limpieza de su terreno, pero al llegar la llave que había utilizado por
años no abría el candado.
La dueña contrató a un cerrajero para cambiar el candado, pero 15 días después, cuando volvió a visitar su terreno,
de nueva cuenta la cerradura había sido cambiada.
“No vuelve abrir el candado que había puesto y eso le llamó mucho la atención, entonces al notar que ese candado
no era suyo hace la denuncia y resulta que con un vecino le dicen que una persona había ido a ofrecer el terreno y
que había dejado sus papeles, esos papeles a la hora de que me los trae la señora, uno como abogado, perito en la
materia, nos ponemos a estudiar las escrituras y nos damos cuenta que es una escritura falsa, donde fue el libro de
un notario ya fallecido, nuevamente fue borrado y volvieron a escribir una escritura de ese terreno, y entonces, hay
ahorita otras personas que quieren sorprender a la gente para vender dicha propiedad con escrituras falsas”.
Mega-fraude
Al señalar que estos mega-fraudes están ocurriendo en inmuebles de mucho valor y que se localizan en zonas como
en el Barrio de Xochimilco y en pleno Centro Histórico, advierte que son fraudes que pueden cometerse de miles o
millones de pesos.
“Lo que pasa con las personas que compran estas propiedades, es que si se van a juicio van a perder su dinero
porque fueron defraudados por estas personas que al parecer es toda una red de delincuencia organizada que
pudieran estar operando desde estas dependencias que deberían velar por el patrimonio de los oaxaqueños”, afirma
Pérez Zorrilla.
Recomienda que las personas que sean víctimas de estos defraudadores, “en vez de pelear con los verdaderos
dueños, deben demandar inmediatamente a los supuestos vendedores porque después el problema viene cuando ya
no aparecen los supuestos dueños con quien hicieron el trato, porque en realidad no existen, manejan datos falsos,
sus escrituras son nulas porque además no tienen los antecedentes y requisitos que la ley señala”.
Ex funcionaria de URO podría estar involucrada
En una de las escrituras falsificadas con la que los delincuentes cometieron el fraude en 2010, fue certificada por la
ex directora de Notarías del Estado, Maritza Escarlet Vásquez Guerra.
“Ella se debió haberse dado cuenta de que estaba falsificada y si no lo hizo hay una omisión y sobre esa omisión,
hay un delito”, refiere el abogado.
Actualmente la ex directora general de Notarías enfrenta un proceso penal acusada por la comisión del delito de
abuso de autoridad, luego de que expidiera una certificación de documentos alterados a favor de José Luis Campos
Hernández, como presunto propietario de cuatro inmuebles que habían sido embargados por el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) a la empresa Novopan de México, SA de CV.
Maritza Escarlet Vásquez Guerra se encuentra internada en un hospital de esta capital para evitar su traslado a la
Penitenciaría de Santa María Ixcotel, luego de que le fuera dictado auto de formal prisión como presunta
responsable del delito de abuso de autoridad.
Impunidad
En tanto, uno de los casos que describe Pérez Zorrilla, desde 2010 se encuentra en la PGJE bajo la Averiguación
Previa 496/TM/2010; “y el problema es que la autoridad ya conoce de la existencia de estos casos, la Dirección de
Notarías, así como en el Registro Público saben de esta problemática y hasta ahora hay una omisión por parte de
ellos”.
La Procuraduría, afirma, tiene la obligación de realizar las investigaciones correspondientes y eso es lo grave, de
que la autoridad está consciente de esto y en lugar de investigar y de llegar al fondo no han hecho nada y estas
personas siguen actuando en la impunidad.
Recomendación

5. Ante este panorama, Raúl Pérez Zorrilla recomendó a los ciudadanos que estén interesados en comprar una
propiedad, que “antes de hacerlo acudan con su abogado o notario de confianza para que se puedan asegurar que las
escrituras son reales”.
Advierte que este tipo de fraudes están ocurriendo en todo el estado de Oaxaca, sobre todo en la región de la Costa,
en comunidades como Puerto Escondido.
Además hizo un llamado para que las personas que cuentan con un terreno, “no descuiden sus propiedades, que
realicen remodelaciones de forma frecuente”.
Despojo de propiedades, inició hace tres sexenios
Se requiere de una indagatoria a fondo dentro del Instituto Catastral y Registro Público de la Propiedad: Meixuiero Orozco
Carlos Alberto HERNÁNDEZ
Para el presidente de la Barra Nacional de Abogados en Oaxaca, Juan José Meixueiro Orozco, el problema de falsificación de escrituras no es algo
nuevo, sino viene desde hace tres sexenios.
Sin embargo, manifestó que las denuncias de personas afectadas se deben investigar a fondo y dar resultados concretos.
Consideró grave la problemática en el Estado, por lo que se requiere de una indagatoria a fondo dentro del propio Instituto Catastral y el Registro
Público de la Propiedad, para conocer de la dimensión del problema y resolverlo.
“No será con la politización del tema ni con la aprehensión de personajes ligados al anterior sexenio como se resolverán los fraudes o se recuperarán
las propiedades”, enfatizó.
Dijo que al no haber certeza jurídica en la pequeña propiedad, se genera un conflicto social grave.
Meixueiro Orozco detalló que desde el tiempo de Jorge Escaip Karma, cuando fungió como director del Registro Público de la Propiedad, utilizó a
Manuel Ruiz Bravo Pombo y otra persona de apellido Bolaños para identificar predios y falsificar escrituras para consumar el despojo.
El jurista enfatizó que el Gobierno del Estado debe sistematizar al 100% el procedimiento de registro de propiedades y cada uno de los movimientos
tanto en el Registro Público de la Propiedad como el Instituto Catastral.
Subrayó que actuar por la vía penal, no es la mejor estrategia del Estado para frenar el ilícito.
“Ahí están las instancias correspondientes, el juez de lo Civil, para declarar la invalidez de un documento, falsificación y nulidad del mismo, a fin de
proceder después a la vía penal”, añadió.
“No con privar de la libertad a las personas se van a recuperar los predios o propiedades”, externó.
Recordó que como abogado le tocó conocer de por lo menos 10 casos, pero hasta el momento no hay certeza sobre situaciones similares de
falsificación de escrituras y venta de propiedades ajenas.
Reveló que los casos se identificaron en Tlalixtac de Cabrera, Puerto Escondido, Santa María Huatulco, la zona de Valles Centrales y en la ciudad en
el fraccionamiento de San José la Noria.
Sostuvo que el Gobierno del Estado debe tomar con mucha seriedad y responsabilidad la problemática para dar soluciones contundentes y evitar su
politización, a fin de devolver las propiedades a los legítimos dueños y a los verdaderos responsables aplicarles la ley.
Revisión integral
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura local, Pavel López Gómez, demandó al titular de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Manuel de Jesús López López llevar a cabo una investigación a fondo para saber la dimensión
del problema.
Pidió apertura al Gobierno del Estado para atender a tiempo las quejas, demandas y requerimientos de los afectados, dado que podría detonar en un
nuevo problema social en la entidad.

6. Dijo que una vez analizada la problemática, se podría dar paso a una mesa especial para definir la estrategia a seguir, primero por la vía civil y una
vez solventado ese procedimiento ir a la demanda penal.
