Revista DEBATES No. 43 Enero-Abril 2006 (Universidad de Antioquia)

ENERO — ABRIL/2006
No. 43REVISTA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Contenido
3 TCP vs TLC
Abril francés
Por Ignacio Ramonet
La violencia colombiana: un
proceso histórico
Por Gloria Isabel Quintero Pérez
La banalidad del mal. A la memoria de Nidia
Tejada
Por Giovanni Vargas
La rendición de cuentas: una urgencia
democrática
Por Luisa Fernanda Cano Blandón
La funcion política de los estudiantes
universitarios
Por Juan Esteban Ríos López
¡Oiga, mire, vea…
véngase al centro para que vea!
Por Juan Camilo Mejía Walker
El alcance de la nueva visión de la
Universidad de Antioquia
Por Rubén Darío Osorio J.
Valoración de la prueba en la
responsabilidad por la actividad médica,
concepto de probabilidad y garantías
procesales
Por Semillero de Investigación en Derecho Procesal de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas
Una recibe aplausos, la otra vierte llanto
Por Fabio Zuluaga Ángel
La noble utopía de la comunidad académica
Por Carlos Alberto Rincón Castellanos
¡DESCÁRTELO! Ya no se consulta
Por Carlos A. Cadavid Arango
China abandona el dólar
Por Alfredo Jaliffe Rahme
China e India, modelos del nuevo orden
mundial
Por Silvia Torralba
China, el mercado más codiciado del
mundo
Por Daniel Méndez
En defensa del conocimiento y la cultura
para todos
El muro que separa las dos Américas
Por Miguel Otero
El verdadero talón de aquiles de los EEUU
Por John Feffer
El “cheque en blanco” para el uso del arma
nuclear
Por Carmen Lloveres
La política estadounidense en la región
andina
La guerra de Bush contra la prensa
Por Robert McChesney
El debate sigue abierto y a la espera de
acciones
Por Néstor Busso
La sociedad de la información necesita algo
más que acuerdos retóricos
Por Christian Sellés
La historia no había terminado, se rectifica
Fukuyama
Por Marcelo Colussi
“El periodismo debe dejar de mirar al mundo
como hace 50 años e incorporar a los actores
sociales”
Por Silvia Torralba
El problema de la jurisdicción penal
internacional
Por Augusto Zamora
El valor de la información ambiental en
defensa del recurso natural
Por José Jaramillo Alzate
Psicoanálisis marxista de la religión
Por Albeiro Ramírez
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
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UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803
Respuesta al anhelo de estudiantes y profesores de disponer de una publicación que sea canal de expresión
de las disposiciones y puntos de vista de los universitarios.
Alberto Uribe Correa, Rector - Ana Lucía Herrera Gómez, Secretaria General
Editores:
Alberto González Mascarozf, agonzale@arhuaco.udea.edu.co
Luis Javier Londoño Balbín, jalondo@arhuaco.udea.edu.co
Corrector: Carlos Alberto Mejía Walker, estudiante de Derecho
Diseño original: Saúl Álvarez
Diagramación: Juan Camilo Vélez Rodríguez
Departamento de Información y Prensa – Secretaría General - Ciudad Universitaria, Bloque 16 oficina 336. Medellín. Teléfonos
2105023 y 2105026. Fax 2331627. E-mail: almamater@arhuaco.udea.edu.co Consulte DEBATES en almamater.udea.
edu.co/debates
El contenido de los artículos que se publican en DEBATES es responsabilidad exclusiva de sus autores y el alcance de sus afirmaciones
sólo a ellos compromete.
Necesidad y derecho
Los cambios provocados por determinaciones humanas siguen brotando
como un torrente sin cauce, arrastrando tras de sí todo aquello que creía-
mos estable, duradero, inalterable, inmutable, propio, legado, patrimonio.
La consigna pareciera ser que nada se parezca hoy (o que nada sea) a lo
que ayer era. Incluso ayer, hoy, ahora se han convertido en categorías de
contorno difuso. En todo ello, por supuesto, hay realidad y sensación. Rea-
lidad alimentada por la crudeza y la contundencia de los hechos. Sensación
orientada a desproveer de crudeza a la realidad, a hacerla invisible, a torcer
la senda de sus innegables propósitos. Frente al torrente avasallante de las
transformaciones –pensadas e inesperadas, justas e injustas– y frente a los
malabares de las sensaciones prefabricadas, el análisis, la crítica, la infor-
mación a partir de fuentes sensatas y creíbles son, además de necesidad,
un derecho inaplazable. Y la búsqueda de éste ha de ser un propósito de
las comunidades que se niegan a girar sin posibilidad de alternativa en la
órbita de los medios masivos comerciales de prensa y de las agencias in-
ternacionales ligadas a los centros del poder excluyente. Ésa es la visión y
el propósito de este nuevo número de la Revista DEBATES.
