Elección cancelada en San Dionisio del Mar tras enfrentamientos

Staff NVI
Revientan elección en San Dionisio del Mar, Oaxaca
SAN DIONISIO DEL MAR, Oaxaca.- El humo que se desprendía de la quema de llantas y los gases
lacrimógenos lanzados por la policía estatal, fue el escenario tras la cancelación de la jornada electoral en esta
población.
La autonombrada Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar impidió que se instalaran las mesas directivas
de casillas en la jornada que se elegiría a concejales y la alcaldía .

En la víspera, los opositores a la presidenta municipal Teresita de Jesús Luis Ojeda marcharon por la población
y exigieron la cancelación de los comicios extraordinarios, donde cuatro de los candidatos habían renunciado a
participar en la contienda.
La alcaldesa busca reelegirse.
Arrebatan paquetería electoral
Los institutos Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) y Nacional Electoral (INE) no
previeron proporcionar seguridad a los presidentes de las mesas directivas de casilla, que reciben el material
electoral en sus domicilios previo a la jornada.
A uno de los presidentes en Huamúchil, agencia de este municipio, le fue arrebatada la paquetería electoral de la
casilla 840 Básica con un total de 663 boletas desde la madrugada de este domingo.
Los seguidores de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar se adelantaron y cubrieron con su gente los
lugares en donde se instalarían las mesas directivas de casilla antes de que éstas se instalaran y encendieron
fuego a las llantas fuera del domicilio, en la calle.
Mientras el Consejo Distrital sesionaba, en la población se inició una disputa entre los que querían arrebatar los
paquetes electorales y los restantes seis presidentes de las mesas directivas de casilla; en tanto, las dos
autoridades que organizaban la elección trataban de que no fueran reventados.
La movilización de la asamblea para crear condiciones adversas en el inicio de la jornada no cesó.
En la explanada municipal había iniciado la instalación de casillas. FOTO:
Agencia Reforma
Enfrentamiento con la Policía
Para asegurar que las demás casillas se instalaran intervinieron elementos de la Policía Estatal que arremetieron
contra los manifestantes utilizando gases lacrimógenos.
Se suscitó un enfrentamiento donde hubo reportes de heridos de ambas partes.
Un elemento de la Policía tuvo que ser trasladado a un hospital por una pedrada que le hirió un ojo. Un
trabajador del IEEPCO fue retenido y la camioneta que manejaba fue quemada, además del material electoral
que llevaba consigo.
Alberto Edgar Jiménez fue violentado por los integrantes de la Asamblea y luego trasladado a la cárcel
municipal, donde fue hostigado por los alterados vecinos de la población.
Se afirmó que el IEEPCO ya realizó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía del Estado de Oaxaca
para que investigue y sancione a los responsables por los delitos cometidos.
Negocian liberación

Edgar Jiménez, funcionario del órgano electoral IEPPCO fue liberado de la cárcel municipal y trasladado fuera
de San Dionisio después de que un funcionario de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
(DDHPO) asistiera a dialogar tras la cancelación de la jornada electoral. Se destacó el vacío del IEEPCO y
dependencias del Gobierno previo a los comicios electorales.
Inicia y luego se cancela la elección
El IEEPCO informó a las 10:00 horas el inicio de la jornada con la instalación de una casilla. Una hora después
el consejero presidente del Instituto Gustavo Meixueiro Nájera, informó que no fue posible la instalación de
todas las casillas.
Cuando se supo en la población que las autoridades electorales habían suspendido la jornada electoral, los
seguidores de la Asamblea suspendieron sus movilizaciones.
El IEEPCO reprobó las acciones de la Asamblea que consideró ―actos que atentan contra los derechos político-
electorales de las ciudadanas y ciudadanos de San Dionisio del Mar a emitir su sentir a través del voto‖.
OAXACA: En La Cancha Del Congreso Y Murat, Otra
Elección Extraordinaria En San Dionisio Del Mar
Jaime GUERRERO
Oaxaca.- La LXIV Legislatura y el Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, determinarán la procedencia de
una nueva elección extraordinaria en el municipio de San Dionisio del Mar, o en su caso, el Ejecutivo del
Estado, designe a un Consejo Municipal, a propuesta del mandatario estatal.
Y es que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que,
conforme a la ley, dio aviso al Congreso del Estado y al Ejecutivo Estatal del impedimento de la instalación de
siete casillas electorales en San Dionisio del Mar para la jornada prevista el pasado domingo.
Tras la notificación, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, definirán -en el ámbito de sus facultades y
atribuciones- lo que en derecho proceda para la renovación de autoridades en este municipio del Istmo de
Tehuantepec.
Frente a los señalamientos de activistas entre ellos, Nelson Vázquez de Flor y Canto, Ángeles Hernández de la
Red TDT, y Sara Méndez de Código DH, el órgano electoral, aseguró es garante del ejercicio de los derechos
político electorales la ciudadanía, quienes a través del voto deciden libremente a sus representantes y no por
medio de imposiciones y acciones violentas como las incurrió la Asamblea de los Pueblos de San Dionisio del
Mar, que golpeó y encarceló ilegalmente a un empleado del IEEPCO.
El titular del órgano electoral, Gustavo Meixueiro Nájera, afirmó que conforme a lo mandatado por la
constitución, el IEEPCO realizó todas las acciones técnicas y de organización para el desarrollo de las
elecciones extraordinarias de San Dionisio del Mar y San Juan Ihualtepec.

Asimismo, durante todo el proceso y para lograr condiciones de paz y tranquilidad se solicitó el apoyo de las
instancias de gobierno para contribuir a generar estas condiciones. En estos diálogos también se contó con la
participaron de las dirigencias de todos los partidos políticos.
Por lo pronto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Estrada Mauro,
dijo que una vez notificados se tomará un acuerdo en el Congreso del Estado, para lograr paz y estabilidad en
ese municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.
Recordó que había pedido al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, ordenar de manera urgente la suspensión
de la elección extraordinaria, por considerar que no existen condiciones para garantizar que el pueblo elija de
manera libre a sus autoridades.
Agregó que aun cuando se hubieren realizado, no hay forma de que sus resultados fueran considerados como la
lib
OAXACA: Flor Y Canto, Código DH Y Red TDT,
Justifican Violencia Electoral En San Dionisio Del Mar..
Jaime GUERRERO
Oaxaca.- Activistas defensores de derechos humanos, que sistemáticamente accionan contra elecciones y
empresas eólicas, asentadas en la región del Istmo de Tehuantepec, entre ellos, Nelson Vázquez de Flor y
Canto; Ángeles Hernández, de la Red TDT, y Sara Méndez de Código DH, justificaron los actos de vandalismo
por parte de la Asamblea General de Pueblos en San Dionisio del Mar.
En la fallida jornada electoral del pasado domingo, loas activistas prohijaron y propalaron la violencia de sus
asesorados, entre ellas, la quema de una camioneta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca (IEEPCO), así como retención ilegal de Edgar Jiménez, empleados del órgano electoral, sustrajeron
con lujo de violencia paquetería electoral y agredieron a elementos de la Policía Estatal.
No obstante, en conferencia de prensa, los activistas, argumentaron que días anteriores a la elección
extraordinaria, ―Ya se hablaba de la falta de condiciones para realizar los comicios en este municipio del
Istmo‖.
Para los ―defensores de DH‖, quemar vehículos del IEEPCO, golpear policías y retener un funcionario del
órgano electoral ―eran actos que se tenían previstos, por lo que la responsabilidad recae sobre la Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO)‖.

Al fingir amnesia y lavarse las manos de las violencia que prohijaron con sus asesorados, señalaron al Consejo
General del IEEPCO de ser responsable de estos hechos, porque a pesar del llamado de no existir condiciones
determinó realizar los comicios.
Y fueron más allá, al señalar que tras la visita que se realizaron las ―defensoras y defensores de derechos
humanos‖, las responsabilidades recaen en todos los actores, incluyendo la actual presidenta municipal, Teresita
de Jesús Luis Ojeda, menos en la Asamblea General de Pueblos que realizó los actos vandálicos.
Y es que para los defensores, las condiciones nunca existieron dentro de la población y reconocieron que fue la
propia asamblea de pueblos quien confirmó que su acción se derivó porque la elección estaba plagada de
irregularidades a favor del PRI.
A diferencia del pasado proceso electoral, en el que todos acordaron una planilla única que postuló a Luis
Ojeda, hoy la conclusión es que no existen condiciones para llevar a cabo la elección, por lo que pidieron a las
autoridades atender la problemática del municipio.
Sin el mínimo decoro, recomendaron al Gobierno del Estado, priorizar el diálogo con todos los actores que
están involucrados en el conflicto en la localidad, que lleva más de 7 años, y que tiene que ver con el control
que mantiene el PRI en ese municipio.
Persiste alto grado de corrupción en Oaxaca: Contralor
Se mantiene bajo investigación a mil funcionarios y exfuncionarios por haber cometido actos
irregulares en la función pública: Díaz Navarro
Por Andrés Carrera Pineda
En lo que va de la presente administración estatal, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG)
mantiene bajo investigación a mil funcionarios y exfuncionarios por haber cometido actos irregulares en la función pública.
Estas investigaciones surgieron por diversas circunstancias como la exigencia de dádivas para agilizar trámites, falta de
comprobación de recursos públicos y hasta por no haber presentado en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales.

―Hay alrededor de mil funcionarios que han sido sancionados de alguna manera durante la actual administración, ya sea por
todos los desahogos que teníamos o que hayan sido denunciados u observados en ejercicios no adecuados en todos los niveles
de gobierno‖, señaló José Ángel Díaz Navarro, titular de la SCTG.
Además, dijo que existe información relevante sobre algunos municipios que no entregaron la documentación necesaria. ―Hay
de todo, hay funcionarios que estuvieron en las revisiones anteriores, no nos entregaron documentación de casi 8 mil millones
de pesos de observaciones no solventadas‖.
―También hay casos de gente que no presentó su declaración patrimonial en tiempo y forma y tienen una sanción, otros que
pagaron obras no ejecutadas y algunos más que no han presentado documentos, todos son funcionarios municipales y estatales‖.
Señaló que la dependencia con mayores casos de estos actos es la Dirección del Registro Civil, en donde en los últimos tres
meses se han realizado dos auditorías una financiera y otra de desempeño. ―Ambas ya están cerradas estamos en proceso de
evaluación y en breve informaremos y daremos a conocer los mecanismos para minimizar esto‖.
Díaz Navarro detalló que el principal problema de corrupción que enfrenta esta dependencia es la solicitud de dádivas de los
trabajadores hacia los usuarios, ―les piden algo a cambio para agilizar los trámites‖.
―En los casos que están por concluir hay sanciones como inhabilitaciones cortas y largas de hasta 5 a 10 años, también
sanciones económicas de más de 100 millones de pesos y para los que se considere que amerita una situación penal, esto lo
llevará a cabo la Fiscalía Anticorrupción‖.
El funcionario expuso que las dependencias donde existe el mayor número de casos son en el sector salud, Seguro Popular,
Infraestructura y ―casos muy específicos como el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO).
De la investigación que se sigue contra el extitular de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Francisco Javier Montero
López, por el caso de María Soledad Cruz Jarquín, indicó que en los próximos días la Secretaría entregará la dictaminación
correspondiente al Tribunal Administrativo para que imponga la sanción correspondiente.
―Nosotros no sancionamos a funcionarios, somos una especie de ministerios público, integramos la información y esa
información se presentará al Tribunal Administrativo y ellos tocarán la decisión al respecto, hubo faltas administrativas de
varios funcionarios al interior de la Secretaría, todos los elementos se han integrado a la investigación, podría haber una
inhabilitación‖, apuntó.
Investigan fraudes por funcionarios mediante empresas
fantasmas en Oaxaca
Tan solo en la investigación que llevan a cabo en siete personas, éstas están relacionadas con al
menos 50 empresas fantasmas, donde los montos van de los 200 a 300 millones de pesos.
Por Yadira Sosa
La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción mantiene la investigación de una serie de fraudes por
funcionarios y empresas ―fantasmas‖, en la simulación de otorgamiento de obras, servicios o productos, cuyos desvíos se
estiman en miles de millones de pesos.
Tan solo en la investigación que llevan a cabo en siete personas, éstas están relacionadas con al menos 50 empresas fantasmas,
donde los montos van de los 200 a 300 millones de pesos.