Demandó a las autoridades estatales implicadas como el Registro Público de la Propiedad, Instituto Catastral del Estado de Oaxaca y la Dirección
General de Notarías, no “echar” en saco roto los casos, sino llegar al fondo del asunto.
Solicitó a López López no tomar las quejas por el lado mediático, sino enfrentar un problema que afecta a diversas personas al ir en perjuicio de su
propiedad y patrimonio, “es urgente poner un alto a los defraudadores y corruptos”, finalizó.
Grave, la venta de lotes patito: Corett
JUAN C. MEDRANO
El delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), Gabriel Esteva Melchor reconoció que la problemática de lotes
irregulares en el municipio de Oaxaca de Juárez, ha requerido del diseño de estrategias que permitan revertirlo y evitar problemas de índole
social. Entrevistado luego de entregar junto con el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, 650 títulos de propiedad y escrituras
a posesionarios de las colonias Ampliación Jardín, Ampliación 7 Regiones y Manuel Ávila Camacho de la agencia municipal Donají, el funcionario recordó
que durante el año pasado fueron decenas de predios que se encontraban en situación irregular en varias colonias de la capital, mismos que tuvieron que
ser legalizados para evitar mayores problemas a sus propietarios.
Admitió que la proliferación de vendedores de lotes provocó una crisis en la posesión de la tenencia de la tierra en los principales municipios de la entidad.
En el acto desarrollado en el salón de usos múltiples de los ejidatarios de Donají, José Manuel Vásquez Córdova, delegado del Registro Agrario Nacional
(RAN), destacó el convenio que desde el 2007 tienen con la Corett, con el cual se comprometen a realizar la parte operativa y técnica en el proceso de
escrituración y titulación de propiedad, mediante el programa Titulación de Solares Urbanos.
Exhortó a las y los oaxaqueños a consolidar su patrimonio mediante este proceso, con el cual han entregado 96 mil 248 documentos agrarios, beneficiado a
65 mil 661 familias de la entidad oaxaqueña, y asegurado más de 370 mil hectáreas.
Agradeció la colaboración del gobierno estatal a través del Registro Público de la Propiedad, el Instituto Catastral y la Secretaría Técnica e hizo un
reconocimiento público al gobernador del estado Gabino Cué Monteagudo, por la condonación de los impuestos estatales a los beneficiarios del programa
de titulación de solares urbanos.
Vásquez Córdova informó a los presentes los avances de la institución en materia registral, hoy a 20 años de su creación, resaltó la importancia que
presenta el programa de modernización del Catastro Rural Nacional, así como el programa de Digitalización del Archivo General Agrario, y el Fondo
Nacional de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar).
En tanto, el presidente municipal, Luis Ugartechea reiteró su compromiso con la población oaxaqueña.
Mencionó que la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y sobre la casa habitación, es vital para cualquier proyecto urbano, para cualquier desarrollo
comunitario y, sobre todo, para la familia.
En el mismo sentido, dijo que la entrega representa un acto de justicia social, posible gracias a la participación de las y los beneficiarios, quienes trabajan en
conjunto con las instituciones para un beneficio comunitario que avala el eje rector de participación ciudadana, del gobierno que preside.
Archiva PGJE denuncias contra notarios públicos
En la “congeladora” averiguaciones previas por presuntos abusos de autoridad y fraude
Samuel GÓMEZ
Mientras el presidente de la mesa directiva del Congreso, Francisco Martínez Neri se pronunció porque la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) investigue a fondo los mega-fraudes por venta de terrenos con escrituras falsas, en la dependencia hay “congeladas” al menos seis
averiguaciones previas.
De acuerdo a datos aportados por los quejosos, en la PGJE prácticamente se han archivados las quejas que datan de 2005, 2006 y 2007, al no mostrar
ningún avance y según el registro de la dependencia, los casos “están en trámite”.

7. Por su parte, el legislador del PRD insistió en la necesidad que estos actos no queden impunes, y es tarea de las autoridades judiciales actuar
conforme a derecho, al trastocarse el patrimonio de los particulares.
Martínez Neri manifestó que de acuerdo a las denuncias hay delitos graves que se configuran donde hay responsabilidad de algunos servidores
públicos, y es obligación de la autoridad no pasar desapercibidas las denuncias.
Creo que los actos cometidos no son cosa menor, por el contrario ahora las autoridades tienen la obligación de indagar a fondo y actuar conforme a la
Ley, porque se afecta el patrimonio y la credibilidad de las instituciones públicas.
En esto, dijo, tiene que ver el Registro Público de la Propiedad, la oficina de Catastro y la Dirección de Notarías Públicas, por eso es importante que
se deslinden responsabilidades y se actúe conforme a derecho.
Manifestó que se tratan de actos que se constituyen en delitos, por eso la Procuraduría tiene que intervenir en las indagaciones, a fin de establecer
responsabilidades.
El legislador mencionó que es prudente que las autoridades judiciales vayan a fondo en cada uno de los casos y se le informe a la sociedad sobre los
resultados de las indagaciones, porque son actos que no deben quedar impunes.
Desaparecen 33 libros del Registro de la Propiedad
Existen en Oaxaca al menos 6 mil propiedades sin registro
Andrés CARRERA PINEDA
Mientras cientos de oaxaqueños temen perder sus patrimonios, y a pesar de que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental tiene
conocimiento sobre los 33 libros que desaparecieron en el Registro Público de la Propiedad (RPP) durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz, la
dependencia no ha tomado cartas en el asunto.
Una de las afectadas que por temor a represalias prefirió el anonimato, lamenta la omisión de las autoridades estatales ante “este calvario que vivimos
los ciudadanos, cuando los defraudadores pretenden adueñarse o vender nuestros patrimonios”.
Refiere que en fechas pasadas, tras descubrir que su propiedad había sido ofertada por personas desconocidas, presentó una denuncia ante el
Ministerio Público, contra quien o quienes resulten responsables.
“En varias ocasiones cambiaron la cerradura de la entrada de mi casa; al comentarle a uno de mis vecinos sobre esta situación, me preguntó que si
estaba en venta porque una persona le había ido a ofrecer a buen precio y que si le interesaba que sólo quería un vehículo a cambio”.
La denunciante indica que el vecino le entregó unas escrituras falsas y certificadas por la ex directora de Notarías, Maritza Escarlet con las que el
defraudador pretendía vender la propiedad, por lo que acudió inmediatamente al Registro Público de la Propiedad (RPP), para solicitar datos del
documento.
“Grande fue mi sorpresa cuando en el Registro Público me dicen que el libro donde vienen los datos se encuentra desaparecido”, comenta.
Pese a la denuncia que existe por estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha tomado cartas en el asunto, en tanto los
mega-fraudes por la compra venta de propiedades con escrituras apócrifas va en aumento en la entidad.
Un Estado sin derecho
Ante este panorama, el abogado Raúl Pérez Zorrilla señala que Oaxaca se ha convertido en “un Estado sin derecho, en donde los que investigan son
los mismos ciudadanos”.
“Si no se les lleva las pruebas al Ministerio Público (MP), no investigan y aún con pruebas como es en este caso, las averiguaciones previas pasan a
archivo”.