Corrección sobre autores de artículo en Revista DEBATES
Señores Revista DEBATES Universidad de Antioquia. Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar muy comedidamente sea
corregido el error cometido por el suscrito en la inscripción del trabajo La valoración de la prueba y el concepto de probabilidad, suscripto inicialmente
por José Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano* y el cual debe estar suscripto por todos los integrantes del grupo que a conti-
nuación enumero, es decir, el trabajo es en realidad de todos los integrantes del grupo de Derecho Procesal, integrado por Adriana Ruiz Gutiérrez,
Beatriz Suaterna Hurtado, Mayda Soraya Marín Galeano, Edwin Gómez Muñoz, Gabriel Gómez Serna, Marta Gómez Vélez, Rosmery Velásquez Herrera, Luis
Bernardo Ruiz Jaramillo y José Fernando Valencia Grajales, el cual es una versión que hace parte del trabajo con el que, bajo el mismo título, ganaron
el Concurso Internacional de Derecho Procesal en septiembre de 2005 en Bogotá, los antes mencionados. Por ello ruego sea tenido en cuenta para ser
corregido en el próximo número de la revista y, de no ser posible, que el gazapo sea corregido en el periódico ALMA MATER.
JOSÉ FERNANDO VALENCIA GRAJALES. C.C. 71685507 de Medellín

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El Tratado de Comercio entre los Pue-
blos –propuesto por el presidente Evo Morales– es
una respuesta al agotamiento del modelo neoliberal,
fundado en la desregulación, la privatización y la
apertura indiscriminada de los mercados. Ya no es
aceptable que un grupo reducido de naciones po-
derosas le nieguen a los países pobres el derecho a
diseñar sus propios modelos de desarrollo en fun-
ción de sus necesidades internas, e intenten dictar
una política económica “global” que no solucionará
nuestros problemas de desarrollo, como lo señalan
los propios documentos del Banco Mundial.
Durante los años ’90 nos dijeron que con las po-
líticas conocidas como “Consenso de Washington”
los países pobres iban a acercarse a los ricos: hoy
TCP vs TLC
Visión indígena del desarrollo vs
desregulación, privatización y apertura
indiscriminada de los mercados
La realidad de los países que
firmaron el TLC con Estados
Unidos está lejos de los cantos
de sirena de los economistas
neoliberales. México es el país
más interesante para evaluar
los efectos del “libre comercio”
ya que firmó el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN) con Estados Unidos
y Canadá en 1994. Detrás del
aumento en las exportaciones,
los estudios muestran que el
TLC barrió con gran parte de la
pequeña y mediana industria,
que era la que generaba
empleo formal; desarticuló las
cadenas productivas existentes
sin crear otras y fortaleció la
desnacionalización del sector
de la gran industria volcado a la
exportación.

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vemos que ocurrió exactamente lo contrario: los
ricos son más ricos y los pobres más pobres. Por eso
en América Latina los pueblos han comenzado a ser
los artífices de su propio destino, y están castigando
en las urnas a los artífices de las políticas de entrega
aplicadas durante casi 20 años.
TLC: la muerte del campo
La realidad de los países que firmaron el TLC con
Estados Unidos está lejos de los cantos de sirena
de los economistas neoliberales. México es el país
más interesante para evaluar los efectos del “libre
comercio” ya que firmó el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y
Canadá en 1994. Detrás del aumento en las expor-
taciones, los estudios muestran que el TLC barrió
con gran parte de la pequeña y mediana industria,
que era la que generaba empleo formal; desarticuló
las cadenas productivas existentes sin crear otras y
fortaleció la desnacionalización del sector de la gran
industria volcado a la exportación.
Pero quizás el resultado más nefasto de esta po-
lítica de “liberalización comercial” haya ocurrido en
el campo. Algunos autores hablan lisa y llanamente
de la “destrucción del campo mexicano”. De ser
autosuficiente y exportador de alimentos básicos,
México pasó a importar el 40 por ciento de los gra-
nos y oleaginosas que consume: entre 1994 y 2000
incrementó 242 por ciento sus importaciones de
arroz, 112 por ciento las de maíz, 84 por ciento las
de trigo, 75 por ciento las de soya, 48 por ciento las
de sorgo y en las de origen pecuario creció 247 por
ciento la de carne de res. Por ello, en los últimos
ocho años se perdieron un millón ochocientos mil
empleos agrícolas y se disparó la migración rural, no
sólo la de temporada dirigida a los campos irrigados,
sino también la que marcha a las ciudades y sobre
todo a Estados Unidos. Se calcula el éxodo en 5 mi-
llones de mexicanos, y Estados Unidos ha “resuelto”
el problema con un muro en la frontera.
Un artículo periodístico alertaba hace poco: “La
opción de vida en el campo para la gran mayoría
de los miles de productores está puesta en duda.
Los ganadores no son más de mil personas frente a
millones de perdedores”.
Sólo a modo de ejemplo: en EE.UU. se aprobó en
mayo de 2002 la Ley de Seguridad Alimentaria e In-
versión Rural 2002-2011, que aumenta en casi 80%
las ayudas directas a la agricultura, con un paquete
de más de U$S 180 mil millones a 10 años.
