1. TARAZÁ BAJO EL TERROR DEL PLAN TROYA
LA POBLACIÓN CIVIL VÍCTIMA DE LA POLÍTICA DE SANGRE Y
FUEGO POLICIAL
Ante el silencio cómplice, el pasaporte represivo del fuero militar y la
más infame impunidad alcahueteada y patrocinada desde el
Ministerio de Defensa, la Gobernación de Antioquia, la 7ª División del
ejército, la Dirección nacional de la Policía y Regional sexta de la
policía Antioquia, la población de Tarazá es brutalmente atropellada y
agredidos a patadas, golpes y hasta por disparos de pistola hechos
por efectivos de la policía, la sijin y el gaula que ejecutan el
denominado “PLAN TROYA” en este municipio del Bajo Cauca
antioqueño.
HECHOS
1. El día martes 16 de diciembre de 2014, a las 4 a.m., en la Fonda
Tijuana del municipio de Tarazá, en la cual se concluía una fiesta de
cumpleaños de una dama, irrumpieron salvajemente entre 35 y 40
agentes de la sijin, la policía y el gaula. Sin identificarse y sin ninguna
orden judicial, procedieron a atropellar y vilipendiar a la población
civil que allí departía alegre y pacíficamente. Los administradores,
empleados y demás civiles allí presentes fueron obligados a tenderse
en el piso, pateados, humillados y ofendidos con palabras de grueso
calibre, golpeados a patadas y atacados con disparos de pistola
efectuados por los policiales en una acción propia de gánsteres y
no de agentes al servicio de un Estado que en su Constitución política
TITULO I “DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES”, consagra en
su ARTICULO 1º que “Colombia es un Estado social de
derecho, … fundada en el respeto de la dignidad humana, …”
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2. 2. El señor Sergio Gómez y la señora Mira fueron víctimas de los
disparos indiscriminados hechos por dichas unidades de la fuerza
pública y heridos gravemente. El estado de salud del señor Gómez es
bastante delicado y tuvo que ser remitido a un centro hospitalario de
Medellín.
3. El pasado 4 de diciembre la población Taraceña se movilizó
masivamente, reclamando que se le devuelva las instalaciones
del Coliseo Deportivo del municipio invadido por las tropas del Plan
Troya, en una abierta y flagrante violación al Derecho Internacional
Humanitario, que prohíbe que este tipo de escenarios y espacios
públicos sean tomados por ejércitos, policías y/o organismos de
seguridad del Estado u otros actores armados. El coliseo sigue
ocupado policialmente, mientras que a los jóvenes y población en
general se les priva del sano esparcimiento. Las actividades
deportivas se hallan paralizadas como consecuencia de esta ilegal,
ilegítima, absurda y arbitraria invasión policiaca. Otros escenarios
como la cancha de fútbol de la vereda la Alemania del corregimiento
Raudal Viejo, municipio de Valdivia, ha sido tomada por unidades
militares del ejército nacional y convertida en base militar. Los
habitantes de este corregimiento y de las veredas circundantes son
chantajeados, amenazados y amedrentados con quemarles sus
casas, destruirles sus bienes, privarles de sus libertad y hasta de
quitarles la vida, para lo cual les levantarían falsos positivos, en caso
que denuncien y reclamen sus cancha deportiva.
4. Con la lógica de la sabiduría popular, deduce el pueblo taraceño,
que la furia y la rabia de las tropas del Plan Troya acantonadas en
Tarazá, a raíz de la movilización del 4 de diciembre, se ha
intensificado con más saña y odio contra los habitantes en
general. Es decir son unidades policiales y militares no formadas en
la escuela del respeto por los derechos humanos y de las normas del
derecho internacional humanitario, sino bajo los cánones de la
venganza que choca contra los principios fundamentales de un
Estado social de derecho. No son casuales las continuas asonadas que
se vienen presentando a nivel nacional en barrios, comunas,
corregimientos y veredas contra los bárbaros procedimientos que
viene efectuando la policía, tan reiterados y numerosos, que no
pueden seguir calificándose de actuaciones circunstanciales e
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3. incidentales de algunos agentes, sino que indiscutiblemente
corresponden al adoctrinamiento despótico que se les viene
infundiendo. No puede seguir justificando el señor director de la
policía, el general Palomino, tan agresivas y gansteriles conductas de
sus unidades, hasta llegar inclusive al colmo del cinismo de
presentarlos y conmiserarlos ante la opinión pública como “víctimas”
de la población civil cuando en realidad son los victimarios.
