El documento conocido ayer como "Declaración Política de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular", brinda un repaso por el pliego de peticiones planteadas por los distintos sectores que hicieron parte del Paro; insiste con el reclamo de "reconocimiento político del campesinado"; desconoce al nuevo ministro de Agricultura; y finaliza con "un llamado a todos los campesinos y campesinas, indígenas y afro descendientes de Colombia, organizaciones agrarias y populares, como también al conjunto de la población colombiana, a que nos juntemos en la cumbre agraria y popular a realizarse en el mes de octubre de 2013". A Continuación, el texto completo de la Declaración.

1. El Pacto Agrario no existe
El documento conocido ayer como "Declaración Política de la Cumbre
Nacional Agraria, Campesina y Popular", brinda un repaso por el
pliego de peticiones planteadas por los distintos sectores que hicieron
parte del Paro; insiste con el reclamo de "reconocimiento político del
campesinado"; desconoce al nuevo ministro de Agricultura; y finaliza
con "un llamado a todos los campesinos y campesinas, indígenas y
afro descendientes de Colombia, organizaciones agrarias y populares,
como también al conjunto de la población colombiana, a que nos
juntemos en la cumbre agraria y popular a realizarse en el mes de
octubre de 2013". A Continuación, el texto completo de la
Declaración.
Declaración política de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina
y Popular
El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un avance para el
movimiento social colombiano, en especial para los sectores
campesinos, indígenas y afros. El Paro representa la movilización más
importante y contundente de los últimos años en el país. Podemos
decir con orgullo que por primera vez en mucho tiempo, las
campesinas y los campesinos logramos mostrarle a la sociedad
colombiana nuestro poder de convocatoria para defender nuestra
dignidad y nuestros derechos. Durante 24 días nos hemos movilizado
en veintidós (22) departamentos del territorio nacional, para expresar
nuestra inconformidad por las políticas de despojo, y desigualdad que
se han lanzado contra los más humildes. A la vez, hemos puesto en
discusión democrática una serie de exigencias, propuestas y
soluciones, recogidas en diversos pliegos que recogen nuestros
planteamientos. Como el país y el mundo bien lo saben, la respuesta
del gobierno a nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido
en el excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados.

2. Frente a nuestros pliegos y justas demandas, el gobierno respondió
con la detención de nuestros líderes, con la militarización de los
campos y las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa
protesta social. La represión gubernamental deja un saldo desolador,
que incluye la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas
desaparecidas, 660 casos de violaciones a los derechos humanos
individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias,
485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52
casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y
líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a la población
civil en diferentes departamentos del país.
El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta a la crisis del
campo y del país en general generada por políticas que han
empobrecido en especial a la población rural. Los gobiernos de turno
han impulsado un modelo económico diseñado para favorecer a
terratenientes, ganaderos y empresas transnacionales,
desconociendo a las grandes mayorías campesinas, indígenas y afro.
Se han impulsado acuerdos de libre comercio que han facilitado la
importación de productos subsidiados que han quebrado a los
pequeños productores colombianos. Se ha puesto en marcha una
política de impulso a la gran minería transnacional que ha despojado
a comunidades, que ha golpeado a los pequeños mineros, que ha
acaparado el agua en las regiones y ha contaminado nuestros
territorios. Como si fuera poco, el gobierno persigue a los
cultivadores que guardan sus propias semillas para su producción,
amenazando gravemente la soberanía y autonomía alimentaria
nacional, y favoreciendo a los grandes monopolios globales que
controlan las semillas y los insumos.
Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en
avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca
los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y
territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes
latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable.
También planteamos la derogatoria de las leyes que han incentivado
el despojo, que han legalizado los robos de tierras, el
desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de
tierras falsos auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para
buscar la salida a la crisis agraria, insistimos en la necesidad urgente
de implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción
agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre
comercio, la anulación de los Tratados internacionales que afecten a
los productores nacionales y el avance hacia una integración justa y
solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.
En ese marco, nuestros procesos han redactado pliegos que recogen
nuestras propuestas para el campo colombiano. Exigimos tierras para

