Sintesis informativa miercoles 07 de noviembre de 2018

Señalan desfalco y nulos avances en reconstrucción de
escuelas en Oaxaca
Profesores, la Contraloría Estatal y el IMCO señalaron que gran parte del retraso de las obras se
debe al desorden que ha provocado el Iocifed, que a la fecha no tiene registro de los montos
otorgados a las constructoras y del avance de las obras.
Por Alonso Pérez Avendaño
LO QUE DEJÓ EL SISMO
14

escuelas con daños graves
476
instituciones educativas con daño severo
666
con afectaciones menores
4
instituciones no tienen clasificación
REPARACIÓN AL 100%
1
escuela con daño grave sólo ha sido reparada
Solo el 20.4% de las primarias estatales que sufrieron daños graves o severos a causa de los sismos han concluido su
reconstrucción, de acuerdo con datos del Fideicomiso Fuerza México y el Instituto Mexicano de la Competitividad, que ha
señalado que las autoridades federales y estatales mantienen un desorden informativo que hace imposible comprobar el destino
y uso de recursos en cada plantel afectado.
En Oaxaca, de los 14 planteles que registran daños graves se han comprometido al menos 111 millones de pesos de diversos
fondos –como el Fonden y Escuelas al Cien- con resultados irregulares: solo el Centro Escolar de Juchitán se encuentra
operando al 100% y otra escuela, la Daniel C. Pineda, está en su etapa final de reconstrucción. El resto, siendo optimistas,
presentan avances del 50% o menos.
El retraso en la reconstrucción de las escuelas en Oaxaca se debe a múltiples factores, desde empresas que han recibido pagos
por anticipado de hasta tres millones de pesos sin que las obras que les entregó el Instituto Oaxaqueño Constructor de
Infraestructura Física Educativa (Iocifed) presenten avances importantes, hasta la burocracia estatal que ha retrasado el trabajo
de otras constructoras.
De acuerdo con la Contraloría estatal, que aún sin un reporte detallado de las empresas que han sido sancionadas por
incumplimientos de contratos, hay diversas investigaciones por los contratos entregados por el Iocifed en el proceso de
reconstrucción educativa.
“Estamos realizando una revisión exhaustiva a estas empresas, la que esté desfasada en sus tiempos hay que aplicarle la pena
convencional, todo esto tiene una normativa aplicable, hay una ley de obras, hay diversas estipulaciones en un contrato, hasta el
dado caso de aplicar las fianzas, que es el caso más extremo”, señaló el secretario de la Contraloría José Ángel Díaz Navarro.
“Si la empresa no ha cumplido en su momento tendrá que hablar Iocifed con nosotros para
decirnos ‘esta empresa no cumplió’ y meterla dentro del listado que tenemos de empresas
sancionadas por incumplimiento”, agregó el funcionario.
111 mdp, entrampados; el desorden
En el estado de acuerdo con la plataforma Mejora tu escuela, elaborada por el Fideicomiso Fuerza México, el IMCO y otras
empresas de la iniciativa privada, hay mil 160 planteles con diversos grados de daño: 14, grave; 476, severo; 666, menor; 4 no
clasificados.

Solo un centro escolar ha sido reparado en su totalidad.
De los 14 que presentan el grado de daño más grave, solo uno ha sido concluido a pesar de que en las restantes 13 escuelas se
encuentran comprometidos al menos 11 millones de pesos.
Para la escuela Ricardo Flores Magón, en Chahuites, se comprometieron 6.4 millones de pesos; para la Benito Juárez, de Yerba
Santa, Zanatepec, 21 millones de pesos; Miguel Hidalgo, de Chicapa de Castro, 4.2 millones; Lázaro Cárdenas, 9.3; Lidxi
Guendabiani, de Tehuantepec, con 3.5 millones.
Entre las escuelas con más daños se encuentra la Casa del Obrero Mundial, que cuenta con una inversión proyectada de 30.9
millones de pesos provenientes de tres fondos –Fonden Reconstrucción, Fonden Apoyo Inmediato y Escuelas al Cien-;
asimismo, la escuela Leona Vicario de Salina Cruz, que atiende a 563 alumnos, con 51.1 millones de pesos; Año de Juárez, en
Juchitán, con 25.6 millones de pesos; Adolfo C. Gurrión, 15.2 millones de pesos. También se encuentra la escuela Luis B.
Toledo, de El Espinal, con 11.6 millones comprometidos; y la Margarita Maza de Juárez, de Ixtaltepec, con 19.2.
El IMCO ha resaltado que hasta septiembre pasado trabajó con autoridades educativas federales para consolidar, revisar y
depurar los datos con inconsistencias y errores. “A pesar de los esfuerzos por mejorar la información, no hay una sola entidad
federativa que pueda proporcionar información confiable sobre el estado de sus escuelas. Los gobiernos locales tienen una
responsabilidad principal en el desorden y la opacidad que aún prevalecen”, reportó el instituto en septiembre pasado.
Procesos burocráticos
Chamill Castillo, representante sectorial de la Sección 22 del SNTE en Juchitán de Zaragoza, señaló que en la reconstrucción
escolar la burocracia del Iocifed ha sido una de las principales causas del retraso en la ejecución de obras.
“Dicen que hay dinero, pero no lo dan, si lo dan es a cuenta gotas, hay empresas que después de
tantos meses no tienen contrato, que no tienen oficio de autorización, pero ya construyeron. Hay
casos en los que empresas han empezado a construir y el Iocifed no les paga, no se liberan las
famosas estimaciones de obra, no aparecen y esto retrasa el avance un mes, dos meses, ese es el
motivo. Nosotros como representantes sectoriales logramos apenas que las estimaciones se revisen
en Juchitán, aquí donde es el problema, que solo vayan a la ciudad de Oaxaca para ser firmadas y
de ahí al cobro. Así se opera desde hace dos semanas”, explicó.
En algunas instituciones, las clases se imparten a la intemperie.
Asimismo, aseguró que la presión de padres de familia, maestros y directores continúa creciendo en el Istmo debido a que no
hay plazos establecidos para la conclusión de las obras. “Solo en dos escuelas se trabajó de día y de noche, en las otras vas a las
tres de la tarde y ya no hay nadie, por qué”, pregunta el maestro.

“Nosotros hemos tenido muchas quejas de compañeros de escuelas que no han ido a visitarlas. A
excepción del Centro Escolar y la escuela Daniel C Gurrión, las demás escuelas están al 50% y ya
es mucho estar hablando. Hay escuelas como la Charis Castro, de Juchitán, cuya reconstrucción
permaneció durante meses parada, van muy lento, a nosotros como representantes magisteriales
nos emplazan los maestros, los padres de familia a actuar, a cerrar carreteras porque no hay
resultados, buscamos diálogo pero el proceso está retardado”, añadió.
Luis Ignacio
Escurridizos fideicomisos controlan 8 mil mdp de la
deuda pública de Oaxaca
Ciudad Judicial está convertida en una pesada carga para las finanzas estatales.
Al menos 8 mil 303 millones 21 mil 324 pesos de la deuda pública estatal es operada por fideicomisos, que al
estar contratada con instituciones bancarias públicas o privadas se hace difícil su control y vigilancia.
De este total los créditos contratados a largo plazo denominados bonos cupón cero, porque el estado sólo paga
intereses y la federación el capital ya que se utilizan para el Fondo de Reconstrucción (Fonrec) por desastres
naturales, asciende a 4 mil 468 millones 90 mil 611 pesos.
En tanto que las obligaciones de pago a largo plazo por certificados bursátiles y la operadora de la ciudad
judicial, registran un saldo de 3 mil 814 millones 930 mil 713 pesos, al segundo trimestre de 2018.
El segundo informe trimestral enero-junio 2018 elaborado por la Secretaría de Finanzas, cita que se realizaron
pagos de intereses de los financiamientos y honorarios fiduciarios por administración de los fideicomisos por la
cantidad de 195 millones 915 mil 973 pesos, los cuales se ejercieron con recursos de Participaciones Federales y
recursos fiscales (no etiquetados).
El costo financiero de enero a junio de este año fue de Banobras-Fonrec I un total de 86 millones 813 mil 657
pesos; para Banobras-Fonrec II fue de 10 millones 671 mil 820 pesos; y Banobras-Fonrec III fue de 8 millones
602 mil 940 pesos.
Además por el crédito Banobras-Profise se pagaron 23 millones 441 mil 94 pesos; Banobras-Justicia Penal
liquidaron 16 millones 991 mil 973 pesos; y para Banobras-Fonrec IV un total de 29 millones 394 mil 490
pesos.
En el caso de los certificados bursátiles el documento establece que el gobierno del estado cumplió en tiempo y
forma con las obligaciones contraídas por el financiamiento recibido a través de la emisión de certificados
bursátiles fiduciarios, títulos en unidades de inversión que cotizan en el mercado bursátil, cuya clave de pizarra
es OAXCB U07, como son: los pagos de intereses y del principal al público inversionista tenedores de los
títulos emitidos.

A intereses
Precisa que al cierre del primer semestre del 2018 cumplió en tiempo y forma con el pago de intereses, como lo
establece el prospecto ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las cláusulas del fideicomiso F/246859. Por
lo que tiene calificación AAA por las empresas calificadoras.
Apunta que el saldo absoluto al segundo trimestre de este año asciende a 560 millones 522 mil 852 unidades de
inversión (Udi’s), que corresponden a valor de mercado a la cantidad de 3 mil 370 millones 419 mil 987 pesos.
La emisión clave de pizarra Oaxaca 11 también tiene calificación AAA por las calificadoras, fundamentalmente
por la fortaleza jurídica-financiera del fideicomiso irrevocable de administración y pago. La fuente de
liquidación son las Participaciones Federales.
Para el caso de la Ciudad Judicial es saldo insoluto al mes de junio del 2018 era de 444 millones 510 mil 725
pesos, que también controla un fideicomiso.
Luis Ignacio
Fideicomisos en Oaxaca, proclives a la corrupción
Fonatur opera en Huatulco. El sector turístico es uno de los predilectos a financiar por la vía de
fideicomisos
Miles de millones de pesos son administrados por fideicomisos en Oaxaca, una figura legal que dejan mucho
que desear en materia de transparencia y rendición de cuentas. En la entidad hay fideicomisos para atender a los
damnificados de desastres naturales, el pago de deuda pública, el desarrollo de actividades turísticas,
agropecuarias, además de rehabilitación de escuelas y demás.
Hay fideicomiso de fomento, administración y pago para de desarrollo logístico de la entidad, para el fomento
minero, para la regulación de la agricultura, rehabilitación de escuelas, entre otras muchas áreas.
Sin embargo poco se sabe de ellos, pues es casi nula la información al respecto.
El arte de desaparecer recursos
La organización Fundar en su estudio Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público, señala
que los fideicomisos públicos son herramientas financieras que el Estado constituye para impulsar determinados
fines de interés público, aunque tanto su estructura como su regulación hacen complejo el seguimiento al uso de
los recursos públicos involucrados.
Añade que en los fideicomisos intervienen diversos sujetos de derecho que pueden pertenecer a distintos
ámbitos públicos. Además son figuras que se siguen regulando por disposiciones de derecho privado, -como
leyes financieras, bancarias y mercantiles-, a la vez que están sometidas a disposiciones de derecho público, -
como la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria-.
Uso discrecional
Destaca que la complejidad técnica de esta figura jurídica ha permitido que los recursos públicos que se ejercen
a través de los fideicomisos sean usados de manera discrecional, con poca transparencia y muy limitada

