La violencia para los tupinambá está marcada en las tierras que recuperan. Caciques, pistoleros y agentes del Estado –que cada vez se acerca más a las élites del agronegocio- están decididos a no permitir que los indígenas tengan sus tierras de vuelta.

1. Brasil: Tupinambá, asesinados por recuperar su territorio
La violencia para los tupinambá está marcada en las tierras que
recuperan. Caciques, pistoleros y agentes del Estado –que cada vez
se acerca más a las élites del agronegocio- están decididos a no
permitir que los indígenas tengan sus tierras de vuelta.
Por Daniela Fernandes Alarcon
Traducción: Ernenek Mejía
El asesinato de tres indígenas tupinambá dentro de sus tierras
recuperadas de manos de hacendados, es el paso más reciente
dentro de una estrategia de élites caciquiles y políticas para
impedirles el regreso a sus territorios.
Tres indígenas tupinambá fueron asesinados la tarde del día 8 de
noviembre de 2013, en una emboscada dentro de la tierra indígena
de los tupinambá de Olivença, al sur de estado de Bahía, Brasil. Las
víctimas – Aurino Santos Calazans (31 años), Agenor Monteiro de
Souza (30 años) y Ademilson Vieira dos Santos (36 años) – fueron
atacados con armas de fuego y machetes por cuatro hombres que se
aproximaron en dos motocicletas.
La esposa de Aurino también se encontraba en el lugar del ataque,
pero consiguió escapar. Ella fue quien describió el brutal ataque. Uno
de los indígenas fue encontrado casi decapitado con señales de
tortura (fue azotado) y diversas heridas provocadas por los machetes
con que fue atacado.
De acuerdo con el representante indígena Valdenilson de Oliveira dos
Santos, los tupinambá asesinados vivían en la hacienda São Jose,
localizada en la zona del Mamão (en el municipio de Una, Bahía), en
la parte sur de esta tierra indígena. En la hacienda, recuperada por
los tupinambá de los hacendados el pasado 22 de junio, vivían seis

2. familias indígenas. La emboscada sucedió alrededor de las 18:30
horas, a la orilla de un camino vecinal, cuando los indígenas
regresaban de recolectar fibras de la palma de piasava. Los
tupinambá denunciaron que el ataque fue realizado por pistoleros
contratados por uno o más individuos que se oponen al
reconocimiento de sus derechos territoriales, hecho que llevo al
Ministerio Público a solicitar a la Policía Federal investigar las
muertes.
Los tupinambá acusan que las investigaciones de la policía no toman
en cuenta los probables vínculos entre los asesinos y la lucha
indígena por la tierra, pese a que ellos denunciaron reiteradamente la
existencia de un grupo armado en la zona que actúa en contra del
movimiento indígena, además de que son blanco de continuas
amenazas, incuso por regidores de los municipios donde se encuentra
la tierra indígena de los tupinambá.
El Consejo Indigenista Misionario (CIMI) informa que los indígenas se
encuentran atemorizados porque los culpables no fueron detenidos,
deabulan en el área y los amenazan. Uno de los líderes de este
grupo, inclusive, estuvo presente en el velorio de las víctimas. Los
indígenas señalan que en los últimos días se escucharon disparos en
las cercanías de las casas de las víctimas, y que un vehículo con
vidrios polarizados circula a alta velocidad por la zona.
Desde el 20 de agosto, por determinación del ministro de Justicia,
José Eduardo Cardozo, agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad
están en la tierra indígena con el objetivo de frenar los conflictos que
se desataron en la disputa por la tierra. Su presencia, sin embargo,
no detuvo la violencia contra los tupinambá. El 24 de agosto, a
indígenas que vivían en la zona urbana de Buerarema les fueron
quemadas sus casas y bienes; el 3 de septiembre, un tupinambá fue
asesinado a tiros, en una hacienda recuperada recientemente,
localizada en la región de Serra das Trempres, también dentro de la
tierra indígena. En esta última ocasión, el Ministerio Público Federal
solicitó a la Policía Federal del municipio de Ilhéus iniciar una
investigación, pero a más de dos meses del homicidio, la Policía no
presenta ninguna avance sobre las investigaciones.
Los tupinambá denuncian que la Fuerza Nacional de Seguridad
promueve cateos ilegales en las casas de las haciendas retomadas
por los indígenas, y confisca instrumentos de trabajo como machetes,
azadones y hoces –, lo que consideran una actuación como la “policía
privada” de los hacendados.
La omisión del gobierno federal
Los hechos recientes son consecuencia directa de la omisión del
gobierno federal. Hace más de un año y tres meses el proceso
administrativo de demarcación de la tierra indígena de los Tupinambá

