A dos semanas de iniciado el paro nacional agrario nadie, ni el mismo presidente, ni el gobierno, ni la oligarquía, ni sus dependientes en los medios de comunicación, pone en duda que el sector agrario del país está en “crisis”. La “crisis del campo”, el “olvido del sector por parte del Estado”, se ofrece entonces como una explicación para la indignación y el hastío de los colombianos y colombianas que, pese a la represión y al miedo, han tenido el valor de levantar sus voces para descubrir la injusticia. Nadie, en el mismo sentido, quiere ir más allá: la “crisis”, cual demiurgo con propia voluntad, ha engendrado todo este problema. Como si fuese la primera vez que la injusticia es denunciada, como si en el pasado reciente no se hubiera advertido esta situación y, lo que es peor, como si, pese a esas advertencias muchas veces criminalizadas cuando no simplemente acalladas, no hubiesen personas, con sus “carnitas y sus huesitos”, que impusieron sus intereses y tomaron decisiones contrarias a los intereses del pueblo y la nación colombiana.

1. "En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo
que quizá sea una forma de defensa de la especie humana. La frase
"todo tiempo pasado fue mejor" no indica que antes sucedieran
menos cosas malas, sino que —felizmente— la gente las echa en el
olvido".
Ernesto Sábato.
A dos semanas de iniciado el paro nacional agrario nadie, ni el mismo
presidente, ni el gobierno, ni la oligarquía, ni sus dependientes en los
medios de comunicación, pone en duda que el sector agrario del país
está en “crisis”. La “crisis del campo”, el “olvido del sector por parte
del Estado”, se ofrece entonces como una explicación para la
indignación y el hastío de los colombianos y colombianas que, pese a
la represión y al miedo, han tenido el valor de levantar sus voces
para descubrir la injusticia. Nadie, en el mismo sentido, quiere ir más
allá: la “crisis”, cual demiurgo con propia voluntad, ha engendrado
todo este problema. Como si fuese la primera vez que la injusticia es
denunciada, como si en el pasado reciente no se hubiera advertido
esta situación y, lo que es peor, como si, pese a esas advertencias
muchas veces criminalizadas cuando no simplemente acalladas, no
hubiesen personas, con sus “carnitas y sus huesitos”, que impusieron
sus intereses y tomaron decisiones contrarias a los intereses del
pueblo y la nación colombiana.
Desde 1994, cuando tuvo lugar la Cumbre de las Américas en Miami
y se planteó el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), que pretendía extender el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (NAFTA, por su nombre en inglés) al resto de
América, arreciaron no sólo las críticas fundadas, sino sobre todo
rigurosos trabajos académicos que ponían en evidencia los perjuicios
de este tipo de acuerdos entre economías tan desiguales como la de
USA y el resto de países latinoamericanos. Este proyecto entró en
declive a nivel regional gracias al ascenso de los denominados