Lamenta que a más de un año del nuevo gobierno, la corrupción que dejó la administración pasada en las dependencias gubernamentales “aún no se
erradique”, ya que desde el año pasado la Secretaría de Contraloría reportó un faltante de 33 libros, entre la sección primera y segunda en el RPP,
“con lo cual, ahora están siendo defraudados cientos de oaxaqueños”.
Pérez Zorrilla estima que de estos 33 libros faltantes, existen al menos 6 mil propiedades sin registro en la entidad y debido a la omisión de las
autoridades, los fraudes podrían aumentar considerablemente.

8. El abogado no descarta que funcionarios del Ayuntamiento capitalino puedan estar involucrados, por lo que en Catastro Municipal, dependiente de la
Tesorería Municipal han otorgado cuentas prediales a los defraudadores, “lo que ha facilitado a estos delincuentes a cometer fraudes con escrituras
apócrifas”.
En tanto la titular de la Secretaría de la Contraloría, Perla Woolrich Fernández ha guardado total hermetismo en este caso, pese a que desde el inicio
del actual Gobierno se hicieron las denuncias correspondientes.
Desaparecieron 112 libros en RPP, asegura Contralora
PGJE, responsable de dar seguimiento a querella presentada: Perla Woolrich
Carlos A. HERNÁNDEZ
Son 112 libros los que no fueron localizados en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, derivado de la revisión del ejercicio 2010, reveló
ayer Perla Woolrich Fernández, secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Sin embargo, manifestó que la dependencia a su cargo presentó una querella en contra de quien o quienes resulten responsables ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), de la cual es responsable el abogado del Estado, Manuel de Jesús López López.
En entrevista, la funcionaria estatal señaló que derivado de una auditoría al Registro Público de la Propiedad y Comercio en los actos de entrega-
recepción, no se localizaron 31 libros de notarios tan sólo del Distrito del Centro.
Añadió que otros 81 libros foráneos, tampoco aparecieron, por lo que se mantiene la investigación y en breve se dictará el resultado de la indagatoria.
La ex diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que quien fungió como responsable del Registro Público antes del cambio de
administración estatal (Paulo Tapia Palacios), no siguió los pasos establecidos para la entrega de los libros.
Subrayó que para la entrega de nuevos libros, primero los notarios debieron haber entregado los del año pasado y así de forma subsecuente, para
evitar la ausencia o extravío de los mismos dentro del organismo.
“Se registraron irregularidades durante varios años y no se corrigió, por lo cual actualmente tenemos 5 tomos de la investigación del 2010 y en la fase
de resolución”, enfatizó Woolrich Fernández.
Anotó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) deberá dar cauce a la querella y determinar lo procedente en contra de quien o
quienes resulten responsables.
Woolrich Fernández indicó que sobre la falsificación de escrituras o títulos de propiedad debe intervenir directamente el procurador del Estado,
López López al tratarse de un delito, “nosotros vemos lo administrativo y lo penal tiene su apartado”, concluyó.
CON RESPALDO DE CUÉ
Modernizan y rescatan al Registro de la Propiedad
DESAPARECIÓ GOBIERNO SALIENTE 33 LIBROS
REYNALDO BRACAMONTES RUIZ/Foto: MARIO JIMÉNEZ LEYVA

9. Oaxaca, Oax.- Con el respaldo del gobernador Gabino Cué, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entrará en septiembre próximo en una era de
modernización y simplificación administrativa integral, que permitirá brindar certeza y seguridad jurídica al patrimonio de los oaxaqueños y lo convertirá en un
factor determinante para la atracción de las inversiones productivas, confirmó anoche por su director general Víctor Manuel Gómez Albores.
Ello, explicó el funcionario, a través de la transferencia de tecnología de punta del estado de Colima hacia Oaxaca, y la protocolización del convenio reunirá en
esta capital a Cué Monteagudo a su homologo de aquella entidad, Mario Anguiano Moreno.
Ello se sustenta en el hecho de que Colima se encuentra a la vanguardia en modernización de su Registro Público de la Propiedad, destacó en entrevista.
PARA MODERNIZACIÓN 44 MDP
Se cuenta con un presupuesto autorizado de 44 millones de pesos, producto de una mezcla de recursos estatales y federales, para iniciar con la modernización
de la dependencia en el Distrito del Centro, además de siete Distritos del Estado.
En respuesta al interés del mandatario de Oaxaca, el gobierno de Colima, a la vanguardia igualmente en materia regulatoria, donará el software que se instalará
en la nueva tecnología que definitivamente revolucionará los servicios de la institución, garante del patrimonio de los oaxaqueños.
Es una satisfacción para el gobierno estatal y para todos los oaxaqueños, la disposición del mandatario de Colima, de compartir con nosotros los avances
tecnológicos que han puesto a esa entidad en los más altos índices de productividad y eficiencia.
Hizo notar que es el Secretario general de gobierno, Jesús Martínez Álvarez, quien mantiene una importante relación con el Secretario de Fomento Económico de
aquella entidad, afina los detalles para la formalización del convenio respectivo.
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA
Gómez Albores adelantó que este nuevo y sorprendente sistema tecnológico, elevará la eficiencia del servicio y terminará con prácticas indebidas, mismas que
en otros tiempos caracterizaron a la dependencia por estar sujeta a métodos de trabajo arcaicos y como consecuencia vulnerables.
Con la sistematización, los libros quedarán en un archivo histórico donde quedarán resguardados solamente para consulta.
El funcionario abundó que con la modernización del Registro Público, se contarán con servicios en línea con tiempos de respuesta máximo de 48 horas en lo
general para todos los trámites registrales.
Ello garantiza altos estándares de certeza y seguridad jurídicas, ya que los métodos actuales de libros y apéndices, que son las prácticas iniciales del Registro
Público en el mundo, han cumplido su cometido.
Esos métodos antiguos resultan demasiado vulnerables para las acciones de falsificadores y defraudadores, concretamente en los campos de falsificaciones de
escrituras, de poderes, de certificados, y casos lamentables que se dieron en administraciones pasadas, como fueron:
Alteraciones de registros, mutilaciones de libros y hasta la desaparición de 33 volúmenes que el Director del Registro Público saliente de la administración
anterior no entregó a la dirección general actual, ocasionando con ello daño patrimonial a por lo menos siete mil oaxaqueños, prácticas que con la modernización
no tendrán cabida.
DESAPARECEN LIBROS EN EL PASADO
Este faltante de libros está registrado en actas circunstanciadas y determinado en una auditoría realizada por la Secretraría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental.
Se especula que la desaparición de los 33 libros del RPP, fue para borrar huellas de una serie de ilícitos perpetrados en perjuicio del patrimonio de muchos
oaxaqueños.
El director general del RPP de Oaxaca, reforzó que como resultado de bandas de falsificadores que proliferaron a la sombra de funcionarios de los dos gobiernos
salientes, circulan en la entidad, certificados, escrituras y poderes falsos.
Los casos que han sido detectados en oficinas del Registro Público de la Propiedad, han sido denunciados y prueba de ello, es la integración de seis
averiguaciones previas y la detención de seis personas, incluida una empleada de la dependencia.
Gómez Albores hizo un llamado a todos los ciudadanos y Notarios Públicos, para que todas las transacciones en relación a bienes inmuebles a realizar, los lleve
primero a verificar la documentación en el Registro Público de la Propiedad.