rendición de cuentas. Estos también explica que se usen como instrumento para desviar recursos públicos, que
se ingresan a fideicomisos opacos o privados, y así evitar la rendición de cuentas.
Comenta que si bien en el nuevo marco jurídico de transparencia se considera a los fideicomisos como sujetos
obligados, en la práctica los cambios son más lentos. “Hoy persisten enormes retos para una adecuada
transparencia y fiscalización de los recursos públicos administrados por los fideicomisos”.
Dispersión y opacidad
Subraya que en la poca información que se proporciona no es posible, por ejemplo, conocer el concepto del
gasto, los estados de cuenta ni información sobre las contrataciones para el cumplimiento de los fines de los
fideicomisos, ni mucho menos, el avance hacia el cumplimiento de sus objetivos. La información accesible,
además, está desperdigada.
Añade que tampoco es posible contar con suficiente información vía acceso a la información ya que, al haber
varios sujetos involucrados en la constitución de un fideicomiso, no hay certeza sobre el titular de la
información y ésta tiene que solicitarse a las distintas entidades que participan. Así el proceso resulta
complicado, la información que se obtiene está incompleta, en lenguaje no accesible, e incluso en formatos
cerrados e incompatibles entre sí.
Virgilio Sánchez
Reportan subejercicio del 20% en el Gobierno de
Oaxaca
El presupuesto destinado a la inversión pública no fue utilizado
De cada 10 pesos que recibieron las instituciones públicas estatales, 2 no utilizaron.
Entre enero y septiembre de 2018, los tres Poderes del Estado, gobiernos municipales y órganos autónomos;
registraron un subejercicio de casi 13 mil millones de pesos; de acuerdo con el último balance financiero
presentado por la Secretaría de Finanzas.
Este monto equivale al 20 por ciento de los recursos disponibles, y que ascendieron a 67 mil 201 millones 441
mil 387 pesos.
Tan solo las dependencias del Poder Ejecutivos rebasaron los 10 mil millones de pesos, que no fueron utilizados
en este periodo de tiempo.
La gubernativa, las 15 secretarías estatales, la Consejería Jurídica, y las coordinaciones; que integran la
administración pública centralizada no ejercieron 2 mil 454 millones 937 mil 324.
Por otro lado, los organismos pública descentralizados, entre los que se encuentran el Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), las comisiones estatales de Vivienda (CEVI), del Agua (CEA) y
Forestal; las universidades del Sistema Estatal (SUNEO); dejaron sin utilizar 7 mil 608 millones 7 mil 906
pesos.

Este fue el sector con el mayor monto de subejercicio. Y en este grupo, el IEEPO encabezó las cifras con más
de 4 mil 425 millones de pesos sin gastar.
El subejercicio del Instituto de Educación de Oaxaca rebasó, casi al doble, al subejercicio de todas las
secretarías estatales, y al de los 570 ayuntamientos.
En suma, todas las dependencias del Poder Ejecutivo estatal tuvieron un subejercicio de 10 mil 65 millones 538
mil 904 pesos.
Ayuntamiento dejaron 2 mmdp
En tanto, los gobiernos municipales desaprovecharon 2 mil 875 millones de pesos; que representaron el 18 por
ciento de los recursos totales que les fueron transferidos.
Este reporte de Finanzas señaló que a los 570 Ayuntamientos del estado se les ministraron, entre enero y
septiembre, 15 mil 865 millones 475 mil 616 pesos.
De este último monto, más de 2 mil 448 millones correspondieron a ampliaciones presupuestales.
Supera 2 a 1
Los organismos autónomos estatales registraron un subejercicio por 34 millones 805 mil 675 pesos,
particularmente provocado por la Fiscalía General del Estado, quien no ejerció 27.3 millones de pesos de su
presupuesto.
El registro global de estas instituciones autónomas es el doble al subejercicio del Poder Judicial del Estado, que
ascendió a 16 millones 87 mil pesos.
Miente gobierno de Oaxaca, no apoya a los afectados por
lluvias
7 NOVIEMBRE, 2018 DESPERTAROAX
Francisco Vásquez
Habitantes de la comunidad de San Juan Metaltepec, perteneciente al municipio de Santiago Zacatepec, en la
Sierra Norte, que se vieron afectados por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Vicente, desde el
pasado 26 de octubre, desmintieron que el gobierno de Oaxaca haya prestado ayuda, por el contrario,
dijeron, los dejó abandonados.
Mediante un comunicado que circuló la noche del cinco de noviembre, aseguraron que las autoridades
estatales sólo hicieron acto de presencia para llevar unas despensas, pero desde entonces nadie sabe nada de
ellos, los habitantes de Santiago Zacatepec, en el distrito Mixe, aseguran que sólo fueron a tomarse la foto.

Cabe mencionar que el gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa se había comprometido a realizar
un puente aéreo entre la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (Cepco) y el Ejército mexicano
para abastecer de insumos a la comunidad, sin embargo, no fue ejecutado.
A pesar de ello, el titular de Cepco, Heliodoro Díaz Escárraga, aseguró que se iniciaron los vuelos para
trasladar despensas, medicamentos, agua potable y productos de primera necesidad para auxiliar a la
población afectada.
Otro hecho a destacar es que ni el gobierno de Oaxaca ni el Ejército ayudaron en las labores de búsqueda de
cuatro integrantes de una familia que huía de la comunidad de San Juan Metaltepec por las fuertes lluvias,
mismos que desaparecieron a causa de un derrumbe cuando se dirigían al municipio de Tamazulápam del
Espíritu Santo a salvaguardarse.
En el comunicado refieren que “no hubo participación de los elementos del Ejército y los topos de la Ciudad de
México para los labores de búsqueda, fueron cerca de 300 pobladores de Santiago Zacatepec y San Juan
Metaltepec junto a nueve bomberos voluntarios los que hicieron la búsqueda”.
Agregaron que la misa en honor a los desaparecidos no se ha realizado y será hasta el próximo sábado 10 de
noviembre en el paraje San Pedro donde se desgajó el cerro, ya que ahí probablemente se encuentran los
cuerpos de los integrantes de la familia.
Asimismo, desmintieron que la búsqueda se cancelara por las festividades de Día de Muertos, “se suspendió
porque en la comunidad no se cuenta con la herramienta necesaria para la búsqueda, además de que las
lluvias se siguen presentando, es por eso que se extremaron precauciones por seguridad de los pobladores, y
seguimos aún sin respuesta a la ayuda solicitada para que el Ejército acuda para buscar los cuerpos”,
abundaron.
El derrumbe de lodo y piedras bloqueó el tramo carretero Mitla-Zacatepec a la altura del kilómetro 104 y dejó
incomunicadas a más de 15 mil personas de las comunidades de San Juan Metaltepec y Santiago Zacatepec,
los desaparecidos fueron identificados como Miguel López Pacheco de 38 años, Lorenza Blas de 32 años,
Nadia López Blas de 15 años y Liz Ivette López Blas de nueve años de edad.
En este contexto, la organización Servicios para una Educación Alternativa condenó el olvido de las
autoridades gubernamentales para atender la emergencia en la Sierra Norte, donde alrededor de 30
municipios resultaron afectados por las fuertes lluvias; también la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez
de Oaxaca lamentó que la ayuda no llegara, ya que hasta la fecha hay escasez de alimentos, medicamentos,
agua potable y ropa.
Por ello, los municipios y comunidades de la Sierra Norte solicitaron la intervención inmediata del gobierno
estatal y federal para que la ayuda llegue, además de que se realice la búsqueda de la familia con el equipo
adecuado y personal capacitado, así como auxilien a las personas que perdieron sus casas y terrenos de
cultivo, además de la reparación de carreteras.
Protestan en Ciudad Administrativa, no hay apoyo a
vivienda en el Istmo
Francisco Vásquez
Integrantes del Frente Único en Defensa Indígena (FUDI) protestaron afuera del complejo de Ciudad
Administrativa para exigir se dé cumplimiento a la entrega del recurso del ejercicio 2018 de apoyo a la
vivienda que pretende beneficiar a 400 familias de la zona norte del Istmo de Tehuantepec y que hasta la
fecha se mantiene rezagado.

Desde muy temprano, alrededor de 120 integrantes de esta organización bloquearon los accesos de las
oficinas de gobierno para solicitar de manera inmediata una audiencia con el gobernador del estado, debido a
que han sido ignorados pese a que han cumplido con los requerimientos de las instancias gubernamentales.
Al respecto, el vocero del FUDI, José Cruz López, explicó que los apoyos consisten en la entrega de recursos
para techumbre y piso firme de 400 familias de los municipios de Matías Romero Avendaño, San Juan
Guichicovi y demás poblaciones cercanas, los cuales debieron haber aterrizado desde principios de año.
Reprochó que el atraso se debe a la inoperancia y falta de sensibilidad del director de Planeación y
Programación de la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), Germán Vicente Cabrera Pineda, quien ha retrasado
los trámites y la entrega de los apoyos, funcionario que ha sido señalado por otras organizaciones por
diversos actos de corrupción.
“Desde hace meses ya le fueron asignados a la organización los apoyos, desafortunadamente no se le ha dado
el cauce correspondiente para que este recurso aterrice con quien lo necesita, el apoyo está en manos de
otras personas porque a la gente no les han dado nada”, reprochó.
Por esta razón también exigieron al gobernador del estado la renuncia inmediata de este funcionario que en
nada ha beneficiado a los habitantes del Istmo, pues afirmaron que por su actuar y conducta déspota se
entorpece el progreso de la gente de escasos recursos.
A través de un comunicado, señalaron que el FUDI se ha caracterizado por ser una organizaación que siempre
busca atender la desigualdad social, garantizando que la voz del pueblo, que vive marginado y fuera de la
atención de las autoridades, sea escuchada y tomada en cuenta.
Por lo que una vez agotados los recursos necesarios en la búsqueda del diálogo, aunado a que la burocracia
de las instituciones de gobierno representa un obstáculo para la demanda de vivienda en el Istmo
determinaron instalar de manera pacífica un plantón afuera del complejo de Ciudad Administrativa para exigir
el cumplimiento a sus demandas.
Corrupción en CEVI
En marzo de este año, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala denunciaron a Germán Vicente
Cabrera Pineda por la comisión de posibles actos de corrupción en la ejecución de proyectos de
infraestructura social en diversos municipios del distrito de Nochixtlán.
En esa ocasión, el representante de la organización Bulmaro Guzmán Gómez, señaló que el director de
Planeación y Programación de la Comisión Estatal de Vivienda obstaculizaba los trámites con el argumento de
que el Banco de Proyecto non los había autorizado.

