GUATEMALA.- Los pueblos indígenas de Guatemala vuelven a padecer una masacre en sus territorios, la cual ha dado de nuevo lugar a la declaratoria del estado de prevención por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina. Los hechos de violencia comenzaron en la noche del 19 de septiembre, momento en el que -según denuncian las comunidades-ingresaron a sus territorios actores armados, que identifican como trabajadores de la empresa Cementos Progreso, los cuales abrieron fuego contra la delegación comunitaria que había acudido al lugar, causando la muerte de un comunitario. Se inició así una espiral de violencia que ha causado ya once muertes y varias personas heridas, y que viene a agravar de manera dramática la conflictividad que se vive en la región.

1. Nueva masacre en territorios indígenas de Guatemala. Empresas, conflictividad y estados de excepción
Comunidades mayas denuncian la entrada de actores armados a sus territorios el día 19 de septiembre
Fuente: Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
GUATEMALA.- Los pueblos indígenas de Guatemala vuelven a padecer una masacre en sus territorios, la cual ha dado de nuevo lugar a la declaratoria del estado de prevención por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina.
Los hechos de violencia comenzaron en la noche del 19 de septiembre, momento en el que -según denuncian las comunidades- ingresaron a sus territorios actores armados, que identifican como trabajadores de la empresa Cementos Progreso, los cuales abrieron fuego contra la delegación comunitaria que había acudido al lugar, causando la muerte de un comunitario. Se inició así una espiral de violencia que ha causado ya once muertes y varias personas heridas, y que viene a agravar de manera dramática la conflictividad que se vive en la región.

2. COMUNICADO OFICIAL DE LAS DOCE COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EN RESISTENCIA DE SANJUAN SACATEPÉQUEZ Las Doce Comunidades Organizadas y en Resistencia de San Juan Sacatepéquez Ante la opinión pública, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y pueblos en general, en relación a la masacre suscitada el 19 y 20 de septiembre de 2014, hace saber que: El día viernes 19 de septiembre, alrededor de las 21:45 horas, en la comunidad los Pajoques, SanJuan Sacatepéquez, se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que un grupo de cinco comunitarios delegados por las autoridades locales, decidieron verificar lo que estaba sucediendo. A su encuentro salieron al menos diez hombres armados, que fueron identificados como trabajadores de la empresa cementera Cementos Progreso, quienes abrieron fuego contra los comunitarios sin mediar palabra, en donde hirieron de gravedad a tres de ellos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial, sin embargo el compañero Juan José Pajoc Chajaj murió pocos minutos después. Las personas de la comunidad, al ver lo sucedido, decidieron acudir al lugar para entregar a la policía a los trabajadores de la empresa cementera, sin embargo éstos se dieron a la fuga y se refugiaron en una casa

3. particular, en donde les acompañaban un grupo aproximado de 10 personas. Aproximadamente a las 22 horas personas de la comunidad llaman a la Policía Nacional Civil, para denunciar lo sucedido y pidieron presencia policial. Sin embargo, mientras esperaban la presencia de las autoridades, los trabajadores de la empresa cementera, comenzaron a abrir fuego nuevamente en contra de las y los comunitarios que rodeaban la vivienda. Seis personas más, resultaron gravemente heridas, en donde se encuentran los hermanos Hermenegildo y Francisco Pajoc Chajaj(hermanos del comunitario asesinado momentos antes) y, posteriormente fueron trasladados de emergencia al centro asistencial de San Juan Sacatepéquez, sin embargo, dos de los compañeros heridos, incluyendo a Justo Raxon Chocón de 28 años, fallecieron en la mañana del día 20, por la gravedad de las heridas provocadas por dichos grupos paralelos de la Cementera. Ante la negativa de la policía Nacional Civil, de acudir al lugar en donde se estaba perpetrando esta masacre, las autoridades comunitarias delegaron una comisión para solicitar a la estación de la PNC de San Juan Sacatepéquez que acudieran a la comunidad los Pajoques ya que no cesaban los ataques con armas de fuego en contra de los comunitarios. Aproximadamente a las 23:45 horas la policía accedió a acompañarlos, sin embargo a pocos kilómetros de la comunidad decidieron no continuar hasta el punto argumentando que eran pocos elementos y que solicitarían más policías antimotines para poder entrar a la comunidad, sin embargo nunca hicieron presencia en la comunidad dichos elementos para tomar el control de la situación.12 horas después, llega el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos a verificar lo sucedido. Y 15 horas después de los hechos se presenta el Ministro de Gobernación, Mauricio López B. con la intención de decretar un estado de sitio, que finalmente el Ministro impone la presencia policiaca por 2 días y 2 noches. (sábado día y noche, domingo día y noche).Ante estos hechos DENUNCIAMOS: 1. La falta de voluntad y autoridad de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público destacados en San Juan Sacatepéquez. 2. Que los hechos son responsabilidad total de las personas que actúan en nombre de la Empresa Cementos Progreso y la negligencia del Estado. 3. Que es una acción paramilitar con el modus operandi, aplicada durante el conflicto armado interno.

