1. Declaración política del congreso de los pueblos capitulo
centro-oriente
En el municipio de Yopal –Casanare-, en el Coliseo Cubierto Instituto
Técnico Ambiental, los días 21 y 22 de marzo de 2015, se reunieron
novecientos (900) representantes de comunidades y organizaciones
sociales pertenecientes a los departamentos del Centro Oriente de
Colombia: Meta, Arauca, Casanare, Boyacá, Norte de Santander,
Santander, Cundinamarca, Bogotá, Vichada y los pueblos indígenas;
en acompañamiento de delegados de organizaciones provenientes del
Chocó, Cauca, Huila y Sur de Bolívar y con la solidaridad internacional
de delegados de Venezuela, Argentina, Canadá y el País Vasco, para
instalar las sesiones permanentes del Congreso de los Pueblos
capitulo Centro Oriente, como un espacio de unidad que responda a
las necesidades de la organización social y política de la región e
impulse a nivel nacional la consecución de los cambios urgentes que
reclama nuestra sociedad, y que logre gestar una fuerza social y
popular que materialice una Colombia con vida digna, libre y
soberana.
DECLARAMOS QUE:

2. Que la actual crisis capitalista se han detonado diversidad de
conflictos sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales
que han agravado las condiciones de vida de las clases trabajadoras
por la vía del ajuste al gasto público y la depredación de los
principales bienes naturales, por parte de los conglomerados
financieros internacionales y sus Estados nacionales. Por tal razón,
consideramos que la lucha de los pueblos por la soberanía de sus
territorios debe ser un pilar para la paz con justicia social.
En este contexto la realidad nacional atraviesa la arremetida del
capital contra el movimiento social, mientras el gobierno consagra su
cinismo en un discurso de paz que se contrapone a los verdaderos
intereses de sus políticas económicas, prestas al servicio de las
empresas privadas de tipo nacional y extranjero, que según el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 obtendrán sus ganancias
profundizando el modelo extractivista de la explotación minero-
energética y agro-industrial, para lo cual será indispensable la
construcción de infraestructura al servicio de los grandes intereses
privados (Oleoductos, vías, puentes, locaciones, navegabilidad y
adecuación de ríos), gozando de excepciones tributarias que pagaran
los trabajadores y trabajadoras colombianos a través del aumento de
los impuestos a su consumo, salario y precarización de sus
condiciones laborales.
Bajo estas condiciones: Mandatamos rechazar y oponernos
activamente mediante la movilización, la denuncia pública y la
agitación de nuestros mandatos, a las nefastas consecuencias que
para el bienestar de las clases populares signa el Plan Nacional de
Desarrollo del actual gobierno.
El modelo minero energético de tipo extractivo que se viene
implementando en nuestros territorios, le ha permitido a las
empresas transnacionales amasar grandes ganancias en el corto
plazo. Mientras tanto a los trabajadores les queda la precarización
laboral; deterioro ambiental; trasgresión cultural y degradación
social. De esta forma, los empresarios no pagan los costos negativos
del modelo extractivo porque no viven en las comunidades.
Por lo cual: Mandatamos la construcción de una nueva ley minero-
energética, que explote los recursos naturales de manera soberana
en armonía y equilibrio con la naturaleza.
Que la concentración de la tierra en extensos latifundios y para el
desarrollo de megaproyectos, despoja la verdadera fuerza que
produce la riqueza en los territorios rurales, es decir al campesino.
Que no solo mediante el acaparamiento de tierras, sino por la falta de
acceso a mercados, créditos, subsidios y la competencia con grandes
capitales nacionales y sobretodo internacionales, el campesinado es