Ello pese a que la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca les
indicó que ya habían sido autorizadas 26 acciones de paneles solares correspondientes al ejercicio 2017.
Dicho apoyo se ejecutaría en la comunidad de la Mixtequita, a cargo de la constructora Nanami S. A. de C. V.
designada por la Comisión Estatal de la Vivienda, con número de contrato de obra pública
CEVI/A.D./COP/FISE/069/2017, con fechado del 15 de diciembre de 2017, firmado por Vicente Cabrera.
Además de asignar de manera arbitraria las obras a contratistas cercanos, ya que la misma empresa sería la
encargada de instalar 21 paneles solares en los municipios de San Miguel Chicahua, San Juan Bautista
Coixtlahuaca, San Juan Mazatlán y San Pedro Yaneri, por un monto de 629 mil 595.02 pesos.
De igual manera, hicieron un llamado al director de la Comisión Estatal de Vivienda, Luis Alfonso Martínez, a
destituir a funcionarios corruptos que en nada abonan al desarrollo de Oaxaca.
Octavio Vélez
Presenta MPS caso Chimalapas ante el tribunal
internacional
Activistas de diferentes organizaciones de varios estados, entre ellos, Maderas del Pueblo del
Sureste, presentaron casos en el Tribunal Internacional de los Pueblos
Maderas del Pueblo del Sureste (MPS) presentó ayer el caso “Chimalapas, violación impune de derechos al
pueblo indígena zoque y a la madre naturaleza” ante el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en
Movimiento (TICPM) 2018, para enjuiciar al Estado mexicano y lograr una sentencia moral condenatoria.
Este territorio de 600 mil hectáreas, se encuentra sometido desde 1950 a un agresivo proceso de impune
invasión y despojo en su porción oriental de madereros, ganaderos y narcoganaderos de Chiapas, “cuyos
sucesivos gobiernos han solapado y fomentado dichas invasiones, al amparo de un artificial y doloso conflicto
de límites con Oaxaca, contando con la complicidad del gobierno federal y la indiferencia y omisión de los
gobiernos de Oaxaca”, afirmó el coordinador general de esa organización, Miguel Ángel García Aguirre, quien
actuó como fiscal del caso, al dar a conocer su participación.
Explicó que este despojo territorial ha implicado la devastación total e irreversible de 50 mil hectáreas de selvas
altas, bosques de nieblas y bosques templados de pino encino, provocando pérdidas irreversibles de
ecosistemas, diversidad biológica, suelos productivos, millones de metros cúbicos de agua, arroyos y ríos por
azolve y millones de toneladas de oxígeno y aire puro por la pérdida irreversible de vegetación forestal natural.

Todo esto –subrayó–, se refleja en un grave proceso de alteración climática y de calentamiento global, altas
temperaturas totalmente atípicas en largos periodos del año, lluvias torrenciales concentradas en unos cuantos
días al año y en periodos del año inesperados.
“Pero no sólo en el territorio chimalapa, sino en toda la región del Istmo de Tehuantepec y en zonas aledañas
del sureste de México”, señaló.
Detalló que esta situación origina una violación integral, persistente e impune de derechos colectivos, derechos
individuales y de derechos de la naturaleza, en detrimento de 52 comunidades del pueblo indígena zoque y de
34 comunidades del pueblo indígena tsotsil, desplazadas y reubicadas ilegalmente por los gobiernos federal y de
Chiapas, en territorio comunal zoque.
Además, resaltó que el territorio zoque chimalapa enfrenta una amenaza persistente del Programa Integral del
Istmo, relanzado recientemente por la futura administración federal, y una concesión federal minera para
extracción a cielo abierto, de oro, plata y cobre, sobre tres poligonales.
García Aguirre dijo que en su participación, requirió al TICPM una sentencia moral condenatoria, difundida
ampliamente a nivel local, estatal, nacional e internacional.
Pide asesoría y apoyo
MPS también pidió al TICPM, asesoría y apoyo para el seguimiento y profundización de todas las gestiones y
procesos jurídicos actualmente congelados.
Aparte de esto, asesoría y apoyo para iniciar gestiones jurídicas, en materia de litigio estratégico del caso, y
orientación y apoyo para la consecución de fondos para financiamiento de proyecto a largo plazo, para la
defensa del territorio comunal ancestral y de sus invaluables bienes naturales comunes de los Chimalapas.
Oaxaca Con Altos Niveles De Pobreza; Fracasa Sedesoh
Jaime GUERRERO
Oaxaca.- De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Oaxaca
sigue situada como la segunda entidad con los porcentajes más altos en pobreza extrema y menor desarrollo
humano.
Mientras que el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) destaca que la población en situación de pobreza
creció 6.9 %. Ello, exhibe el fracaso de la actual titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano,
Yolanda Martínez López.
En tanto, en materia de deuda pública, las calificadoras financieras Standard and Poor´s, Moody’s, Fitch y HR
Reatings, señalan que durante 2017 Oaxaca obtuvo calificaciones negativas en materia de endeudamiento
público, destacando rubros de falta de liquidez, alto nivel de pasivos y base económica limitada, generada por el
déficit financiero y los incrementos excesivos en gasto corriente, aspectos que no se desglosan de manera verás
y pormenorizada en la cuenta pública de referencia.
Mientras que el Informe de resultados de la Cuenta Pública 2017 presentado por el OSFE, revela que hubo
gastos excedidos en los ejes de Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad, por un mil 600 millones de
pesos; crecimiento Económico y Empleo, por 815 millones; y Desarrollo Social y Humano, 6 mil 700 millones.

Mientras en gasto corriente, el gasto excedió 11 mil millones, que equivale a erogaciones excesivas
equivalentes al 25%.
La muestra auditada y la clasificación por ejes estratégicos conforme al Plan Estatal de Desarrollo, refleja
discrepancias injustificadas y desproporcionadas entre las cifras que corresponden a los recursos aprobados y
los recursos erogados realmente por los entes públicos.
De acuerdo al documento, esas variaciones presupuestarias, demuestran que el Ejecutivo gastó más de lo
previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado.
Asimismo, las observaciones a los resultados de las auditorías practicadas acreditan irregularidades
administrativas en materia de registros de contabilidad, información justificativa y en el control interno del
gasto, irregularidades que afectan al cumplimiento de planes y programas de índole social.
Anuncian la liberación de 22 activistas de Oaxaca presos
por delitos federales
Francisco Vásquez
En conferencia de prensa, integrantes de la Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras
Criminalizadas en Oaxaca dieron a conocer que 22 activistas de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo
fueron puestos en libertad tras más de tres años de enfrentar un proceso judicial con graves violaciones al
debido proceso, tortura e incomunicación.
Abundaron que con ello queda evidenciada la política de criminalización que empleó la administración del
actual presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en contra de defensores de derechos humanos, ya que
el Estado no pudo comprobar que los activistas cometieron los delitos de terrorismo y portación de arma de
uso exclusivo del Ejército, armada y fuerza aérea nacional, de los que eran acusados.
Asimismo, detallaron que dicha libertad se dio en la resolución del incidente por desvanecimiento de datos
que habían promovido los acusados el pasado mes de agosto, una vez que su abogado defensor, Ernesto
Sernas, desahogara una serie de pruebas que abonaron a dejar en evidencia el actuar por consigna política
por parte de Procuraduría General de la República, al imputar delitos que nunca cometieron en coordinación
con cuerpos policiacos federales y estatales.

Los activistas de Sol Rojo fueron detenidos de manera arbitraria el 7 de junio de 2015 cuando regresaban de
la Ciudad de México después de participar en una manifestación pacífica convocada por la Sección 22 del
magisterio oaxaqueño, “su proceso penal fue en todo momento plagado de graves irregularidades; asimismo
los integrantes de Sol Rojo sufrieron tortura durante su detención, así como durante los traslados y llegadas a
los centros penitenciarios, dicha tortura ha dejado graves secuelas a nivel físico y emocional”, refirieron.
Destacaron que el incidente que promovieron los integrantes de Sol Rojo que derivó en su absolución se basa
en los argumentos que su abogado defensor Ernesto Sernas García había presentado en fechas anteriores y
que habían llevado a la absolución de otros dos co-procesados, agregaron que, a los pocos días de la primera
resolución absolutoria, el 10 de mayo del año en curso fue desaparecido Ernesto Sernas, sin que hasta el
momento exista avance alguno en las investigaciones para dar con su paradero.
“Refrendamos nuestra posición de que deben ser liberadas todas las personas defensoras de derechos
humanos en Oaxaca que permanecen injustamente en prisión como represalia a su legítima labor de defensa;
entre ellos Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Pablo López Alavéz, Nicasio Zaragoza Quintana
y Teófilo García López, sin dejar del lado que en el país hay muchos más defensores y defensoras
encarcelados por su labor de defensa y promoción de los derechos humanos”, expresaron.
En este contexto, exigen la presentación con vida del abogado defensor de Sol Rojo, Ernesto Sernas,
desaparecido por su labor de defensa a favor de la organización, además alertaron que los integrantes de Sol
Rojo viven un alto riesgo de ser violentados en sus derechos, ya que han sufrido graves y permanentes
ataques entre los que destacan la criminalización y riesgo de nuevas detenciones al existir otros expedientes
federales con delitos fabricados.
Así como vigilancia y seguimiento de manera permanente frente a la oficina y durante los desplazamientos de
varias personas defensoras integrantes de Sol Rojo; detenciones arbitrarias, ataques con arma de fuego o
ataque con gases lacrimógenos en represalia al ejercicio de su derecho a la libre manifestación.
Ante esta situación que se ha agudizado a raíz de la desaparición forzada de Ernesto Sernas y del
acompañamiento que realiza Sol Rojo en exigencia de su presentación con vida, la coordinadora exige la
pronta investigación y castigo a todas las autoridades responsables de las graves violaciones cometidas contra
integrantes de Sol Rojo.
La investigación y sanción a la tortura de que fueron víctimas; garantías para la integridad física y emocional
de integrantes de Sol Rojo; presentación con vida de Ernesto Sernas García; la debida reparación del daño
para integrantes de Sol Rojo y sus familiares; y la liberación inmediata de todas las personas defensoras
criminalizadas por su labor.
Los integrantes de la coordinadora son: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C.;
Comité de Familiares, Amigas y Amigos de Damián Gallardo Martínez; Colectivo Liquidámbar; Comité Enrique
Guerrero Aviña; Corriente del Pueblo Sol Rojo; Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulápam del
Progreso; Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades; Voces Oaxaqueñas Construyendo
Autonomía y Libertad; y Servicios para una Educación Alternativa.
Atiende Fiscal temas de procuración de justicia
con Codedi
Oaxaca, Oax. 06 de noviembre de 2018.-El Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, se reunió
nuevamente con integrantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) con el objeto de abordar y
atender diversos casos relacionados con la procuración de justicia.