El fiscal anticorrupción del Estado, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, confió en una estrecha colaboración con el nuevo Gobierno
federal, para contar con información fiscal y corroborar que no solo hubo participaciones fraudulentas, sino establecer la ruta
del dinero utilizado.
Al señalar que se investigan desvío de recursos en la ejecución de obras como carreteras, pavimentación y hospitales, el
funcionario aclaró que no a todas a las empresas fantasmas las ocuparon para simular las obras o que se entregó el producto,
sino para buscar descuentos fiscales.
―Muchas de ellas (empresas fantasmas) son la vía para entregar el dinero mal habido al funcionario. Hacen una parte de la obra
(el cascarón) y lo demás se lo llevan a otro lado‖, explicó, luego de señalar que este es un tema al que se le debe poner mucha
atención.
Recordó que en 2017 se superaron las 100 denuncias por corrupción, y a la fecha se tienen más de mil asuntos que corresponden
a delitos cometidos por autoridades municipales, que también se investigan para corroborar lo que se denuncia.
De las 607 carpetas de investigación que siguen en proceso, dijo, los principales denunciantes fueron particulares, lo cual
demuestra que la sociedad empieza a confiar más en las instituciones.
De este número de carpetas, 467 fueron por particulares, 44 por autoridades municipales, 168 por instituciones del Gobierno
estatal y 18 se iniciaron a consecuencia de notas periodísticas que por oficio retomó la Fiscalía.
En mayor medida los delitos fueron por ejercicios indebidos y peculado: desvío de recursos, el otorgamiento, ejecución o pago
irregular a proveedores.
Las autoridades denunciadas fueron autoridades municipales, así como de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), las
Secretarías de Finanzas e Infraestructura, entre otras.
Virgilio Sánchez
Enjaretan nueva deuda de mil 150 mdp a Oaxaca
Agencia Reforma
Finanzas argumentó, en cuatro de estos préstamos, que el dinero sería utilizado para la operación del gobierno estatal ante la falta
de liquidez
Entre agosto y septiembre, el gobierno del estado contrató cinco créditos con bancos privados, que suman mil
150 millones de pesos.
La Secretaría de Finanzas argumentó, en cuatro de estos préstamos, que el dinero sería utilizado para la
operación del gobierno estatal ante la falta de liquidez.
El otro convenio, por 200 millones de pesos, corresponde a un "factoraje financiero" para el "pago a los
Mipymes derivado de bienes, servicios y obra pública, a través de cadenas productivas".
Apenas en mayo, la administración estatal obtuvo otro crédito bancario por mil 500 millones de pesos,
argumentó, igualmente, que de manera temporal, no tenía solvencia económica para cumplir con sus funciones.
El 6 de agosto de 2018, la Secretaría de Finanzas firmó dos contratos, con Multiva y Banorte, que en total
ascienden a 700 millones de pesos.

El primero de estos bancos prestó al Gobierno de Oaxaca, 400 millones de pesos; y Banorte abrió un crédito por
300 millones.
De acuerdo con ambos contratos firmados por el Tesorero y el Coordinador de Control Financiero de Rafael
Mansur Oviedo y Jorge Alberto Juárez Domínguez, respectivamente; este dinero debe ser pagado por la
administración estatal antes del 5 de agosto de 2019.
"Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter
temporal", expone el contrato con Banorte, en el anexo A.
"Insuficiencia de liquidez"
Justo una semana después, el 14 de agosto de 2018, Finanzas obtuvo otro crédito simple con Banorte, ahora, por
100 millones de pesos.
Para este préstamo, argumentó, otra vez, "insuficiencia de liquidez de carácter temporal".
Este contrato vence en un año, como en los dos casos anteriores.
Tras obtener este crédito, al día siguiente, Mansur Oviedo y Juárez Domínguez firmaron otro contrato para un
cuarto préstamo a corto plazo, ahora, con Santander.
Este préstamo asciende a 150 millones de pesos, el cual deberá ser pagado antes de un año.
Finanzas dio los mismos argumentos que en los créditos anteriores.
En estos cuatro contratos, el Gobierno del Estado dio como garantía ingresos propios.
Respecto al contrato por "factoraje financiero", éste fue firmado el 25 de septiembre, y el acreedor es
Arrendadora Factor Banorte SA de CV SOFOM ER.
El vencimiento de este convenio es en un año.
No usa dinero; paga intereses
El dinero de tres de estos 5 créditos no fueron utilizados por el Gobierno estatal, pero sí tuvo que pagar los
intereses en dos de estos casos.
De acuerdo con el reporte de Finanzas, al 25 de octubre de 2018, no había utilizado un peso de los créditos
obtenidos el 6 y 14 de agosto, y que suman 800 millones de pesos.
Sin embargo, el Gobierno del Estado pagó 2 millones 214 mil 375 pesos por concepto de interés, a Banorte, por
los préstamos de 300 y 100 millones de pesos, aún no utilizados.
Citlalli Luciana
Por los suelos, el PIB de Oaxaca
Archivo
El desplome del Producto Interno Bruto se resintió en el sector industrial
El Producto Interno Bruto (PIB) de Oaxaca en 2017, es decir es el valor monetario de los bienes y servicios
finales producidos por una economía, se desplomó en un 3.5 por ciento con respecto del año anterior.

El doctor Martín Alberto Rodríguez Brindis, director del área de postgrado e investigación de las Universidad
Anahuac señaló que para entender la caída que tuvo el PIB, es necesario desagregar en los sectores que lo
componen: sector primario, terciario y secundario.
El sector primario, expuso, tuvo un crecimiento de 0.4 por ciento, el sector terciario que representa la mayor
actividad de Oaxaca con el 65 por ciento del PIB tuvo un crecimiento del 1.0 por ciento, en tanto que el
secundario es decir la parte industrial cayó un 16.2 por ciento.
―Lo que hay detrás de la caída del 3.5 por ciento del PIB de Oaxaca, es la caída del 16% del sector industrial y
ese sector industrial en Oaxaca está construído por cuatro componentes: construcción, manufactura, minería y
petroquímica‖.
El especialista en temas económicos indicó que el componente que generó el desplome fue el de la actividad de
la construcción.
La entidad se ubica en el tercer lugar en la lista nacional, con la mayor pérdida de PIB, sólo por debajo de
Campeche con menos 10.5 por ciento y Tabasco con menos 5 por ciento.
El Inegi detalla que durante 2017 el Producto Interno Bruto total registró una variación anual de 2% en términos
reales con relación a 2016.
En el periodo en cuestión, los estados que presentaron aumentos por arriba del nivel nacional fueron: Baja
California Sur con 11.4%, Puebla 6.2%, Morelos y Coahuila de Zaragoza con 5% cada uno, Guanajuato 4.9%,
el Estado de México 4.6%, Colima 4.5%, Quintana Roo y San Luis Potosí 4.4%, individualmente, Querétaro
3.9%, Aguascalientes 3.7%, Baja California y Michoacán de Ocampo 3.1% en cada caso, Nuevo León,
Chihuahua y Yucatán 3% para cada entidad, la Ciudad de México 2.8% y Jalisco 2.6 por ciento.
El resto de las entidades mostraron incrementos inferiores al nivel del país, destacando los descensos anuales de
Campeche, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala y Veracruz.
En ninguna de las actividades económicas Oaxaca tuvo una aportación significativa con respecto de los otros
estados punteros.
Rodríguez Brindis explicó que el PIB refleja la capacidad de los estados de producir, en términos económicos
mide la capacidad de generar bienestar a su población, ―es decir tu estas mejor cuando tienes una televisión, un
auto o mayor facilidad para adquirir una canasta baśica‖.
El indicador del PIB -acotó- también es un indicador de ingreso, en este sentido ―decir que el PIB en Oaxaca
cayó un 3.5 por ciento es decir que hoy tenemos 3.5 menos ingresos‖.
Amando Orozco
Abre CAO paso en Chimalapa, Oaxaca
El derrumbe que obstruía un camino de terracería en Los Chimalapa fue retirado
JUCHITÁN, Oaxaca.-Luego de haber permanecido cerrado por casi dos semanas, este lunes fue abierto el paso
en el camino de terracería que une a las poblaciones de San Antonio y Benito Juárez, Chimalapa con el poblado
de Pascual Fuentes El Jícaro, en la carretera federal 190.

Después de que los comuneros reportaran este derrumbe en el tramo Las Bermas, que impedía el paso de
vehículos; trabajadores de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) con residencia en Ciudad Ixtepec, se
trasladaron a la zona para realizar las labores y restablecer la circulación.
El jefe de residencia, Michel Martínez, informó que se retiraron más mil 500 metros cúbicos de tierra y rocas
que obstruían el camino y para eso fue necesario utilizar maquinaria pesada
Adelantó que para esta misma semana llegará una brigada de servicios técnicos de CAO Oaxaca para valorar la
afectación; mientras tanto, el paso de vehículos ha quedado restablecido.
Apenas el pasado fin de semana, el presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de San
Miguel Chimalapa, Rosalino Sánchez Martínez, solicitó una declaratoria de emergencia a las autoridades y
dependencias de Gobierno del Estado, pues asegura que hubo afectaciones.
Pidió apoyo para los habitantes de las Comunidades de San Antonio y Benito Juárez, correspondientes a la
comunidad Agraria de San Miguel Chimalapa, ya que estuvieron incomunicados más 15 días por el derrumbe
de sucamino de terracería.
Por esa razón, Rosalino Sánchez solicitó víveres paras familias zoques de los chimalapas; así como la
intervención de los gobiernos estatal y federal, para la atención de dichas comunidades.
Alfonso Tapia Barrita
Avala sector empresarial el Tren Transístmico
Luego de largos años de ausencia, el ferrocarril volvió a Salina Cruz como transporte de carga a inicios de este año. Ahora, el
Gobierno Federal contempla este medio como una opción de desarrollo para el sur-sureste.
SALINA CRUZ, Oaxaca.- El Tren Transístmico, uno de los más ambiciosos proyectos del Gobierno de la
República, se ve desde ahora como un detonante del desarrollo no solo para Salina Cruz, sino para todo el sur-
sureste del país.
Particularmente en el Istmo de Tehuantepec vendrá a potenciar las ventajas logísticas de Salina Cruz y a
incentivar la vocación productiva y comercial de la región.
Así lo concibe el empresario salinacrucense y fundador del Consejo Ciudadano para la Zona Económica
Especial (ZEE), Fidel Contreras Ordaz.
En tal sentido, sostuvo que le corresponde a la ciudadanía istmeña colaborar, apoyar y respaldar al gobierno
participando y haciendo efectiva la paz social, necesaria para motivar la inversión, en clara referencia a que es
preciso que se eviten los bloqueos carreteros, los cuales cortan el flujo de servicios y mercancías.
Contreras Ordaz subrayó que el proyecto de Tren Transístmico requiere que la población ―le entre‖, dando su
consentimiento para que se priorice en la agenda del Gobierno Federal. Consideró alentador el primer recorrido
que la semana pasada realizaron autoridades estatales y federal sobre las vías férreas para supervisar su estado,
―demuestra el profundo interés por concretarlo‖, dijo.