3. de Olivença se encuentra en manos del ministro de Justicia, sin que
se le dé continuidad al proceso legal. Incuso, el 5 de abril de 2012, la
Consultora Jurídica de este ministerio se manifestó a favor de la
aprobación de los estudios elaborados por la Fundación Nacional del
Indio (FUNAI), que comprueban, de forma conclusiva, la ocupación
tradicional del territorio tupinambá. Con esta afirmación, el ministro
de Justicia puede y debe firmar el documento que da paso a las
últimas etapas del proceso legal. Es importante notar que el plazo
para la demarcación de las tierras indígenas debe ser de 30 días.
Cuestionado sobre la pasividad frente al caso, el ministro se limitó a
decir que el proceso “está en un análisis riguroso”.
El proceso de identificación de la tierra indígena de los tupinambá de
Oliveça comenzó en 2004, como resultado de la presión por parte de
los indígenas. Cinco años más tarde, la Fundación Nacional del Indio
(FUNAI) aprobó el informe que delimitó esta tierra a cerca de 47 mil
hectáreas, abarcando parte de los municipios de Buerarema, Ilhéus y
Una, al sur del estado de Bahía. De acuerdo con los datos de la
Fundación Nacional de Salud (FUNASA), en 2009 vivían cerca de 4 mil
700 tupinambá en esta área.
Sólo después de la firma del documento aprobatorio por parte del
ministro de justicia el proceso legal podrá comenzar las siguientes
etapas, incluyendo el pago de las indemnizaciones a los ocupantes no
indígenas, así como la reubicación de aquellos que recibieron tierras
en esta área como parte de la reforma agraria.
Frente al ilegal y abusivo atraso del proceso de demarcación de esta
tierra indígena, el Ministerio Público Federal propuso acciones civiles
públicas para responsabilizar al Estado por no cumplir su atribución
legal de proteger los derechos indígenas, conforme determina la
Constitución Federal de 1988 y los tratados internacionales de los que
Brasil es firmante, como el Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT).
El pasado 25 de septiembre, el ministro de Justicia y el gobernador
del estado de Bahía, Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores
(PT) -el mismo que está en el gobierno federal-, se reunió con los
líderes indígenas y presuntos propietarios de tierras en la zona en
una “mesa de diálogo”. Extrapolando sus atribuciones legales, el
ministro de Justicia Cardozo abordó a los indígenas y condicionó la
firma del documento de demarcación en sus manos al cese de las
recuperaciones de haciendas y a la firma de “acuerdos” entre
indígenas y no indígenas, que prevén, incluso, la alteración de los
límites de la tierra indígena para reducir su extensión.
Las “mesas de diálogo” son un mecanismo que el gobierno federal
adoptó en regiones de ocupación tradicional indígena donde hay una
fuerte presencia del agronegocio, como parte de una estrategia que
pretende atrasar, lo máximo posible, la demarcación de las tierras