3. los pueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y
tenencia de la tierra, reconocimiento al territorio y la territorialidad
campesina. Lo anterior solo se logrará con la adjudicación y dotación
de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra
directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la
titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos,
que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios. También exigimos
que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho
empresas nacionales y extranjeras violando la ley 160 de 1994.
Detener la política de extranjerización de tierras y detener la
reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en
todo caso, no disminuir la extensión que actualmente está definida.
Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción
campesina, que se garantice una remuneración efectiva a los
productores, así como precios accesibles para los consumidores.
Exigimos la reducción de los precios de los combustibles, de los
precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos
agropecuarios.
En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran minería
transnacional, promueven consultas populares para la definición de
proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la
formulación de la política agraria. También se plantean condiciones
para la discusión pública de una ley marco de hidrocarburos que
reoriente el manejo de la política petrolera para el bienestar y la
soberanía nacional, y no para el lucro de las grandes empresas.
Exigimos una política de sustitución autónoma y concertada de
cultivos de uso ilícito. Exigimos que se detengan las fumigaciones y la
erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que no se debe
perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no
debe ser tratado como delincuente, sino como víctima de los
desaciertos de la política del Estado.
Luchamos por el reconocimiento político del campesinado. Exigimos
que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el
ejercicio de los derechos políticos de la población rural, la inversión
social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda,
servicios públicos y vías. Creemos que la consulta previa también
debe ser un derecho para el campesinado colombiano.
Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y hombres
participantes de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular,
rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos.
Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que
agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria.

4. La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e
inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños
productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor. Por esa
razón desconocemos al nuevo Ministro de Agricultura, representante
de un modelo de agronegocios que ha sido agente de contaminación
ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y
desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. No
creemos que sea la persona adecuada para impulsar la política
agraria que necesita el país. Seguiremos construyendo nuestros
pliegos, mandatos y planes de vida como camino a la defensa del
campo y sus habitantes más humildes.
Hoy es el momento de que se consoliden propuestas desde los
distintos sectores de la sociedad, pero en concreto que el
campesinado, los afrodescendientes y por supuesto los indígenas,
desde sus vivencias construyan espacios y soluciones a sus
problemas, es el momento en que puedan opinar y decidir sobre su
futuro. Hoy nuevamente debemos estar al frente de nuestros
problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso que nos da este
momento histórico.
Es necesario avanzar en la construcción de la cumbre agraria y
popular teniendo en cuenta que la movilizacion no es algo que haya
terminado, es un proceso que esta en curso, como determinante del
ejercicio de soberanía popular, que siente las bases para el camino de
construcción colectiva, que contribuya a la UNIDAD en la acción de
las diversas organizaciones que confluimos en este espacio.
Por lo tanto, buscamos construir el proceso de resistencia y
movilización social para recoger y articular los acumulados de lucha,
anhelos y clamor, de transformación social del pueblo colombiano,
para traducirlos en una propuesta alternativa. Así también buscamos
elaborar a partir de políticas democráticas y populares formuladas en
mandatos o leyes, que sienten las bases de construcción de un nuevo
pacto social por la paz y la vida digna, que recojan los deseos, sueños
y anhelos de paz con justicia social de las colombianas y colombianos
de a pie, de la cuadra, el barrio, el pueblo, municipio, vereda,
corregimiento, región, gremio, convite, sector y/o proceso
organizativo.
Es por eso que hacemos un llamado a todos los campesinos y
campesinas, indígenas y afro descendientes de Colombia,
organizaciones agrarias y populares, como también al conjunto de la
población colombiana, a que nos juntemos en laCumbre Agraria y
Popular a realizarse en el mes de octubre de 2013 en Bogotá con la
participación masiva de los diversos sectores populares y sociales,
que permitan construir las propuestas, soluciones que darán