5. El terror de los “Troyas” no solamente se presenta en el casco
urbano del municipio de Tarazá sino en sus veredas, vías y caminos,
como se ha denunciado de manera reciente y reiterada, sin que las
autoridades gubernamentales del orden nacional, departamental y
municipal, Ministerio de Defensa, Personería, Defensoría del Pueblo,
Fiscalía, Procuraduría hagan nada al respecto ni orden a oficiales y
subalternos que tomen los correctivos pertinentes encauzados a
proteger a la población civil en vez de acribillarla de palabra y
hecho. Es vergonzante su silencio cómplice, la indiferencia e
impunidad con que cubren el terror que imponen estos uniformados
en Tarazá. Todo indica y así lo testimonian los hechos, que el
fundamento ideológico del Plan Troya es el TERRORISMO DE
ESTADO.
6. Literalmente, la operación Troya le ha declarado y ejecuta
una verdadera guerra contra la población inerme con
repugnantes actos belicistas que en vez de enaltecer a la fuerza
pública como héroes y valientes los muestra como cobardes que se
ganan el rechazo generalizado de todos los habitantes e ilegitiman
indiscutiblemente a la institución policial. La indignación de la
comunidad es de tal calado, que se está gestando un verdadero
estallido popular, de dimensiones incalculables y de efectos
impredecibles, cuyas consecuencias recae ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE en el Presidente de la República, su
Ministro de Defensa (léase de la guerra), el Gobernador de
Antioquia, el Alcalde y Concejo municipal, el Comandante de
la 7ª División del ejército, del Director nacional de la Policía y
del Comandante de la Policía Antioquia.
El escenario no es otro que el de la fuerza, el terror y la barbarie del
Estado contra la civilidad, el pacifismo y la razón popular; ahí está la
encrucijada en Tarazá y el Bajo Cauca.
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4. EXIGIMOS
AL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS, A SU MINISTRO DE
DEFENSA JUAN CARLOS PINZÓN, AL DIRECTOR DE LA POLICÍA
GENERAL PALOMINO Y AL GOBERNADOR DE ANTIOQUIA
SERGIO FAJARDO:
A. Que adopten las medidas inaplazables contempladas en la
Constitución Política y en los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario,
ordenando instrucciones y mecanismos claros a los mandos y
subalternos del Plan Troya en el Bajo Cauca, para que frenen la
barbarie y el hostigamiento contra a la población civil y la superación
de los riesgos que puedan afectarla.
B. Que ordenen desactivar los ilegales comportamientos
denunciados con los que vienen actuando las unidades policiales
acantonadas en el municipio de Tarazá, ya que ponen en peligro a la
población civil, lesionan su integridad personal, afectan letalmente
las actividades económicas del municipio además que riñen con las
funciones constitucionales de la Patria.
C. Que el coliseo deportivo de Tarazá y otros escenarios construidos
para el deporte y sano esparcimiento de las comunidades le sean
devueltos a éstas de inmediato, sin más argucias ni sofismas
guerreristas, con los que pretenden justificar su invasión dándoles
una destinación para comandos de policía, bases militares y de
operaciones como las del Plan Troya.
D. Al Gobernador de Antioquia demandamos que convoque, de
manera URGENTE E INMEDIATA, MESA REGIONAL DE
DERECHOS HUMANOS en Tarazá, en la que se analice y emita los
correctivos inaplazables que remonte la CRISIS HUMANITARIA que
vive este municipio y el Bajo Cauca en general, la cual no puede
superarse solamente con medidas exclusivas de tipo militar,
policial y represivo.
A LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS -ONU-
Para que a través de su Alto(a) Comisionado(a) para los Derechos
Humanos y el DIH y/o su delegado(a), y actuando como garante,
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5. interceda e inste al Gobernador de Antioquia, doctor Sergio Fajardo,
para que, ANTE LA CRISIS HUMANITARIA que flagela a la
población civil de Tarazá y esta subregión antioqueña, convoque la
MESA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS, que
insistentemente se le ha solicitado.