4. indígenas en el contexto de una cada vez más fuerte aproximación
entre el gobierno federal y los intereses de las élites rurales.
La paralización del proceso de demarcación de la tierra indígena de
los tupinambá intensificó el conflicto entre indígenas y no indígenas
contrarios a la demarcación. La reciente escalada de violencia
comenzó la noche del 14 de agosto, cuando un camión que
trasportaba estudiantes de la Escuela Estatal Indígena Tupinambá de
la Serra do Padeiro, fue atacado en una emboscada con arma de
fuego dentro de la tierra indígena. Nadie fue alcanzado por las balas,
sin embargo, las esquirlas hirieron a Lucas Araújo dos Santos (18
años) y Rangel Silva Calazans (25 años) en el rostro y en el pecho.
En los siguientes días al ataque contra el autobús de estudiantes, no
indígenas incendiaron vehículos de instituciones públicas y un
autobús escolar. Desde entonces, los tupinambá son amenazados
permanentemente y fue robada parte de su producción agrícola
(cacao y harina de mandioca); del mismo modo, lo no indígenas que
los apoyan sufren tentativas de linchamiento, al igual que los
comerciantes cercanos a los indígenas que sufrieron ataques a sus
tiendas.
Actualmente, por razones de seguridad, los indígenas restringieron su
desplazamiento por sus propias tierras, lo que impide el acceso a los
servicios de salud y genera, además, importantes pérdidas
económicas al imposibilitar la comercialización de su producción.
Esta situación fue denunciada el 13 de noviembre por el
parlamentario Chico Alencar (del Partido Socialismo e Liberdade),
quien realizó una declaración en la Cámara de Diputados para
denunciar los recientes asesinatos: “Hago un llamado al ministro de
Justicia, señor José Eduardo Cardozo, para que dé paso a la
finalización de la demarcación de las tierras indígenas”, reclamó el
diputado. “Para detener el escenario de violencia no será suficiente
que el poder público aumente o reoriente las actividades del
contingente de la policía federal en la zona. Tenemos que concluir con
urgencia el proceso de demarcación de las tierras indígenas de los
tupinambá, cuyo retraso ha dado lugar a la intensificación de los
conflictos”.
Una larga historia de violencia
Cuando tratan de reconstruir su trayectoria como pueblo, los
tupinambá hacen referencia a una larga (y subterránea) historia de
violencia y de despojo, marcada por extinción de aldeas, por
masacres, devastadoras enfermedades contagiosas, violaciones y
expropiación de tierras. Mencionan casos como el de la joven Estelina
Maria Santana (1914-1988), quien, aun niña, fue golpeada por
policías para que delatara el paradero de los indígenas que resistían a

5. la incursión de los no indígenas en su territorio, en lo que es conocido
como el levantamiento del caboclo Marcelino.
Los tupinambá recuerdan el destino de diversos indígenas que
desaparecieron a manos de los coroneles y patriarcas de las élites no
indígenas locales, sepultados en cuevas dentro de las selvas o
lanzados a ríos y lagunas.
La violencia para los tupinambá está marcada en el territorio. Al
mencionar el río de la Calaveras o el río de la Sepultura, algunos
indígenas enfatizan con ciertos topónimos nada sutiles las matanzas
que sucedieron en estos lugares. Por medio de estas narrativas,
ponen al descubierto el uso de la violencia en la “construcción” de las
haciendas, entendidas no como simples extensiones de tierra – en
relación a las cuales los no indígenas hoy reivindican su propiedad
legitima–, sino como entidades construidas históricamente que
determinan posiciones sociales y, de algún modo, la vida y la muerte
de aquellos que con ellas se relacionaron.
La movilización de los indígenas por el reconocimiento de sus
derechos territoriales inauguró un nuevo capítulo de esta intensa
violencia – perpetrada, inclusive, por agente del Estado. Por ejemplo,
la recurrente violencia contra los tupinambá, entre 2008 y 2010, por
parte de policía, en la que se comprobó el uso de armamento letal,
detenciones ilegales de líderes y tortura (con choques eléctricos). O la
violencia efectuada por de los poderes públicos – del diputado federal
Geraldo Simões (Partido de los Trabajadores) y la diputada estatal
Ângela Souza (Partido Social Cristiano) – quienes en declaraciones a
la prensa regional, contribuyen a la difusión del prejuicio contra los
tupinambá e incitan a la violencia.
Los tupinambá son objeto también de la violencia y el prejuicio por
parte de los medios de comunicación, como del locutor de radio
Rivamar Mesquita, del programa de noticias Jornal Itabuna, conocido
por sus frecuentes declaraciones anti-indígenas. Todos estos hechos
han motivado el posicionamiento de entidades como la Comisión de
Asuntos Indígenas de Brasil y de la Asociación Brasileña de
Antropología, así como de Amnistía Internacional. El 26 de agosto fue
lanzada una campaña por la urgente conclusión del proceso de
demarcación de la Tierra Indígena de los Tupinambá de
Olivença.
Publicado el 18 de noviembre del 2013
Fuente: desinformemonos.org