En dicha reunión, Vasconcelos Méndez refrendó su compromiso de trabajar de manera profesional, ética, con
apego a los protocolos establecidos y secrecía cada uno de los asuntos planteados en dicha reunión, tal como se
hace con todos y cada uno de los casos de los que tiene conocimiento la Fiscalía General en el Estado.
Por su parte, Abraham Ramírez Vásquez, líder regional de la CODEDI, mostró su beneplácito por la atención
brindada y la apertura para sostener un diálogo abierto donde se brindó información acerca de los asuntos de
interés de la agrupación.
Cabe hacer mención que esta reunión de trabajo contó con la presencia de Alejandro Peña Díaz, Vicefiscal de la
Costa; José Matus Cruz, Vicefiscal del Istmo; Leonardo Javier Cruz Méndez, Vicefiscal de Control Regional; Óscar
Camarillo Maldonado, Coordinador de Asesores y José Antonio Yglesias Arreola, Coordinador de la Agencia
Estatal de Investigaciones, mientras que la CODEDI fue acompañada por representantes de la organización
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
Finalmente, el Fiscal oaxaqueño instruyó al personal de este órgano de procuración de justicia dar puntual
continuidad a los temas planteados, por lo cual se realizará una nueva mesa de trabajo para dar seguimiento a los
acuerdos derivados en este encuentro.
En México cada vez hay más homicidios y menos
sentencias; Oaxaca y Morelos con 99% de casos
impunes: estudio
La tasa de homicidios intencionales en Guerrero, Baja California y BCS supera a la de países como Honduras y
Venezuela.
Arturo Angel (@arturoangel20)
#@arturoangel20 noviembre 7 2018 10:49
FONDEA el periodismo independiente
En los últimos tres años los homicidios dolosos en México se han disparado más de 50 por ciento. Sin embargo,
las sentencias condenatorias por este delito en el mismo periodo han disminuido. Es un nivel de impunidad que
va en ascenso y en algunos estados como Morelos y Oaxaca, ya alcanza niveles del 99 por ciento.
Esto son los principales hallazgos de un nuevo estudio sobre impunidad en el delito de homicidio elaborado por
la organización Impunidad Cero, y que hoy se presenta públicamente. El informe subraya además que en
algunos estados como Guerrero o Baja California, la tasa de homicidios supera a la de países como Honduras y
Venezuela.
De acuerdo con los datos oficiales reunidos por el estudio a partir de solicitudes de transparencia, en promedio,
por cada 10 víctimas de homicidio doloso que se registran en nuestro país, solo se dictan dos sentencias
condenatorias. Lo anterior significa que, en proporción, al menos ocho de cada diez asesinatos carece de
esclarecimiento alguno.
El fenómeno se ha agravado por el crecimiento de la violencia frente a un sistema de justicia que, por el
contrario, ha perdido eficacia. A partir de la información de 24 estados que proporcionaron información
suficiente, el estudio destaca que los homicidios crecieron de 10 mil 463 casos en 2014 a 16 mil 369 en 2017, lo
que equivale a un alza del 56.4 por ciento.
Por el contrario, el número de sentencias condenatorias por homicidio doloso bajó de 2 mil 899 casos en 2014 a
2 mil 121 casos en 2017, que es una reducción del 26.8 por ciento.
Lo anterior arroja un promedio nacional de 85 por ciento de impunidad en homicidio doloso en 2017, pero hay
estados con niveles aún peores que eso. En Oaxaca y Morelos, la proporción de impunidad en este delito (de
acuerdo con la metodología empleada por el estudio) es del 99.4 por ciento en ambas entidades. O lo que es la
mismo, prácticamente ningún asesinato se resuelve en esos estados.

Hay otros nueve estados con un nivel de impunidad superior al 90 por ciento: Guerrero, Chiapas, Baja
California Sur, Tamaulipas, SLP, Nayarit, estado de México, Tabasco y Baja California. Y a ellos se suman
nueve entidades con porcentajes de 70 a 80 por ciento en cuanto a impunidad: Chihuahua, Michoacán, Tlaxcala,
Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León.
Los casos menos críticos son los de Ciudad de México, donde el estudio calcula una impunidad del 65.8 por
ciento, Hidalgo con 62.6 por ciento, y Durango con 52.4 por ciento.
Yucatán es la única entidad – de las 24 que proporcionaron información – en donde en 2017 hubo paridad en
cuanto a la cifra de víctima de homicidio (46) con las sentencias por ese delito (48).
El estudio de Impunidad Cero también muestra que, en promedio, apenas el 30 por ciento de las averiguaciones
y carpetas de investigación que se inician con homicidio doloso terminan con alguna resolución como una
consignación al juzgado. Es decir, la mayor parte de las investigaciones ni siquiera se concluyen.
“El análisis de la impunidad en el delito de homicidio doloso en los estados del país, resulta más desalentador
que en nuestro estudio anterior, ya que más de la mitad de las entidades presentan evidencia de colapso en su
sistema de investigación, persecución y justicia penal (hace dos años era una tercera parte de las entidades
federativas): las instituciones son ineficientes ante el aumento en el número de homicidios, en tanto que su
capacidad de respuesta se ve menguada, provocando un menor número de condena” señala el informe.
De los peores niveles de violencia del mundo
El estudio de Impunidad Cero advierte que en regiones de México se registran niveles de homicidio intencional
que están a la par (y a veces superan) a los sitios más violentos del mundo.
De entrada, de los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), México es el país que tiene la mayor tasa de homicidios con 19.6 casos por cien mil habitantes en
2016. Muy lejos se encuentra el segundo sitio, Estados Unidos, con una tasa de 5.3 homicidios y Lituania, en
tercer sitio, con 5.2 casos.
El resto de los países integrantes de la OCDE tienen tasas de homicidio inferiores a tres casos por cada cien mil
habitantes.
En 2016, El Salvador fue el país con la mayor tasa de homicidios del mundo 82.8 crímenes intencionales por
cada cien mil habitantes. Le sigue Honduras con 65.5 casos por cada cien mil habitantes y Venezuela con 56.3
casos asesinatos. Para ponerlo en proporción, la tasa de homicidios promedio a escala global es de 6.2 casos.
México tiene una tasa de asesinatos muy por encima a la del promedio mundial, con 19 casos por cien mil
habitantes, pero a su vez es inferior a la de varios países de América Latina. Sin embargo, el análisis a nivel de
entidades federativas muestra que algunos estados sí se ubican en la realidad de los países más violentos.
El informe destaca los casos de Baja California Sur con una tasa de 69.1 homicidios dolosos por cada cien mil
habitantes; Guerrero con 64.3 casos por cien mil habitantes y Baja California con 58.3 asesinatos. En todos los
casos se trata de tasas de violencia superiores a las de Honduras y Venezuela.
Y también con tasas críticas se ubica a Sinaloa con 43.8 homicidios por cada cien mil habitantes y Chihuahua
con una tasa de 41.7 casos.
El informe también advierte que algunos estados presentan una mucha mayor proporción de homicidios
intencionales respecto a los no intencionales. Por ejemplo, mientras que en Querétaro el 37 por ciento de los
homicidios que ahí se registran son intencionales, en Ciudad de México el porcentaje es de 60 por ciento y en
Baja California Sur llegan hasta casi 90 por ciento.
A nivel nacional los homicidios dolosos son la séptima causa de muerte, pero en el sector de la población de los
15 a los 39 años de edad representan la principal causa de muerte.
Soluciones para la crisis
Ante el panorama creciente de la violencia y de los índices de impunidad en el país, el informe de Impunidad
Cero considera prioritario que se debe trabajar en ambas vertientes. Por un lado reducir la violencia atacando
sus causas y por el otro lado fortalecer el aparato de investigación con el que cuenta el Estado mexicano.
Para ello se requiere primero, de información confiable. El informe plantea que 2 de cada 3 homicidios se
cometen con arma de fuego pero hace las siguientes preguntas: ¿En qué horarios se comete cada tipo de
homicidio? ¿Qué móvil puede presumirse? ¿Estuvo vinculado con ingesta de alcohol o estupefacientes?
¿Conocía la víctima a su victimario? ¿Cómo se emprendió la huída?

El análisis, elaborado por los investigadores Guillermo Zepeda Lecuona y Paola Jiménez Rodríguez, destaca
que si no se tiene claras las respuestas a esas preguntas no se puede implementar una estrategia efectiva de
prevención.
“La violencia en los barrios, en las escuelas, en las familias y en general en todos los lugares en donde se
presente, puede reducirse con acciones preventivas focalizadas. Si se tiene claro el diagnóstico pueden
establecerse metas plausibles y verificables” destaca el análisis.
A la par de ello los expertos insisten en que deben implementarse estrategias como la georreferenciación
adecuada de los sitios donde se comete un homicidio para conocer zonas de alta vulnerabilidad y diseñar
intervenciones adecuadas.
En cuanto al apartado de investigación, el informe destaca como en algunos países como Colombia o
Guatemala, donde se han reducido niveles de violencia “se han establecido unidades de investigación
conformadas por equipos de ministerios públicos, policías y peritos con cargas de trabajo acotadas que
comparten información, reciben retroalimentación de otras unidades y desarrollan operativos específicos para
allanar los obstáculos en el esclarecimiento de los delitos”.
Impunidad Garantizada
El informe de impunidad Cero sustenta sus datos en solicitudes de información dirigida a los estados, y fija el
nivel de impunidad de homicidio en un 85 por ciento. Explica que los datos de Inegi no permiten conocer ya
información relacionada con variables específicas como las sentencias por casos de homicidio dolosos.
No obstante Animal Político publicó en mayo pasado el reportaje Matar en México: Impunidad Garantizada,
sustentado en microdatos de Inegi que sí arrojan los datos relacionados con las condenas por homicidio doloso.
La conclusión es que casi el 95 por ciento de los homicidios registrados en México entre 2010 y 2016 no han
sido esclarecidos.
Como parte de dicha investigación se documentó que las corporaciones de policía y de procuración de justicia
en México adolecen, entre otras cosas, de recursos humanos y materiales para enfrentar la carga de trabajo, pero
también se advierten serias deficiencias en temas de capacitación, de protocolos y de respeto a los derechos
humanos.
Conflicto entre taxis por vía Río Grande-Juquila
Tras la apertura del tramo carretero Juquila-Río Grande, transportistas de la Costa denuncian actos
vandálicos y amenazas por parte de taxistas de Río Grande
Por Raúl Laguna
Por la pelea de pasaje en la vía corta y pavimentada del tramo carretero Juquila-Río Grande, integrantes de la Alianza de
Transportistas de la Costa denunciaron actos vandálicos y amenazas por parte de taxistas de Río Grande.