2. “gobiernos progresistas” en la última década, de forma que en la IV
Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, la propuesta fue enterrada
para asombro de George W. Bush: el símbolo de su sepelio fue la
clausura de la paralela III Cumbre de los Pueblos de América, cuando
varios líderes latinoamericanos se congregaron en el estadio de la
ciudad argentina y el Comandante Presidente Chávez mandó “el Alca
al carajo”.
No obstante, de forma simultánea USA venía promoviendo tratados
de libre comercio (TLC) de forma bilateral. Así, en 2003 firmó un
tratado con Chile, en 2004 con países centroamericanos, en 2005 con
Perú, entonces gobernado por Alejandro Toledo, y en abril de 2006
con Colombia, bajo la primera administración Uribe. Estas decisiones
tuvieron un alto costo para el país, pues Venezuela, nuestro segundo
socio comercial, decidió retirarse de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), lo que dio paso a tensiones políticas que afectaron el
comercio y de las que aún hoy nuestra economía no ha podido
recuperarse. Aunque todas las consecuencias negativas del TLC aún
no son visibles a nuestros ojos, y por tanto no podemos afirmar que
la crisis agraria se explique únicamente por él, es innegable que es el
símbolo de un modelo de acumulación profundamente nocivo para el
pueblo colombiano.
El TLC fue aprobado por el Congreso gringo el 10 de octubre de 2011
y entró en vigencia el 15 de mayo de 2012. Tal aprobación estuvo en
vilo desde abril 2008, y uno de los impedimentos que la bancada
Demócrata encontraba para impedir su aprobación era la persistente
violación de derechos humanos en el país. Incluso durante la
campaña presidencial de 2008, mientras el candidato republicano
McCain avaló incondicionalmente el acuerdo, Obama mantuvo sus
reservas.
Sin embargo, el lobby hecho por Uribe en persona finalmente
funcionó. Por esos días, la “seguridad democrática” y la “confianza
inversionista”, aún se ofrecían como la panacea del desarrollo. Para
sus defensores, el TLC abriría uno de los mercados más grandes del
mundo para los productores colombianos, con el tratado habrían
reglas claras para el intercambio lo que facilitaría la inversión y
generaría toda clase de beneficios a la economía colombiana. Lo
único que deberíamos hacer era ser más competitivos: ¡las “camisitas
producidas en Pereira” o los zapatos producidos en Bucaramanga sólo
deberían hacer un pequeño esfuerzo para competir con los bajos
costos de producción y la experiencia de la economía China!
En Colombia no faltaron las voces de oposición y alerta, tanto en el
Congreso como en la opinión pública y los movimientos populares. El
gobierno parecía no haber aprendido absolutamente nada de la
desindustrialización y las dinámicas perversas que trajo la “apertura

3. económica” en los años noventa, tampoco parecía advertir los
perjuicios que los TLC habían tenido en países como México. El hoy
alcalde de Bogotá y entonces Senador, Gustavo Petro, era presentado
como un traidor a la patria por tratar de persuadir a los Demócratas
gringos para que no ratificasen el acuerdo. De fondo, el TLC se
negociaría en condiciones de la más completa asimetría,
paradójicamente impidiendo el libre comercio para imponer las
condiciones que USA ya había impuesto a otros países de la región,
sobre todo en cuanto a las patentes farmacéuticas y agroquímicas.
¿Qué libre comercio puede existir cuando la agricultura
norteamericana es una de las que más ayudas estatales, o barreras
no arancelarias, recibe? De antemano sabíamos que los pequeños
productores industriales, los de las camisitas y los zapatos que Uribe
siempre ponía de ejemplo, estarían fuera de la competencia, así como
los productores campesinos. Pero eso no era todo: el tratado lesionó
profundamente la democracia, la poca que teníamos, y la soberanía.
Las controversias comerciales son revisadas por tribunales privados,
luego la justicia privada, junto con un puñado de tecnócratas,
reemplazan las instituciones políticas del país. Y para agravar el
asunto, la “seguridad jurídica” implica la imposibilidad de revisar el
acuerdo. No deberíamos sorprendernos por el hecho de que hoy la
única respuesta gubernamental sea la represión y la militarización del
conflicto social.
Ninguna de esas razones importó y, como tantas veces sucedió
durante el uribato –recuérdese, por ejemplo, las reformas
constitucionales que permitieron la reelección-, la razón fue vencida
por la fuerza y las mayorías, siempre cuestionadas por sus vínculos
con la mafia y el paramilitarismo, de forma que el Congreso ratificó el
acuerdo en julio de 2007 y un año más tarde la Corte Constitucional
lo declaró constitucional.
Al cierre de las negociaciones, en febrero de 2006, en una larga
alocución televisada Uribe explicó así las bondades del tratado, una
negra ironía si las leemos hoy:
“El sábado pasado, en un Consejo Comunitario en Sogamoso, me
decían: ‘¿Presidente y qué va a pasar con la papa en Boyacá?’ Nada,
va para adelante, el TLC no la afecta. La papa, salvo en países que
son vecinos, limítrofes, no se comercializa en su estado fresco.
Además los Estados Unidos no la protége…
(…)
“Para ayudar a los productos que sufren, que tienen temores, hemos
concebido un programa que se llama: Agricultura, ingreso seguro.
“Lo vamos a concertar con los gremios de la producción y con ellos
nos propondremos presentar un proyecto de ley, en marzo o en julio,
al honorable Congreso, para garantizarles a los agricultores que la

