Colombia ha mejorado sus protocolos para la identificación de cuerpos sin identificar y la búsqueda de personas desaparecidas, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. El gobierno planea exhumar todos los cuerpos sin identificar en cementerios en los próximos tres años para identificarlos mediante pruebas de ADN y entregarlos a sus familias. Además, las instituciones están trabajando con desmovilizados y familiares para encontrar fosas comunes y proporcionar atención psicosocial a las víctimas, aunque

1. El rastro de los desaparecidos
7 agosto, 2013. Javier Sulé
Al contrario que lo sucedía con los secuestros, la desaparición forzada
en Colombia contó siempre con una gran indiferencia social. Foto:
Javier Sulé
Durante muchos años la desaparición forzada en Colombia, pese a su
magnitud, contó con una gran indiferencia social e institucional que
contrastaba con la indignación que causaba siempre, por ejemplo, la
lacra del secuestro en el país. La mayoría de las desapariciones
ocurrieron entre 1996 y 2003 y se les atribuye agrupos
paramilitares. Las asociaciones de familiares de desaparecidos y
organizaciones defensoras de derechos humanos fueron las únicas
que durante años clamaron en el desierto y denunciaron la gravedad
de un fenómeno que gozaba de una impunidad absoluta y que en
infinidad de casos tenía también la participación directa del Estado o
su complicidad con el paramilitarismo. Del total de 50.000
desaparecidos que pudieran existir en el país producto de 40 años de
conflicto armado, unos 18.000 lo serían por razones políticas. Los
familiares de desaparecidos han sido además permanentemente
estigmatizados, revictimizados y objeto de amenazas para que
cesaran en la búsqueda de sus seres queridos.
A todo esto se sumaban las numerosas irregularidades cometidas en
las inhumacionesde cadáveres sin identificar que se hacían sin control
ni registro. Los cuerpos se sepultaban sin tomarse medidas para la
conservación que pudieran facilitar su posterior identificación y se
permitía que se mezclaran diferentes restos mortales entre sí. Ya en
esos años, Naciones Unidas había advertido a Colombia sobre su falta

2. de compromiso y voluntad para abordar la desaparición forzada aún
teniendo un buen marco jurídico para ello.
Afortunadamente, sobre el papel, todo parece estar cambiando
últimamente. La propiaCruz Roja Internacional considera a Colombia
un líder regional en ciencias forenses y reconoce que no sólo cuenta
con una legislación sólida sino que ha conseguido una mayor
coordinación entre las diferentes instituciones para enfrentar el
problema. Dejando al margen la gran cantidad de fosas que hay sin
localizar, es cierto que se han mejorado los protocolos de inhumación
de cadáveres en lo que respecta a conservación y marcado de las
tumbas.
Proceso de inhumación de un cadáver sin identificar. Foto: Javier Sulé
Las inhumaciones empiezan a realizarse ya con sus
correspondientes necropsias, sus exámenes forenses pertinentes y en
condiciones sanitarias adecuadas asegurando además los diferentes
elementos de prueba que puedan surgir. Igualmente, es obligatorio
reportar al Registro Nacional de Desaparecidos la ubicación final de
los cuerpos que existen en los cementerios sin identificar y se han
puesto en marcha nuevas instituciones y mecanismos como
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y la
llamada búsqueda urgente que permite hacer de forma inmediata
todas las diligencias para la localización del desaparecido o prevenir
un posible delito de desaparición.

3. Paralelamente, el gobierno inició una ofensiva para la búsqueda de
desaparecidos que pretende exhumar en tres años todos los
cuerpos NN sin identificar que se encuentran en los cementerios del
país. El instituto de Medicina legal será la entidad encargada de hacer
este gigantesco trabajo. “Realizaremos la intervención de
cementerios a nivel nacional. Esto significa que vamos a tratar de
ubicar a todos los cadáveres que fueron inhumados como no
identificados desde hace muchos años. Ahora tenemos la tecnología
que nos permite hacer las exhumaciones aplicando todos los
conocimientos científicos y técnicos para la plena identificación de la
persona. La intención es identificarlos plenamente y lograr
entregarlos a sus familiares porque es un derecho fundamental que
tienen ellos para terminar con esa incertidumbre de no saber que ha
pasado con sus seres queridos”, me dice Álvaro Hernández, director
de Medicina legal del departamento de Nariño.
Fosas de NN en el cementerio de Satinga, departamento de Nariño. El
Instituto de Medicina Legal de Colombia tiene previsto en tres años
realizar las exhumaciones de los 20000 NN que se dice que puede
haber en los cementerios de todo el país. Foto. Javier Sulé
Medicina Legal cuenta con el apoyo de nueve equipos de
la Fiscalía dedicados a la búsqueda de desaparecidos y de 17 físcales
especializados. Norberto Suárez es uno de ellos y se encarga de
exhumaciones en toda la zona de los llanos orientales colombianos.
“En Villavicencio contamos con un laboratorio especial de genética
porque en estas tierras del Meta hemos encontrado muchos cuerpos y
restos óseos no identificados. Lo que estamos haciendo es perfilar

4. el adn a cada cuerpo para crear, por un lado, un banco de perfiles
genéticos de restos óseos y por otro un banco de perfiles genéticos
de familiares de desaparecidos. Las muestras las cruzamos y ya
hemos tenido cuatro casos positivos. Vamos a continuar en esto.
Además estamos realizando unas cartillas con fotos de prendas y
documentos hallados en fosas cuyos cuerpos exhumados no se ha
logrado identificar para que los familiares, especialmente aquellos
que viven en zonas apartadas, tengan la opción de poder reconocer
algo que les hable de sus familiares perdidos. Paralelamente ya
tenemos a personas desmovilizadas de la guerrilla de las FARC
postuladas que nos están colaborando en la ubicación de fosas”
Hasta el momento se han exhumado e identificado ya cerca de 3.000
cadáveres, de los cuales apenas unos 800 han sido entregados a sus
familiares. La tarea que enfrenta Colombia es ardua. No sólo es
encontrar a los desaparecidos, sino hacer justicia con las miles de
desapariciones forzadas que han ocurrido en los últimos treinta años.
Y si bien se han dado avances importantes, no faltan los que
consideran que los esfuerzos estatales son del todo insuficientes y
muestran una gran preocupación con respecto a la gran cantidad de
casos existentes sin resolver.
Un aspecto que debe mejorar se refiere a la escasa o nula atención
psicosocial que reciben las familias víctimas durante todo el proceso
de búsqueda. Otro es que para aquellas familias que viven en zonas
rurales alejadas no siempre tienen el conocimiento de los derechos
que les asisten y son enromes sus dificultades para moverse por todo
el entramado burocrático de la ruta de búsqueda institucional.
“Intentamos facilitar la coordinación entre esas familias y las
instituciones porque con frecuencia sí existe la normativa y una
manera de intentar lanzar el proceso de búsqueda, pero las familias
lo ignoran, lo encuentran excesivamente complejo, burocrático y les
atemoriza. Trabajamos mucho en facilitar esos procesos”, explica
Jordi Raig, máximo responsable de la delegación de la Cruz Roja
Internacional en Colombia (CICR) quien recuerda también que
muchas familias no se atreven a denunciar una desaparición porque
muchas veces no se dan las suficientes garantías para hacerlo, ya sea
por desconfianza o porque suelen ser amenazados.
Para Raig las desapariciones no son ni muchos menos un problema
del pasado: “Hoy sigue habiendo desapariciones. Al mismo tiempo
que estamos intentando resolver las del presente se están
produciendo desapariciones en estos mismos momentos”, recuerda.