La carta condena enérgicamente la agresión armada del alcalde de San José del Progreso y su hermano contra manifestantes que se oponían a los daños causados por una empresa minera canadiense. Dos manifestantes resultaron heridos de bala. La carta demanda el castigo de los responsables, la destitución del alcalde por violaciones graves a la ley, y el respeto a los derechos y patrimonio de la comunidad.