Fidel Contreras adelantó que con el Tren Transístmico no puede pasar lo mismo que con la Súpercarretera al
Istmo, misma que desde hace por lo menos cuatro sexenios ha sido prometida pero que no termina por
inaugurarse. Este hecho, de obras importantes sin concluir, externó, obstaculiza el desarrollo.
La propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, indicó, se traduce en generación de empleos,
reactivación económica y progreso. Por lo que es deber, subrayó, de todos los órdenes de gobierno, de la
ciudadanía y de los representantes populares impulsar un esquema de tal naturaleza.
Piden prohibir actividad minera en todo el territorio
oaxaqueño
Representantes de pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el juicio popular
comunitario contra el Estado y las empresas mineras en Oaxaca, exigieron al Gobierno Federal
levante una moratoria que prohíba la actividad minera en todo el territorio estatal.
Por Carlos Alberto Hernández
EL DATO
Los días 11 y 12 de octubre
se realizó el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas Mineras, con la participación de 52 comunidades quienes
presentaron 22 casos de afectaciones, ocasionadas en Valles Centrales, Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Mixteca, Cañada e Istmo.
Representantes de pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el juicio popular comunitario contra el Estado y las
empresas mineras en Oaxaca, exigieron al Gobierno Federal levante una moratoria que prohíba la actividad minera en todo el
territorio estatal.
A nombre de los inconformes con la operación de empresas mineras en Oaxaca, Alma Méndez y Daniel López, urgieron
reformar la Ley Minera, Ley General de Equilibrio Ecológico, Ley de Inversión Extranjera y Ley de Aguas Nacionales, para
garantizar los derechos de los pueblos y comunidades a la libre determinación.
Resultado del ejercicio celebrado el 11 y 12 de octubre del presente año, exigen la cancelación definitiva de las 322 concesiones
mineras existentes, las cuales se han otorgado sin el consentimiento de pueblos, así como 41 proyectos mineros vigentes y que
afectan el 5% del territorio estatal.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, demandan la cancelación de los proyectos mineros en etapa de
producción comercial en el Valle de Oaxaca, ―San José‖ contemplado para San José del Progreso y ―El Águila‖, en San Pedro
Totolápam.
Solicitan a Semarnat, Conagua y Profepa se constituyan en los lugares en los que se desarrollan dichos proyectos, a fin de
establecer medidas de compensación y reparación al medio ambiente y al agua, luego de que empresas mineras de origen
canadiense y estadounidense han ocasionado daños al medio ambiente, principalmente en el recurso hídrico de las comunidades.

Acompañados de Sofía Robles Hernández, del Colectivo Oaxaqueño por la Defensa del Territorio, sostienen que estas mineras
se ubican principalmente en el Istmo, Valles Centrales y la Mixteca.
Tan solo en Oaxaca, denuncian las consecuencias para las comunidades como en el caso de Magdalena Ocotlán donde se
desbordó la presa de jales de la empresa minera Cuzcatlán, S.A de C.V. que opera el proyecto minero San José y contaminó el
río El Coyote que atraviesa la comunidad.
Ahí al menos 2 mil 500 habitantes han dejado de consumir el agua del río por estar contaminado y han recurrido a la compra del
agua, manifiestan. Exigen que los pueblos y comunidades indígenas se reconozcan como sujetos de derecho, que pueden tomar
decisión sobre su territorio y la cancelación de concesiones mineras.
Para concluir, los activistas piden justicia para los defensores del territorio, autoridades agrarias, autoridades municipales y otras
que se han opuesto pacíficamente a los proyectos mineros y que han sido agredidos, amenazadas y asesinadas.
Exigen a Pemex pago por derrames
Desde hace más de un año los inconformes esperan una respuesta de la paraestatal por los derrames
de hidrocarburo ocurridos en la zona norte del Istmo
Por Faustino Romo Martínez
Habitantes de diversas comunidades de la zona norte del Istmo de Tehuantepec se manifestaron contra Petróleos Mexicanos
(Pemex) para exigir el pago correspondiente por los daños ocasionados por los constantes derrame de hidrocarburo que han
ocurrido en la zona y han afectado gravemente a las poblaciones.
Los manifestantes decidieron llevar a cabo un bloqueo sobre la carretera Federal Transístmica 185, en el Km 173 a la altura del
punto denominado Sarabia del municipio de San Juan Guichicovi, con lo que se obstruye el paso hacia el Estado de Veracruz.
Los habitantes de las comunidades de: Estación Sarabia, Boca del Monte, Juárez, Paso Real, Mogoñe, , San Juan Guichicovi,
Palomares, Nuevo Progreso y Tolosita, a través de un oficio jabalina dado a conocer esta movilización, solicitando inclusive la
intervención de los gobiernos, federal, estatal y municipal
En el documento explican que desde hace más de un año Pemex ha incumplido con los afectados por los constantes derrames de
hidrocarburo, situación que afectado la zona y como consecuencia a sus habitantes
En el comunicado enviado al superintendente del sector ductos de Salina Cruz Ingeniero Raul Gil Escobar, al Ingeniero
Francisco Sánchez López jefe de CGDUOS-DDV de Salina Cruz y al coordinador de derecho de vías sector golfo de
Villahermosa Tabasco; Ingeniero Martín Isaías Torruco Cardenas, los inconformes indican que el bloqueo se realizaría a partir
de las 7:00 de la mañana del lunes 10 de diciembre.
Aseguran ha existido muy poco interés por parte de Pemex para cumplir y solucionar los problemas ocasionados por los
constantes derrames de hidrocarburo en la zona, pese a que, a través de diferentes comunicados, minutas de trabajo y más de un
año de diálogo, han tratado de que se resuelva este problema, sin embargo, no ha habido avances, por lo que determinaron
realizar esta movilización.
Señalan que qué no les queda de otra, por lo que responsabilizan a Petróleos Mexicanos de esta situación que están conscientes
afecta a terceros, pero solo así ejerciendo presión buscan lograr que se les cumpla, pidiendo la compresión de los transportistas
y de la propia sociedad.
Piden además la intervención de los gobiernos federal, estatal y municipal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
a la Comisión de la Defensa de los Pueblos Indígenas México, para que se logre solucionar este problema de manera favorable
para los afectados

Custodian 7,500 huevos de tortuga asegurados en
carretera Acapulco – Pinotepa
DEL DÍA, REGIONES 11 diciembre, 201811 diciembre, 2018 marca
Se trata de 113 huevos de la especie Laúd (Dermochelys coriácea) y 7,387 de la especie Golfina
(Lepidochelys olivácea).
Oaxaca, Oax. 11 de diciembre de 2018.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
custodia 7,500 piezas de huevos de tortuga marina (113 de la especie Laúd –Dermochelys coriácea- y 7,387 de la
especie Golfina –Lepidochelys olivácea-),asegurados el 7 de diciembre, como resultado de un rondín de vigilancia
instaurado por la Policía del Estado.
Derivado de un reporte de un Agente del Ministerio Público de la Federación sobre la detención de una mujer, por
policías estatales, en posesión de 5 cajas de plástico que contenían 1,500 piezas de huevo de tortuga cada una, a
la altura del poblado del Cayaco sobre la carreteras Acapulco-Pinotepa Nacional, inspectores de la Profepa
acudieron a realizar el peritaje correspondiente, así como recibir en custodia el producto asegurado.
La puesta a disposición de la persona detenida, así como del producto, estuvo a cargo de elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del estado de Guerrero.
De lo anterior, la Procuraduría General de la República continuará con la carpeta de investigación correspondiente.
Por lo que respecta a esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se estará atenta de la disposición de
destino final que en su caso se ordene para el producto asegurado.
Es importante señalar que las especies de tortuga marina Laud y Golfina se encuentran listadas en la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría En Peligro de Extinción (P).

No se omite mencionar que el tráfico ilegal de vida silvestre comprende la apropiación, comercialización,
explotación o tenencia de ejemplares, productos o subproductos de fauna y flora silvestres, en contravención de las
leyes y tratados nacionales e internacionales.
Esta actividad delictiva es considerada como la cuarta más importante en todo el mundo, después del narcotráfico,
la falsificación y el tráfico de personas, colocando en estatus de peligro de extinción a 2,606 especies nativas de
México.
Como parte de la estrategia para combatir el tráfico ilegal de especies de vida silvestre, la PROFEPA realiza
acciones sustantivas de aplicación de la ley, tendientes a detener la extracción, el transporte y tráfico ilegal;
incluyendo la participación de la ciudadanía para desalentar su demanda en función de las consecuencias
negativas que esta actividad criminal deja a las especies silvestres.
La Profepa reitera un llamado a la sociedad en general a no adquirir ejemplares, productos y subproductos de vida
silvestre de manera ilegal, sin la documentación adecuada que acredite su legal procedencia, y que además no
provenga de un aprovechamiento sustentable, para contribuir a la permanencia de las especies y evitar su
extinción.
#CONFERENCIASMAÑANERAS
¿Qué temas abordó AMLO en su
conferencia matutina de este
martes?
En su segunda conferencia matutina de la semana y la séptima desde que asumió como
presidente, Andrés Manuel López Obrador abordó temas desde la estrategia para
enfrentar la crisis migratoria, los megasueldos de los magistrados y el programa de ayuda
a connacionales que viajan al país con motivo de las fiestas de fin de año.
Jorge Monroy11 de diciembre de 2018, 08:22
En su segunda conferencia matutina de la semana y la séptima desde que asumió como
presidente, Andrés Manuel López Obrador abordó temas desde la estrategia para
enfrentar la crisis migratoria, los megasueldos de los magistrados y el programa de ayuda
a connacionales que viajan al país con motivo de las fiestas de fin de año.
Confirmó que el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, presentará al Congreso -el
próximo sábado- el paquete económico para el 2019.
En el tema de la reducción de salarios y plazas en el gobierno, reiteró que ya se tomó
la decisión de que nadie gane más que el Presidente, como establece la Constitución.
Dijo que algunos funcionarios se molestan, pero “se estaban” con el salario. Reiteró
que los Ministros de la Corte son los funcionarios mejor pegados del mundo, después
del presiente Donald Trump. Aseveró que su gobierno acatará lo que resuelva el
Poder Judicial con los recursos legales que se han presentado contra la medida de
gobierno.

