1. CONTEXTO
Desprotección a testigo. El 16 de enero de 2014, el Programa de Protección a
Testigos de la Fiscalía General de la Nación decidió excluir a JOSÉ DIDIER
MARÍN CAMACHO, víctima de un atentado de ejecución extrajudicial y
testigo del asesinado de Alex Hernando Ramírez Hurtado y Darbey Mosquera
Castillo por integrantes del Batallón nº. 57 Mártires de Puerres, en la vereda
Java de la ciudad de Manizales (Caldas). La exclusión, se dio cuatro días
antes de que se realizara la audiencia preparatoria en contra del Mayor
Linares y el Capitán Álvarez, en la cual se decidiría sobre la participación de
José Didier como testigo.
En la misma denuncia se informa que la Fiscalía General de la Nación tomo
la decisión, sin acceder a la solicitud de José Didier de extender la protección
a su núcleo familiar y sin tener e en cuenta las medidas cautelares que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó, luego de las graves
amenazas de las que fue víctima Didier, sus familiares y otros testigos. Lea la
denuncia completa, haciendo clic aquí.
Agresiones y graves tratos contra menores de edad por parte de la
Policía. El 20 de enero de 2013, en el barrio Villatina de Medellín
(Antioquia), 2 niñas entre los 13 y 16 años de edad, un niño de 16 años y una
mujer, madre de las jóvenes, fueron brutalmente agredidos(as) por Policías
que intentaban dirimir un conflicto.
De acuerdo a la denuncia, los uniformados llegaron al barrio a intentar
separar a una mujer una joven que se encontraban peleando, diciéndole a la
menor que se fuera para su casa. Cuando la menor no quiso obedecer la orden
del Policía y se obstinó en quedarse para poner la denuncia, fue atacada por
los Policías. Al lugar llegaron la hermana, el novio de la hermana y la madre
de la joven a intervenir por las agresiones de los uniformados, pero también
fueron golpeados y agredidos. La joven y el novio de su hermana fueron
conducidos hasta la estación en donde siguió la golpiza y otros vejámenes y
maltratos. Lea la noticia completa, aquí
Establecimientos del Estado, que pongan en peligro a la
población civil, deben responder. El 21 de enero de 2014, la
Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación a
pagar los destrozos provocados por los cilindros bomba de las
Farc en las edificaciones aledañas a la estación de Policía de
Puerto Rondón (Arauca), a finales de los 90.

2. Al fallar una demanda del entonces obispo de Arauca, Arcadio Bernal, esa alta corte señaló que “en
zonas en las cuales se vea alterado el orden público con frecuencia, las estaciones de Policía deben tener
una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña”.
Según la sentencia, la cual tumbó un fallo del Tribunal Administrativo de Arauca que había negado la
demanda, “el riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo del Estado en
medio de un conflicto armado, y su concreción en un daño a una persona ajena a los grupos enfrentados,
independientemente de quien haya ocasionado el daño, es la razón de la responsabilidad estatal”. Lea la
noticia completa, dando clic aquí
Coronel habría ordenado el asesinato de campesinos en 2006. El 25 de enero de 2014, tres soldados
del batallón número 48 de contraguerrilla, adscrito a la Brigada móvil n°. 12 del Ejército nacional, que se
acogieron a sentencia anticipada, confesaron que un Coronel les ordenó asesinar a tres campesinos, el 28
de octubre de 2006 en Vista Hermosa (Meta) y luego los mostraron como guerrilleros muertos en
combate. Vea la noticia completa, dado clic aquí
Robo, quema de vivienda y hostigamiento por parte de militares. El 26 de enero del 2014, miembros
del Ejercito Nacional de Colombia asaltaron la vivienda rural del señor Dauvilio Maldonado Serrano
ubicada en la vereda Miramonte del municipio de Tibú.