¿Qué es y que pretende el TCP?
A diferencia del ideario capitalista, el TCP intro-
duce en el debate sobre la integración comercial la
complementación, la cooperación, la solidaridad, la
reciprocidad, la prosperidad y el respeto a la sobera-
nía de los países. En ese sentido, incorpora objetivos
ausentes en los programas de integración comercial
propuestos desde el Norte, como son la reducción
efectiva de la pobreza, la preservación de las comu-
nidades indígenas y el respeto a la naturaleza.
El TCP entiende al comercio y la inversión no
como fines en sí mismos sino como medios del
desarrollo, por eso su objetivo no es la liberaliza-
ción absoluta de los mercados y el “achicamiento”
de los Estados sino el beneficio para los pueblos.
Es decir, el fortalecimiento de los pequeños pro-
ductores, microempresarios, cooperativas y em-
presas comunitarias, facilitando el intercambio de
mercancías con los mercados extranjeros.
El TCP no está pensado para un pequeño grupo
exportador, sino que se propone como parte de un
nuevo modelo económico destinado a mejorar las
condiciones de vida de los bolivianos (ingresos,
salud, educación, agua, cultura) y promover un
desarrollo sostenible, equitativo, igualitario y demo-
crático que permita la participación consciente de
los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas.
El TCP cuestiona la sostenibilidad de la
teoría del “crecimiento económico” y la
cultura del derroche occidentales que
miden el desarrollo económico de una
nación según la capacidad de consumo
de sus habitantes. Por ello plantea otra
lógica de relacionamiento entre los
seres humanos, es decir un modelo de
convivencia distinto que no se asiente en la
competencia y el afán de acumulación que
aprovecha/explota al máximo la mano de
obra y los recursos naturales.
TCP vs TLC

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Si los TLCs se negocian en secreto, el TCP debe ser
parte de la activa participación y discusión por parte
de los movimientos sociales que, a través de nuestro
instrumento político, hemos comenzado a gobernar
Bolivia para los bolivianos.
El TCP quiere reconstruir el Estado, no
destruirlo
La integración comercial promovida por los países
centrales privilegia la “libertad de mercado” frente
a las funciones regulatorias de los Estados, y niega
a las naciones más débiles el derecho a proteger a
sus sectores productivos. Los TLCs son como un
“candado” que nos impedirá salir del neoliberalismo
y tomar medidas soberanas como la nacionalización
de los hidrocarburos. Una de las cláusulas del ALCA
y los TLCs establece que las controversias entre Esta-
dos y empresas se resolverán en tribunales arbitrales
por encima de los Estados nacionales.
Pensando en el interés nacional, la propuesta de
TCP promueve un modelo de integración comercial
entre los pueblos que limite y regule los derechos
de los inversionistas extranjeros y las transnacio-
nales para que estén en función del desarrollo pro-
ductivo de nuestro nacional. Socios y no dueños,
como lo ha señalado el presidente Evo Morales. Por
eso, parte de esta propuesta es incentivar acuerdos
entre empresas públicas de los diferentes países
para lograr su fortalecimiento mutuo.
El TCP no prohíbe el uso de mecanismos para
fomentar la industrialización ni impide proteger
las áreas del mercado interno que sean necesarias
para preservar los sectores más vulnerables. Si los
TLCs implican la muerte del campo frente a los pro-
ductos subsidiados del Norte, el TCP promoverá la
defensa de las economías campesinas y la soberanía
alimentaria de nuestros países. El TCP reconoce el
derecho de los pueblos a definir sus propias políticas
agrícolas y alimentarias; a proteger y reglamentar la
producción agropecuaria nacional para evitar que su
mercado doméstico sea inundado por excedentes de
otros países, y a privilegiar el bien colectivo por so-
bre los derechos del agro-negocio a través del con-
trol de la oferta y la regulación de las importaciones.
Al mismo tiempo, el TCP considera que los
servicios vitales dependen de empresas públicas
como proveedoras exclusivas, reguladas por los
Estados. La negociación de cualquier acuerdo de
integración debe tener presente que la mayoría de
los servicios básicos son bienes públicos que no
pueden ser entregados al mercado. Por eso en el IV
Foro del Agua, en México, la delegación boliviana
defendió el acceso al agua como un derecho huma-
no y no una cuestión meramente mercantil.
El TCP promueve una visión indígena
del desarrollo
Los tratados comerciales diseñados en el Norte
facilitan el desarrollo y la expansión del sistema
capitalista a escala global, que se fundamenta en
la explotación ilimitada de los recursos naturales y
humanos, en la búsqueda constante del beneficio
y la acumulación individual de riqueza, una visión
que inevitablemente deriva en la degradación del
medioambiente. La contaminación y depredación
con el solo fin de obtener beneficios pone, en riesgo
la vida de los grupos humanos que conviven más
estrechamente con la naturaleza, es decir las comu-
nidades indígenas.