Además de la oficina del Distrito del Centro, contamos con 25 Registradurías foráneas y 13 oficinas encargadas a Recaudadores de Rentas.

10. 'Apadrina' el TSJE a Maritza Escarlett G.
REDACCIÓN
A más de 40 días de que Maritza Escarlett Vásquez Guerra, ex titular de la dirección del Archivo General de Notarías del Estado en el
sexenio de Ulises Ruiz Ortiz fuera aprehendida por la certificación de títulos falsos de propiedad, continúa gozando de la impunidad que le
concede el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), no obstante de que el Juzgado Segundo de lo Penal le dictó auto de formal
prisión y en lugar de recluirla en el penal de Santa María Ixcotel la mantiene hospedaje en la Clínica Hospital del Sol, en la colonia Miguel
Alemán, con cargo al Fondo de Administración de Justicia.
Servidores públicos consultados refirieron que Vásquez Guerra ha aprovechado esta situación para, aconsejada por personal del Poder
Judicial del Estado, desistirse del recurso de apelación contra el auto de formal prisión dictado en su contra y promover el amparo 112/2012,
además de ampliar su demanda de garantías, sin embargo, el Juzgado Quinto de Distrito le negó, el viernes pasado la suspensión definitiva
de la reducción de caución en el incidente 1050/2012.
Al respecto, la titular de la secretaría de la Contraloría, Perla Woolrich Fernández, informó que debido a esta situación en esa dependencia
se realiza una investigación que ya incluye la instrucción de 6 voluminosos expedientes.
“En el Registro Público de la Propiedad se perdieron muchos libros. Ya hay expedientes instruidos contra los implicados. Ya se notificó e
incluso se han celebrado audiencias de prueba y está pendiente que se dicten varias resoluciones. También hay una querella presentada
ante la Procuraduría. Seguimos investigando”, apuntó.
Al respecto, Carlos Roberto Martínez Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, dijo que en el caso de
las direcciones de Notarías y el Registro Público de la Propiedad hubo muchos fraudes.
“Allí fue la mafia de Ulises Ruiz la que se juntó. Unos estaban a cargo de la venta de inmuebles que no tenían dueño y que aparentemente
estaban abandonados. Ellos seleccionaban cuáles eran los libros en el Registro Público de la Propiedad, los alteraban y hacían nuevas
escrituras. Eso hizo que seleccionaran hasta propiedades del Instituto Mexicano del Seguro Social”, apuntó.
Las irregularidades en la dirección de Notarías, fueron comunicadas incluso en el sexenio de Ulises Ruiz a Heriberto Castillo Villanueva,
presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, por los fedatarios oaxaqueños Alfredo Castillo Colmenares, Notario número
25; María Antonieta Chagoya Méndez, Notaria número 28; Juan Manuel Cruz Acevedo, Notario número 28 y Alfonso Silva Lucio, Notario
número 48. (Redacción)
No existen denuncias por extravío de libros: PGJE
El Procurador aseguró que ya se había realizado la querella tras no localizar 112 libros
César GONZÁLEZ
“No existe ninguna denuncia por la desaparición o extravío de libros del Registro Público de la Propiedad y Comercio”, sentenció Manuel de Jesús
López López, procurador General de Justicia del Estado, luego de que la secretaria de la Contraloría, Perla Woolrich Fernández, exigiera la
intervención de la procuraduría en el caso, pues aseguró que la dependencia a su cargo, ya había realizado la querella tras no localizar 112 libros.

11. El Abogado del Estado, durante una entrevista, puntualizó que de acuerdo a los protocolos de procedimientos gubernamentales, en caso de que
detectaran irregularidades en alguna dependencia de gobierno –en este caso el Registro Público de la Propiedad- es obligación de ésta o de la
Contraloría General del Estado, presentar la denuncia ante la PGJE para que a su vez, se investigue los hechos.
“De acuerdo a la Ley, la presunción de los delitos que se configurarían en estos casos, ninguno de ellos es grave, además de que éstos se persiguen
por denuncia o querella y no de oficio. Esto quiere decir que es obligación de la dependencia agraviada dar parte al Ministerio Público, para su
investigación pues éste no puede actuar sin este requerimiento”, recalcó López López.
Son tres los delitos que se podrían configurar en esta situación: falsificación de documento, uso de documento falso y hasta delitos oficiales por
funcionario público. Ninguno de estos delitos es considerado grave, señaló el procurador.
En lo que va de la administración aliancista - de 2011 a la fecha – la PGJE ha iniciado 10 averiguaciones previas por los delitos citados.
En cuatro casos se presentó ante el agente del Ministerio Público a personas detenidas en flagrancia, cuando hacían uso de instrumentos notariales
apócrifos en el Registro Público de la Propiedad.
Además, que de los seis casos restantes, cinco siguen en proceso, mientras que en uno, la víctima, quien denunció fraude en la compra de Fiats
notariales, retiró la denuncia.
López López indicó que a pesar de que parecen pocos casos, la PGJE está alarmada ante el incremento significativo de este tipo de delitos, pues de
2005 a 2010, sólo se habían registrado cuatro denuncias al respecto, número que aumentó en 150% en menos de la mitad del tiempo.
Atribuyó la problemática, a que hasta la fecha, no existe una regulación concreta en la Dirección General de Notarías del Estado, debido a que han
detectado la utilización de documentos alterados, que emanan desde la Notaría Públicas que actúan sin rendir cuentas.
EL DATO
Alarmante incremento
>> De 2005 a 2010 sólo se habían registrado cuatro denuncias al respecto, número que aumentó en 150% en menos de la mitad del tiempo
Denuncian despojo de terrenos
Afectados piden investigar presunto fraude en el Fraccionamiento “Manzanillo Reef” en Puerto Escondido
Juan Ramón DÍAZ JUÁ
Puerto Escondido.- Funcionarios de la Oficina Catastral y del Registro Público de la Propiedad, coludidos con notarios públicos, podrían ser
responsables de un fraude en el Fraccionamiento “Manzanillo Reef” en Puerto Escondido.
Los afectados, entre ellos un extranjero y varios lugareños, que omitieron sus nombres por obvias razones, denunciaron que una propiedad de
Palemón Hernández Ortega fue desarrollado y planeado para venderse por medio de su apoderado legal, Maurilio Ortiz Jiménez, quien desde hace 20
años ostentaba dicha representación, siendo el encargado de realizar toda clase de trámites administrativos y legales.
Al paso de los años, indicaron, Palemón Hernández revocó ante notario público el poder otorgado a Maurilio Ortiz y decidió ¨donar¨ toda la
propiedad a su hijo Eduardo Hernández Espinoza.
Sin embargo, Palemón Hernández Ortega ya había vendido aproximadamente 20 lotes y habría recibido varios millones de pesos por dichas ventas,
pues las mismas las hizo ante el notario público Hugo Manuel Félix y otros notarios.
Ahora resulta que la hija y encargada de la Notaría número 14, Alina Félix Clímaco, realizó los trámites para hacer dicha donación, desconociendo
las ventas que había hecho Maurilio Ortiz.
Los denunciantes aseguraron que Alina Félix Clímaco puso terrenos a su nombre, además de Adolfo Martínez Cárdenas, actual apoderado de
Palemón Hernández Ortega, “también se dieron a la tarea de cercar hasta los terrenos que tienen dueños, despojando a sus legítimos propietarios”.