Cuestionado sobre si los Ministros deben bajarse el sueldo, indicó que es una
decisión que ellos deben tomar. Los invito a reflexionar que representan la justicia
sobre el bien nacional. Destacó que acudirá como invitado el jueves al informe del
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Respecto a la cancelación de plazas en el gobierno que ordenó la Secretaria de
Hacienda, argumentó que el gobierno estaba “ensimismado” y atrapado por el pago
de personal, por lo que necesitaba liberar presupuesto para que más recursos le
lleguen a los ciudadanos.
Apuntó que Diputados ya definieron que él ganará 108,000 pesos netos, y los
Secretarios de Estado una cantidad similar, si acaso 800 pesos menos. Consideró que
un sueldo justo para otros funcionarios de alto mando es de 100,000 pesos. Insistió
que el que quiera hacer dinero, puede analizar otras opciones.
En esta conferencia estuvo presente el gabinete de seguridad. Alfonso Durazo,
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que en tres años se podrá
sentir un cambio en materia de inseguridad. Indicó que en tres años habrá un corte
de caja a la estrategia de inseguridad.
El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indicó que se está
implementando la estrategia del nuevo gobierno, por lo que respecta a las regiones
planteadas. Abundó que están en proceso de preparación elementos para la Guardia
Nacional, sobre todo en la atención de delitos específicos.
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Guzmán, destacó que la estrategia de
seguridad es una labor de todos los mexicanos, no sólo del gabinete de seguridad, por
lo que debe haber un compromiso de todos de respeten las leyes.
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está avanzando la
comunicación con el gobierno de Estados Unidos para la posibilidad de firmar un
plan de migración. Indicó que no tiene pensado acudir a EU a una reunión con el
presidente Donald Trump, aunque si llega a un acuerdo en ese tema, estaría
dispuesto.
Sobre la situación de los migrantes en Tijuana, dijo que se les está garantizado el
trato humanitario con comida y medicamentos.
En el tema de la reforma energética, indicó que su gobierno hizo una evaluación y se
determinó que tres años (2021) es un tiempo razonable para que haya resultados de
los contratos de las rondas petroleras, pues insistió que la inversión no ha llegado.
Indicó que serás las propias empresas las que “abran o cierren la puerta” para
continuar con las rondas de licitación. Destacó que, de cualquier forma, su gobierno
ya cuenta con un plan de inversión para perforación y producción. Indicó que podría
rescindir contratos, pero quiere “amor y paz” con las empresas, con quien tiene, dijo,
un acuerdo entre “damas y caballeros”. Mencionó que él mismo hará una evaluación
de esto en tres años.
En esta conferencia se presentó el plan de atención para los mexicanos que llegan en
diciembre al país provenientes de Estados Unidos. El secretario Alfonso Durazo
apuntó que se trata de ningún paisano sea sujeto de ninguna extorsión en aduanas y
carreteras. Mencionó que habrá un despliegue de 5,000 elementos de las diversas
corporaciones federales. Se distribuirán 1 millón de cartillas paisano de orientación a

los connacionales. Se indicó que los funcionarios de aduanas se identificarán con un
chaleco que portará el lema #FuerzaAnticorrupcion y en la cuenta de
Twitter@denunciasciudadanas se podrán denunciar actos de corrupción contra
paisanos.
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, se revisará en los próximos días el impacto
real que tiene en el turismo la Fórmula 1, aunque está garantizado el evento del
próximo año. Dijo que también está garantizada la celebración el próximo año del
partido de fútbol americano de la NFL en el Estadio Azteca.
López Obrador dijo que en los próximos días se presentará el Plan Nacional de
Deporte para prevenir enfermedades como diabetes, pero también el de alto
rendimiento para que México gane medallas olímpicas. Indicó que en marzo asistirá
a la inauguración de un estadio de béisbol en la Ciudad de México.
Obrador concluyó la conferencia con el anuncio de que mañana dará a conocer la
iniciativa para cancelar la reforma educativa. La firmará ante los medios, y luego la
turnará a alguna de las Cámaras del Congreso.
Jueces y magistrados federales acusan campaña de
desprestigio
Intentan frenar histórico funcionamiento de pesos y contrapesos entre poderes, advierte magistrado
Por Carlos Alberto Hernández
Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito acusaron una ―campaña de desprestigio
en su contra‖, pese a la suspensión en la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos por parte de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al dar lectura a un pronunciamiento público, el magistrado de Circuito Penal y Administrativo, José Luis Legorreta Garibay,
afirmó que ―el noble servicio público está sometido a riesgos y amenazas debido a diversas leyes e iniciativas que podrían minar
la autonomía institucional y personal, si cambian las reglas de un histórico funcionamiento de frenos y contrapesos entre los
poderes de la República‖.
En el acto realizado en el acceso principal de la sede del Poder Judicial de la Federación en el estado de Oaxaca, consideró que
detrás de la norma que prohíbe a los servidores públicos tener salarios superiores al del presidente de la República, se encuentra
la intención de ―debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y con ello vulnerar el estado de derecho‖.

Legorreta Garibay, sin mencionar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó que ―se ha querido
posicionar un falso discurso que habla sobre percepciones excesivas de los jueces que viven a costa del erario público con
ingresos de más de 600 mil pesos al mes, lo que no corresponde ni cercanamente a las percepciones, centrado la discusión en un
tema de salarios y no de lo que verdaderamente ocurre que es el juez independiente e imparcial‖.
Y advirtió sobre el riesgo de mantener la campaña de desprestigio contra los juzgadores haciéndolos pasar por oportunistas que
solo buscan el beneficio personal; es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.
Acompañado de otros jueces, magistrados y personal judicial, añadió que contra esos riesgos y amenazas están en pie de lucha,
por la defensa del estado de derecho y serán los primeros en actuar para fortalecer el Poder Judicial, pero en el marco de una
propuesta que sea transparente y suficientemente amplia para revisar instituciones, prácticas, recursos y medios dispuestos.
Admitió que ―hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país, nos presentamos públicamente ante la sociedad para
refrendar nuestro compromiso como juzgadores federales para defender la independencia y autonomía del PJF y hacer viva la
protesta que rendimos al tomar posesión de nuestro cargo, de guardar y hacer guardar la Constitución‖.
Sostuvo que en un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio
de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie, salvo su sumisión a la Constitución y a los tratados internacionales.
―Hemos impulsado una amplia defensa que incluye la presentación de demandas de amparo en contra de lo que consideramos
un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la
Federación, el cual ha sido dotado por la constitución de mecanismos de autorregulación‖, indicó.
Cuestionó los intentos por condicionar a los juzgadores que han sido presentados a la opinión pública como ejercicios
modernizadores que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para el ciudadano.
Enfatizó que ―un salario acorde con la responsabilidad de resolver los asuntos más delicados que pudiesen afectar a una persona
e institución del poder público es fundamental‖.
Reiteró que jueces y magistrados deben tener sueldos que les permitan tener ―independencia‖ para evitar las intromisiones de
intereses ajenos a la ley por parte de cualquier autoridad y cualquier tipo de presión social o económica y del flagelo de la
corrupción.
―Los juzgadores federales queremos recordar que tener un cargo de esta responsabilidad implica asumir riesgos que se han
hecho cada vez más evidentes por los momentos que vive el país, además de las presiones de los vaivenes políticos, enfrentan
hechos que los ponen en situación de inseguridad a ellos y sus familias‖, concluyó.

Sólo Donald Trump gana más que el presidente de la SCJN: AMLO
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 11 DICIEMBRE, 2018NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y
el Poder Judicial, se mantuvo hoy en el plano declarativo y, aunque el mandatario saludó la
posibilidad de debatir, desestimó el desmentido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) publicó ayer respecto a los ingresos de los ministros.
―Se molestan, pero la verdad es que como se dice coloquialmente se rayaban… sueldos elevadísimos. Dicen que
no es cierto que ganen 600 mil pesos mensuales, los ministros.
Yo tengo la información, es cosa de verla en el presupuesto, son siete millones al año en sueldo bruto más otras
prestaciones que no están ahí, pero si no son 600 mil son 500 mil y no tengo la menor duda de que son los
servidores públicos mejor pagados del mundo. Solamente Donald Trump gana más que el presidente de la
SCJN y hay datos sobre esto‖, expuso.
Luego de que ayer una inédita manifestación de jueces y magistrados observara que el artículo 127
constitucional –que establece la supremacía salarial del presidente de la República—no puede aplicarse por
carecer de ley reglamentaria, López Obrador insistió en su conferencia de prensa matutina que debe acatarse el
mandato de la ley suprema.
―Ya se tomó la decisión, es asunto legal. Está en la Constitución, en el Artículo 127 y ya existe la ley. Nadie
puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Si no respetamos la constitución no va a haber
estado de derecho. O qué ¿vamos a pedir que los demás acaten la ley y nosotros vamos a gozar de inmunidad?
Eso no‖, advirtió.
La política de austeridad que el nuevo gobierno ha centrado en la disminución salarial de la alta burocracia, es
uno de los temas que han provocado un arranque atropellado del gobierno de López Obrador en su relación con
los otros poderes y los organismos autónomos, colocando el debate en la constitucionalidad de las medidas y
cuya suspensión provisional por la SCJN, plantea un inédito diferendo entre poderes cuyo resultado, dice el
mandatario, acatará, no sin antes exponer su apreciación al respecto:
―Se me hace una injusticia que existan estos sueldos habiendo tanta pobreza en el país. Además esto no es
nuevo, no es que llegué y se me ocurrió que se iban a bajar los sueldos. Lo vengo diciendo desde hace años, es
un compromiso de campaña‖.
Inclusive, ejemplificó con los planes de beca para estudiantes universitarios, cuyo monto se estima en dos mil
400 pesos mensuales, que en comparación con 500 mil pesos de percepción que atribuye a los ministros,
calificó de desproporcionado.
Empleados de la SE exigen mantener sus empleos
La mencionada ―austeridad republicana‖, como llama oficialmente a las medidas de reducción salarial y
adelgazamiento burocrático, enfrentó hoy otra vertiente, en los despidos de personal de mandos medios y
empleados sin base, que en el caso de la Secretaría de Economía, arribaron desde las 6:00 de la mañana para
exigir conservar sus empleos.
En ese otro frente, ayer se difundió la circular del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en la que como parte de
la política de austeridad se establecen las directrices para prescindir de personal, que abre un frente adicional en
términos de legalidad y derechos humanos laborales presagio de otra andanada de amparos.
El titular del Poder Ejecutivo, expuso hoy, sin entrar en consideraciones jurídicas, que el gobierno ―estaba
ensimismado‖ y que la mayoría de los recursos se proyectaban para el mismo gobierno, mientras que ―no se le
transferían recursos al pueblo‖, sostuvo.