El tramo carretero en discordia evita diversas curvas rumbo a los destinos de San Gabriel Mixtepec y Puerto Escondido, lo que
provocó una confrontación con taxistas de Río Grande que se ostentan como únicos usufructuarios del servicio.
El tramo carretero tiene en su trayecto varios accesos a comunidades que cuentan con sus propios sitios de taxis que se han
integrado como Alianza de Transporte.
Humberto Carmona López, líder de esta Alianza, interpuso demandas legales, contra los taxistas de Río Grande que encabeza
Antonio León Bustos, “porque sus miembros y compañeros y él como líder, personalmente ha recibido amenazas de muerte y el
constante acoso a los agremiados de la Alianza, a quienes los encierran y les ponchan las llantas”, manifestó.
La Secretaría de Movilidad y Vialidad (Semovi) llamó a ambas organizaciones y se acordó que los sitios de Cacalotepec, San
Marcos Zacatepec y Juquila podían hacer base en el crucero de la carretera costera y regresar con pasaje a sus poblaciones de
origen, “sin embargo este acuerdo no está siendo respetado”, denunció Carmona López, quien advierte que si no se aplica la ley
puede haber un enfrentamiento de muy serias consecuencias.
El líder de la Alianza hace la invitación a las autoridades estatales que hagan un recorrido por la zona para que se percaten de la
actitud de los taxistas de Río Grande, “los carros de Zapotal, adelante en el Crucero de Juquila, nos poncharon todas las
unidades, ya están ponchadas, ellos están actuando de una manera soberbia, de manera agresiva en contra de nosotros”,
manifestó Carmona López.
Para finalizar, el líder de la Alianza de transportistas exigió la intervención de las autoridades “porque no es justo de que los
tienen encerrados allí todavía, los tienen detenidos y a aparte de eso nos están ponchando las llantas”, culminó el taxista.
Miguel Angel
Pisa Oaxaca segunda caravana de migrantes
AFP
Una segunda caravana arribó ayer a Tapanatepec
Un grupo de mil 500 migrantes centroamericanos ingresó ayer a territorio oaxaqueño, pasando la noche en San
Pedro Tapanatepec, de acuerdo a Francisco García López, representante de la Secretaría General de Gobierno
(Segego) en el Istmo de Tehuantepec. Se espera que hoy se trasladen rumbo a la ciudad de Juchitán de
Zaragoza.
Al igual que la primera, esta caravana avanza mediante aventones, y se prevé que en Juchitán tomen la decisión
sobre la ruta a seguir. En Tapanatepec se instalaron puestos para el suministro de agua y consultas médicas.
Mejor organizados
Los acompañan la Policía Federal, Protección Civil y el Instituto Nacional de Migración, que ofrece a los
migrantes condiciones favorables para regresar a sus países de origen. De acuerdo a medios nacionales e
internacionales, este grupo de personas está más organizado que la primera, por lo que auguran un tránsito
rápido.
Cabe resaltar que el primera caravana migrante se encuentra la Ciudad de México, luego de su paso por
Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Se tenía previsto que este grupo de personas se enfilará a la ciudad de Oaxaca, sin
embargo, el Gobierno del Estado les negó transporte y cambiaron su rumbo a Veracruz.

En los primeros cinco días que la primera caravana estuvo en Oaxaca se realizaron mil 200 consultas médicas,
sobre todo por enfermedades respiratorias en niños, informo la Segego.
Presuntos apoyos del gobierno
El gobierno oaxaqueño apoyó en esos cinco días con más 4 mil porciones alimentarias y 10 mil apoyos de agua,
así como 20 letrinas y pipas de agua hiperclorada para aseo personal y de limpieza.
Una tercera caravana migrante, integrada por más de 3 mil salvadoreños, avanza sobre territorio chiapaneco y se
espera que en los próximos días lleguen a la entidad.
En caso de llegar a la frontera de México y Estados Unidos, los espera un ejército de 15 mil efectivos de la
Guardia Nacional del vecino país del norte, además de cientos de rancheros y personas antimigrantes.
El próximo gobierno anuncia cambios en el modelo de medios
públicos
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 6 NOVIEMBRE, 2018LA TRANSICIÓN, PRESIDENTE 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un cambio en el modelo de los medios de comunicación públicos
y el credo de la nueva administración respecto de ese tema fue enunciado este lunes por el futuro
subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo.
Sostuvo que hay una propuesta de fortalecimiento de la radio y la televisión públicas, a partir de una serie de
adecuaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública.
La idea es construir medios públicos con mayor autonomía, armonizados con las disposiciones existentes y en
un escenario de convivencia con los medios comerciales, apuntó.
Sobre los presupuestos, expuso que la mencionada independencia pasa necesariamente por eso, y anticipó que
en unos días más se darán a conocer los nombramientos de quienes quedarán a cargo de los medios públicos, y
que serán perfiles preferentemente profesionales de la comunicación.
Megaproyectos fracasados de Peña, pérdidas y sobrepagos
multimillonarios y… el silencio empresarial
POR MATHIEU TOURLIERE , 6 NOVIEMBRE, 2018LA TRANSICIÓN, PRESIDENTE 2018, REPORTAJE ESPECIAL
Las reacciones de las cúpulas empresariales como el CCE y la Coparmex por la cancelación del
nuevo aeropuerto de Texcoco contrastan radicalmente con su silencio ante el naufragio de otros
megaproyectos de infraestructura en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No obstante, algunas de las
obras abortadas implicaron millonarios derroches de dinero público y a empresarios tan cercanos al
presidente como Juan Armando Hinojosa, del Grupo Higa.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A lo largo de la semana pasada, la élite del sector empresarial se movilizó
contra la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) y defendió con toda su fuerza el megaproyecto, cuyo costo se disparó en 69%
durante su primera fase, para alcanzar 285 mil millones de pesos.
A través de sus órganos cupulares –el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex)–, el sector denunció la “simulación” del proceso de consulta ciudadana,
deploró el desperdicio de 120 mil millones de pesos, auguró un desplome de la confianza de los “mercados”
internacionales y lamentó la suerte de los trabajadores.
Sin embargo, el mismo sector empresarial no adoptó la misma actitud cuando el gobierno de Enrique Peña
Nieto canceló megaproyectos ya pactados, y tampoco se indignó de manera tan marcada ante el constante
derroche de recursos públicos que sirvió para pagar a las empresas contratistas los sobrecostos que cobraron en
las obras de infraestructura.

Mantuvo silencio, por ejemplo, cuando Peña Nieto canceló el proyecto del tren de alta velocidad México-
Querétaro por motivos políticos, a pesar de que generó tensiones diplomáticas con el gobierno de China –que
amagó con demandar a México por 600 millones de dólares– y puso en riesgo las inversiones del gigante
asiático en el país.
El 3 de noviembre de 2014, el gobierno de Peña Nieto adjudicó la obra del megaproyecto –por un monto de 50
mil 820 millones de pesos– a un consorcio encabezado por la China Railway Construction Corporation
(CRCC), en el que participaban las empresas de algunos de los contratistas más favorecidos por contratos de
obra pública durante este sexenio: GIA+A, de Hipólito Gerard Rivero –cuñado del expresidente Carlos Salinas
de Gortari–, Prodemex –de Olegario Vázquez Raña– y Constructora Teya, de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Apenas cuatro días después de anunciar al consorcio ganador, el gobierno federal informó de manera abrupta la
revocación del fallo. Dos días más tarde, el 9 de noviembre, se difundió el reportaje La Casa Blanca de Peña
Nieto, elaborado por el equipo de investigación de Aristegui Noticias y publicado de manera conjunta por ese
portal electrónico y este semanario (Proceso 1984).
El trabajo reveló que Hinojosa Cantú construyó y financió la casa de la pareja presidencial en el exclusivo
barrio de Las Lomas, y marcó el sexenio con el sello de la corrupción.
El gobierno chino reaccionó de inmediato a la cancelación: la empresa paraestatal se declaró “extremadamente
sorprendida” ante el anuncio, y el 11 de noviembre, momentos después de reunirse con Peña Nieto en Pekín, el
primer ministro Li Keqiang lamentó la cancelación del proyecto y pidió al gobierno mexicano un trato “justo” a
las empresas chinas que inviertan en el país.
En octubre de 2015, el gobierno chino avisó al de México sobre su intención de iniciar un arbitraje internacional
y pidió 600 millones de dólares de reparaciones porque, en su opinión, las autoridades mexicanas “no actuaron
de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal” y su actuación constituyó “una
expropiación a sus inversiones”, como lo señala un documento revelado por el periodista Sebastián Barragán en
Aristegui Noticias.
El escándalo de la Casa Blanca provocó, de rebote, la cancelación de otro proyecto, en septiembre de 2016: la
construcción del Acueducto Monterrey IV, adjudicada en septiembre de 2014 por el sistema de aguas municipal
a filiales de ICA y Grupo Higa –de Hinojosa Cantú– con un costo estimado en 18 mil 300 millones de pesos.
Y no solo esto: en marzo de 2014, el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, anunció que la
paraestatal no terminaría la refinería Bicentenario de Tula, un megaproyecto lanzado por el gobierno de Felipe
Calderón en marzo de 2008 para producir 250 mil barriles de gasolina al día y generar 32 mil empleos directos.
El gobierno de Hidalgo, entonces encabezado por el priista Miguel Ángel Osorio Chong, se endeudó por mil
500 millones de pesos para comprar el terreno de 700 hectáreas, que regaló a Pemex Refinación, y durante los
seis años siguientes el gobierno federal invirtió más de 3 mil 435 millones de pesos en contratos de licitación.
Con el abandono del proyecto, que no era “rentable”, según Lozoya, quedó sólo una barda, por la que los
mexicanos pagaron mil 338 millones de pesos.
Derroches sistemáticos
El sector empresarial tampoco se indignó de manera tan marcada ante los constantes sobrecostos –cobrados del
erario–, los retrasos, la mala calidad y, a menudo, las prácticas de corrupción que mancharon los megaproyectos
en el sexenio de Peña Nieto.
El primer megaproyecto registrado en la base de datos del gobierno federal trata de la construcción y operación
del tramo Jantetelco–El Higuerón de la Autopista del Sol, adjudicada a Pinfra y la española Aldesa por mil 900
millones de pesos; fue la “primera nueva concesión otorgada durante la actual administración”, dijo Gerardo
Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al inaugurar el arranque de la
obra el 4 de marzo de 2014.
Cuatro años y medio después, la carretera no está terminada –debió entrar en operación a mediados del año
pasado– y su precio final rondará, según las estimaciones, los 3 mil millones de pesos.