La situación se agravó, explicaron, pues personas que tienen sus escrituras definitivas, ante la misma Notaría número 14 de Hugo Manuel Félix,
fueron cambiadas sus cuentas catastrales a petición del Notario Público Jorge Manuel Martínez Gracida, quien sin revisar que dichos predios ya
tenían dueños, escrituras públicas y registros definitivos, hizo trámites para cancelarles las cuentas catastrales.
“La prueba está en que Alina se hizo escriturar de 6 a 7 lotes de Palemón a su nombre, y son de 16 a 20 las personas afectadas con su patrimonio,
además de que mandaron cercar los terrenos y no les permiten la entrada”, denunciaron.

12. Al mismo tiempo, personas que pidieron guardar el anonimato, alertaron con los terrenos de Bacocho, “pues defraudadores que andan buscando
terrenos vacíos, los vuelven a escriturar en forma fraudulenta y los venden al mejor postor, haciendo un llamado para que no caigan en esos fraudes y
chequen bien antes de comprar”.
Un extranjero y varios lugareños, que se omiten sus nombres por razones obvias, que han sido despojados por la encargada de la Notaría número 14,
Alina Félix, cuyo titular es su padre Hugo Manuel Félix Clímaco, indicaron que han interpuesto denuncias ante la Procuraduría General de Justicia
del Estado en su contra, pero que éstas no han avanzado aún.
Con las cuentas catastrales y números de lotes que entregaron a EL IMPARCIAL, exigieron al Gobierno del Estado investigar estos presuntos
fraudes.
Los nervios del poder / Presunto culpable de mega fraude
Por Arturo Soriano
Sábado, 25 de Agosto de 2012 | 10:25
Los presuntos delitos de cuello blanco perpetrados por el “integrante del cartel de propiedades y bienes raíces” Paulo José Luis Tapia Palacios, ex-director del
registro público de la propiedad durante el régimen de Ulises Ruíz y beneficiario de uno de los fiats piratas otorgados a finales de ese sexenio, por no satisfacer los
requisitos que marca la Ley del Notariado, el ex-director del archivo general de notarías, Luis Alfonso Silva Romo con justa razón le negó la autorización para ejercer
como Notario Público, ahora el distinguido priista y ex- Diputado Federal engallado y confiado por el triunfo de Peña Nieto, demanda al Gobierno del Estado y exige
se le autoricen protocolos para empezar a ejercer el jugoso y lucrativo negocio de su notaria.
Debemos recordar que al que se le olvidó ejercer….....pero la acción penal y sanciones administrativas en contra de Paulo Tapia, fue precisamente al Gobierno del
Estado, y todo esto viene a cuento ahora que la prensa está sacando a relucir los despojos de terrenos y casas de los oaxaqueños, propiciados en parte, por la
corrupción y negligencia administrativa de Paulo Tapia.
Copias de los documentos que según son parte del informe detallado de la auditoría número 09/GUB/JUS Y SEG/11 practicada a la dirección del registro público de la
propiedad por el período de 1 de enero al 31 de Diciembre del 2010, ejecutado por la secretaría de la contraloría y transparencia gubernamental, en el acta de entrega
recepción celebrada el 7 de Diciembre del 2010 textualmente dice: " el Lic. Paulo José Luis Tapia Palacios NO entregó el listado de Acervo Registral de la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y de Comercio" Asimismo NO se encontró evidencia documental de que, Tapia Palacios en su carácter de Director de dicha
dependencia, haya denunciado ante las instancias correspondientes el EXTRAVIO Y/O sustracción de esos libros o bien, notificado, esta situación al secretario General
de Gobierno, para que se realizarán las investigaciones pertinentes en su momento.
La conclusión contundente y categórica es que Paulo Tapia no tuvo o no quiso por “obvias razones” la capacidad para dar certeza jurídica al patrimonio de los
oaxaqueños.
Ahora, con la llegada del próximo presidente priista que trae muy bien definida su “imagen pública y política” a no tener gente con perfil de Moreira, Mario Marín o el
villano favorito de este “gobierno del cambio” Ulises Ruiz, la moneda está en el aire, veremos con qué cara este “integrante del cartel de bienes raíces” el licenciado
Paulo José Luis Tapia Palacios, exige al Gobierno del Estado que le delegue la fe pública.
Puerto Escondido: paraíso de vivales
Exhiben más despojos de propiedades; extranjeros usan a prestanombres
Juan Ramón DÍAZ JUÁ
De los poco más de 548 kilómetros de litoral oaxaqueño, la mayoría se encuentra en manos de extranjeros quienes, a través de prestanombres, se han
enriquecido con maniobras ilegales, dijo a EL IMPARCIAL el abogado Antonio Vásquez López.

13. Afirmó que la inmensa mayoría de estas operaciones fraudulentas se han venido realizando bajo el amparo de las autoridades y notarios públicos
corruptos, quienes se han prestado a realizar despojos de tierras a los lugareños de la zona, principalmente en los municipios de Santa María
Colotepec y San Pedro Mixtepec.
En entrevista, manifestó que es vox populi esta anómala situación que por millonarias ganancias las autoridades en turno venden grandes extensiones,
a pesar de que son bienes comunales protegidos por la ley, pues son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Agregó que se han invadido en la mayoría de los casos, zonas federales.
Esta situación se remonta a los años 60’s, tiempos del entonces gobernador Víctor Bravo Ahuja, cuya expropiación de Puerto Escondido fue
realizada por el abogado del Estado y entonces procurador de Justicia, Miguel Jiménez Garay, propiciando con ello la rebatinga de grandes
extensiones de terrenos a través de prestanombres de los gobernadores en turno, como Enrique Sada Baigts, Fortunato Harp, Eulogio Meneses y
otros.
En los tiempos de Heladio Ramírez López, sucedió lo mismo, vía Fideicomiso Puerto Escondido, encabezado por Julio Preisser, Alfredo Ríos
Camarena y los administradores de esa época, se apoderaron de la mayoría de los terrenos en la zona, incluyendo al ex gobernador de Guerrero,
Israel Noguera Otero, actualmente propietario de la Bahía Puerto Angelito.
La voracidad de los gobernadores, y de funcionarios menores, por adjudicarse grandes extensiones, ha contado con la complicidad de los diversos
notarios de la Ciudad de Oaxaca y los hoy avecindados en Puerto Escondido, Pinotepa Nacional, Pochutla y Salina Cruz, que legalizan las
operaciones fraudulentas.
Punta Colorada
La anarquía y la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra en dicha zona, ha motivado que actualmente “Punta Colorada” esté siendo
disputada entre los ex gobernadores Diódoro Carrasco Altamirano y José Murat, cuando en realidad dichas propiedades corresponden al Gobierno del
Estado, quien despojó a sus legítimos propietarios con pingües adquisiciones.
“Manzanillo Reef”
Antonio Vásquez López denunció que los despojos y fraudes están a la orden del día en Puerto Escondido, tal es el caso del Fraccionamiento
“Manzanillo Reef”, en donde Alina Félix Clímaco, encargada de la Notaría número 14, con sede en Puerto Escondido se ha adjudicado varias
propiedades y que han propiciado denuncias por partes del señor Eduardo Dresel Torrence, la señora Soledad Aracely Díaz Ramos y el señor Marco
Antonio Bruciaga Fragoso.