―Todo es para el mismo gobierno, ya sean sueldos, pensiones y jubilaciones para los que trabajan en el
gobierno, gastos operativos, pago de deuda del gobierno, entonces tenemos que liberar fondos para la gente‖,
subrayó.
Batres y Monreal impugnan ante la Corte suspensión a la Ley de
Remuneraciones
POR JENARO VILLAMIL , 11 DICIEMBRE, 2018NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los presidentes de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres,
y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, presentaron este 10 de diciembre un
recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el ministro
Alberto Pérez Dayán, quien concedió la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de
Servidores Públicos, y emplazaron al Poder Judicial a resolver antes del 15 de diciembre si es
anticonstitucional o no esta nueva norma.
En un extenso documento, Batres y Monreal consideran que el ministro Pérez Dayán se excedió en sus
facultades y explicaron que la suspensión no procede dado que en las acciones de anticonstitucionalidad, según
el artículo 52 de la ley reglamentaria, y en el artículo 64 de la misma ley, existe la prohibición expresa de
otorgar la suspensión a una norma general.
Martí Batres, presidente del Senado, destacó la urgencia de su petición ante la proximidad del periodo
vacacional del personal del Poder Judicial para que antes de eso, en el ejercicio fiscal de 2019, se puedan tomar
en cuenta los ajustes necesarios a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Sobre los amparos que se interpusieron en contra de esta misma ley, Batres aseguró que hasta el momento el
Senado ha dado respuesta a más de 200 procedimientos que han presentado, principalmente, el personal del
Poder Judicial, en especial, magistrados.
La autonomía, sólo en lo judicial
Cuestionado sobre la manifestación de mil 400 jueces que expresaron su defensa ante la autonomía e
independencia del Poder Judicial, Batres afirmó que ―la autonomía es básicamente un ejercicio de toma de
decisiones‖.
―Esto quiere decir que en los temas de carácter jurisdiccional sólo ellos pueden tomar decisiones, esa es la
autonomía del Poder Judicial. Así es que ésta simplemente se ejerce y no se vulnera por ninguna de la toma de
decisiones‖, argumentó Batres.
Sobre el reclamo de que no ganan 600 mil pesos mensuales, como ha expresado el presidente Andrés Manuel
López Obrador, el senador de Morena afirmó que ―si no ganan los 600 mil pesos que se dice, si ganan mucho
menos, entonces cuál es la preocupación‖.
Explicó que la resolución del ministro Pérez Dayán lo que afirma es que la disminución salarial sea en los
poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no en el Judicial.
La impugnación a la decisión del ministro Pérez Dayan tiene sentido porque ―contraviene el artículo 64 de la
Ley Reglamentaria de las Fracciones Primera y Segunda del artículo 105 de la Constitución que dice que ―al
determinar, al admitir una acción de anticonstitucionalidad, no se dará el lugar a la suspensión de la Ley
cuestionada‖.
―El ministro Pérez Dayán está yendo más allá de lo que establece la Constitución‖, sentenció Batres.

Un sueldo justo para alta burocracia, según López Obrador: 100 mil
pesos mensuales
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 11 DICIEMBRE, 2018NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la polémica por los recortes salariales a la alta
burocracia que afecta a otros poderes y organismos autónomos, el presidente Andrés Manuel
López Obrador, ofreció hoy una aproximación del ingreso que estima “un sueldo justo” y “no
despreciable”.
Los secretarios de Estado ganarán cientos de pesos menos que él, cuyo salario se estima en torno a los 108 mil
pesos mensuales; en tanto, los subsecretarios, tendrán ingresos de unos dos mil o tres mil pesos mensuales
menos, lo que consideró, debe ser el parámetro para los otros poderes y organismos públicos autónomos.
López Obrador expuso en concreto que un secretario de Estado ganará alrededor de 800 pesos menos que él,
mientras que un subsecretario percibirá entre dos mil y tres mil pesos menos, colocándose en alrededor de 100
mil pesos brutos.
Estimó que 100 mil pesos deberían ser lo que cobren ministros de la SCJN, diputados y senadores, consejeros y
comisionados en organismos públicos autónomos.
El parámetro con el que ejemplificó esta vez López Obrador, como ya lo había hecho la semana pasada, es el de
los investigadores con nivel doctoral, que gozan de tiempo completo en una universidad pública o privada,
cuyos ingresos son de la cantidad mencionada.
―Con todo respeto, un investigador aunque tiene muchas satisfacciones por estar enseñando el servicio público
es la consagración del ser humano porque es el servicio al prójimo, al ciudadano, ser un siervo de la nación. Es
una gran satisfacción y además de estar sirviendo que le paguen a uno es para brincar de alegría. No es
despreciable.
―El que quiera hacer dinero pues que no se ocupe de estas funciones. Puede dedicarse a cualquier otra actividad,
es legítimo… pero el servidor público no está para hacerse millonario, no podría un servidor público hacerse
millonario‖, concluyó.
Ni ministros ni consejeros electos después de 2010 pueden ganar más
que el presidente: Delgado
POR JESUSA CERVANTES , 10 DICIEMBRE, 2018NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ningún ministro de la Corte, tampoco los consejeros electorales
electos después de 2010, pueden ganar más que el presidente de la República, advirtió el
coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.
Acompañado del diputado Pablo Gómez, aclaró que la resolución del ministro Alberto Pérez Dayán sobre la
acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN),
Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), no
modifica la elaboración del Presupuesto de Egresos que llegará a San Lázaro el próximo sábado 15.
―La Corte lo que decide es suspender la Ley de Remuneraciones y pedir que se haga todo el tema de sueldos y
salarios, de acuerdo con la Constitución, (en concreto) el (artículo) 127, el 94 y el 75 constitucional‖, dijo
Delgado.

En resumen, subrayó, ―sí va a haber austeridad republicana para toda la administración pública federal, y en el
caso del Poder Judicial se tendrá que respetar el artículo 94‖, que establece:
―La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de
Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales,
no podrá ser disminuida durante su encargo‖.
Y aclaró que se aplicará el tercero transitorio del artículo 127 de la Constitución.
Precisó: ―¿Qué es la aplicación del tercero? Que todos aquellos ministros de la Corte que fueron electos durante
la vigencia de la modificación constitucional al 127 deberían estar topados por el salario del presidente de la
República, y estamos seguros que los ministros, que son los primeros obligados en respetar la Constitución, se
van a apegar al tercero transitorio‖.
Añadió: ―Ningún ministro electo después de 2010 puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la
República, por eso vamos a acatar lo que dice el ministro Pérez Dayan, de acatar el tercero transitorio del
artículo 127 constitucional aprobado en el año 2019‖.
En su oportunidad, Pablo Gómez detalló que el tercero transitorio ―hace alusión a la invariabilidad de las
percepciones de los miembros del Poder Judicial, y eso está en la Constitución. Nosotros vamos a respetar
íntegramente el transitorio, que es la referencia a los sueldos del Poder Judicial. Esa es una decisión que hemos
tomado de meses atrás y no es de ahora. No estamos eludiendo el tema, estamos queriendo su aplicación exacta.
Y de eso nos vamos a encargar nosotros. Y todos vamos a salir contentos‖.
La noche del pasado viernes 7, la Corte resolvió otorgar ―la suspensión provisional‖ a los senadores que
impugnaron la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos, quienes ―nunca‖ pidieron la citada
suspensión. Y este lunes, jueces y magistrados se manifestaron en contra de la baja de salarios.
Pablo Gómez aclaró que la resolución no afectará la confección del Presupuesto de Egresos.
―No nos afecta a nosotros, Pérez Dayán lo dijo: tienen que aplicar la Constitución, ¡como si no lo supiéramos!
Y así lo haremos. Nosotros no hemos variado en absoluto nuestro planteamiento. Es un planeamiento que viene
de las elecciones, no viene de un tribunal ni de grupos. Hay un dictado popular para disminuir los más altos
sueldos de la administración pública, y los gobernadores tendrán que bajarse el sueldo porque así lo indica la
Constitución. Es un mandato del artículo 127‖.
Además, los morenistas advirtieron que a todos los órganos autónomos se les aplicará el artículo 127 de la
Constitución aprobado en 2009, que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. A
los únicos que se excluirá de reducirles el salario son a aquellos ministros y consejeros electorales del Instituto
Nacional Electoral que fueron electos en 2010, porque así lo ordena el artículo tercero transitorio de la
modificación al 127 constitucional.
Al preguntarle si a los órganos autónomos sí se les aplica la disminución, respondió: ―Se les aplica el 127
constitucional. Sólo al Poder Judicial y al INE‖.
Luego de que los integrantes del Poder Judicial argumentaron que sus salarios evitan presiones, Mario Delgado
manifestó que las alta remuneraciones ―no garantizan justicia‖, y una muestra de ello, dijo, fue lo sucedido en el
caso Puebla, ―uno de los fraudes más grotescos que avalaron cuatro de los siete magistrados electorales. Fue un
cochinero la elección, ellos la avalaron y ganan más de 500 mil pesos‖.
El coordinador de la bancada de Morena puntualizó que la Cámara de Diputados ―acatará‖ el fallo, pero Pablo
Gómez soltó: ―ni acato ni desacato‖.
–¿Desacatan la resolución? –se le cuestionó.
–Pues ni acato ni desacato. ¿De qué manera lo acatamos? Él tendrá que acatar su propia resolución. Nosotros no
tenemos necesidad ni de acatarla ni de desacatarla. La vemos como un acto de un ministro en un procedimiento
que se va a desahogar posteriormente en la Corte‖.

Los legisladores dieron lectura a un comunicado cuyo punto cuatro advierte que la resolución ―carece de
motivación, pues no menciona el contenido de la ley que se suspende ni, obviamente, los posibles daños
irreparables que pudiera tener en su aplicación. También carece de fundamento, pues el artículo 64 de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional no permite suspender una norma general
dentro del procedimiento de Acción de Inconstitucionalidad‖.
De igual manera, criticaron que se otorgara la ―suspensión‖, cuando, primero, no la solicitaron, y segundo, se
está suspendiendo un acto que aún no ocurre, pues aún no se aprueba el Presupuesto de Egresos.
―El ministro Pérez Dayán no concedió la suspensión solicitada por los senadores de oposición que presentaron
la acción de inconstitucionalidad, pues ellos buscaban que se suspendiera por anticipado cualquier acuerdo de la
Cámara de Diputados para fijar remuneraciones, y pretendían de esa forma que se mantuvieran las del
presupuesto de 2018‖, sostiene el acuerdo.
Añade: ―La suspensión dictada por el ministro Pérez Dayán no fue en realidad solicitada en ninguna de las dos
acciones de inconstitucionalidad que se han presentado ante la Suprema Corte, sino una motivada por el mismo
ministro Pérez Dayán, como si él hubiera presentado a sí mismo otra acción de inconstitucionalidad, con el
evidente propósito de buscar que las remuneraciones en el Poder Judicial no se modifiquen en 2019 respecto de
lo señalado en el Presupuesto de 2018‖.
Finalmente sostiene que la Cámara cumplirá ―con sus obligaciones constitucionales y garantizar que la
Federación cuente con un Presupuesto de Egresos como lo señala la Carta Magna‖.
Por Ley de Remuneraciones, Monreal
pide ―cordura‖ a ministros
El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado pidió a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que se sumen al Plan de Austeridad propuesto por el nuevo gobierno.
El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. (Cuartoscuro)
SILVIA ARELLANO Y ANGÉLICA MERCADO
Ciudad de México / 11.12.2018 13:46:27
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, pidió a los ministros de la Suprema
Corte ―cordura‖ y ―ecuanimidad‖, porque a nadie le conviene una confrontación.