La segunda obra de la base de datos trata de la construcción y concesión por 30 años de la carretera de 74
kilómetros que unirá los municipios mexiquenses de Atizapán y Atlacomulco, trabajos adjudicados a la
española OHL en marzo de 2014 y que llevan más de dos años y medio de retraso.
Debió terminar en mayo de 2016, pero la SCT anunció a finales del año pasado que no entrará en operación
hasta 2019, con un sobrecosto de por lo menos 62%: OHL ganó el contrato por 5 mil 860 millones, pero la SCT
anticipó que al final costará 9 mil 500 millones de pesos.
Lo mismo ocurrió con los contratos para la construcción de las autopistas Cardel-Poza Rica, en Veracruz y
Tuxpan-Tampico, concesionadas a la portuguesa Mota-Engil y Grupo Prodi en la segunda mitad de 2014 por un
monto total de 13 mil 824 millones de pesos, y que no se concluyeron por completo.
Otro caso fue el de la carretera Toluca-Naucalpan, que el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México
concesionó a Hinojosa Cantú en 2007. La obra, que debía concluirse en 2009, sigue inconclusa; por si fuera
poco, la empresa obtuvo de Banobras un crédito de 2 mil 775 millones de pesos para construir la carretera y
recibió del gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo Maza una extensión de la concesión por 60 años.
Y así: en materia de carreteras, los retrasos y precios inflados fueron una constante a lo largo del sexenio: por lo
menos 11 megaproyectos carreteros sufrieron estos fenómenos, según reportó la revista especializada
Expansión en abril de 2017.
El Tren México-Toluca, una de las megaobras más destacadas a lo largo del sexenio de Peña Nieto, debía entrar
en operaciones a finales de 2017 pero todavía no se concluye, por la falta de planeación y la corrupción. A
medida que pasó el tiempo el precio del proyecto se disparó: de 38 mil millones de pesos subió a 59 mil 217
millones, 77% más.
Las empresas que obtuvieron los contratos más importantes del megaproyecto fueron OHL, La Peninsular –de
Carlos Hank Rhon–, Omega Construcciones Industriales –de Jorge Miguel Melgarejo Haddad– e ICA, presidida
por Bernardo Quintana Isaac; todas consentidas durante el sexenio que termina.
Otro caso es el tramo de la Autopista del Sol conocido como Paso Exprés, en el que se abrió un socavón en julio
de 2017 y donde fallecieron un padre y su hijo tres meses después que lo inaugurara Peña Nieto.
La obra fue entregada con un sobrecosto de mil 160 millones –un incremento de 73%– y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) encontró 22 irregularidades que implican actos de corrupción en la realización de la
obra, pero hasta la fecha ningún funcionario ha sido sancionado.
El Canal Centenario, la “obra del siglo” de Nayarit, que por más de 7 mil 574 millones de pesos promete regar
43 mil hectáreas de tierras agrícolas, debió terminarse a finales del año pasado, pero hasta el 31 de diciembre
tenía un avance de apenas 14.6%.
En un informe publicado el miércoles pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, en esta
obra, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) generó probables daños al erario federal por 90 millones 613
mil pesos. El documento se sumó a una serie de observaciones que el órgano fiscalizador emitió en años
anteriores, las cuales señalaban deficiencias en los procesos de licitación, entre otras (Proceso 2117).
En el sector energético, el gobierno federal perdió cerca de 2 mil millones de pesos y dejó sin etano a sus
plantas procesadoras de etileno por vender con pérdidas el gas al complejo Etileno XXI, operado por el
consorcio Braskem-Idesa, y ello tan sólo durante sus primeros 10 meses de operación.
Braskem es una filial de la compañía brasileña Odebrecht –que admitió haber pagado 10.5 millones de dólares
en sobornos a Emilio Lozoya Austin–, mientras que Idesa está vinculada a Javier Jiménez Espriú, futuro titular
de la SCT, quien formó parte de su consejo de administración.
En julio pasado, la consultora S&P Global Patts señaló que hay retrasos de hasta mil días en la construcción de
nueve gasoductos en México, y la ASF señaló, en un informe publicado la semana pasada, que el gobierno
mexicano pagó 6 mil 900 millones 575 mil pesos en 2017 a empresas operadoras de gasoductos para nada, pues
las 14 centrales eléctricas a las que están conectados dichos ductos no estaban terminadas o ni siquiera se han
licitado.

AMLO, Maquiavelo y el Nuevo Aeropuerto
POR JENARO VILLAMIL , 6 NOVIEMBRE, 2018ANÁLISIS, LA TRANSICIÓN, PRESIDENTE 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace una semana, el ensayo de polarización iniciado la noche del
domingo 28 y prolongado hasta el 30 de octubre pronosticaba lo peor para el país: una devaluación
acentuada, fuga de capitales y de inversiones, el fracaso anticipado de “la cuarta transformación”
lopezobradorista, los peores augurios de las “calificadoras” internacionales, la llegada del Apocalipsis.
Los mercados “castigaban” la economía tras el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de la
cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco. Los empresarios “furiosos” amenazaron con presentar
demandas y amparos. El Consejo Coordinador Empresarial sentenció: “la votación (de la consulta) no
ofreció garantías de imparcialidad, certeza y objetividad”. Y Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex
y aspirante a alguna candidatura en Baja California por el PAN, condenó a la irracionalidad a todo el
sexenio lopezobradorista que aún no inicia de manera formal.
Siete días después, los “mercados” se estabilizaron. Ninguna compañía presentó una demanda de
amparo. La marcha en protesta por la cancelación de Texcoco, convocada para el 11 de noviembre, se
ha ido diluyendo entre bromas sarcásticas en las redes. Los agoreros del desastre se quedaron
congelados en sus micrófonos de la radio y la televisión. Algunos analistas enfurecieron porque el lunes 5
de noviembre, López Obrador pactó con 16 contratistas privados del Nuevo Aeropuerto y todos salieron
contentos, al menos en apariencia.
La consulta por el Nuevo Aeropuerto representó políticamente una “toma de poder” anticipada de López
Obrador. Socialmente, fue el estreno de un método en la toma de decisiones para los grandes contratos
de obra pública que ha dejado un muy mal sabor de boca entre ese núcleo de contratistas privilegiados,
acostumbrados al poder del picaporte, pero no al poder de la deliberación social. ¿Cómo unos
“desaparrados” pueden opinar sobre un aeropuerto? ¿Cómo es posible una consulta sin el INE, sin
padrón, sin cobertura nacional, sin el permiso de las grandes empresas encuestadoras?, cuestionaron los
mismos agoreros del desastre.
El 5 de noviembre representantes de 16 grandes consorcios contratistas que trabajaban en Texcoco se
reunieron en privado con el presidente electo y sus colaboradores Alfonso Romo, Carlos Urzúa y Javier
Jiménez Espriú. Los mismos contratistas tuvieron que admitir que fueron “chamaqueados” no por López
Obrador, sino por el propio gobierno de Peña Nieto. Existe una cláusula transexenal en el proyecto del
NAIM. Esa cláusula indica que el proyecto se puede modificar unilateralmente por el Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México por causas “de interés general” o por “daño al Estado”.
Los 16 contratistas reunidos con el equipo de López Obrador fueron CICSA, de Carlos Slim; Grupo GIA,
de Hipólito Gerard; Coconal, representado por Héctor Ovalle; La Peninsular y Grupo Hermes, de Carlos
Hank Rohn; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir y Antonio Boullosa; ICA, representada por Juan Carlos
Santos y Guadalupe Phillips; Sacyr, de Enrique Alonso; EPCOR, de Diego Gutiérrez Cortina; Aldesem,
de Javier Pérez; Jaguar Ingenieros, de Moisés Zecua; Acciona Infraestructura, de Sergio Ramírez, e
IDISA, de Víctor Ortiz.
El comunicado enviado por Grupo GIA, de Hipólito Gerard, dejó muy claro que esta constructora fundada
en 1996 reiteraba su compromiso de invertir en el país y consideró que el encuentro fue “propositivo,
abierto y transparente”.
“Nos explicaron que conforme a la ley se finiquitará el proyecto del NAIM, por lo que ambas partes
mostraron voluntad de avanzar en la terminación de este proyecto”, subrayó el comunicado de GIA.
Hipólito Gerard, como se sabe, fue cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
El mismo Salinas de Gortari dio el 5 de noviembre una cátedra sobre Nicolás Maquiavelo, el autor clásico
de El Príncipe, para advertir que, a semejanza de la Florencia de hace 500 años, la República mexicana
“está ante un gran riesgo, el de renacer o el de desaparecer”.
“El riesgo es alto para la República si las circunstancias cambian y el gobernante no cambia su forma de
proceder, porque las Repúblicas también perecen”, sentenció Salinas de Gortari, citando a Maquiavelo.
Se olvidó al expresidente citar uno de los pasajes más famosos de El Príncipe donde Maquiavelo
recomienda que para salvar la salud pública de las débiles repúblicas medievales, atacadas por los
poderes feudales, era necesario aplicar “la razón de Estado”. Este concepto es el núcleo fundamental de
la teoría maquiaveliana: el poder político tiene una naturaleza y una justificación distintas al poder
religioso, al poder económico y a otros poderes que amenacen la unidad del Estado.
Toda proporción guardada, lo ocurrido con el episodio del Nuevo Aeropuerto, entre el presidente electo y
los poderosos grupos empresariales, significó una batalla no por las seis pistas aún inexistentes en
Texcoco, sino por el aterrizaje de las decisiones políticas en vísperas del inicio de un nuevo ciclo sexenal.

Fue la razón de Estado para refundar el poder político y su legitimidad, antes de portar la banda
presidencial, lo que explica esta batalla por el Nuevo Aeropuerto. Algo que Salinas, quien refundó el
mismo Estado mexicano desde su propuesta neoliberal, convenientemente olvidó en su advertencia.
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Juez evita que datos de Emilio Lozoya
se divulguen
Caso Odebrecht
El pasado 2 de octubre, el INAI exigió a la PGR dar a conocer una versión pública de la pesquisa.
(Archivo)
RUBÉN MOSSO
México / 07.11.2018 01:03:19
Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos
Mexicanos, que impide que se divulguen sus datos personales, luego de que el INAI ordenó a
la Procuraduría General de la República dar a conocer la carpeta de investigación del
caso Odebrecht.
El pasado 2 de octubre, por mayoría de votos, el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la
Información Pública exigió a la PGR dar a conocer una versión pública de la pesquisa.
En su demanda de amparo, el ex director de la paraestatal mencionó que como tercer interesado no
se le requirió en la sesión del INAI, por lo que solicitó que los datos sobre su persona que obran en
la carpeta no se difundan.
Gabriel Regis López, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la
Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva que impide por el momento, dar a conocer la
información relacionada únicamente a Lozoya Austin.