Puerto: certificarán actas de posesión
GUADALUPE HERNÁNDEZ
SANTA MARÍA COLOTEPEC.- Para evitar duplicidades y garantizar en tanto la tenencia de la
tierra, la autoridad comunal de esta municipalidad, pondrá candados en las actas de posesión, advirtió ayer el presidente del núcleo agrario
colotepense, Bonifacio Ruiz Jiménez. Tras la disputa por tierras como las que actualmente se viven en la colonia Brisas de Zicatela
derivadas de la codicia que despertó en los ex presidentes del Comisariado de Bienes Comunales el negocio de venta de tierras en la
municipalidad, Ruiz Jiménez destacó que mediante algunos artículos se le pondrán candados a los documentos expedidos por la institución
agraria.
Explicó que a través de los abogados de la comuna, se buscó establecer que las actas de posesión que serán expedidas a partir de este
año, tengan una validez jurídica que permita garantizar la propiedad de las tierras a sus legítimos dueños, a fin de evitar despojos.
“Todo será transparente para evitar lo que se ha venido practicando por los ex presidentes de Bienes Comunales, tales como la duplicidad
de actas o algunos otros documentos”, aseguró.
Denuncias contra ex comuneros
Ante ello, comuneros reconocidos del municipio, afirmaron en reunión que existen varias denuncias en contra de los ex representantes
agrarios por dicha situación, y aunque no dieron nombres, señalaron que es en las la colonia Brisas de Zicatela donde existe más tensión,
tras el enfrentamiento ocurrido en mayo pasado entre los supuestos dueños de un predio ubicado en dicha colonia y dos familias que
aseguran contar con las respectivas actas de posesión del lote ubicado en la calle Tamaulipas y esquina con Baja California Sur. El caso,
cabe precisar, fue turnado al Tribunal Unitario Agrario de Oaxaca.
El terreno, como se dio a conocer en su momento, es peleado por la señora Remedios Woolrich Soberán, quien asegura que el solar de 20
por 30 metros pertenecía a su papá; sin embargo, éste también es disputado por Antonio Ramírez, quien afirma que la mujer invadía el
terreno, propiedad también de su señor padre.
No obstante, para evitar que el pleito pasara a mayores, tuvieron que intervenir las policías municipales y estatales, así como la visitadora
regional de los Derechos Humanos.

14. Adolfo Sierra Cruz, vecino del lugar, quien perdió un terreno en esa zona por invasión ilegal, aseguró que la zona de Zicatela ha sido la más
óptima para los "negocios de las autoridades comunales"; hijos, yernos, amigos y hasta amasias de quienes fungen como representantes de
Bienes Comunales, se ven beneficiados con "un terrenito en Zicatela", mientras que los que están cerca del mar son vendidos a extranjeros
a precios exorbitantes.
En este sentido, al enterarse de la nueva modalidad de actas, dijo que espera que las autoridades realmente acaten lo que marca la ley
“pues de lo contrario continuarán lucrando con las necesidades de la gente”.
Más despojos y fraudes de políticos
Escrituran lotes abandonados o sin dueño. Ex gobernadores y funcionarios son dueños de grandes extensiones de tierra en Colotepec y
Mixtepec
Juan Ramón DÍAZ JUÁ
Puerto Escondido, Oax.- Ante la corrupción de funcionarios y notarios públicos, los despojos y fraudes maquinados están a la orden del día en los
municipios de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec.
Y es que ex gobernadores y ex funcionarios han centrado su voracidad en el perímetro de las paradisiacas playas de Puerto Escondido, que amafiados
con autoridades municipales, comunales, notarios públicos y empleados del Registro Público de la Propiedad, han logrado despojar de grandes
extensiones a los lugareños que son sorprendidos por su ambición desmedida.
En la región, es “un secreto a voces” los fraudes perpetrados en contra de extranjeros en los fraccionamientos de Costa Cumana, Los Naranjos, La
Barra y Las Pencas, ubicados en Santa María Colotepec a través de la Inmobiliaria Puerto Escondido Hábitat, propiedad de los hermanos Sodi de la
Tijera: Juan y Demetrio, así como de Juanita Creel, hermana del ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, cuyas tierras a pesar de ser
comunales, fueron adquiridas a precios irrisorios, fraccionadas y vendidas en dólares a extranjeros con la complicidad de las autoridades
correspondientes.
Lo anterior es un ejemplo de la corrupción que originan fraudes maquinados, en donde extranjeros a través de prestanombres de la zona vienen
construyendo desarrollos turísticos en la costa oaxaqueña e invadiendo zonas federales.
Asimismo, todo mundo sabe de la cantidad de terrenos que los políticos se han robado literalmente. En los fraccionamientos Bacocho y Rinconada,
los ex gobernadores, como José Murat y Ulises Ruiz Ortiz, tienen varias manzanas y lotes a nombre de sus familiares y amigos como Carmelita
Ricárdez, Lilia Mendoza, Gonzalo Ruiz Cerón, Evencio Nicolás Ramírez Martínez, Lorenzo Hernández Ahedo y otros, quienes a través del Registro
Público de la Propiedad escrituraron lotes abandonados o sin dueño, así como áreas comunes y calles.
La anarquía y la inseguridad en la tenencia de la tierra, prevalece en esta región convertida en tierra de nadie propiciada por la galopante corrupción,
al no tener certeza jurídica en las propiedades.
Y más aún, ante el abierto desorden en el Registro Público de la Propiedad en donde se encuentran desaparecidos varios libros en los distritos de
Juquila, Pochutla y Pinotepa Nacional, pues con esta situación, se han perpetrado fraudes de grandes magnitudes, incluyendo Punta Colorada y el
fraccionamiento Manzanillo Reef.
Nadie en Puerto Escondido se atreve a denunciar sobre el particular, pese a que los fraudes y despojos se siguen dando, y se niegan a señalar
responsables.
Y es bien sabido que los encargados del Registro Público de la Propiedad se han enriquecido y adjudicado terrenos fraudulentamente entre ellos
Adrián Torres Gorostieta, Mario César Escamilla, Fedro Armando Pacheco Ruiz, Alfonso Antonio Escudero y Hugo Pereyra, de quien, se dice, se
quedó con libros del Registro Público de Juquila.
Por otra parte, en un comunicado emitido por el apoderado legal de los defraudados del Fraccionamiento “Manzanillo Reef”, Lic. Erick Heras
Velásquez, señala que “esta acción es un manifiesto de acto de engaño, maquinación o artificio para aprovecharse de la información que Alina Félix
tiene en la Notaría de su padre, el Lic. Hugo Manuel Félix García, quien al protocolizar los contratos de promesa de compra-venta, tiene
conocimiento de la información que consta en los libros, para obtener un provecho o un lucro indebido”.
“Alina está disponiendo de los lotes, terreno o inmuebles de los que no tiene derecho, obviamente aduciendo que no es ella, que es Palemón
Hernández Ortega, quien hace todos los movimientos, sin embargo, ella está gestionando todo, la prueba es que ella tiene ya a su nombre los
siguientes lotes: L7 29268, L6 29267, L5 29265, L3 29264, L8 29269 y L2 29263”, asegura.