3. arrinconado en una situación de extrema pobreza agudizada por el
abandono estatal.
Por esto: Mandatamos la creación de los Territorios Agro-alimentarios
y Ancestrales, en armonía con otras formas alternativas de concebir
el territorio por parte de otros procesos de organización popular, los
que priorizarán la producción de alimentos para la nación y servirán
como escenarios participativos para desarrollar la economía
campesina, fortalecerla y llevarla a mayores niveles de gestión que
incluyan modelos agro-ecológicos y agro-industriales que garanticen
la soberanía alimentaria y el equilibrio natural del territorio.
Que ante la concentración de grandes masas de personas en las
ciudades y cabeceras municipales generada por el despojo, un
problema agrario no resuelto en el país y una dinámica de
regionalización urbano-regional a favor de los conglomerados
financieros nacionales e internacionales vienen negociando con los
bienes de consumo colectivo producidos por los trabajadores
colombianos. La vivienda y los servicios domiciliarios, el transporte, la
salud, la educación, la cultura, la recreación y la dignificación de las
condiciones laborales, que no son hoy garantía de vida sino fuentes
de sobre-explotación para el pueblo colombiano.
Por ello: Mandatamos generar una industria nacional en manos de los
procesos comunitarios que sea capaz de dignificar el empleo y la vida
de los trabajadores colombianos; un Sistema Público de
Abastecimiento de Bienes de Consumo Colectivo, gestionado con la
participación y empoderamiento de las comunidades organizadas, a
través de una ley que reconozca la naturaleza jurídica de la gestión
comunitaria con financiación estatal.
Debido a las condiciones del fortalecimiento del movimiento social y a
la creciente movilización de los diferentes sectores sociales indígenas,
campesinos, obreros, estudiantes y sectores populares en campos y
ciudades, el Estado ha terminado por agudizar la situación de
violación de los derechos humanos de las organizaciones sociales por
todo el país, incriminando, encarcelando, asesinando a líderes y
dirigentes sociales. Esta situación dejó como saldo el asesinato de
nuestro querido dirigente del Centro Oriente de Colombia Carlos
Alberto Pedraza Salcedo y la detención arbitraria de Alexander
Tibacuy Laguado, donde en ambos casos exigimos de parte del
Estado el esclarecimiento y las garantías correspondientes.
Sobre estas condiciones: Mandatamos defender la vida de los líderes
y dirigentes sociales, así como sus libertades y garantías legales para
el desarrollo de su ejercicio político y promover la defensa de los
DDHH de las mayorías de los colombianos.

4. Que el imperialismo viene desarrollando una contraofensiva en
Latinoamérica generando campañas de desestabilización contra
gobiernos progresistas y estigmatización de las movilizaciones
populares. El caso más reciente se encuentra en las sanciones
impuestas por Estados Unidos a el país hermano de Venezuela, por
considerarlo una amenaza para su seguridad nacional, facultándose
unilateralmente para involucrase en los asuntos internos de la nación
bolivariana y violentar su legítimo derecho a la autodeterminación.
Con esto: Mandatamos reivindicar el respeto a la autodeterminación
de los pueblos y las naciones latinoamericanas y fortalecer los lasos
de solidaridad y hermanamiento con el pueblo venezolano y su
proceso de revolución social y democrática.
Que mientras el gobierno habla de paz radicaliza sus políticas de
injusticia social, económica y política. La superación de los problemas
históricos de exclusión política, explotación económica y segregación
territorial que son las causas reales y estructurales del actual estado
de guerra social en que vive nuestra nación, son solo posible a partir
de la organización social y política de los sectores populares por la
conquista de sus condiciones de vida digna y las transformaciones
estructurales de nuestra nación.
Por tales razones: Mandatamos avanzar en la unidad del movimiento
social y popular de nuestro país y en su lucha por la materialización
de sus planes alternativos de vida.
Frente a la implementación del modelo extractivo en los territorios
ancestrales de los pueblos indígenas del Centro Oriente de Colombia
y sus nefasta consecuencias para la naturalezas, la biodiversidad y la
cultura milenaria de los pueblos originarios. Los pueblos indígenas del
Centro Oriente Colombiano, representados en el Congreso de los
Pueblos, Capítulo Centro Oriente, ratificamos que la lucha por la
supervivencia y la pervivencia, parte de los planes de vida y la Ley de
Origen de cada pueblo en donde se presenta la territorialidad, la
autonomía, la unidad, la espiritualidad y la cosmogonía.
Por esto: Mandatamos la unidad de los pueblos indígenas, la unidad
con los demás sectores de la sociedad en el marco de un programa
político, que se construye con la participación de todos en escenarios
populares y sociales como el Congreso de los Pueblos, y su
materialización sólo es posible con la movilización y la lucha.
Carlos Alberto Pedraza Salcedo
¡Vive siempre!
Hasta cuando
¡Hasta la victoria!

5. Los bienes naturales para la nación
¡No para el capital!
Por una Colombia libre y soberana
¡Unidad y Lucha!
Congreso de los Pueblos
¡Propuesta de país para la vida digna!
Tomado de:
http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-
noticias/680-declaracion-politica-del-congreso-de-los-pueblos-
capitulo-centro-oriente