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
A. Que en cumplimiento de sus funciones establecidas en la ley
investigue las conductas, actos arbitrarios, los excesos y abusos de
autoridad cometidos por los efectivos del Plan Troya, con los que se
viene afectando a los habitantes de Tarazá y del Bajo Cauca.
B. Se sancione y determine las responsabilidades individuales de
los policiales infractores en clara violación a la Constitución Política, a
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario
porque violan principios de nuestra democracia, ponen en peligro
a una población civil legitimada por nuestro Estado Social de Derecho
y constituyen conductas penales descritas en el Estatuto Penal.
A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
Que investigue, sancione e inicie los respectivos procedimientos
de carácter jurídico–disciplinarios a los que haya lugar contra los
responsables de los hechos que denunciamos porque constituyen
flagrantes violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho
Internacional Humanitario y accione todas las medidas que permitan
reducir los riesgos y las amenazas que ponen en peligro a la
población civil.
A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TARAZÁ:
A. Que basada en las funciones constitucionales de las
Personerías en Colombia brinde y defienda las garantías a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, aunque
esas violaciones provengan incluso de instituciones del mismo
Estado como la fuerza pública y como consecuencia de las omisiones
o desaciertos de la alcaldía municipal.
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6. B. A que en derecho y en uso de sus funciones realice lo
concerniente para no permitir los señalamientos indiscriminados, las
estigmatizaciones y excesos de autoridad contra la población civil,
pues éstas lamentables e ilegales prácticas no deben ser permitidas a
los agentes policiales o militares porque van en contravía de las
leyes de nuestro país y contra las obligaciones adquiridas mediante
los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en materia de
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO:
Para que en consecuencia con sus funciones claramente
establecidas en la Constitución y la ley, defienda y no descanse
hasta garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, el
Derecho Internacional Humanitario y demás normas contempladas
y dirigidas a proteger los derechos de los jóvenes y población civil
encaminadas a su sano esparcimiento, el deporte y la recreación, por
tanto debe exigir a las instituciones policiales y castrenses sean
devueltos los escenarios deportivos que han invadido y expropiado a
sus legítimos propietarios: el pueblo.
LLAMAMOS
A la opinión pública nacional e internacional, a los Organismos de
protección y defensa de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario, a todas las organizaciones y personas
amigas de la justicia social y sensibles al dolor humano
causado por la barbarie policial y militar a que suscriban
solidariamente nuestras sentidas, urgentes y justas demandas al
Estado colombiano.
JUNTA DIRECTIVA ASOCBAC
21 de diciembre de 2014
CON COPIAS:
• JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
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7. Presidente de la República
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
• JUAN CARLOS PINZÓN
Ministro de la Defensa
siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co,
mdn@cable.net.co
• JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior
ministro@minjusticia.gov.co
• MINISTERIO DE JUSTICIA.
ministro@minjusticia.gov.co
• LUIS EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
• JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo
secretaria_privada@hotmail.com,agenda@agenda.gov.co,
defensoria@defensoria.org.co
• ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
anticorrupción@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co
● SERGIO FAJARDO
Gobernador de Antioquia
sergiofajardo@une.net.co
• SANTIAGO LONDOÑO URIBE
Secretaría de Gobierno de Antioquia
e-mail: santiago.londono@antioquia.gov.co
• CLARA LUZ MEJÍA VÉLEZ (SECRETARIA)
Secretaría General De Antioquia
clara.mejia@antioquia.gov.co
● ALCALDIA DE TARAZÁ
alcaldia@taraza-antioquia.gov.co
alcalde@taraza-antioquia.go.co
●PERSONERÍA DE TARAZÁ
personeria@taraza-antioquia.gov.co
• JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN - Defensor Delegado para la
Prevención de Riesgos de Violaciones de DDHH y DIH.
sat@defensoria.org.co
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8. • Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos:
oacnudh@hchr.org.co
• Organización Nizkor para los Derechos Humanos.
nizko@derechos.org
• Federación Internacional de Defensores de Derechos Humanos
(FIDH).
• Corporación Jurídica José Alvear Restrepo
• Corporación Jurídica Libertad.
• Comité Permanente para los Derechos Humanos de Antioquia.
• Coordinación Colombia Europa Estados Unidos COOEUROPA -
Nodo Antioquia.
• Corporación REINICIAR
• Medios de comunicación
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