Los TLCs inducen a la fragmentación y posterior
desaparición de las comunidades indígenas no sólo
porque contribuyen a la destrucción de su hábitat
sino también porque les empujan a una competencia
descarnada y en igualdad de condiciones con las
grandes corporaciones del norte.
Con la propuesta de un Tratado de
Comercio de los Pueblos (TCP), Bolivia se
propone alcanzar una verdadera integración
que trascienda los campos comercial y
económico –cuya filosofía es alcanzar el
desarrollo endógeno justo y sustentable
con base en principios comunitarios–
que tenga en cuenta las diferencias
nacionales respecto a población, superficie,
producción, acceso a infraestructura y
recursos e historia, en la línea de las dos
propuestas de integración más avanzadas
en este sentido como son la Alianza
Social Continental (ASC) y la Alternativa
Bolivariana para las Américas, más
conocida como ALBA.

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El TCP cuestiona la sostenibilidad de la teoría del
“crecimiento económico” y la cultura del derroche
occidentales que miden el desarrollo económico de
una nación según la capacidad de consumo de sus
habitantes. Por ello plantea otra lógica de relaciona-
miento entre los seres humanos, es decir un modelo
de convivencia distinto que no se asiente en la com-
petencia y el afán de acumulación que aprovecha/
explota al máximo la mano de obra y los recursos
naturales.
Rescatando las premisas de la cultura indígena, el
TCP postula la complementariedad frente a la com-
petencia; la convivencia con la naturaleza en contra-
posición con la explotación irracional de recursos;
la defensa de la propiedad social frente a la privati-
zación extrema; el fomento de la diversidad cultural
frente a la monocultura y la uniformización del mer-
cado que homogeneiza los patrones de consumo.
El TCP defiende la producción nacional
En la retórica neoliberal, lo más importante es
el ahorro estatal a través de la libre competencia de
los ofertantes de servicios y bienes. Sin embargo,
este argumento no compensa de ninguna manera el
impacto que tiene sobre la producción nacional la
liberalización de las compras estatales a empresas
extranjeras ni tampoco toma en cuenta los efectos
multiplicadores de la inyección de recursos en la
economía interna. Perseguir la eficiencia en el gasto
fiscal para ahorrar unos cuantos millones no justifica
la privación de aplicar un mecanismo de fomento de
la economía nacional ampliamente explotado por los
países industrializados.
De ahí que el TCP insta a los países participantes
de un proceso de integración solidario a dar priori-
dad a las empresas nacionales como proveedoras
exclusivas de los entes públicos. No hay que olvidar
que en la mayoría de los países del mundo, y pese a
su virtual desmantelamiento en los años recientes,
los Estados nacionales son los principales compra-
dores de bienes y servicios. Independientemente de
los acuerdos, la propuesta boliviana establece listas
de proveedores prioritarios, especialmente grupos
étnicos, cooperativistas y empresas comunitarias,
para evitar la competencia ruinosa e imposible con
las poderosas transnacionales.
Con la propuesta de un Tratado de Comercio de
los Pueblos (TCP), Bolivia se propone alcanzar una
verdadera integración que trascienda los campos
FUENTE
Movimiento «Sí a la Vida. Noal ALCA. Otra América es posible.»
Secretaría Operativa: sri_cut@uol.com.br. Dirección: Rúa
Caetano Pinto, 575 CEP 03041-000, Sao Paulo, Brasil. Teléfono
(55 11) 3272 9411. Título original de este artículo: “TCP: Por
un comercio justo entre los pueblos”
comercial y económico –cuya filosofía es alcanzar
el desarrollo endógeno justo y sustentable con base
en principios comunitarios– que tenga en cuenta las
diferencias nacionales respecto a población, superfi-
cie, producción, acceso a infraestructura y recursos
e historia, en la línea de las dos propuestas de inte-
gración más avanzadas en este sentido como son la
Alianza Social Continental (ASC) y la Alternativa Boli-
variana para las Américas, más conocida como ALBA.

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REVISTA
Soplan en Francia vientos de mayo del
68. De nuevo, universitarios en huelga, protestas en
el barrio latino, enfrentamientos con la policía. Pero
aquí terminan las semejanzas. Aunque las imágenes
se superponen y muchos estudiantes han desem-
polvado las consignas de aquel mayo legendario, la
historia no se repite. Hace cerca de 40 años, Francia
era la sociedad del pleno empleo y del crecimiento
económico, con una plétora de ofertas para millones
de trabajadores extranjeros. No se salía entonces
a la calle por miedo de no encontrar trabajo, sino
por motivos ideales: contra una sociedad hipócrita
y consumista, carcelera del afán de libertad de toda
una generación. Aquí radica entera la dimensión
simbólica de aquella gran explosión. En cambio, la
Francia de hoy registra un crecimiento bajísimo y
una elevada tasa de desocupación entre los jóvenes.