4. 4. Que es una acción que se ha orquestado para seguir criminalizando a los comunitarios que durante muchos años ha luchado por la vida y por la tierra. RESPONSABILIZAMOS: 1. Al Presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, por no escuchar ni atender las demandas de las comunidades que han planteado en distintas oportunidades, el rechazo del megaproyecto instalado, sin las respectivas consultas que constitucionalmente se deben de hacer. 2. Al Director de la Policía Nacional Civil, Telemaco Pérez, por no tomar las medidas necesarias, ni coordinar con las sub estaciones del área, para controlar los ataques armados en contra de los comunitarios de la comunidad los Pajoques en el momento en que se solicitó su intervención para que se apersonaran en el área. 3. Al Presidente Otto Perez Molina y al Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla por colocarlos aparatos de seguridad estatal al servicio de la iniciativa privada, en este caso a la empresa Cementos Progreso. 4. Al Ministerio Publico, por ignorar la violación a los derechos humanos de la comunidad de los Pajoques, cuya acción es proteger su propiedad de la expropiación de manera obligatoria que está ejecutando la empresa CEMENTOS PROGRESO y TORANSA S.A . 5. A la Empresa Cementera: CEMENTOS PROGRESO y a la Familia Novela Torrebiarte, por atentar contra la vida de las comunidades y emplear la violencia para desarrollar este mega proyecto que atenta contra la Madre Tierra, los recursos naturales y contra los derechos humanos de los comunitarios. EXIGIMOS: 1. Que el Ministerio Público asuma la responsabilidad de hacer una investigación objetiva y a profundidad, de las personas que provocaron dicha masacre en la comunidad de los Pajoques. 2. A la Presidencia de la República que detenga la continuidad de dichos mega proyectos, que ha costado la sangre derramada en esta masacre. 3. A la PNC que velen por la seguridad de las grandes mayorías, en este caso, de la ciudadanía que están defendiendo los recursos naturales existentes en las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez.

5. Las 12 comunidades manifiestan su solidaridad con las familias de los mártires caídos en la defensa el territorio y reiteramos nuestra resistencia pacífica como ha sido hasta hoy día, reiterando el rechazo a los mega proyectos, instalados en nuestro territorio. ¡Nuestra resistencia es por la vida de todas y todos!
La cementera, fuente de la conflictividad
El clima de violencia en la región no ha cesado de aumentar desde que la citada empresa -Cementos Progreso S.A.- anunció en el año 2006 su intención de construir en territorios indígenas un gran proyecto cementero.
Dicho proyecto, que no fue en ningún momento consultado con la población, se viene desarrollando desde entonces en un marco de conflicto generalizado que está causando un enorme impacto sobre sus derechos humanos. A día de hoy, la empresa no ha podido culminar las instalaciones, debido a la resistencia comunitaria, pero tampoco abandona un proyecto que cuenta con el apoyo explícito del Gobierno.
Entre los hechos de violencia registrados, según ha podido documentar Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se han dado ataques armados contra personas y bienes materiales (vehículos, iglesia, ...), amenazas de muerte y agresiones físicas contra autoridades ancestrales y dirigentes comunitarios, así como otros ataques contra activistas sociales que acompañan a las comunidades. En la mayor parte de estos casos, la población local identificó a los agresores como personal contratado de la empresa cementera.

6. Esta relación de causalidad entre la presencia empresarial y el aumento de la conflictividad no es sólo señalada por las comunidades. El propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, informaba tras su misión en el país en 2011, que "la presencia de empresas en los territorios indígenas ha generado una situación de grave conflictividad y ha causado enormes divisiones en las comunidades".
Recientemente, Amnistía Internacional iba más allá y alertaba de que "el Gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población".
Los Estados de excepción, un arma del Gobierno contra los pueblos indígenas
Desde que tomó posesión de su cargo en enero de 2012, el presidente Pérez Molina -general retirado y alto cargo del Ejército durante los años en los que se perpetró el intento de genocidio contra los pueblos mayas- ha declarado varios estados de excepción. Todos ellos en territorios indígenas, y siempre cuando se veían afectados intereses empresariales. El Relator Anaya ya alertaba en 2011 del "uso indiscriminado que se hace de los estados de prevención por parte de los poderes públicos en Guatemala"