―Es un llamado atento a los ministros de la Corte para que intenten generar condiciones propicias, para
que el país siga avanzando y siga caminando en el Plan de Austeridad Republicana, que nos hemos
planteado‖, destacó.
Luego de que la Corte congeló la Ley de Remuneraciones, el presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Senado destacó que presentaron un recurso de reclamación.
"Nos asiste la razón jurídica. Todo está de acuerdo al Estado de derecho y ahora tendrán que reunirse
en el Pleno de la Corte para definir, porque la suspensión fue mal dada; no sólo no está permitida, está
prohibida expresamente en la ley, y por esa razón nosotros estamos acudiendo al Pleno para que
rectifiquen ese trámite de otorgar la suspensión‖, dijo.
Aclaró que el recurso presentado no fue planteado ante la Jucopo ni en la Mesa Directiva, al igual
que lo realizado por los 55 senadores de oposición, quienes presentaron la acción de
inconstitucionalidad la semana pasada.
―Ellos como presentaron la acción de inconstitucionalidad, a nadie le pidieron permiso, basta con que
tengas el 33 por ciento, no somos mayoría. Y, en ese sentido, tenemos que acudir porque somos la parte
interesada, agraviada, entonces, no es necesario que se presente en la Mesa Directiva; como ellos,
tampoco fue necesario que presentaran su recurso de acción de inconstitucionalidad‖, destacó.
Mencionó que su recurso está muy bien planteado y que los ministros de la Corte violaron la
ley porque la suspensión no debió haberse otorgado.
Juez otorga amparo a Benito Nacif, consejero del
INE, para que no se le baje el sueldo
La suspensión fue concedida por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán,
como parte de un amparo en el que Nacif cuestiona la constitucionalidad de la ley Federal de Remuneraciones.
Redacción Animal Político
diciembre 11 2018 12:18
FONDEA el periodismo independiente
Un juez federal otorgó a Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), una suspensión
provisional contra la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Con esta medida se impide momentáneamente que se le reduzca el sueldo al consejero.
La suspensión fue concedida por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán,
como parte de un amparo en el que Nacif cuestiona la constitucionalidad de esa ley.
Lee: Corte ordena no aplicar Ley de Remuneraciones a salarios de 2019; habrá austeridad en el presupuesto,
dice Morena
No está claro, sin embargo, si la suspensión protege a Nacif contra la reducción salarial de 19 % aprobada por el
Consejo General del INE en su proyecto de presupuesto para 2019.
Ese acuerdo no puede ser impugnado mediante un amparo, y Nacif anunció que para combatirlo promovería un
juicio de protección de sus derechos labores ante el Tribunal Electoral Federal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender la Ley de Remuneraciones –promovida
por Morena y Andrés Manuel López Obrador–, que establece que ningún funcionario, incluyendo a los
integrantes del Poder Judicial, podrá ganar más que el presidente.
Con información de Reforma (suscripción necesaria)

Dinero
Serán respetados los ingresos del Poder Judicial // Empresas pagan menos impuestos que las secretarias //
Afloja Emmanuel Macron
Enrique Galván Ochoa
E
n el encontronazo entre los tres poderes de la Unión por el tema de los sueldos es preciso distinguir entre los
ingresos moderados de la mayoría de los empleados frente a la paga millonaria de los ministros de la Suprema
Corte. El disgusto de la población está centrado en los sueldos y prestaciones ofensivos. (Ver cuadro). El
presidente López Obrador ya dijo que si prosperan los amparos, serán respetados. Por su lado, Mario Delgado,
el líder de la Cámara de Diputados, a la que toca aprobar el presupuesto, también expresó que se respetarán los
del Poder Judicial… aun cuando el tope presidencial sí se impondrá al resto de la administración pública.
Aparentemente, los ministros han obtenido un triunfo. Sólo que es un triunfo pírrico, como el de aquel general
que se llevaba la victoria, pero a costa de perder a sus tropas en la batalla. El desprestigio de los ministros es
mayúsculo. Ya era la Suprema Corta, ahora es mayor.
Empresas e impuestos
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Transparencia Mexicana revisaron los componentes mínimos
necesarios de una política de integridad, en las 500 empresas más grandes en México, informan en un
comunicado. Agregan: Los resultados para 2018 indican que 35 por ciento más de las empresas cuentan con
políticas anticorrupción, es decir, 80 firmas más que en 2017, para llegar a un total de 299. Asimismo, la
calificación promedio de las empresas aumentó en 10 puntos, lo que significó pasar de un promedio de 37 sobre
100 en 2017, a 47 en 2018. Entre 2017 y 2018 aumentó el número de empresas con una calificación superior a
60 puntos, el cual pasó de 38 por ciento a 58 por ciento de las 500 revisadas. ¿Y no midieron la responsabilidad
fiscal? De acuerdo con información que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai) ordenó revelar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el sexenio
pasado se condonaron impuestos en cantidades impresionantes. Sólo entre 2017 y 2018 el SAT habría
condonado 6 mil 982 millones de pesos a diversas empresas. Al final es probable que una empresa pague menos
impuestos que las secretarias, en términos porcentuales.
Afloja Macron
Los chalecos amarillos tienen arrinconado al presidente francés, Emmanuel Macron. El conflicto comenzó con
el gasolinazo que quería imponer a lo consumidores franceses. Lo suspendió. Ayer cedió un aumento de
salarios de 100 euros mensuales.
Ombudsman social
Asunto: Apple vs Huawei
El fondo en el tema de Huawei es más complejo de lo que parece. El enojo de Estados Unidos con la marca
china es porque no pueden espiar a los usuarios de esos celulares. Ha pedido a Huawei relajar su tecnología
antinvasiva, sin lograrlo de ninguna forma. Huawei no comparte ningún tipo de información de sus usuarios y
tampoco permite que los servicios de espionaje estadunidenses vulneren sus equipos.

Todo lo contrario de Apple, que gustosamente entrega toda la información requerida de sus usuarios sin
limitación o restricción alguna. Esa es la razón de esta detención absolutamente arbitraria y caprichosa.
Maricruz Ramírez
R: ¿Y no entregará Huawei nuestra información al gobierno chino? Nuestra vida personal ha quedado a merced
de las refinadas tecnologías de los gigantes de las comunicaciones.
Twiteratti
Se reitera que es falso que en el Poder Judicial Federal alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales.
Consulta aquí la información real que cada año, de manera transparente, se publica en el Diario Oficial de la
Fedraci ón, http://bit.ly/2Ga26M8
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Twitter: @galvanochoa
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Astillero
Jueces, insólita protesta // Sánchez Cordero, ¿pro Corte? // AMLO: Padecer viejo régimen // Barbosa, chamba
federal
Julio Hernández López
▲ El ombudsman Luis Raúl González Pérez y el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaron la
reunión en la que se otorgó a Héctor Fix-Zamudio el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018. La
distinción fue recibido por el hijo del galardonado Héctor Fix Fierro. El acto se realizó en el salón Tesorería del
Palacio Nacional.Foto Cristina Rodríguez
E
n la nueva iconografía política habrá que destacar la insólita actitud de altos funcionarios del Poder Judicial en
protesta pública por la reducción de sus remuneraciones. Nunca antes, en la historia política moderna del país,
jueces, magistrados y personal de juzgados y tribunales se sintió en necesidad de manifestar de manera
organizada, nacional y pública, su oposición a determinadas medidas de la punta de la pirámide de los poderes
mexicanos, el Ejecutivo federal. Por el contrario, históricamente el aparato judicial del país había vivido en una
connivencia en ambos sentidos, con los dos ámbitos, el Ejecutivo y el Legislativo, en amasiato de intereses
sabidos.

El diferendo entre la Presidencia de la República, más la mayoría dominante de las cámaras legislativas, contra
la élite del Poder Judicial, llegó ayer a la discusión sobre el monto de las percepciones de ciertos funcionarios,
los cuales, según declaró Andrés Manuel López Obrador, alcanzarían hasta 600 mil pesos mensuales, a lo cual
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió mediante un desmentido.
El litigio en curso alienta las objeciones al obradorismo por parte de los segmentos que consideran que se está
fracturando un sistema jurisdiccional que, según ese punto de vista, habría funcionado con cierta eficacia. Del
lado obradorista, la resistencia del aparato judicial confirma la necesidad de avanzar en el abatimiento de los
altos niveles de ingreso de esas élites opuestas a los cambios derivables de las pasadas elecciones.
Una de las peculiaridades de esta confrontación es el papel de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, quien fue beneficiaria del golpe del entonces presidente Ernesto Zedillo para renovar la Corte e incluir
a personajes cercanos a él. Con una formación en el servicio público concentrada en el ámbito del Poder
Judicial federal, Sánchez Cordero, senadora con licencia, mantiene una postura desde Bucareli que revolotea de
distintas maneras en favor de sus propios ex compañeros. Ayer, por ejemplo, declaró que el tema es un poco
complicado, porque tenemos una norma constitucional que protege a los ministros y a los jueces, entonces no es
tan fácil decir que se los bajen. Su tono es distinto al de su actual jefe político, López Obrador, quien mantiene
una postura plenamente combativa. Incluso la secretaria de Gobernación ha llamado al diálogo, como si ella en
lo personal pudiera ser un punto neutral o una especie de tercera en discordia.
En todo caso, ese diálogo debería conjurar con rapidez la posibilidad de una crisis política y jurídica en caso de
que el Congreso federal apruebe en los hechos una forma de desobediencia al mandato judicial de frenar la ley
de remuneraciones. El coordinador de la mayoría morenista, Mario Delgado, sostiene la postura de aprobar en
el próximo Presupuesto Federal de Egresos las partidas salariales reducidas, conforme a la letra de un artículo
constitucional pero no de la decisión de un ministro de la Corte que ha ordenado frenar esos ajustes.
La crispación del caso ha sido abordada por el propio López Obrador, quien ha dicho que, aunque sean
equivocadas, respetará las resoluciones de la Corte, en el caso de las remuneraciones, y del tribunal electoral, en
el caso poblano. El tabasqueño ha aprovechado para defender la postulación de personajes cercanos a su
proyecto político para ocupar un asiento en la misma SCJN. En las acciones recientes de la Corte y el tribunal
electoral, según ha dicho el Presidente de la República, subsiste el viejo régimen, que seguramente vamos a
padecer.
En el caso Puebla destaca el anuncio obradorista de que incorporará a su administración a Miguel Barbosa, el ex
perredista que en nombre de Morena compitió contra Martha Érika Alonso. Por las mismas razones que
impidieron a Barbosa arrasar en una elección de gobernador (el controvertido historial político de ese opositor),
debería anularse la pretensión de usar el aparato del gobierno federal para el pago político a personajes en
infortunio electoral.
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Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
México SA
Revuelta de la burocracia dorada // Poder Judicial: oro por espejitos
Carlos Fernández-Vega
E
l artículo 74 constitucional enumera las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Entre éstas se cuenta
la de aprobar, modificar o rechazar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que a esa soberanía
envía anualmente el Presidente de la República.
Son los diputados, en exclusiva (los senadores sólo participan en la aprobación de la Ley de Ingresos), quienes
deciden a dónde, con qué fin y en qué proporción se canalizan los dineros de la nación en un ejercicio fiscal
determinado. Por ejemplo, las remuneraciones para los servidores públicos. Y si esto lo saben los mortales,
cuanto más los sabiondos en materia legal.
Por si fuera poco, el artículo 127 constitucional es más transparente que el agua, pues en su inciso segundo
establece que ―ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo,
cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente…