En las periferias urbanas, que estallaron en noviem-
bre de 2005, el 40% de los hijos de los inmigrantes
no encuentra trabajo. Conforme a las intenciones
del ministro Dominique de Villepin, el Contrato de
Peimer Empleo (CPE) debería resolver el problema
con la clásica receta neoliberal: dar a las empresas
con más de 20 empleados la facultad de imponer a
los jóvenes entre 18 y 26 años un bienio de prueba
y meritoriaje, con la posibilidad de despido injustifi-
cado. Aparentemente, el ministro trataba de derrotar
el racismo de muchos empresarios dando una opor-
Abril francés
Por
Ignacio Ramonet*
*Ignacio Ramonet es el director
de Le Monde Diplomatique.
Este artículo fue publicado
originariamente por el diario
italiano Il Manifesto. Traducción
de Leonor Març.

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tunidad laboral a los jóvenes franceses de origen
magrebí o africano penalizados –tal era el pretexto–
por los obstáculos que la legislación laboral ponía
al despido de los asalariados. El CPE debía poner a
prueba a los hijos de los inmigrantes, demostran-
do, sin riesgos para los empresarios, su eficacia y
seriedad. Laudable intención. Pero ya se sabe que
el camino del infierno está empedrado de buenas
intenciones. Así, el contrato que, según el primer
ministro, debería ser bueno para los marginales de
las periferias, se revela catastrófico para todos los
jóvenes del país. Los estudiantes son los primeros
en comprender que, con el pretexto de integrar a
algunos, el CPE precariza a todos, y que una vez en
vigor, el famoso bienio de prueba con posibilidad
de ser despedido de un día para otro resultará de
aplicación universal sin distinciones. También los
sindicatos se percatan del peligro y se adhieren
resueltamente a las batallas contra el CPE. Lo que
anda en juego es de capital importancia, pues de lo
que se trata es de realizar el inveterado sueño neo-
liberal: destruir el presente derecho laboral substi-
tuyéndolo por una precarización generalizada.
Tras la ley de pensiones aprobada en 2003, el
primero de septiembre de 2005 entró en vigor el
Contrato de Nuevo Empleo (CNE), concebido para
empresas de menos de 20 asalariados (dos tercios
de las empresas francesas). Se replicó con blanda
resistencia. De manera que el ministro Villepin creyó
poder repetir con el Contrato de Primer Empleo.
Pero un movimiento popular que trataba de redi-
mirse le pone palos en las ruedas. Inopinadamente,
no son los directamente interesados en dar cauce
a la protesta contra una ley injusta –los jóvenes sin
titulación de la periferia—, sino los universitarios.
Con su impulso, toma cuerpo una nueva alianza
estudiantes-obreros. Y el movimiento va más allá de
los propios intereses inmediatos. Los jóvenes de las
periferias se adhieren a una forma de lucha tradicio-
nal. Quien al comienzo se limitaba a exigir una vida
“normal”, acaba por comprender cuán “infernal” es
la “normalidad” que le reserva el capitalismo. Des-
cubre que la precariedad no afecta sólo a los demás,
sino que le toca directamente. Las maniobras del go-
bierno para dividir a los precarios y a los más prote-
gidos, fracasan. La protesta se convierte en un banco
de pruebas también para la parte de la izquierda y de
los sindicatos más presta a sentarse como comensal
en la mesa de los compromisos y a aplicar la receta
de la flexibilidad. La historia no se repite, en Francia
sopla un viento distinto del de mayo del 68. El que
ahora volvió a salir a la calle es, sin embargo, un
movimiento político, y rebasa las fronteras francesas.
Partiendo de la lucha contra una ley inicua, empieza
a instruir una requisitoria en toda regla contra la
lógica y contra los mecanismos de la globalización
neoliberal.
En cambio, la Francia de hoy registra un
crecimiento bajísimo y una elevada tasa
de desocupación entre los jóvenes. En
las periferias urbanas, que estallaron en
noviembre de 2005, el 40% de los hijos
de los inmigrantes no encuentra trabajo.
Conforme a las intenciones del ministro
Dominique de Villepin, el Contrato de
Peimer Empleo (CPE) debería resolver el
problema con la clásica receta neoliberal:
dar a las empresas con más de 20
empleados la facultad de imponer a los
jóvenes entre 18 y 26 años un bienio de
prueba y meritoriaje, con la posibilidad de
despido injustificado.

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REVISTA
La violencia colombiana:
un proceso histórico
* Socióloga de la
gloriquinterpe@yahoo.com
La dinámica de los fenómenos de vio-
lencia en Colombia señala una tendencia crónica y
endémica de conflictos no resueltos, inscrita en la
acumulación de características específicas que la
matizan de acuerdo a contextos temporales, pero
que obedece a lógicas perdurables; en palabras de
Daniel Pécaut: “los fenómenos de violencia produ-
cen un nuevo contexto, a partir del cual hay que ir
comprendiendo el carácter que estos fenómenos van
revistiendo progresivamente. [Su] lógica escapa al
control de las instituciones y obedece a tendencias
duraderas”. (Pécaut, 2001, 10)
Esta acumulación de características específicas,
responde a situaciones coyunturales que modifican
el proceso de la violencia colombiana, pero que no
la transforman completamente; situaciones coyun-
turales como la Guerra de los Mil Días, la separación
Por
Gloria Isabel Quintero Pérez*

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de Panamá, la Masacre de las Bananeras, el llamado
periodo de La Violencia, el Frente Nacional, el sur-
gimiento de las guerrillas, el exterminio de la Unión
Patriótica y los diferentes procesos de negociación,
muestran cómo a lo largo de la historia colombiana
se ha ido construyendo una suerte de “capital de
violencia”1
, con nuevos elementos disímiles que se
suman a los conflictos colombianos no resueltos y
que están degenerando en el debilitamiento progre-
sivo de la institucionalidad colombiana.