15. Punta Colorada: otra historia de despojo
Después de 47 años, las autoridades otorgan el derecho de petición a dueños de predios de Punta Colorada
Andrés CARRERA PINEDA
Tras 47 largos años, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) le otorgó el derecho de petición a don Hilarino Cortés García, que lucha para que el
gobierno no le arrebate su patrimonio ubicado en Punta Colorada, Puerto Escondido.
En un hecho inédito y a pesar de que esta petición fue solicitada por el ciudadano desde 1966, año en que el entonces gobernador Víctor Bravo Ahuja
ordenó la expropiación de Tierra Colorada o Punta Colorada, la carta de contestación de la SRA refiere que la respuesta fue puntual “al contenido de
sus escritos de fechas 12 de diciembre de 1965 y 10 de febrero de 1966”.
Para el abogado Enrique Gerardo Toro Ferrer, “el actuar del gobierno es una burla, después de 47 años le contestan al señor que no tiene derecho y
todavía le ponen que es puntual, cuando en los tiempos que el gobierno estaba expropiando esta zona, el señor Hilarino exhibió sus escrituras pero el
gobierno no le hizo caso”.
Toro Ferrer explicó que el decreto de expropiación de Punta Colorada nunca fue ejecutada, “porque San Pedro Mixtepec tiene conflictos con San
Gabriel Mixtepec y Colotepec, lo que no ha dejado que se ejecute la resolución presidencial”.
Después de que durante varios sexenios, ex procuradores comercializaron varios predios localizados en Punta Colorada, el caso podría revivir, ya que
este 30 de agosto la justicia federal otorgó un amparo a favor de Hilarino Cortés García.
El abogado apuntó que a base de mentiras el gobierno ha pretendido y pretende despojar a los campesinos de sus tierras.
“Una de las mentiras que dicen es que no existen propiedades particulares, cuando hay incluso un decreto en la legislatura local que permite al
ayuntamiento de San Pedro Mixtepec el hecho de que vendan propiedades particulares”.
“Otra mentira es que dicen que no hay problemas entre comunidades cuando siempre ha existido”, apuntó.
Recordó que hace 47 años, un extranjero de nombre Roberto Yones que colaboraba con el entonces gobernador Víctor Bravo Ahuja, “entró a
negociar estos terrenos, entonces con una presunta resolución de expropiación, vino y sacó a los propietarios con la policía y les dieron dinero por sus
cosechas pero jamás les dieron su indemnización”.
“No hay en el expediente de San Pedro Mixtepec una indemnización por estos terrenos, para que el gobierno le saque una ejecución de expropiación,
se necesita pagar esas tierras, la expropiación es previa indemnización”.
Recordó que hace 47 años, en un acto agrario, las autoridades otorgaron a San Pedro Mixtepec un cheque por 2 millones 500 mil pesos, que ahora
corresponde a 2 mil 500 pesos.
“Les pagó a petición de 0.36 centavos por metro cuadrado y el señor Roberto Yones, desde la época de Bravo Ahuja, lo estaba vendiendo a 28 pesos
el metro cuadrado, lo que equivale a una ganancia muy jugosa para los ex procuradores”, afirmó.
“Han robado a la gente con todo, el gobierno es el que ha robado, mi cliente tiene 12 hectáreas pero hay muchas personas más que están reclamando
la devolución de sus tierras”, enfatizó.
Registro Público de la Propiedad está podrido: Acevedo
Gabino Cué no quiere o no puede poner orden, dice Notario Público
“El gobernador Gabino Cué Monteagudo no quiere o no puede poner orden en el Registro Público de la Propiedad por la desaparición o robo de
decenas de libros”, sostuvo ayer el Notario Público número 28, Juan Manuel Cruz Acevedo.
En entrevista, admitió que el problema se arrastra desde el sexenio de José Murat, a quien se le planteó en su momento la situación, al igual que a
Ulises Ruiz Ortiz y actualmente a Gabino Cué.
Sin embargo, afirmó que la problemática se “pudrió” no hace más de 6 años.
Dijo que cada uno de los gobernantes, en su momento, supieron de la desaparición de hojas de los libros, con lo que se terminaba con los
antecedentes de registro de propiedades en Oaxaca.
“Yo les advertí, primero sobre el gravísimo problema que se venía, pero no me hicieron caso”, enfatizó.
Cruz Acevedo apuntó que también se contó con la complicidad de la dirigencia del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Oaxaca.

16. Cué Monteagudo conoce perfectamente el problema, tanto en la Dirección de Notarías como en el Registro Público de la Propiedad, para nadie es un
secreto, y fue el hoy mandatario quien ofreció corregirlo, añadió.
“Hasta la fecha es una promesa que no se ha cumplido, pero también tenemos dudas (los notarios), sobre si no quiera o no pueda, al haber una
enorme inseguridad jurídica en el patrimonio de los oaxaqueños”, afirmó.
Subrayó que en las últimas semanas la imagen del Notario Público ha sufrido un deterioro importante.
Para el fedatario, es urgente la intervención directa del Gobernador del Estado, con la finalidad de ordenar una revisión minuciosa de todos los casos
ventilados y llevar a cabo la reposición de los libros “extraviados” o “desaparecidos”.
Incluso poner a disposición del mandatario estatal los Fiats notariales para revisar actuación y legalidad en el nombramiento, para depurar los
nombramientos y terminar con las prácticas al margen de la ley, afirmó.
“Ahorita, tanto en Catastro como en Notarías ya deben saber cuántos y cuáles son los casos vulnerables en donde se falsificó o duplicó el título de
propiedad para evitar nuevos atropellos”, enfatizó.
Consideró que los libros robados del Registro Público de la Propiedad se deben reponer, toda vez que se ha presumido su adecuada digitalización,
entonces saben el número de registro, propietario y datos del inmueble y notarios involucrados.
Demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aplicar la ley a quienes cometieron ilícitos con propiedades ajenas y al Registro
Público, crear un Inventario de Propiedades en riesgo por duplicidad de documentos.
Carlos A. HERNÁNDEZ
Propone Solís cambiar la ley para garantizar acceso a
archivos públicos
Por e-consulta
Jueves, 30 de Agosto de 2012 | 23:04
SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca.- La diputada Ángela Hernández Solís, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en la LXI
Legislatura del Estado, propuso normar la administración de documentos, además de regular la organización, funcionamiento, restauración, conservación y difusión
del Sistema Estatal de Archivos.
Durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente el miércoles 28 de agosto, consideró que la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca no está adecuada a la altura
de los tiempos que vivimos y, por ello, es necesario fomentar también el resguardo, difusión y garantizar a la ciudadanía el acceso a los archivos públicos.
Por ello, la legisladora Hernández Solís presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 2, fracción IV; 5; 7 Bis y 15 y adicionar la fracción V al
artículo 3 a la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca.
En su exposición de motivos señaló que el Sistema Estatal de Archivos es una figura que ha prestado servicios valiosos en la administración y preservación del
patrimonio documental histórico, así como en la regulación de la organización, funcionamiento, restauración y difusión del acervo.