4. agricultura es un ingreso seguro en nuestra Patria” .
En efecto, la economía colombiana estaba haciendo grandes
esfuerzos para ser competitiva: los recursos de Agro Ingreso Seguro,
probablemente fueron bien invertidos en preparar al país para el TLC,
en la campaña para la reelección. La confianza inversionista, ayer
como hoy, implica “seguridad jurídica” para el capital, de tal manera
que ya para ese momento el despojo a sangre y fuego de tierra y
territorios se había legitimado, si no legalizado, luego de la
extradición de los cabecillas del paramilitarismo a USA en 2008, con
lo que se cerró la posibilidad de conocer la verdad, hacer justicia y
reparación devolviendo las propiedades a las víctimas.
Sería engorroso enumerar todas las acciones encaminadas hacia ese
magnánimo fin, pero aún no nos libramos de las peores. Nuestras
flamantes élites políticas durante los doscientos años de la República
siempre han jugado a igualarse por lo bajo, ni siquiera han aspirado a
ser cabeza de ratón, a lo sumo aspiran a ser la cola, siempre y
cuando ello les permita mantener sus fútiles privilegios.
Para competir con economías como China, cuyos costos de
producción son bajísimos debido a la miseria de sus salarios y donde
el desempleo de los profesionales se ha convertido en una amenaza
para el sistema político y social, se debe procurar bajar todo lo
posible el costo del trabajo y ofrecer las condiciones jurídicas e
institucionales que atraigan la renombrada inversión. Por eso, la
reforma a la educación superior en la que se ha empeñado el
gobierno no contempla la necesidad ni la posibilidad de generar
conocimiento, ciencia y tecnología propias, sino más bien la de
formar mano de obra competitiva para el mercado.
En el fondo el modelo de acumulación propuesto implica una
reconversión total de la economía y el sistema político y social, pues
pasa por acabar con los derechos de los seres humanos y de la
naturaleza, a fin de proveer la flamante “seguridad jurídica”.
Podemos evidenciar claramente esta dinámica en el interés del
gobierno por promover la “locomotora minero-energética”: los
derechos laborales son burlados por las multinacionales con apoyo del
propio Estado colombiano y de su fuerza pública, como ocurrió hace
meses en Puerto Gaitán con Pacific Rubiales. De los derechos de la
naturaleza ni hablar: el gobierno ni siquiera está dispuesto a acatar
consultas populares como la que se llevó a cabo hace unos meses en
Piedras (Tolima) en rechazo de la gran minería.
Las inversiones multinacionales mineroenergéticas generan la
denominada enfermedad holandesa (el ingreso de divisas produce

5. una revaluación, un aumento de las importaciones y el desestímulo a
la producción industrial y agropecuaria nacional), además de arruinar
el campo y la industria, acaban con el medio ambiente y abusan de
los ciudadanos colombianos, pero reciben crecidas exenciones
tributarias para incentivar la inversión. Es decir, no deja nada bueno
para el país.
Este modelo de acumulación, tal como ha sido planificado e impuesto,
no tiene y posiblemente no tendrá en cuenta el campo, y menos a los
pequeños productores. Quizás lo deseable es que abandonen sus
territorios, sus raíces y su identidad, las banderas de Colombia y las
ruanas que orgullosamente exhiben nuestros campesinos en medio
de las protestas, y se concentren en los enclaves mineroenergéticos
trabajando bajo condiciones inhumanas o engrosen el rebusque en
las ciudades.
Por eso, la lucha del paro agrario no es por unos subsidios ni menos
por aumentar o disminuir los aranceles de tal o cual producto: la
lucha es por un modelo económico, político y social, que garantice la
soberanía alimentaria y permita la vida digna, todo lo cual pasa por
recuperar nuestro campo y dignificar nuestros campesinos y
campesinas. En contraste con lo que diría el oscuro personaje de
Sábato, Juan Pablo Castel, hoy sabemos que un mecanismo de
defensa, resistencia y rebeldía es la memoria: si a ella acudimos en
este momento de efervescencia, es probable que en las elecciones del
2014 no cometamos el error de legitimar nuevamente el poder de
nuestros mediocres opresores y explotadores.
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