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos
correspondientes…‖ (léase por los diputados).
La ley es clara, pero a pesar de ello se ha dado una rebelión, alegando autonomía, en el Poder Judicial y en ella
se han colado otros personajes, ante el ya cercano debate (aprobación, modificación o rechazo) sobre el
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2019, el cual, todo indica, incluirá la reducción de
las remuneraciones de los altos mandos de los denominados tres poderes de la unión.
Y la citada revuelta se enfoca a mantener las altísimas remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial,
pero deja a un lado la ostentosa falta de resultados en la materia, las corruptelas y el burocratismo, con el
consabido efecto negativo para los ciudadanos, que son quienes les pagan. Cobran mucho y hacen poco, pero,
eso sí, se retuercen y escandalizan ante la posibilidad de que disminuyan sus canonjías.
Habrá que ver qué deciden los inquilinos de San Lázaro, pero en vía de mientras el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador entregará a la Cámara de Diputados, a más tardar el sábado próximo, su primer paquete
económico, en el entendido de que hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto el insostenible gasto por nómina
burocrática representaba alrededor de 20 por ciento (poco más de un billón de pesos) del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
En vía de mientras, en su más reciente análisis –del que se toman los siguientes pasajes–, el Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico señala que la presentación del próximo paquete económico
dará vida a las primeras estrategias de la nueva administración. Es prioritario que se encuentren alineadas para
resolver los problemas nacionales.
Para que sea sostenible se deben crear las condiciones productivas que aseguren el fortalecimiento del único
mecanismo que permite el desarrollo social y económico de cualquier nación: empleo formal bien remunerado.
Su generación se da en el sector productivo, público y privado. Sólo mediante el diálogo, la confianza y la
certidumbre se puede garantizar que la inversión fluya a los sectores productivos y regiones del país que pueden
contribuir a que México pase de un crecimiento de 2 por ciento a otro de 5 por ciento.
La pregunta es: ¿cómo revertir la senda de bajo crecimiento? Como indicó López Obrador, el país se encuentra
anclado a un producto interno bruto que sólo se eleva 2 por ciento en promedio anual. Ello es fruto de los
errores de política económica que castigaron la inversión pública y privada, de tal suerte que el próximo
Presupuesto de Egresos debe revertir dicha situación.
Las rebanadas del pastel
Que la reforma fiscal fue exitosa (Videgaray dixit). Ajá, y como muestra lo publicado ayer por La Jornada:
nueve grandes corporativos con utilidades brutas por 766 mil millones de pesos pagaron impuestos equivalentes
a 2.99 por ciento de sus ventas totales, cuando les correspondía 35 por ciento. Entonces, ¿así, o más exitosa?
Twitter: @cafevega
cfvmexico_sa@hotmail.com
Una solución para el ―choque de poderes‖
POR LUIS MIGUEL CANO LÓPEZ , 11 DICIEMBRE, 2018ANÁLISIS
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para cerrar este año nos toca presenciar un enfrentamiento
entre instituciones del Estado sin precedentes. De un lado pudieran estar todos los Poderes
Judiciales del país, más los órganos constitucionales autónomos que decidan agregarse. Del otro,
las mayorías de múltiples Congresos, especialmente la de la Cámara de Diputados, y en lo que
decida sumarse, el Presidente de la República.
La lucha no es por cambiar las políticas públicas para enfrentar la pobreza en la que vive la mayor parte de la
población, tampoco para buscar solucionar la grave inseguridad que vivimos, acabar con la corrupción o la
impunidad, ni para darle la vuelta al orden económico que tenemos. No, el choque es por un tema de
remuneraciones.

Existe una forma más elegante de describirlo, contraria a una percepción social de que el detonante de este
choque es un tema de dinero y privilegios: la batalla que atestiguamos es por una cuestión de independencia y
autonomía de las instancias que sirven de contrapeso al gobierno electo, las cuales se enfrentan a los Poderes
controlados por las mayorías triunfantes en las pasadas elecciones. Como sea, la forma más sencilla de
presentarlo es que estamos ante un choque del Poder Judicial federal, encabezado por la Corte, contra los otros
dos Poderes federales.
Podemos por supuesto ser un público inerte ante este enfrentamiento, podemos alentar a uno de los bandos o
podemos contribuir a ponerle un alto a este choque que al país no le conviene. Opto por lo último porque pienso
que una de las grandes transformaciones sociales que necesitamos pasa por recordarle a toda la clase
gobernante, incluida la de los Poderes Judiciales, que los recursos públicos no son de su propiedad y que los
puestos públicos que les confiamos no son su patrimonio personal. En una idea, la Patria es primero y quien
manda es el pueblo.
Cabe aclarar que los treinta millones de votos para el Presidente y su partido, no le dan a él ni a las mayorías
legislativas la capacidad de decidir cualquier cosa. Al menos no para pactar impunidad, ni para militarizar la
seguridad pública, ni para acordar finiquitos con recursos públicos para los malos negocios de las grandes
empresas, mientras que las personas comunes sufrimos y pagamos las consecuencias. Dicho eso, obvio que
comparto la idea de austeridad republicana.
Cambio de lado y me enfoco en la defensa de la que se tiene noticia por parte del Poder Judicial federal. Cientos
de titulares y personal de los juzgados y tribunales han iniciado juicios de amparo contra la Ley Federal de
Remuneraciones. Y lo más reciente, se ha ordenado suspender su aplicación para que no condicione el
Presupuesto de Egresos de 2019, por la sola determinación del Ministro Alberto Pérez Dayán –que es uno de los
cuatro contendientes para presidir la Corte por los siguientes cuatro años–. A las personas que les gusta adular a
este bando no les faltarán elogios para destacar la ―audacia‖ de la defensa de su independencia, mucho más si la
Cámara de Diputados cumple sin mayor debate esta suspensión.
Opino distinto. Ambas acciones, los amparos iniciados y la suspensión otorgada, me parecen insensatas porque
comprometen su imparcialidad. Aunque en el discurso reiteren que todo lo que hacen lo hacen por necesidad y
para defender la independencia judicial –que en última instancia requieren para defendernos a las personas y
nuestros derechos–, me queda la impresión de que sus intereses personales desplazaron el interés público. Por
supuesto que es comprensible: por mucho que gane alguien, de un semestre para otro es muy complicado que
pueda ajustarse para ganar mucho menos. Pero les faltó estrategia y conciencia política.
De entrada, cada persona de este Poder Judicial que juzgue uno de esos amparos o las acciones de
inconstitucionalidad presentadas por la minoría del Senado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
–cuya cúpula también está afectada por el ajuste a la baja de las remuneraciones–, tiene impedimentos legales
que debieron sopesarse, pero sobre todo, cada persona que ya presentó esa demanda de amparo se ha colocado
en posición de impedimento para juzgar otros casos en los que participen los Poderes a los que combaten, según
su propia Ley Orgánica.
Y por lo que se refiere a la medida cautelar ordenada por el Ministro Pérez que busca frenar la aplicación de la
Ley Federal de Remuneraciones en la confección del Presupuesto, la crítica que puede hacerse es que es
expresamente contraria a la ley que rige las acciones de inconstitucionalidad y no tiene precedente. Aunque para
ser preciso, en realidad tiene un precedente de su propia autoría, solamente que en otro tipo de juicio
constitucional. Un precedente que también da que pensar, porque la otra suspensión de una norma general de
que se tiene noticia se dictó en una controversia constitucional –contrario a lo indicado por la ley que las rige–,
en la que se buscaba que el personal de los tribunales de la capital no tuvieran que hacer públicas sus
declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal.
No es que todas las leyes tengan que seguirse al pie de la letra, porque de hecho los Poderes Judiciales están
para defendernos de ellas si contravienen las normas de la Constitución y los tratados internacionales que
resulten más favorables. No es que sea equivocada la postura de ordenar la mayor protección de las personas y
tener en mente que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben salvaguardar los derechos
humanos. Lo que resulta inconsecuente es que en veinticuatro años de controversias y acciones de
inconstitucionalidad, sea hasta los casos que benefician a los Poderes Judiciales que se apele a la primacía de
los derechos para darle la vuelta a una prohibición expresa de suspender leyes.
Aparte de la inconsistencia, la insensatez de colocarse en una posición en la que desde una sede política, el
Congreso federal, se puede acusar de parcialidad a la Corte y colocarla en un escenario de descrédito.

Aquí los dos bandos pueden llegar a extremos de pesadilla. Desacatar una orden judicial puede costarles el
puesto a las mayorías legislativas, pero éstas pueden emprender juicios políticos. Un escenario que nadie
debiera buscar. Menos drástico, el Presupuesto se puede armar sin necesidad de la Ley Federal de
Remuneraciones porque el mandato de ajustar a la baja las remuneraciones está en dos disposiciones
constitucionales transitorias de la reforma de 2009 del artículo 127 constitucional –lo entienden bien las
personas que hicieron la demanda modelo para el Poder Judicial federal–.
¿Quién entonces, en su sano juicio, querría presenciar un choque de trenes? Por eso es mejor buscar soluciones.
Así que cierro esta opinión con una propuesta y anuncio una acción. Quienes usamos el sistema de justicia
podemos presentar una demanda de amparo para equilibrar esta situación. Si pensamos que la Ley Federal de
Remuneraciones no necesita de otro acto para aplicarse, tenemos hasta el 18 de este mes. Como personas que
usamos las instancias judiciales federales nuestro interés para demandar es diferente del interés del resto de la
población que atestigua muda esta batalla. Y como es notorio, las remuneraciones a la baja han comprometido
el accionar de los juzgados y tribunales desde ahora.
En este contexto, aquella Ley menoscaba, entre otros, nuestro derecho al acceso a la justicia. Si más adelante
otras leyes la sustituyen u otros actos se suman para comprometer la independencia e imparcialidad del Poder
Judicial federal, entonces podremos ampliar las demandas. Somos las personas que defendemos derechos
humanos las que debemos ir más allá de simples declaraciones y entrar en acción. Nuestros juicios no pueden
ser desatendidos y ellos sí justifican un principio de necesidad para que los tribunales los resuelvan. Es nuestra
acción la que debe poner fin a los choques entre los Poderes que nos sirven. La austeridad republicana debe
llegar porque es nuestro dinero público el que se disputan, pero debe llegar gradualmente sin afectar el
funcionamiento de los aparatos judiciales.
A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de poner sobre todas sus diferencias
nuestro derecho a la protección judicial, nos conviene recordar su otra cara: abrazar las cosas que nos unen, no
las que nos dividen. Sería el colmo que mientras se propone ―punto final‖ frente a quienes sistemáticamente han
lastimado al pueblo de México, se camine sin sentido a un pántano en el que el Poder Judicial federal se
enfrente al resto del gobierno. Si el pueblo manda y la Patria es primero, entonces debemos encontrar un justo
medio.
DUDA RAZONABLE
Salarios, burocracia y una pésima ley
CARLOS PUIG
¿Cómo se resuelve un caos?
El reciente enredo alrededor de la Ley de Remuneraciones tiene que ver con que, desde hace
muchos años, muchos, la manera en que los funcionarios públicos cobran sus salarios es un caos. Y
arreglarlo si no se hace con cuidado puede generar peor caos.
La discusión se ha centrado en los salarios del Poder Judicial, que ha concedido la suspensión
provisional.

