1. Prensa. Madrid. 2 de marzo de 2012
La iglesia católica española vive en un paraíso fiscal ilegitimo y
presuntamente ilegal.
Europa Laica exige que la iglesia católica y otras confesiones
paguen el IBI y otros impuestos.
Europa Laica exige que el Estado haga un censo de inmuebles
rústicos y urbanos y del patrimonio muerto o mal conservado,
propiedad de la iglesia católica en España.
Europa Laica, viene denunciando, desde hace años, los privilegios
fiscales, entre otros muchos (simbólicos, económicos jurídicos,
políticos…), de los que disfruta la iglesia católica (IC), al
recibir un trato privilegiado que el Estado le concede,
consecuencia, por un lado, de los Acuerdos con la Santa Sede de
1979, pero también por un trato de favor político, que va mucho más
allá, vulnerando principios constitucionales básicos.
La IC en España, es propietaria, a través de sus más de 40.000
instituciones (…diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones
religiosas, asociaciones, fundaciones, etc.) de un enorme
patrimonio, consistente en bienes inmobiliarios rústicos y urbanos
(de uso para el culto o para otros muchos menesteres), entre ellos
un incalculable número de pisos alquilados a terceros, todo este
patrimonio, en todos los ámbitos, está exento del impuesto de
bienes inmuebles (IBI) y de otros, como obras, sociedades, etc.
Europa Laica tenía calculado, en su informe anual sobre
financiación de la IC que se hizo público en abril de 2011 (en
estos días en revisión, de cara a la próxima Campaña sobre el IRPF)
que, de los datos conocidos, los Ayuntamientos españoles dejaban de
ingresar algo más de mil millones de €, al año. Pero hay otros
datos que están conociéndose estos días, que se cifran entre los
700 y los casi 3.000 millones de €, hecho lógico dada la opacidad
de la IC.
Por ello, reiteramos, una vez más, nuestra exigencia de que el
Estado haga un censo de inmuebles rústicos y urbanos propiedad de
la Iglesia católica en España.
También Europa Laica propone revisar qué entidades, fundaciones,
etc. están exentas de este impuesto en cada ayuntamiento, no ya
sólo por las exenciones que prevé la actual Ley de haciendas
locales, sino -también- a través de la compleja maraña de normas y
disposiciones que se han ido produciendo en estos últimos años y
que restan ingresos por valor de miles de euros, a los
Ayuntamientos, en estos momentos de profunda crisis y que puede
estar vulnerando el principio de igualdad que exige la Constitución
española.