Del lugar, los militares sustrajeron dos fumigadoras de motor marca Still, una planta eléctrica y un millón
de pesos en efectivo, y el documento de identidad de la señora Yasmine Adriana Torrado Robles,
compañera de Dauvilio. Al retirarse del lugar, prendieron fuego al prado, dejando quemadas dos
hectáreas de tierra. Lea la noticia completa, aquí
Acto público revictimizante. El 30 de enero de 2014, como respuesta a la sentencia de un Juez en el
caso de Luis Alberto Vega, asesinado por integrantes de la Brigada 16, el General Ricardo Gómez,
Comandantes de la Octava División del Ejército nacional con sede en Yopal, en un acto público, en
Labranzagrande (Boyacá), pidió perdón a los familiares de la víctima. Acto que a pesar del esfuerzo,
resultó revictimizante para los familiares de Luis Alberto y demás víctimas que los acompañaban. Lea
más, aquí.
Militares cometen toda serie de violaciones contra campesinos en Córdoba. Entre el 1° y el 3 de
febrero de 2014, campesinos de la Vereda Jagua, en el municipio Puerto libertador (Córdoba) viene
siendo atacados, señalados, estigmatizados y hostigados por miembros del Ejército y la Policía. Las
violaciones antes descritas, van desde agresiones verbales hasta golpes y ultrajes en contra de Esneider
Ramírez y Álvaro Villalba y disparos en contra la chalupa de Hernando Zurita. Lea la noticia completa,
aquí
Ejército espía a negociadores de la Habana. Comenzando febrero, la Revista Semana reveló la
hallazgo de una oficina en el barrio Galerías de Bogotá, desde donde se espiaba a negociadores de la
Habana y otros actores de la opinión y la Política del País, por parte de miembros del Ejército nacional.
Lea más dando clic aquí

3. Continua la retención ilegal de líderes campesinos e indígenas.
• El 6 de febrero de 2014, en Cacarica (Chocó), Tarcilio Carpio, indígena Wounan, se encontraba
desarrollando prácticas de cacería cuando fue abordado por efectivos del batallón de Selva n°. 54,
de la Brigada 17 quienes lo retuvieron por cinco horas. Lea más aquí.
• El 8 de febrero de 2014, hacia las 11:40 a.m. tropas de la Brigada 17, del Ejército nacional, en un
retén ilegal instalado junto a San José de Apartado (Antioquia), retuvieron a Wber Areiza,
señalándolo de sospechoso. Tras el reclamo de la Comunidad de Paz lo dejaron en libertad, pero
minutos después, otro grupo militar lo detuvo de nuevo, ilegalmente. Lea más aquí.
• El 12 de marzo de 2014, hacia las 10 de la mañana, la vereda la Granja, en Ituango (Antioquia), en
un puesto de control, fue retenido y agredido, Cesar Antonio Restrepo, a quien además,
despojaron de un maletín que llevaba. Una hora más tarde, lo condujeron hasta un puesto de la
Policía quien lo puso a disposición de la Fiscalía al encontrar en el maletín, un inyector de fusil y
una lista de elementos de guerra para comprar. Lea la denuncia completa, aquí.
• En la semana comprendida entre el 17 y el 23 de febrero de 2014, en las veredas Cruces raicero y
Trinidad las Nieves, en Anorí (Antioquia), militares del batallón Bomboná, brigada XIV, séptima
División, pasaron por todas las casas empadronando ilegalmente a los pobladores. Lea más aquí.
