Ante Representantes de la Comunidad Internacional FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS DENUNCIAN INEFICACIA DE LOS MECANISMOS ESTATALES DE BUSQUEDA E INVESTIGACIÓN DE LAS MÁS DE 45.000 DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA

1. Ante Representantes de la Comunidad Internacional
FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS DENUNCIAN INEFICACIA DE LOS
MECANISMOS ESTATALES DE BUSQUEDA E INVESTIGACIÓN DE LAS MÁS DE
45.000 DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas, las organizaciones de familiares de este crimen atroz y perpetrado de
manera sistemática en Colombia en contra de más de 45.000 personas en el país, se
reunieron con representantes de la comunidad internacional, de la Naciones Unidas y
miembros del Congreso comprometidos con los derechos humanos, ante los cuales
presentaron la situación actual del crimen de desaparición forzada, la ineficacia de los
mecanismos estatales para prevenir y luchar contra este fenómeno y el estado de
impunidad estructural de este delito.
Ante representantes de las Embajadas de Suecia, Suiza, Alemania, Francia y el
Embajador de Noruega y el Delegado Adjunto de la Oficina de la Alto Comisionado
para los Derechos Humanos en Colombia, las organizaciones de familiares de
personas víctimas de desaparición forzada señalaron que de los más de 45.000 casos
de desapariciones forzada registradas en el país, los afectados por este delito son
jóvenes en un 25% de los casos en tanto un 17% de las víctimas corresponden a
mujeres. Sin embargo, anotaron que hay una falencia continuada de las entidades
estatales para consolidar sus estadísticas, pues reposan cerca de 69.300 casos en las
diferentes instancias de la Fiscalía, en tanto solo se contabilizan cerca de 21.000
casos en el Registro de Medicina Legal. La impunidad es de mas del 95% de los casos
y no hay una estrategia de priorización dentro de la Fiscalía sobre el tema de la
desaparición que permita avanzar en las investigaciones e individualizar a sus
perpetradores, como tampoco hay esfuerzos efectivos para llevar a cabo la búsqueda
de los desaparecidos, dejando en el abandono a las víctimas. Es preocupante que en
el marco de las negociaciones para poner fin a 50 años de conflicto armado el Estado
Colombiano siga omitiendo su obligación de búsqueda de los desaparecidos(as) y
dejando de impulsar los procesos de investigación. Señalaron los familiares de las
personas desaparecidas.
Rechazaron la continua persecución que se da contra las organizaciones de familiares
de personas desaparecidas y contra quienes denuncian este tipo de crímenes, tal y
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2. como viene sucediendo contra integrantes de la Fundación Nydia Erika Bautista,
contra miembros de Familiares Colombia y contra familiares que hacen parte del
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y los
desplazamientos forzados a familias por haber denunciado donde podrían encontrarse
los cadáveres de sus seres queridos, tal y como ha acontecido en el Valle del Cauca.
“Vemos con esperanza que se haya incluido en la Comisión de Esclarecimiento de la
Verdad, pactada en al Habana, el tema de la Desaparición Forzada, pero solicitamos
la conformación de una Subcomisión dentro de la Comisión de la Verdad para la
búsqueda de las personas desaparecidas que sea un mecanismo eficaz para buscar
vivos a las personas que fueron desaparecidas por razones políticas o por razón del
conflicto armado”, expresó Yannethe Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika
Bautista. Solicitó además que se establezca un Programa Nacional de Identificación
para los más de 20.453 cadáveres de personas que permanecen sin identificar en
diferentes cementerios del país.
Las organizaciones de familiares que hacen parte de la Mesa sobre Desapariciones
Forzadas de la Coordinación Colombia–Europa–Estados Unidos exigieron además
avances firmes en las investigaciones judiciales y disciplinarias, que permitan la
Individualización y sanción de los responsables de estos crímenes, y expresaron su
rechazo a que crímenes de desaparición forzada se tramiten bajo el fuero penal militar
mediante diferentes figuras (secuestros, tomas de rehenes, detenciones ilegales)
previstas en la reciente reforma que amplió la competencia de la Justicia Penal Militar.
Al denunciar la situación de desapariciones forzadas en los departamentos de los
Llanos Orientales, Isabel Ortigoza de la Corporación Socio-Jurídica Orlando Fals Borda,
reconoció que se han llevado a cabo algunas exhumaciones e identificación de
personas que estaban desaparecidas, pero que los esfuerzos estatales son tan
insuficientes que harían falta mas de 143 años para entregar los cadáveres de solo 5
de esos cementerios con fosas comunes en esta región, donde se han documentado
recientemente más de 2.000 cadáveres: “Muchos de los casos son casos de
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que en la gran
mayoría han reportado los casos como si tratara de personas muertas en operaciones
militares”.