Hace un mes, el INAI pidió integrar a este expediente las actuaciones de los agentes del Ministerio
Público Federal involucrados en la indagatoria aOdebrecht, “uno de los casos de corrupción más
representativos de una red de corrupción a nivel global”.
En la sesión, los comisionados rechazaron el proyecto de Rosendo Evgueni Monterrey Chepov que
confirmaba la reserva de información invocada por la PGR, por tratarse de una carpeta de
investigación en trámite.
La comisionada del INAI, Blanca Liliana Ibarra, explicó que el objetivo de la resolución es conocer
la información que está guardada en las averiguaciones previas.
“En el caso concreto, es evidente que este asunto es de una trascendental importancia pues en él se
investigan conductas presuntamente constitutivas de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito
que pueden involucrar a particulares y servidores públicos”, mencionó.
Hece unas semanas, la PGR reveló que Brasil no ha entregado la información del caso de
Odebrecht, la cual es indispensable para fortalecer la carpeta de investigación que integra la
dependencia federal, donde se indaga a Emilio Lozoya Austin, así como a otros ex servidores
públicos.
Felipe de Jesús Muñoz
, subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, aseguró que la indagatoria de
la PGR está avanzada, pero la nación sudamericana se resiste a entregar la información requerida.
“Esta información se las voy a dar…ya si me corren me dan chamba. El tema de Brasil: Brasil no
nos ha proporcionado información…sí tenemos muy avanzada la carpeta de investigación, porque
tenemos la declaración de diversas personas, pero Brasil, pues yo lo veo que Brasil dice y dice y no
veo claro.
“Mucha de la información que le hemos solicitado, la Fiscalía de Brasil no la ha proporcionado,
estamos insistiendo…”, manifestó el subprocurador.
México deberá responder ante la ONU por desapariciones, tortura,
feminicidios y crímenes de periodistas
POR MATHIEU TOURLIERE , 6 NOVIEMBRE, 2018NACIONAL
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto deberá responder ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) -durante la tercera revisión sobre el cumplimiento
de México en materia de derechos humanos- a preguntas sobre la militarización de la seguridad
pública, los feminicidios, tortura, desaparición, asesinatos de periodistas y la criminalización del
aborto.
Un ejemplo: el gobierno de Donald Trump cuestionará a Peña sobre las condenas que logró la Fiscalía Especial
para Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por los periodistas asesinados: 140 desde el año 2000.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), nueve de cada 10 de estos crímenes
permanecen impunes.

Este cuestionamiento respecto de la impunidad sobre las agresiones a periodistas lo repetirán los gobiernos de
Reino Unido, Alemania, Suiza y Bélgica, según documentos preliminares de la reunión del Mecanismo del
Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará este miércoles 7 en la sede del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, en Ginebra.
Según esos documentos consultados por Apro, los gobiernos de nueve países harán 32 preguntas a la
delegación de servidores públicos mexicanos (alrededor de 30) que se presentarán a la sesión, y entre los temas
más repetidos destaca la polémica Ley de Seguridad Interior, sobre la cual los gobiernos de Estados Unidos,
Suiza y Bélgica pedirán una postura.
Washington pondrá en dificultades al gobierno de Peña Nieto cuando le pida cuentas sobre el estado que guarda
la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa,
y también sobre los presuntos actos de tortura perpetrados por agentes de la Procuraduría General de la
República (PGR) contra 34 personas detenidas en el marco de dicha investigación.
De igual manera, le cuestionará sobre el monto que asignó a los mecanismos de búsqueda de personas
desaparecidas y a sus protocolos de lucha contra la tortura; por qué no ha establecido la Fiscalía General de la
República (FGR) independiente, y cómo garantizará que el próximo fiscal general sea “aislado” de la política.
Bruselas preguntará al gobierno mexicano qué hace para evitar que las fuerzas armadas perpetren violaciones a
los derechos humanos, “incluido el uso de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, y
también le pedirá que aclare su política para combatir el feminicidio.
Entre las cinco preguntas planeadas, Londres solicitará un resumen de las reformas penales y del sistema
judicial mexicano para combatir la corrupción y la impunidad, mientras que el gobierno alemán cuestionará
acerca de la implementación de las comisiones de búsqueda de desaparecidos en los estados.
El gobierno de Eslovenia, por su parte, pedirá información sobre las medidas que Peña Nieto adoptó para
despenalizar el aborto, “al menos en casos de violación, incesto o peligro para la salud y la vida de las mujeres”.
Tasa de impunidad "lastimosamente" alta, reconoce
México ante ONU
Ana Langner |
Hoy en Ginebra se realiza la tercera evaluación de México ante el Consejo de DH de la ONU. Imagen
@FloresLiera

Ciudad de México. México enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos y una tasa de
impunidad “lastimosamente” alta, reconoció el gobierno federal ante el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante la revisión al Estado mexicano sobre la situación de derechos humanos, en el marco del Examen
Periódico Universal (EPU), llevada a cabo este día en Ginebra, Suiza; el jefe de la delegación del Estado
mexicano, el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz
Cabañas dijo: "no vinimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos”.
Agregó: “la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la desaparición forzada de personas y la
desaparición cometida por particulares, la amenazas y violencias contra defensores y periodistas; la violencia
contra las mujeres; las violaciones a los derechos de personas migrantes; la discriminación contra grupos en
situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas
LGBTTTI; la trata de personas y una tasa de impunidad lastimosamente alta nos exigen a todos los servidores
públicos de los tres poderes y los tres niveles de gobierno, fortalecer nuestros esfuerzos como nos lo mandata el
artículo 1 de nuestra Constitución”.
El subsecretario Miguel Ruiz Cabañas argumentó que la complejidad del país como estado federal, se refleja en
que aproximadamente 95 por ciento de de los delitos y violaciones a los derechos humanos, son de jurisdicción
estatal. Para atender este desafío, sostuvo, se han diseñado mecanismos y marcos normativos de alcance federal.
Asimismo, Ruiz Cabañas habló de los pendientes para erradicar la violencia generada en cintra de los
defensores de derechos humanos y periodistas.
En este sentido, el subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante Juárez, detalló que, desde 2012, nuestro
país cuenta con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el
cual ha brindado protección a lo largo de seis años a 1,030 personas implementado para ello, más de 5 mil
medidas.
"Pese a estos esfuerzos, debemos reconocer y lamentar que continúan cometiéndose homicidios en contra de
estas personas, tres de los cuales, eran beneficiarios de este mecanismo. El esfuerzo, aunque destacado, debe
profundizarse", señaló Rafael Avante Juárez.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas que tomaron la palabra durante la sesión, coincidieron en la
necesidad de fortalecer los sistemas para prevenir agresiones en contra de los periodistas, defensores; luchar en
contra de la desaparición forzada y la impunidad por violaciones a las garantías fundamentales, entre otros.
Dinero
Salinas, Maquiavelo y sus mensajes encriptados // No pueden resolver la crisis del agua // Niveles de austeridad
Enrique Galván Ochoa
M
ás por el morbo que por su peso político, los medios dan seguimiento a las cada vez mas esporádicas
apariciones públicas de Carlos Salinas de Gortari. Habló ahora en en el Instituto Mexicano para la Justicia con
el tema Realismo e idealismo en Maquiavelo. Por ahí algunos analistas quieren hallar un mensaje encriptado en
estas palabras: Estamos en un momento maquiavélico, porque la República está ante un gran riesgo: el de
renacer o el de desaparecer. La República Mexicana parece que está prueba de todo. Con Salinas no desapareció
ni con el asesinato de Colosio, el alzamiento del sub y el error de diciembre. Resiliencia, le llaman.
Huele a agua podrida
Aunque las máquinas de bombeo del sistema Cutzamala reiniciaron su funcionamiento, la mañana del domingo
4 de noviembre, Conagua informó de un desperfecto en el conector K que requería de trabajos adicionales que
tomarían entre 36 y 40 horas más. Van 150 horas sin agua y son alrededor de 8 millones de personas afectadas
en el valle de México. Los pesimistas creen que el servicio se regulará hasta el domingo. Lo que las autoridades
no quieren admitir que Ciudad de México y sus alrededores atraviesan por una grave crisis del agua que se ha
agudizado con la construcción de grandes desarrollos inmobiliarios por encima de la ley. Será un acto criminal
de la siguiente administración si continúa extendiendo permisos de construcción.
Antes de la elección

Conviene tomar una fotografía de la situación en México en la víspera de las elecciones de Estados Unidos. Así
la pintaba Reuters ayer: El peso mexicano ganó el martes por cuarta sesión consecutiva y la bolsa cayó en una
sesión marcada por la atención a los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que podrían
delinear el futuro de la agenda del presidente Donald Trump en el Congreso. Analistas mencionaron que el
avance de la divisa local estuvo asociado con una recuperación, tras caer la semana pasada hasta las 20.47
unidades, después de que el gobierno entrante anunció la cancelación de la construcción de un nuevo aeropuerto
para Ciudad de México. Había recuperado terreno al cierre de ayer, según el portal Investmen.com, y el peso se
cotizaba a 19.76 por dólar. ¿Habrá reverberaciones en México del proceso electoral? Apueste a que sí.
Niveles de austeridad
No todos en el entorno de Lopez Obrador son igual de austeros.
1. Recibió el equipo de transición 150 millones de pesos de Hacienda para solventar gastos en los meses de
espera para la toma de posesión. Va a devolver 152 millones. ¿Cómo le hizo? Fueron manejados en inversión
bancaria con rendimiento. Sólo utilizó 348 mil pesos, 0.2% del fondo. Este existe desde el presidente Zedillo.
Al perder las elecciones el PRI, Vicente Fox pidió dinero para sus gastos. No existía una partida en el
presupuesto, pero el entonces secretario de Hacienda, José Angel Gurría, creó una de 20 millones que luego
creció a 50. No tenía facultades, no la había aprobado el Congreso, para muchos fue un peculado. Gurría quedó
bien con priístas y panistas, luego le pagaron el favor apoyándolo para que llegara a la OCDE. Y sigue
cobrando allá, más su pensión acá de 2 millones de pesos anuales. Singular y burocráticamente longevo
personaje a quien los moneros llaman El Ángel de la Dependencia, por su amor a lo extranjero.
2. En estos días viajan Tatiana Clouthier y Patricia Mercado a Londres, invitadas al Parlamento de Mujeres. Son
11 horas de vuelo. Viajan por Aeroméxico, clase turista.
3. Ricardo del Olmo (@cocol36) revela en Twitter: Y en el vuelo 1566 de United, de Washington a CDMX,
viene en primera clase el coordinador de asesores del presidente electo. Se trataría de Lázaro Cárdenas Batel,
quien aparece en una foto hablando por teléfono. (Algunos aviones tienen Wifi). La última vez que su abuelo, el
general Lázaro Cárdenas, asistió a la celebración del asalto a las tierras de la Colorado River&Land Co. en
Mexicali, llegó en Mexicana de Aviación, clase turista.
Twiteratti
Hace un par de años decían que una familia podía tener casa y auto, pagar la escuela y vivir cómodamente con 6
mil pesos mensuales. Ahora dicen que si les pagan menos de 600 mil se van a corromper, porque no alcanza.
Curioso.
@Bebedeluz
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Foro: elforomexico.com/encuestas/
Correo: galvanochoa@gmail.com
Astillero
Salinas: Chupacabras que maquiavela // Golpes políticos inesperados // Renacer o desaparecer // Rezagado,
plan de seguridad
Julio Hernández López
▲ VISITARÁ NAYARIT. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a asistir en su
primera semana de mandato, en diciembre, a los municipios de Nayarit que sufrieron inundaciones por las
fuertes lluvias de las semanas recientes. La diputada y ex miss Nayarit Geraldine Ponce se fotografió con
AMLO y publicó la imagen en su cuenta de Twitter