Pero el problema es mayor, como dimos cuenta en MILENIO ayer al hacer el recuento de los
quejosos.
La ley aprobada es una iniciativa presentada hace muchos años por un legislador de oposición que,
como sucedía en aquellos entonces, nunca fue pensada para ser operada y hoy se topa con la
complicada realidad.
Desde hace tres sexenios, las plazas de base en el gobierno federal son un desmadre. Todos
presumen de haberlas congelado, los aumentos son mínimos, y por otro lado se han encontrado mil
maneras para, por un lado, ganar mucho más y por el otro que el gobierno siga funcionando.
Pongo un ejemplo que he conocido de varias dependencias en estos días. Muchas, imposibilitadas
de dar aumentos y mantener personal, dieron con otras partidas vales de despensa y gasolina. La
nueva ley prohíbe los vales. Trabajadores con 17 mil pesos de sueldo han perdido tres mil en
ingreso, o compensaciones por antigüedad o buen desempeño. Al contrario de lo que los nuevos
orgánicos de estos días nos quieren hacer creer, como lo dijo ayer Mauricio Merino, la ley no
distingue entre grandes y pequeños sueldos, y como suele suceder, los más afectados son los de
menos ingreso.
Los ―congelamientos‖ de plazas hicieron que desde hace años buena parte de las necesidades
burocráticas se cubrieran con trabajadores por honorarios —esa gran simulación mexicana—; en la
Secretaría de Cultura debe haber más de la mitad que así cobran, la mayoría, por cierto, mucho
menos que lo que cobrará AMLO.
Cumplir con la ley y el mandato de Hacienda, que odian los honorarios, haría imposible operar.
Eso sin mencionar el problema constitucional sobre reducir salarios en medio de un encargo y otras
contradicciones.
El caos no se arregla con más caos ni con señalamientos flamígeros. Hagan bien la ley, nada más.
@puigcarlos
POLÍTICA CERO
La admirable ‗Tremenda Corte‘

JAIRO CALIXTO ALBARRÁN
Con el mismo estilo dudoso y confuso que los agradecimientos de Martha Erika al Tribunal por
salvar la democracia poblana (la verdad, no se sabía que existía tal cosa), la Suprema Corte de
Justicia de la Nación mandó un tuit que muy probablemente haya redactado Chumel Torres por su
falta de corrección, estilo y de capacidades para lo que viene siendo el 2+2 igual a 4. Si lo que se
pretendía era explicarle al populacho enardecido que los ministros cobran lo que dicen que cobran
(un modesto sueldo de 600 mil pesos, según los envidiosos), no hubiera sido mala idea, primero,
que sumaran bien las cuentas, los sobresueldos, los estímulos, los premios y bonos que se les otorga
por ley a estos seres de luz y de justicia; y segundo no utilizar a voceros con tan poca credibilidad y
dados a los arrebatos como Fernanda Familiar que, tristemente, solo pasó los documentos sin
membrete para demostrar que los miembros de laTremenda Corte viven al nivel de los migrantes
hondureños, pero olvidó sumar también los emolumentos que se les otorgan hasta cuando se les
aparece un sabañón en el dedo gordo del pie derecho.
Digo, nuestros magistrados no deberían sentirse mal por vivir como pachás. Ni siquiera inquietarse
porque 90% de sus compatriotas jamás podrían soñar con sus sueldos ni sus prestaciones aunque le
vendan su alma a Moreno Valle. Mucho menos sacarse de onda porque son unos incomprendidos
en un país donde la gente es muy envidiosa con quienes se pueden comprar no una, ni dos, ni
tres casas blancas.
Antes al contrario, los jueces tendrían que sentirse orgullosos de los símbolos de estatus que han
venido acumulando con singular alegría. Sobre todo porque si en verdad ganan como cualquier
Godínez de medio pelo, uno se preguntaría por qué apenas están luchando contra esa fake news de
las que se escuchaba desde antes de que las fake news se pusieran de moda. Todo indicaría que el
desmentido se tardó treinta años en llegar.
El buen juez contra la austeridad republicana empieza.
jairo.calixto@milenio.com
@jairocalixto
Claves de la justicia en México: Burocracia excesiva,
prestaciones dudosas, dinero mal repartido
En México, contrario a otros países, se destina mucho más dinero al Poder Judicial federal que al local, pese a
que más del 80% de asuntos competen a los jueces en los estados.
Arturo Angel (@arturoangel20)
#@arturoangel20 diciembre 11 2018 08:40
FONDEA el periodismo independiente
En los últimos ocho años el presupuesto que se destina al aparato de justicia federal en México casi se ha
duplicado. Y sí, hoy un ministro de la Corte gana casi 600 mil pesos mensuales, como ha dicho el Presidente.
Los datos oficiales lo prueban. Sin embargo, lo costoso del aparato de justicia federal en el país va más allá de
los sueldos de dichos funcionarios.
Una revisión de estudios elaborados por investigadores y datos oficiales publicados en los últimos años sobre
los recursos que se destinan al sistema de justicia en nuestro país revelan, por ejemplo, el exceso de la
burocracia en la Corte (tiene siete veces más personal que la estadounidense). Sin embargo, la Corte mexicana a
su vez tiene una mayor carga de trabajo– más de 14 mil asuntos – frente la estadounidense que solo dicta de 8 a
10 sentencias por año.
Y también hay una inequitativa repartición de recursos: contrario a la tendencia internacional en México se
destina menos dinero a la justicia local, pese a la carga de trabajo es mucho mayor en los estados que en los
juzgados federales.

Además los expertos cuestionan algunas prestaciones como los bonos de riesgo para todos los jueces y
magistrados. Por otro lado un análisis elaborado por un ministro en retiro en México reconoce que sus
homólogos en Estados Unidos tienen un salario inferior, pero en cambio, reciben mejores prestaciones, como
una casa gratis o tres meses de vacaciones pagadas.
A continuación Animal Político detalla los costos clave del sistema de justicia en México.
¿Los ministros ganan 600 mil como dice AMLO?
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2018, todos los ministros de la
Corte perciben un ingreso bruto total al año – sin descontar impuestos – de 6 millones 938 mil 234 pesos. Es
decir, un promedio mensual de casi 578 mil 186 pesos.
Dicha cifra comprende tanto lo que se percibe nominalmente como salario, así como un conjunto de pagos que
cada ministro recibe por múltiples prestaciones que van desde un bono especial por riesgo, hasta concepto de
prima vacacional, aguinaldo, gratificación de fin de año, prima quincenal, ayuda para despensa, seguro
colectivo de retiro, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, apoyo económico
para adquisiciones de vehículo, entre otros.
La Corte publicó ayer en su cuenta oficial de Twitter que ningún ministro gana 600 mil pesos e hizo referencia a
un manual de pagos publicado en el Diario Oficial de la Federación , sin embargo, en dicho documento las
cantidades que se muestran son netas, es decir, incluyen los salarios menos impuestos. Lo que ahí se indica es
que el salario mensual neto de los ministros es de 269 mil 215 pesos, más un pago anual de 444 mil 380 pesos
por aguinaldo-prima vacacional, y otro anual de 554 mil 595 pesos por riesgo.
En la Suprema Corte explicaron que antes de la reforma constitucional de 2009 que buscaba igualar los salarios
con los del Presidente de la República, el salario promedio de cada ministro era superior al actual.
No obstante, luego de esa reforma, la Corte acordó de forma interna aplicar un recorte de 40 por ciento a la
remuneración salarial para tratar de igualar dicho salario con lo que percibe el presidente, incluyendo sus
prestaciones.
Un ensayo publicado en noviembre pasado denominado ―¿Absolutismo Constitucional?‖, elaborado por el
ministro en retiro Serio Aguirre Anguiano, sostiene que la reforma de 2009 es inequitativa pues bajo el
argumento de igualar los salarios con el del Presidente, no tomó en cuenta todas las percepciones extra que este
recibía e incluso también los apoyos a sus familia.
Por otro lado en el Consejo de la Judicatura Federal precisaron que aun cuando el ministro Luis María Aguilar
podría percibir un segundo salario por fungir como presidente del Consejo de la Judicatura, el decidió renunciar
al mismo al igual que su antecesor. Es decir, su único sueldo es el de ministro.
¿Ganan más los ministros aquí en otros países? Antes sí, ahora no tanto
Un análisis denominado ―¿Por qué nos cuesta tanto la Suprema Corte?‖ elaborado por los investigadores Ana
Laura Magaloni y Carlos Elizondo Mayer-Serra y publicado por el Centro de Investigación y Docencia
Económica (CIDE) revela que al menos hasta 2011 los salarios de los ministros en nuestro país no solo eran
elevados, sino superaban a las de naciones de primer mundo. Hoy dicho escenario se ha matizado.
De acuerdo con el análisis, hace ocho años los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aun
percibían ingresos netos anuales (ya con impuestos descontados) de poco más de 4.1 millones de pesos anuales.
Para ponerlo en proporción, en Canadá ministros del mismo rango percibían 3.8 millones anuales libres de
impuestos, en Estados Unidos 2.9 millones de pesos, en Alemania 2.5 millones; en España 2.2 millones, en
Colombia 1.7 millones de pesos y Perú 1.3 millones de pesos. Todos por debajo de México.
Sin embargo, de acuerdo con los expertos, han ocurrido dos situaciones que han emparejado hoy esos salarios.
Por un lado el recorte salarial que se aplicó luego de la reforma de 2009 y que de acuerdo con datos de la propia
Corte fue de 40 por ciento.
Y la otra situación que remarcan los analistas es el encarecimiento del dólar. En 2010 los ministros ganaban
más de 300 mil pesos con una paridad de dólar de diez pesos. Hoy perciben menos y con un dólar que ya vale
20 pesos. Ello ha contribuido a emparejar el salario respecto a países de primer mundo, aun cuando se
mantengan por encima de América Latina.

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