Refiriéndose a la situación de las desapariciones en la ciudad de Medellín, Adriana
Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, resaltó como un logro de las familias de
las personas desaparecidas que luego de 13 años de reclamos por fin el Estado haya
procedido a realizar las excavaciones para hallar las personas desaparecidas en el
sitio denominado la Escombrera, donde por más de una década las autoridades
autorizaron que cientos de miles de toneladas se depositaran sobre el lugar donde
cerca de 300 personas fueron enterradas tras haber sido detenidas y desaparecidas
luego de la Operación Militar Orión, en la cual fuerzas conjuntas de la IV Brigada del
Ejército, la Policía Nacional y paramilitares del Bloque Cacique Nutibara detuvieron,
desaparecieron y asesinaron cientos de ciudadanos de la Comuna 13 de Medellín, con
la cual se dio comienzo a la denominada Política de Seguridad Democrática, al
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3. comienzo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Siendo la Escombrera la mayor fosa
común de personas desaparecidas en zonas urbanas del continente, pidieron no solo
mayores esfuerzos para hacer efectivas la exhumación e identificación de las
personas desaparecidas allí enterradas, sino que además pidieron que se investigue,
enjuicie y sancione a los responsables de este crimen cometido de manera
sistemática entre el 16 de octubre y el 25 de noviembre de 2002. De entre las
personas que allí fueron enterradas, la Corporación Jurídica ha documentado los casos
de al menos 104 víctimas. Allí, los paramilitares siguen actuando y constituyen una
gran amenaza para las familias que hacen veeduría a las excavaciones.
La desaparición forzada es un crimen que se continua cometiendo en distintas
regiones del país, tal y como sigue sucediendo en Buenaventura, Tumaco o Quibdó, en
la región del pacífico colombiano. Luz Dary Santisteban de la Fundación Madres por la
Vida denuncia que en Buenaventura la Fiscalía lleva a cabo algunas exhumaciones,
pero con una política selectiva y falta de avances, lo cual deja por fuera
inexplicablemente muchas familias. Menciona que las desapariciones en los últimos 5
años suman centenares en los Ríos Raposo, Anchicayá y Yurumanguí y distintos
barrios de Buenaventura, donde el terror sobre los familiares que denuncian lo siguen
ejerciendo los paramilitares.
Pilar Navarrete, de los Familiares del Palacio de Justicia, denunció que 30 años
después de las desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia, sus perpetradores no
han contado la verdad para permitir encontrar a sus seres queridos. Los familiares de
las víctimas aun no han sido contactados por el Estado para iniciar el cumplimiento de
la sentencia de la CIDH y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas (CBPD) evade su función pidiendo a los familiares que les de las
coordenadas de la ubicación de sus seres queridos. Por otra parte, aún no hay
sentencias en firme contra los máximos responsables, y por el contrario se evidencian
maniobras para poner fin a los procesos en medio de la impunidad.
Las organizaciones de familiares que hacen parte de la Mesa de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas de la Coordinación Colombia–Europa–Estados Unidos,
denuncian que a pesar de que fue creada una Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas, la cual surgió gracias a la iniciativa misma de las víctimas,
esta entidad no ha cumplido su mandato legal de apoyar y promover la búsqueda de
las víctimas y de adelantar las investigaciones sobre las víctimas de desaparición
forzada. Las entidades con mayor responsabilidad en el tema, como la Fiscalía y la
Procuraduría, no tienen como prioridad la aplicación rigurosa del Plan Nacional de
Búsqueda en cada uno de los casos denunciados por las familias afectadas para
encontrar a las víctimas, ni el impulso sustancial para el avance de las investigaciones
para enjuiciar a sus máximos responsables. Desde hace mas de 15 años la
Procuraduría no ha ejercido su mandato disciplinario sobre agentes del Estado que
han sido responsables de desapariciones forzadas, de igual manera no ha ejercido su
mandato de vigilancia y control en las investigaciones penales.
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4. Como resultado de esto, la Comisión ha llegado a ser un mecanismo más de
impunidad. Esto ha obstaculizado el rol de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición
Forzada de la CCCEU que representa a los organismos no gubernamentales en esta
instancia desde hace más de tres años. La MTDF tiene como objetivo que esta
Comisión y las autoridades que la componen le den la cara y rindan cuentas a los
familiares de las víctimas en las regiones, sin embargo debido a la falta de voluntad
de la Comisión este objetivo no ha logrado avances importantes y por el contrario ha
llevado a una revictimización en su interior y en las audiencias. Esto quedó
evidenciado en las 10 audiencias que durante los últimos 15 meses se realizaron en
diferentes regiones del país con funcionarios de la Comisión de Búsqueda, en donde
las respuestas a las víctimas sobre el estado de sus casos en cuanto a búsqueda e
investigaciones, fueron muy precarias y dieron cuenta de un nulo avance en las
investigaciones.