5. respuesta al conflicto agrario y social que vivimos. Invitamos a
construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social.
La Cumbre Agraria, un hito para el movimiento popular en
Colombia
http://colombiainforma.info/index.php/movilizacion/1014-analisis-la-
cumbre-agraria-un-hito-para-el-movimiento-popular-en-colombia
La Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular logró plantear
alternativas de políticas públicas para superar la crisis en el campo, al
mismo tiempo que fracasaba el Pacto para el Desarrollo que propuso
el gobierno. No se trató del final del paro agrario, sino el inicio de una
nueva etapa de articulación para el avance de las luchas sociales en
Colombia.
El jueves 12 de septiembre se celebraron dos encuentros para tratar
la misma cuestión: las políticas que necesita el campo colombiano.
El primer encuentro se celebró en Compensar, un reconocido centro
de eventos en Bogotá. El segundo se realizó en la concha acústica de
la Universidad Nacional, espacio facilitado por los trabajadores en
huelga que hoy controlan el campus. El encuentro de Compensar fue
convocado por el Gobierno nacional para firmar un "Pacto Nacional
por el Agro y el Desarrollo Rural". El encuentro de la Universidad
Nacional fue protagonizado por varios sectores sociales, en especial
por dos sectores del movimiento campesino, indígena y afro: El
Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Mesa de Interlocución y
Acuerdos (MIA), quienes lanzaron la "Cumbre Nacional Agraria,
Campesina y Popular".
El gobierno ha dicho que el Pacto es “el mecanismo a través del cual
un conjunto de actores públicos y privados se unen para acordar los
lineamientos fundamentales de la política de estado que requiere el
país para lograr el desarrollo rural y agropecuario”. La opinión del
campesinado reunido en la Cumbre contrasta con la propuesta
gubernamental; en la Declaración política de su evento dicen:
“rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos.
Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que
agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria.
La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e
inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños
productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor”.
Aunque el Pacto convocado por el gobierno tuvo mayores recursos y
mayor cobertura mediática, parece que fue más exitosa la Cumbre
campesina. Mientras en la Universidad Nacional hubo unidad de
criterios políticos, consignas animadas, música y bullerengue, en el

6. escenario convocado por el gobierno aparecieron voces disonantes,
en especial la voz del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien lanzó
un fuerte discurso donde cuestionó buena parte de la política agraria
del gobierno nacional. Como si fuera poco, la prensa registró la baja
participación del campesinado, la inasistencia de varias
organizaciones agrarias invitadas y el escepticismo de los pocos
cultivadores que aceptaron el convite.
Pero ahí no terminan los problemas del gobierno. Tras el
nombramiento del nuevo ministro de Agricultura, el funcionario que
impulsará esta nueva etapa de la política agropecuaria, se dio a
conocer la renuncia de Jhenifer Mojica, hasta hace poco Subgerente
de tierras del INCODER. En una entrevista, Mojica afirma que el
gobierno nacional desplazó al INCODER de la discusión de varios
temas claves de la política de tierras por “nuestra posición a favor de
los campesinos y de la aplicación de la Ley 160”. La ex funcionaria
relata varias situaciones donde optó por defender comunidades
campesinas frente a los intereses de grandes emporios empresariales
que pretendían adueñarse de los baldíos de la nación o de tierras
antes ocupadas por a víctimas de desplazamiento forzado. Al parecer,
al gobierno no le gustó esa actitud, aunque estuviera de acuerdo con
las leyes que rigen al Estado colombiano.
La declaración política de la Cumbre también plantea: "Seguimos
insistiendo en avanzar hacia una política de reforma agraria integral
que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de
la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte
los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la
tierra cultivable. (...) En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis
agraria, insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas
y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que
incluyan el desmonte de las políticas de libre comercio, la anulación
de los Tratados internacionales que afecten a los productores
nacionales y el avance hacia una integración justa y solidaria entre
los pueblos de América Latina y el mundo".
La Cumbre marca un hito para el movimiento social colombiano por
tres razones: 1. Porque rechaza de manera enfática un modelo de
desarrollo rural que ha profundizado la crisis del campo. 2. Porque
plantea alternativas serias de política pública agraria para enfrentar la
crisis del campo, revertir el despojo y construir la paz en un contexto
donde se habla de solución política. 3. Porque avanza en la
articulación del movimiento social popular colombiano, en primera
instancia, la convergencia del movimiento campesino, indígena y
afro, y en segundo término, del movimiento rural con otros sectores,
como el movimiento estudiantil, sindical y de pobladores urbanos. La
Cumbre no marca el final el paro agrario, más bien indica el inicio de

7. una nueva etapa de articulación para el avance de las luchas sociales
en Colombia.