7. La primera de estas declaratorias fue el estado de sitio declarado en mayo de 2012, en el municipio de Barillas (territorio q'anjobal, departamento de Huetenango), a raíz de la resistencia comunitaria frente a la construcción de la Hidro Santa Cruz, por parte de la empresa española Hidralia Energía. El segundo, el estado de prevención en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, en mayo de 2013, afectando entre otros, al territorio del pueblo xinka de Xalapán. En este caso, se trataba de dar respuesta a la conocida como revolución de las flores frente el ingreso de la empresa GoldCorp para la exploración de la mina El Oasis (manifestaciones pacíficas en el pueblo de San Rafael Las Flores para impedir el paso de los trabajadores de la minera). (puedes encontrar más información en el siguiente enlace: http://www.codpi.org/observatorio/170-ivuelve-el-ejercito-a-los- territorios-indigenas)
En el informe anteriormente citado, el Relator Anaya ya alertaba del "uso indiscriminado que se hace de los estados de prevención por parte de los poderes públicos en Guatemala, la presencia creciente de las fuerzas de orden público en las comunidades y el uso excesivo de la fuerza por su parte. Además, denuncia la situación de impunidad en cuanto a los actos de hostigamiento y violencia física, incluyendo violencia sexual, en contra de los comunitarios, en un contexto marcado por la falta de acceso efectivo de los pueblos indígenas a la justicia".
La resistencia pacífica como respuesta comunitaria
Las comunidades manifiestan "su solidaridad con las familias de los mártires caídos en la defensa del territorio y reiteran su resistencia pacífica"
En medio de todo este clima de conflictividad, agresiones constantes y criminalización, las comunidades maya kaqchikel de San Juan continúan haciendo valer el resultado de la consulta popular celebrada en mayo del 2007, en la que 8.946 habitantes

8. expresaron su negativa a la construcción de la cementera -frente a 4, que votaron a favor-.
Además, frente a los últimos hechos de violencia registrados, plantean las siguientes exigencias:
1) Que se abra una investigación objetiva y en profundidad para determinar quiénes son las personas que provocaron la masacre en la comunidad de Los Pajoques.
2) Que el Gobierno detenga la construcción de los megaproyectos que están provocando las muertes.
3) Que las fuerzas públicas protejan y velen por la seguridad de la ciudadanía que está defendiendo los recursos naturales de las comunidades.
Finalmente, las doce comunidades manifiestan "su solidaridad con las familias de los mártires caídos en la defensa del territorio y reiteran su resistencia pacífica, como ha sido hasta hoy día, reiterando el rechazo a los megaproyectos instalados en nuestro territorio".
Masacre en la aldea los Pajoques, incógnita y desolación
POR EMILIANO CASTRO SÁENZ
En la aldea Los Pajoques un grupo de encapuchados masacró a una familia en la noche del viernes y madrugada del sábado. Dos casas arrasadas por las balas, tres automóviles quemados; siete muertos. La calma después de la tormenta es, en realidad, una escena dantesca de pura tensión.
En el kilómetro 40 de la carretera interamericana en dirección de la capital hacia Chimaltenango hay que virar a la derecha, luego entrar por un camino de terracería, pasar dos bloqueos con portezuelas de metal custodiados por miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de San Juan Sacatepéquez, para llegar a la aldea Los Pajoques. Un caserío escondido que hoy está en boca de todos. Aquí ocurrió una masacre de la que un bando y otro se culpa, mientras los perpetradores encapuchados, gente del mismo lugar, se mezcla con los demás: víctimas, curiosos, indignados y la Policía, los medios y las autoridades gubernamentales. Dos casas destrozadas. Láminas con perforaciones múltiples, cenizas, cuerpos tendidos en el suelo, una mascota fulminada. La gente de