Víctimas de ejecuciones extrajudiciales siguen recibiendo amenazas. El 8 de febrero de 2014, a la
1.58 de la tarde, Martha Díaz, madre de Douglas Tavera, víctima de ejecución extrajudicial, recibió un
mensaje de texto amenazante a través de su celular. En el mensaje se leía: “Te quedan 48 horas y nada
que sales de la ciudad atente a las consecuencias guerrillera”. Lea más aquí
Madres de Soacha sientan su voz frente a hechos que comprometen a los militares. El 20 de febrero
de 2014, las Madres de Soacha, cuyos hijos fueron víctimas de "falsos positivos", enviaron una carta
pública al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidiéndole: i) que separe de su cargo al Ministro
de Defensa Juan Carlos Pinzón, a raíz del reciente escándalo de corrupción en el Ejército, que devela
sobornos a militares involucrados en estos gravísimos crímenes; ii) que el Estado reconozca
públicamente que las afirmaciones que indican que el General Leonardo Barrera, fue destituido por sus
palabras “irrespetuosas”, atentan contra los derechos a la verdad, a la reparación y el acceso a la justicia
de las miles de víctimas de este crimen de lesa humanidad, iii) que la justicia investigue y sancione a los
máximos responsables de los asesinatos de sus hijos, y iv) que la sociedad exprese su más enérgico
rechazo por las cadenas de corrupción al interior de las fuerzas armadas que pretenden asegurar la
impunidad estos crímenes. Lea la carta completa, aquí
Coronel (r) condenado por falso positivo. El 10 de marzo de 2014, un Juez penal del circuito
especializado de descongestión en Cúcuta (Norte de Santeder) condenó a más de 35 años de prisión al
coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, exjefe de operaciones de la Brigada 15 en Ocaña (Norte de
Santander), recordada por ser el epicentro de las denuncias por falsos positivos. La sentencia contra el
oficial (r) es por el homicidio de Luis Antonio Sánchez Guerrero, un mototaxista que fue asesinado el 16
de abril de 2007 y fue presentado como ‘hombre muerto en combate’. El coronel (r) aparece también en
el proceso que se lleva por el asesinato de los jóvenes de Soacha. Lea la noticia completa, aquí.

4. CASOS
Asesinado joven Campesino en Cauca. El 17 de enero de 2014, en Inzá (Cauca), fue asesinado Wilder
Eduardo Olave, campesino de 19 años de edad. El crimen fue cometido al parecer por miembros del
batallón José Hilario López, adscrito a la Brigada 29.
De acuerdo a la denuncia, la madres y la hermana del joven escucharon disparos en la huerta de su casa
por lo que la madre salió a revisar qué pasaba hallando el cadáver de su hijo. Un soldado que al verla,
hizo dos disparos al aire y se marchó. Más adelante los familiares de las víctimas y otros campesinos
fueron hacia donde se encontraba los militares en la cancha de fútbol hallando que estaban levantando la
tienda. Allí uno de los militares afirmó que habían sido hostigados desde la parte alta por la guerrilla y
que en el cruce de disparos había caído el campesino.
El padre de la víctima afirma que no tiene pruebas suficientes para decir que el crimen fue cometido por
los militares pero que los uniformados se encontraban en el parque, muy cerca de la casa y que
constantemente son hostigados por los militares. Información que fue corroborada por el Alcalde quien
afirmó que en el lugar de los hechos no se había presentado ningún enfrentamiento. Más información,
haciendo clic aquí
Asesinado otro integrante de la Familia Córdoba. El 1° de febrero de 2014, en Medellín (Antioquia),
Carlos Arturo Ospina Córdoba, de 22 años de edad hijo de la lideresa asesinada Fabricia Córdoba fue
víctima de sicarios que le dispararon en varias ocasiones cuando se encontraba en un lugar del barrio
Naranjal.
Carlos Arturo, junto con sus hermanas, había aportado en el esclarecimiento judicial del asesinato de su
madre, específicamente en la búsqueda de pruebas para que la Fiscalía General de la Nación logrará
sancionar a los responsables. Carlos había denunciado varias amenazas en su contra, sin que autoridades,
ni organizaciones encargadas de velar por la protección de las víctimas, hiciera nada al respecto. Lea la
noticia completa, aquí
Campesino víctima de “error militar”. El 4 de marzo de 2014, entre las 4:15 y 4:30 de la tarde, en la
vereda Las Bancas, Finca Las Palmeras del municipio de Arauquita (Arauca) murió el campesino Harvey
Ramos de 38 años de edad, en lo que fue llamado por las Fuerzas Militares, como un “error militar”.
De acuerdo a la denuncia, miembros de comunidad que escucharon dos disparos, en el lugar donde
habían visto a Harvey, trabajando, intentaron averiguar lo ocurrido pero no les fue permitido pasar al
lugar por los militares del Batallón de Contraguerrilla Nº 47, de la Brigada móvil nº.5 que rodeaban el
lugar.
Luego del hecho, el Ejército informó que Harvey Ramos fue asesinado por un soldado profesional, del
batallón arriba referenciado, pero que todo se había debido a un error, disculpándose con la familia por lo
ocurrido. Lea la noticia completa aquí