Aparte de ello, y en el marco de su papel de solicitar rendición de cuentas, se observa
una hostilidad manifiesta en contra la Delegada de la Mesa de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas ante la Comisión, por parte de los representantes del
Defensor del Pueblo, la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa-Conase. Esto se
sumó al cuestionamiento por la toma de decisiones controversiales que no son
coherentes con el mandato legal de la CBPD en la ausencia de la representante que
han generado un clima adverso por lo cual las organizaciones están evaluando su
continuidad en el mismo. Es de recordar que la CCEU lleva 14 años al frente de esta
representación.
La organización de acompañamiento forense a las víctimas “Equitas” resaltó que para
que la identificación de las personas reportadas como desaparecidas sea efectiva es
necesario robustecer el proceso de investigación preliminar (ante mortem), una
participación activa de las víctimas en la toma de información adecuada y oportuna
sobre los hechos que rodearon la desaparición. Se requieren además sistemas de
información que permitan cotejos masivos de datos aleatorios que faciliten al Banco
Genético para lograr la identificación de los desaparecidos, fortalecer la presencia en
las regiones del Instituto Nacional de Medicina Legal y la capacitación de otras
entidades estatales que permita tomar las muestras genéticas que apunten a la
identificación de personas desaparecidas, lo mismo que estrategias de seguimiento y
control sobre las personas no identificadas que permanecen en los cementerios
públicos en el país con un plan de intervención y de conservación adecuada de estos
restos para poder implementar estrategias de identificación, obligando a que se
destine presupuesto por los municipios, gobernaciones y ministerios para esta labor.
La facilidad para declarar territorios donde ha sido insuficiente o nulo el esfuerzo por
excavar o hallar e identificar los desaparecidos, atenta contra la verdad a que tienen
derechos los familiares. En este sentido, la declaración de “santuarios de la memoria”
debe ser la última opción, mucho mas teniendo en cuenta la práctica de inactividad
estatal en la búsqueda de las personas desaparecidas.
Al igual que en Medellín y Buenaventura, las familias que emprenden acciones para
encontrar sus seres queridos, denunciaron problemas de seguridad para los familiares
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5. en Casanare, en Recetor y Chámeza, donde se presentaron mas de 300 casos de
desaparición, solo en esos 2 pequeños municipios. El paramilitarismo continua
haciendo presencia e intimidando a los familiares.
El Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos Dr. Guillermo Fernández anotó que a pesar de la
legislación y jurisprudencia avanzada en Colombia sobre la desaparición forzada la
realidad muestra fallos en la operación de estos compromisos e insuficiente voluntad
política. Es clave una política pública integral para la búsqueda de los desaparecidos,
multiplicando los fondos para esta labor.
Finalmente el señor Embajador de Noruega Lars Vaagen resaltó el compromiso de las
organizaciones de familiares y la importancia de garantizar efectivamente los
derechos de las víctimas, destacando el enorme amor de los familiares por sus
desaparecidos expresado en su persistencia de la lucha por encontrarlos. Enfatizó que
la base para un proceso de paz no puede ser otra que la plena efectividad de los
derechos humanos en Colombia, para lo cual resulta clave la fortaleza de redes como
la Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Coordinación Colombia-
Europa-Estados Unidos. Igual respaldo, dio la delegada de la Embajada de Suecia,
anunciando que en la nueva estrategia de cooperación de Suecia el tema de los
derechos humanos sigue siendo crucial.
En la crucial coyuntura del actual proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, los
congresistas Alirio Uribe y Ángela Maria Robledo, respectivamente del Polo
Democrático y del Partido Verde anunciaron la proposición de una audiencia de control
político en el Congreso de la República que tiene como objetivo que todas las
instancias y entidades estatales rindan cuentas sobre la situación de las
desapariciones forzadas en el país y sobre el cumplimiento de sus competencias en la
búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, la efectiva investigación penal y
disciplinaria así como la ubicación e identificación de las víctimas a la luz de las
obligaciones internacionales suscritas por Colombia en los tratados sobre esta
materia.
En el marco de los diálogos de paz deben darse a conocer y tomarse en consideración
las experiencias nefastas previas en el país y sobre todo las necesidades de que se
garanticen los derechos de los desaparecidos/as y sus parientes a la verdad, a la luz
del nuevo mecanismo de búsqueda previsto por la Comisión de Esclarecimiento de la
Verdad.
Las organizaciones anuncian que en acuerdo con congresistas comprometidos con los
derechos de las víctimas se llevará a cabo un debate de control político sobre el tema
de las obligaciones estatales de búsqueda e investigación sobre los casos de
desapariciones forzadas, que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre.
El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada fue
conmemorado en Bogotá con diferentes galerías de la Memoria con las cuales las
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6. organizaciones de Familiares recordaron la memoria de sus seres queridos, y exigieron
una vez más al Estado acciones eficaces para su búsqueda y para que se adelanten
investigaciones que permitan aclarar los casos y llevar ante las justicia a los
perpetradores de la desaparición de más de 45.000 personas en Colombia.
MESA DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS
COORDINACIÓN COLOMBIA–EUROPA–ESTADOS UNIDOS
Bogotá, 8 de septiembre de 2015
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