Es probable que justamente por carecer, como nunca, de la fuerza política suficiente para influir en el (re)diseño
nacional, Carlos Salinas de Gortari haya aceptado dar una conferencia en la que apareció soltando frases que, en
el escenario movedizo de la transición del peñismo al obradorismo, sonaron a advertencia, incluso a amenaza.
Invitado como ponente por el Instituto Mexicano para la Justicia, una asociación civil que busca llevar a cabo
investigaciones y estudios científicos para apoyar y lograr una mejor procuración e impartición de justicia y
solución de conflictos (imjus.org.mx), Salinas de Gortari hizo planteamientos que en otros momentos y
circunstancias podrían resultar perturbadores: México, dijo, vive momentos maquiavélicos, cuyo desenlace
puede ser el renacimiento o la desaparición de la República.
Presentado como un maquiavelista, Salinas de Gortari no ahorró frases que tal vez no pronunciaría si estuviera
en condiciones de tramar y ejecutar algo emparentado con tales palabras: quien se prepara para gobernar tiene
que prepararse para el golpe inesperado, para el cambio inesperado.
Envuelto en el manto de la conmemoración de los 500 años de la primera publicación de El Príncipe, Salinas de
Gortari (presentado como un maquiavélico, lector de un texto denominado Realismo e idealismo en (Nicolás)
Maquiavelo) advirtió que el riesgo es alto para la República si las circunstancias cambian y el gobernante no
cambia su forma de proceder, porque las Repúblicas también perecen y lo más difícil para un gobernante es
cambiar su actuar ante un fenómeno inesperado.
En términos teóricos y sin destinatario específico, tales reflexiones son enteramente atendibles. Pero, en el
terreno concreto de la política en curso, suenan sombrías y desafiantes si son puestas en labios del personaje que
a lo largo de décadas ha sido el villano favorito del movimiento obradorista, justamente el representante del
conjunto de intereses hasta ahora opuestos al proyecto triunfador del pasado primero de julio.
Sin embargo, Salinas de Gortari ha ido convirtiéndose en una suerte de Chupacabras político. Es decir, en un
personaje con más carga de fábula conspiratoria que de realidad ejecutante, gestor de una clase empresarial que
le fue fiel en la medida en que le pudo propiciar ganancias y protección, pero que ahora busca otras coberturas,
sobre todo en las nuevas puertas de entendimiento que el obradorismo ha colocado con ofertas de temporada
(véase el avenimiento de los empresarios de Texcoco a los arreglos propuestos por ese obradorismo que abonará
a los grandes capitales lo que sea necesario, a cambio de que lean el denotativo texto de nueva pedagogía
sexenal, ¿Quién manda aquí?).
Hoy, Salinas de Gortari no tiene suficiente fuerza política más que para baladronadas con fachada académica.
Su proyecto político más reciente, su sobrina Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, sobrelleva la ingrata
tarea de administrar el fideicomiso de liquidación de lo que fue el partido dominante, aplastante, durante largas
décadas. En lo económico ha tenido concesiones importantes: su concuño, José Antonio González Anaya, ha
sido durante el peñismo el director del gran negocio de Pemex y el secretario de Hacienda. Su cuñado, Hipólito
Gerard, ha prosperado en el mundo de los negocios de altura y este lunes incluso se sentó en un restaurante de
Polanco con López Obrador, junto a otros empresarios beneficiados con la cancelación del proyecto
aeroportuario de Texcoco. Pero Salinas no pudo cogobernar con Peña, como pretendía. Ni pudo impedir el
impactante triunfo de AMLO.

En tanto, ha sido nuevamente pospuesta la presentación del plan obradorista de seguridad. Pareciera que a las
largas discordancias entre Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo se sumaron las observaciones prácticas e
imperativas de los futuros mandos del Ejército y la Marina. No son alentadoras tantas posposiciones, marañas y
apariencias de improvisación o desconcierto. Total, el programa será dado a conocer la semana próxima.
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
México SA
Régimen prianista se va, se va // Obsesión por el crecimiento
Carlos Fernández-Vega
A
escasos 23 días de concluir el régimen prianista, el balance resulta tétrico: México cuenta con inmensa riqueza,
pero altamente concentrada y con una población mayoritariamente pobre; un país donde uno por ciento de los
habitantes acumula fortunas de ensueño, mientras al grueso de los mexicanos no les alcanza el ingreso, en una
economía que crece no más allá de 2 por ciento para los mortales, pero que lo hace a un ritmo cuatro veces
mayor para la minoría que todo lo acapara.
En los pasados 36 años el bienestar ha sido, y en qué medida, para una selecta minoría, mientras para el resto de
los mexicanos los resultados están a la vista: en ese periodo, el Índice de Desarrollo Humano se hundió del
escalón número 38 al 77; la corrupción creció de forma espeluznante (México es uno de los países más
corruptos del mundo); el número de pobres se incrementó permanentemente; la desigualdad es abismal, y en la
práctica el ingreso real de la mayoría no ha avanzado en cinco lustros, mientras los magnates marca Forbes
acumulan fortunas de ensueño.
Eso y mucho más heredan seis gobiernos neoliberales al hilo, de tal suerte que la tarea para la administración
entrante resulta descomunal, aunque no imposible. De allí la urgencia –advierte el Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC, del que se toman los siguientes pasajes)– de que el objetivo,
como lo ha planteado el presidente electo, debe ser la obsesión por el crecimiento económico, si es que se
quiere recuperar el potencial de avanzar 6 por ciento anual, o más.
Para lograr mayor crecimiento económico se requiere de la participación de las personas y empresas que
generan valor agregado, al mismo tiempo que se crean las condiciones de desarrollo educativo, social y laboral
para todo el país. Los primeros permiten que la economía avance; la inclusión de los segundos permite que el
beneficio social sea mayor y con ello garantizar la estabilidad del pacto nacional. Mayor crecimiento requiere de
inversión, pública y privada. Esta última sólo se alcanza cuando hay un diálogo abierto para alcanzar acuerdos
que trasciendan el ciclo político.
México requiere de una visión de Estado que por su naturaleza sea integral e incluyente, las ópticas parciales ya
demostraron sus limitantes. Durante los pasados 50 años la consecuencia fue el cierre de empresas, la pérdida
de empleo y el aumento de la informalidad y la pobreza.
El único camino para revertirlo es el impulso de las capacidades productivas del país: sólo la inversión pública y
la confianza para invertir por parte del sector privado pueden lograrlo. Uno solo de los componentes resulta
insuficiente.
Después de 1986 se estimó que el desmantelamiento del Estado y una apertura comercial basada en la ortodoxia
neoliberal bastarían para retomar el crecimiento vigoroso con baja inflación. El resultado ha sido la
construcción de una enorme base maquiladora de bajo contenido nacional con un crecimiento precario.
Se llegó al extremo de aplicar políticas condenadas a fallar. En la administración Fox se implementó una
estrategia para atender a los micronegocios (changarrizar al país), para, en teoría, abatir a la informalidad,
mejorar las condiciones de empleo y fortalecer el ritmo de crecimiento económico. Contrario a las
recomendaciones de la experiencia internacional, se excluyó al resto del sector productivo. ¿Resultado? Cada
vez menor crecimiento.

Probablemente la mayor deuda que enfrentará la próxima administración será la de un país que no encuentra la
fórmula para cimentar un presente de bienestar y un futuro próspero, que revierta la polarización, inseguridad y
corrupción que han permeado en la estructura política, social y económica del país.
Las rebanadas del pastel
El mantenimiento del Sistema Cutzamala es útil para demostrar cómo funciona el gobierno: exitoso en el
discurso, pifia tras pifia en los hechos.
Twitter: @cafevega
cfvmexico_sa@hotmail.com
SAT detecta 'megarred' de simulación fiscal en México
La dependencia informó que la red está formada por empresas de todos los sectores económicos,
entre ellas comercializadoras, prestadoras de servicios y empresas de comunicación o deportes.
ZENYAZEN FLORES @ElFinanciero_Mx
El SAT detectó que las empresas que pertenecen a esta red de simulación son fantasma.Fuente: Shutterstock
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó una red desimulación fiscal conformada por 13 mil
socios y accionistas de chicas y 'grandes' empresas, y por 600 mil empresas 'riesgosas' que evaden impuestos y
que tienen en común que son 'fantasma' o empresas fachada creadas ex profeso para evadir al fisco.
De acuerdo con los cruces de datos del SAT esta red, entre esas empresas, los socios y accionistas señalados
han facturado un flujo de 100 mil millones de pesos, una cantidad que no incluye la evasión del pago de
impuestos.
La red de simulación está formada por empresas de todos los sectores económicos, ya que hay
comercializadoras, prestadoras de servicios, hay empresas grandes, de comunicación y de deportes como el
futbol, reveló Samuel Magaña Espinosa, administrador central de Planeación y Programación de Auditoría
Fiscal Federal del SAT.
Indicó que hay 13 mil socios o accionistas que están utilizando esquemas de simulación fiscal mediante los
cuales se omite la retención de impuestos correspondiente al flujo de dinero; es decir, si hubo un flujo de 300
millones de pesos entre empresa y socio, entonces se omitió una retención de alrededor de 100 millones de
pesos, lo que equivaldría al 30 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

"En estos 13 mil socios y accionistas hay de todo, de todo. Inclusive les quiero comentar que hay personas
públicamente o políticamente expuestas, a lo que voy es que hay grandes empresas o personas del mundo del
deporte", alertó en conferencia de prensa, donde evitó mencionar los nombres de esos socios y accionistas.
Magaña Espinosa añadió que se trata de empresas 'fantasma', simuladas o fachada porque tienen características
similares, como que son de reciente creación o no cumplen con sus obligaciones fiscales, es decir, no pagan
impuestos, a pesar de que haya un flujo de dinero en bancos.
Dijo que estas compañías también tienen como característica que no tienen trabajadores registrados, no tienen
registrados activos, "tenemos coincidencias o de contaminación de riesgos de representantes legales, de socios o
accionistas o de personas encargadas que viven en zonas marginadas o que los domicilios fiscales son virtuales
y que domicilios físicos no corresponden a una empresa real.
"Tenemos detectada la cadena de estas empresas, sus socios y accionistas, sus representantes legales,
contaminación a nivel de domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico, despachos que asesoran, eso nos permite
concluir que esto es un esquema simulado. Se van formando árboles planeados justamente para tratar de diluir
esa obligación fiscal y el riesgo fiscal", afirmó.

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