En este proceso intervienen una gran multiplicidad
de actores. El Estado Colombiano por su parte, no se
ha escapado a este torbellino, sino que por el contrario,
desde su construcción misma como Estado-Nacional,
ha creado un imaginario de división y fragmentación,
construyendo su proyecto político a partir de la exclu-
sión social, económica y política de diferentes sectores
de la población, lo que ha generado un alto grado de in-
conformidad en el pueblo, que al tratar de encontrar un
mito fundador que lo identifique como unidad nacional
y no hallarlo, es conducido a blandir las armas.
De esta forma, para la década de los sesenta apare-
cen los primeros núcleos guerrilleros, como una fuente
de oposición a las arbitrariedades de exclusión demo-
crática que representaba el Frente Nacional. En la dé-
cada de los ochenta se fortalecen por el auge de la eco-
nomía ilegal o el narcotráfico, y surgen también nuevos
actores armados que trabajan a sueldo y hacen justicia
por sus manos, conformándose un tipo de violencia no
política, informal y cotidiana. De la mano de los grupos
guerrilleros, aparecen grupos de autodefensas financia-
dos con dineros de grandes terratenientes y de algunos
políticos, con el fin de friccionar el movimiento guerri-
llero. Estos grupos se configuran en actores armados
políticos y organizados.
Lentamente, en medio del desarrollo de esta violen-
cia política y de la violencia informal, los actores arma-
dos han ido perdiendo sus convicciones ideológicas y
han banalizado las formas de lucha, que se han vuelto
indiscriminadas y masivas, sus objetivos ya no son por
intereses sociales o por reivindicaciones del pueblo,
sino por objetivos militares y territoriales. Ni siquiera se
lucha por la búsqueda del poder de Estado.
Bajo esta perspectiva, la violencia colombiana
adquiere una nueva connotación, todas las secuelas
de represiones políticas de los años anteriores a la
década de los sesenta comienzan a manifestarse, y la
división dicotómica que ha caracterizado la historia
colombiana: centralistas-federalistas, bolivarianos-
santandereanos, liberales-conservadores, se ve
abruptamente fracturada porque los protagonistas
de este nuevo escenario son tres: las guerrillas, los
paramilitares y las fuerzas armadas, y en medio de
todo ello, una sociedad civil fragmentada y temero-
sa2
y un Estado vulnerable, sin soberanía y sin legi-
timidad, que intenta gobernar un país ingobernable.
El imaginario colectivo de muchos colombianos
refleja la creencia de que el conflicto que vive el país
es la prolongación de la Violencia de los 50’s, luego
del asesinato de Gaitán. Para muchos intelectuales
que se especializan en el tema de la violencia, Co-
lombia es un escenario de violencia crónica, cuyo
acumulado de conflictos no resueltos se expanden
en el tiempo y en el espacio como fantasmas en-
démicos que proyectan características simultáneas.
Para Ulises Casas por ejemplo, “las guerras civiles de
nuestro país son la continuidad del mismo conflicto
colonialista, de la rebelión de las grandes comunida-
des indígenas, de ese proceso histórico común a to-
dos los pueblos del mundo pero en la particularidad
nuestra” (Ulises, 2000, 97).
Es indiscutible que los procesos históricos gene-
ran acumulados que se verán reflejados en nuevos
tiempos y nuevos espacios. Es irrefutable también,
que las dinámicas actuales están revestidas por los
vestigios y huellas de sucesos pasados. Pero es tam-
bién innegable, que cada fenómeno socio-político-
económico se inscribe en un contexto determinado
que lo modifica y le agrega nuevas y muy propias
características. Es decir, la historia es un tejido de
muy finos hilos que se entrelazan y se entremez-
clan para producir fenómenos con particularidades
específicas, adscritos a un contexto singular pero re-
vestidos de lógicas y procesos pasados. En esta línea
se debe concebir la historia colombiana, no como
una simple continuación de procesos que se repiten
constantemente, ni como un escenario de sucesos
aislados que no se relacionan entre sí, sino como el
producto constante de acumulación y dinamización
de fenómenos sociales.