9. Los Pajoques se toma la cabeza y la cintura y se aglomera en el auténtico campo de batalla. Del cielo baja un helicóptero en el que viaja el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla quien, ya en tierra, organiza un círculo protegido por agentes de la Policía Nacional Civil para hablar al centro con líderes comunitarios; el Comisionado Presidencial para el Diálogo Nacional, Miguel Ángel Balcárcel y el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Telémaco Pérez García. Allí, López Bonilla exige la verdad: “aquí lo que tenemos es que ser honestos muchá, ya tenemos identificados a los encapuchados y sabemos quiénes son”. Encapuchados anónimos, voces encontradas Varios medios de comunicación indican que un hombre que supuestamente trabaja en la cementera, que tiene a su cargo la construcción del Anillo Regional, mató a una mujer de la comunidad. Esto provocó la reacción de una turba enardecida que se volcó en contra de la familia Pajoc Guamuche, que fue masacrada. El reporte de Bomberos Voluntarios arroja ocho muertos. Pero según Carlos Guamuche, miembro del Cocode, el viernes en la noche, tras una discusión sobre la cementera, “un grupo de encapuchados fuertemente armado disparó a cuatro vecinos que se oponían al proyecto víal. Uno de ellos falleció de inmediato, otro fue llevado a un sanatorio en San Juan Sacatepéquez y falleció en el lugar; y dos fueron trasladados a La Antigua”. En la madrugada continuaron los ataques. Pero la comunidad decidió defenderse, enfrentar a los encapuchados. El resultado: “ocho heridos y seis muertos, tres de la comunidad y tres de los encapuchados”. Todos con marcas de bala, machete y puñetazos. “Son 15 encapuchados promotores de la empresa que están infiltrados entre nosotros”, reporta Carlos Guamuche. Dice que lograron escapar entre las milpas. Carlos Guamuche relata que miembros de la comunidad fueron hacia la Comisaría 16 de la PNC para denunciar los ataques y exigir la presencia de las autoridades y éstos “tuvieron miedo”. En contraparte, Telémaco Pérez García, director de la Policía asegura que no pudieron acceder a Los Pajoques por los bloqueos en el camino. “Anoche en #SanJuanSacatepequez empleados medían terrenos, comunitarios recibidos con disparos. Allí comenzó lo que hoy se vive”, tuiteó el Centro de Medios Independientes, @cmiguate.

10. Representantes de la cementera, sin embargo, aseguran que los disturbios se detonaron cuando un grupo de pobladores de San Juan Sacatepéquez, inconformes con la construcción del anillo periférico, retuvieron ayer por la tarde a cuatro personas que supuestamente vendieron sus terrenos para la construcción de la vía. Los retenidos fueron identificados como Timoteo Pajoc, Bernardo Pajoc, Dionisio Chajón y Pedro Chajón. Según representantes de la cementera, “fueron trasladados por la fuerza al centro de la aldea Santa Fe Ocaña y luego al casco urbano de San Juan Sacatepéquez ante la presencia de la abogada Carmela Curup” y “obligados a firmar un documento en el que se comprometían a abandonar sus hogares en un lapso de 5 horas”. ¿Estado de excepción? “Tenemos que entrar a buscar encapuchados armados. Tenemos nombres y los vamos a detener”, explica el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla al concluir la reunión de reconocimiento y salir del círculo resguardado por los agentes. “Pero no podemos entrar si hay talanqueras; eso es ilegal porque impide el tránsito locomotriz. Que me digan un artículo de la Constitución donde diga que una Comunidad pueda cerrar una entrada”, asesta el Ministro a los comunitarios. López Bonilla pidió colaboración y disposición: “o hacemos bien la intromisión de la autoridad o vamos a tener que recurrir al Estado de Excepción. En ningún lugar del país está prohibido el acceso al Estado. Si el Presidente o el Organismo Ejecutivo tienen que ingresar o si el Organismo Judicial tienen que venir y actuar, mediante el Ejército y la Policía o si los jueces tienen que levantar actas y entregar ordenes de captura, ustedes no pueden tapar estas entradas”. Pero Carlos Guamuche, a quien los pobladores seleccionaron para hablar con Diario Digital, dice que no es así. Que “la Policía sólo va a venir cuatro días y luego se va a ir. Sólo vienen a amedrentarnos ¿cómo nos van a proteger de los encapuchados?. Mejor que se vayan, queremos que no vengan y que no entren a nuestra comunidad. Nosotros podemos defendernos”. Por otra parte, Carlos Guamuche se queja de la ausencia de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH): “no vinieron. Les llamamos y no aparecieron”. La PDH sí llegó a Los Pajoques y lo hizo el sábado a las 3 pm, minutos antes de que se retirara el Ministro. Con él hablan en un círculo cerrado sobre la masacre. Le exigen una respuesta sobre un

11. objeto de exhibición personal de cuatro personas que fueron secuestradas la noche del viernes y que no fue atendido, lo que respalda el comisionado para el Diálogo Nacional. “Ciertamente hay que valorar eso”, le sugiere Balcárcel a López Bonilla”. Diario Digital intentó entrevistar a la PDH en la mañana y por la tarde ya en la aldea Los Pajoques, pero éstos negaron dar declaraciones.
GALERÍA FOTOGRÁFICA

13. Foto: Marysabel Aldana/Canal Antigua