“Sin embargo, sin la adecuación de la Ley de Archivos del Estado a lo mandatado en la reforma constitucional del 2010, ese sistema no es garantía del cumplimiento
efectivo de lo contenido en los Artículos 3 y 25 de la Constitución política estatal”, advirtió.
“Esos artículos promueven el fortalecimiento de las tradiciones y prácticas culturales y de la protección de la riqueza que conforma el patrimonio cultural de la Nación
en su expresión documental, así como el fortalecimiento a la autonomía de los órganos constitucionales existentes”, apuntó.
En este sentido, dijo que en Oaxaca tenemos un marco legal que debe ser revisado por el Congreso del Estado con el mayor cuidado posible, con el fin de construir las
instituciones y procesos de gobierno que redunden en la paz y el progreso que anhela y merece la sociedad.
Consideró que es éste el momento en el que se puede y debe fortalecer nuestro marco legal, en donde la pluralidad permita tener gobiernos funcionales y eficientes.
De ser aprobada la iniciativa, el Artículo 2 en su fracción IV quedaría de la siguiente manera: “Son sujetos obligados de esta Ley: El Poder Judicial, el Consejo de la
Judicatura, el Tribunal Superior de Justicia, los Tribunales Especializados y los Jueces de Primera Instancia”.
El Artículo 3 en su fracción IV establecería: “Son objetivos de esta Ley: Promover la conservación, difusión, acceso y consulta de los acervos a través de los instrumentos
archivísticos, cuadro general de clasificación archivística, catálogo de disposición documental e inventarios de archivo”.
En tanto, la fracción V señalaría: “garantizar a la ciudadanía el acceso a los archivos públicos”.

17. Mientras, el Artículo 5 quedaría de la siguiente manera: “En la aplicación e interpretación de la presente ley, se observarán los principios de reserva, confidencialidad,
disponibilidad, eficiencia, localización expedita, integridad, máxima publicidad y conservación, como lo establece la Ley de Transparencia y acceso a la Información
Pública para el Estado de Oaxaca y demás disposiciones legales aplicables”.
La iniciativa de ley fue turnada a la Comisión Permanente de Administración de Justicia, para su análisis.
Mutis de gobierno por desaparición de 112 libros
La Dirección de Notarías y Registro Público de la Propiedad, “elefantes blancos”
Carlos A. HERNÁNDEZ
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga la desaparición de libros o extravío de los mismos, confirmaron fuentes de la
dependencia estatal.
Sin embargo, aunque el titular de la PGJE, Manuel de Jesús López López, ha dicho que hay averiguaciones previas en proceso, no se han conocido
de mayores resultados en las indagatorias.
Tan sólo el año pasado en cuatro días hubo cuatro detenidos por uso de documentos falsos, pero al no ser delitos graves, obtuvieron su libertad,
añadieron fuentes de la Procuraduría de Justicia.
Respecto a quiénes falsificaron documentos, dicen sería responsabilidad de la Dirección General de Notarías.
“Sí se están investigando los hechos delictivos, aunado a que hay averiguaciones previas archivadas del 2005, 2006, 2007, entre otros años
recientes”, mencionaron.
Mientras tanto, el titular del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Gobierno del Estado, Víctor Manuel Gómez Albores, no ha emitido
declaración alguna sobre la desaparición de unos 112 libros en el distrito del Centro y foráneos.
Y es que de acuerdo a la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, se extraviaron 31 libros del distrito
del Centro y 81 de diversos distritos del estado (foráneos).
“Ahorita el director (Gómez Albores) ya tiene saturada su agenda y no puede ofrecer ninguna entrevista”, justificó una de las tres secretarias que
laboran en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad.
Del director de Notarías, nadie sabe nada y en el edificio 4 “Rodolfo Morales” de Ciudad Administrativa, “es complicado encontrarlo”, mientras el
ex titular, Luis Alfonso Silva Romo está becado en Nueva York para una supuesta maestría.
El caso del robo de los 12 libros notariales, en Oaxaca
Estados • 2 Septiembre 2012 - 5:22pm — Oscar Rodríguez
La ex directora de Notarías, Maritza Escarlet Vásquez Guerra, es investigada por su presunta participación en la sustracción de al menos 10 libros del Registro
Público de la Propiedad.
Oaxaca • El Procurador de Justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López, rechazó que se privilegie la impunidad en el caso de la investigación que se sigue por el
robo de los 12 libros cometidos en contra del Registro Público de la Propiedad (RPP), y donde ha sido involucrada la ex directora de Notarías, Maritza Escarlet
Vásquez Guerra.

18. Precisó que el agente del Ministerio Público cumplió con realizar parte de la investigación y pedir a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) valer la orden de
captura de la implicada, precisando que su ingreso al penal está a consideración del Poder Judicial.
Aclaró que la indagatoria está concluida; falta que se recaben las pruebas por las acusaciones presentadas y sean citados a declarar los testigos de los delitos
cometidos.
Mencionó que hubo cuatro personas detenidas, mismas que lograron salir bajo fianza porque el delito que se les persigue no es grave pero siguen aportando
elementos para dar con el paradero de los autores intelectuales de los hechos.
La ex directora de Notarías, durante el sexenio el Ulises Ruiz, Vásquez Guerra, es investigada por su presunta participación en la sustracción de al menos 10
libros notariales, informó la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández.
La funcionaria indicó que actualmente la dependencia realiza una investigación para establecer cuántos tomos de libros notariales “desaparecieron” cuando
Maritza Escarlet fungió como titular de Notarías.
La funcionaria consideró como “grave” el hecho de que Vásquez Guerra haya “sustraído” los más de diez libros, “pues está en riesgo el patrimonio de cientos de
oaxaqueños”.
“Desde el año pasado, el entonces director de Notarías del gobierno del estado, Luis Alfonso Silva Romo, presentó ante la Contraloría la queja por la
desaparición de los libros, por lo que se procedió a realizar la inspección ocular y en efecto se detectó el faltante de varios tomos y expedientes, por lo que ahora
se realiza la investigación correspondiente para determinar los motivos por los cuales fueron sustraídos de las oficinas dichos documentos; quién autorizó su
salida y sobre todo en manos de quien están en estos momentos”, señaló.
Explicó que de resultar culpable, Maritza Escarlet Vásquez Guerra, podría ser inhabilitada para desempeñar algún cargo público hasta por 20 años.
Incluso podría ser sancionada penalmente si Luis Alfonso Silva presentó una denuncia penal ante la PGJE por el delito de robo, “a mí sólo me atañe la
responsabilidad administrativa, simple y llanamente”, refirió.
Anunció que continuará con el procedimiento hasta sus últimas consecuencias y si dentro de la indagatoria se encuentra culpable, tendrá que ser sancionada
conforme a lo que marca la ley.
Vásquez Guerra, quien funge como lideresa de mujeres priistas, enfrenta un proceso penal por del delito de abuso de autoridad, por haber falsificado dos
escrituras a nombre del ya fallecido notario público número 24, Jorge Antonio Bustamante Gris, a fin de evitar que el IMSS se adjudicara cuatro predios
embargados a la empresa Novopan de México S.A de C.V. por un monto de 39 millones 515 mil 777 pesos, sin embargo tras sufrir de un ataque de nervios fue
internada en una clínica privada, donde permanece convaleciendo, ahora bajo tutela del Poder Judicial.