Desde el descubrimiento, luego la conquista y
posteriormente la colonia,3
el país se ha visto sumer-
gido en una suerte de inestabilidad administrativa
cuyo síntoma es la no construcción de un destino
común y de un gobierno propio que dirija los des-
tinos del territorio. Además de esto, la cantidad de
sangre derramada en el proceso de colonización y la
abrupta escisión de las tradiciones y creencias de los
aborígenes americanos, ha facilitado la incubación
de grandes odios y resentimientos que se identifica-
La violencia colombiana: un proceso histórico

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No. 43
REVISTA
rán en los criollos independentistas y en los ulterio-
res desarrollos históricos-sociales del país.
Esta inestabilidad política y administrativa se
evidenciará claramente en el periodo de la Indepen-
dencia. Los criollos de la Nueva Granada, luego de
que España es invadida por Napoleón en 1908 y de
que no hay quien dirija los destinos del Virreinato,
se declaran como república independiente en 1910,
y luego de la sangrienta batalla de Independencia de
1919 en Boyacá, además de otras batallas igualmen-
te sangrientas, que fundan a la república de la Nueva
Granada, se internan en el debate de la dirección de
los destinos nacionales, desembocando inevitable-
mente, en una lucha entre federalistas y centralistas
y en la promulgación constante de constituciones
políticas que, a la manera de Estados Unidos, preten-
dían dar horizonte a los asuntos republicanos.
Esta antinomia, sobre cómo y mediante qué fi-
gura política se debe gobernar a la Gran Colombia,
confluye luego en el inicio de los partidos políticos
tradicionales: Conservadores y Liberales, quienes a
través de su disputa partidista han conducido al país
a un número indeterminable de guerras civiles nacio-
nales y locales y a la perpetuación en la historia, de
la inestabilidad política y administrativa.
Inicialmente, a mediados del siglo XIX, luego del
fracaso del Federalismo como forma de gobierno y
de la implementación del Centralismo a la cabeza de
los conservadores, no como partido sino como ideo-
logía, se posiciona en la historia el llamado Olimpo
Radical, gobierno de los liberales radicales que ex-
cluyen a la Iglesia de los asuntos de la Nación y que
implementan una serie de políticas concernientes a
la modernización del país, que se denominan “las
revoluciones de mitad de siglo”, pero que no logran
surtir ningún efecto a largo plazo, porque para 1884
llega al poder el liberal disidente Rafael Núñez, quien
en compañía del conservador a ultranza Miguel
Antonio Caro, funda el Partido Nacional y llega a la
Presidencia, constituyendo el conocido periodo de la
Regeneración, en el cual se firma el concordato, inte-
grando nuevamente a la Iglesia en los asuntos nacio-
nales, retornado a las costumbres católico-cristianas
y retardando el proceso de modernización del país.
En este mismo periodo, y a causa de la incom-
patibilidad del nuevo régimen regeneracionista con
los liberales radicales, se produce en el país “la
Guerra de los Mil Días”, la más devastadora guerra
partidista, que lo dejó completamente arruinado y
sumido en una profunda crisis social y política, y que
además, facilitó la separación de Panamá en manos
de los norteamericanos. Esta guerra desestabilizó
aún más los destinos políticos del país y reforzó los
odios partidistas que se estaban acumulando. La Na-
ción continuó en manos del poder conservador hasta
la década de los treinta, cuando por crisis internas,
los liberales en cabeza de Olaya Herrera toman el
poder y conducen al país a lo que se conoce como
la modernidad colombiana, implementando políticas
liberales y generando procesos como la “Revolución
en Marcha” de Alfonso López Pumarejo.
Esta serie de transformaciones políticas inquieta-
ron los ánimos de los conservadores, que se lanzan
a otra lucha fratricida para obtener nuevamente el
poder en 1946. Para esta época, la emergencia de
la figura de Jorge Eliécer Gaitán como el caudillo del
pueblo, apoyado incondicionalmente por un amplio
sector de la población colombiana, inquieta a los
conservadores, a los comunistas y a los liberales, por
la capacidad de generar necesidades de sublevación
en el pueblo y el avivamiento de sentimientos de re-
belión contra la oligarquía gobernante. Debido a su
fervor social y a su facilidad para movilizar las ma-
sas, Gaitán es asesinado el 9 de abril de 1948.
Dicho suceso desata una conflagración encoleri-
zada del pueblo que conduce al devastamiento de la
ciudad de Bogotá, en su más desesperado desasosie-
go por la pérdida de su gran caudillo, acontecimien-
to que es llamado por los historiadores “el Bogota-
zo”. A partir de este momento, el pueblo se desen-
canta políticamente y arremete en una serie de com-
portamientos beligerantes que mortifican a las élites
colombianas, conduciéndolas a pactar un acuerdo de
unidad política, donde el poder burocrático se dis-
Situaciones coyunturales como la Guerra de los
Mil Días, la separación de Panamá, la Masacre de
las Bananeras, el llamado periodo de La Violencia,
el Frente Nacional, el surgimiento de las guerrillas,
el exterminio de la Unión Patriótica y los diferentes
procesos de negociación, muestran cómo a
lo largo de la historia colombiana se ha ido
construyendo una suerte de “capital de violencia”1
,
con nuevos elementos disímiles que se suman
a los conflictos colombianos no resueltos y
que están degenerando en el debilitamiento
progresivo de la institucionalidad colombiana.

—12—
tribuiría simétricamente, y el poder de Estado sería
alternado entre los dos partidos durante un periodo
de 16 años, con el fin de amilanar los ánimos de las
masas encolerizadas y detener la violencia, social y
política, que se empezaba a vislumbrar.
Sin embargo, este acuerdo político llamado el
Frente Nacional no logra su cometido, sino que por
el contrario, se configura en un pacto de exclusión
política que exacerba los ánimos de algunos diri-
gentes políticos excluidos y de algunos sectores de
la población. De esta forma, para la década de los
60’s nacen algunos grupos armados de autodefensas
campesinas y de guerrillas: FARC, ELN, M-19 y EPL.
Posteriormente, en la década de los ochenta, con
el boom de la marimba, o la venta de la marihuana,
se desarrolla en el país un nuevo fenómeno que con-
ducirá a violencias más indiscriminadas, sin ningún
tipo de división partidista: el narcotráfico. Este tipo
de actividad económica provoca la circulación de
grandes sumas de dinero en el país, posibilitando
el surgimiento de nuevos actores armados como
las milicias urbanas y los sicarios, y generando una
suerte de corrupción, a gran escala, de las esferas
políticas de la nación, hecho que, ineluctablemente,
conduce a un tipo mayor de inestabilidad política y
que paulatinamente va deslegitimando a los actores
políticos del Estado.
Con el surgimiento de los grupos de sicarios, la
violencia en el país toma un tinte urbano y comienza
a diversificarse. Las luchas otrora partidistas pierden
todo tipo de atracción y la violencia se vuelve más
cotidiana e informal. Pero, a la par del surgimiento
de grupos armados urbanos, las guerrillas campesi-
nas y las autodefensas —que se fortalecieron tam-
bién en el boom del narcotráfico y que lentamente
fueron adquiriendo un alto poder militar y una inde-
pendencia política—, incursionan en las zonas urba-
nas, adquieren un tipo de representatividad en la es-
cena política y expanden sus dominios, diseminando
así, y de forma indiscriminada, un tipo de violencia y
una lucha que ha perdido su carácter social y políti-
co, y que se reconfigura como una guerra territorial.
Los movimientos guerrilleros como el M-19 y el
EPL se disponen a una negociación política con el
Gobierno de Belisario Betancurt (1982-1986), y pos-
teriormente en el de Gaviria (1990-1994), deponen
sus armas y se reinsertan a la vida política civil, pero
este acontecimiento no mitigó la cruda violencia que
el país vivía, y no fue seguido por el ELN o las FARC,
que se han convertido en las guerrillas más viejas del
mundo.
NOTAS
1 Cuando se hace referencia a este concepto, se refiere
al acumulado de procesos violentos y no violentos, que
se entrelazan para producir y dinamizar las lógicas de la
violencia colombiana.
2 Que quizás ni siquiera alcanza a ser sociedad civil porque
no tiene conciencia de sí y se deja sacudir por los vaivenes
del poder burocrático de nuestro país.
3 Ulises Casas hace una diferenciación bastante significativa
de estos tres procesos. El descubrimiento fue encabezado
por Colón como empresa de la corona española dentro del
proceso mercantil que se efectuaba con el Lejano Oriente,
es decir fue una casualidad histórica. Posteriormente, con la
sed de oro los descubridores se convierten en conquistadores
y es de la mano de la espada y de la cruz que arrasan con
las culturas aborígenes e imponen la cultura española y
portuguesa. Finalmente, con la mezcla de razas deviene una
casta de españoles nacidos en América, herederos de los
conquistadores, pero con intereses regionales, por lo que
enfrentando a sus antepasados, se dedican a la construcción
de nuevos pueblos, esto es el coloniaje. Ver: Casas, Ulises.
Ibíd.. Págs. 90-93
BIBLIOGRAFÍA
Casas, Ulises. “Los conflictos armados como expresión de
las contradicciones políticas”, en: Nueva Época. Vol. 6, No.
13, 2000. P. 97
Fals Borda, Orlando. “El conflicto, la violencia y la estructura
social colombiana”, en: Guzmán, Germán; Orlando Fals
Borda y Eduardo Umaña. La violencia en Colombia. Bogotá:
Ediciones Tercer Mundo. Facultad de Sociología, Universidad
Nacional, 1962.
López de la Roche, Fabio. Izquierdas y cultura política.
¿Oposición alternativa? Bogotá: CINEP, 1994.
Pécaut,Daniel.Guerra contra la sociedad. Bogotá: Planeta, 2001.
Schultze-Kraft, Peter. La horrible noche. Relatos de violencia
y guerra en Colombia. Antología. Bogotá: Seix Barral, 2001.
Luego del fracaso del proceso de negociación del
Gobierno de Pastrana con las FARC y de la actual rein-
serción de grupos paramilitares a la vida civil, en el
Gobierno de Uribe, las perspectivas sobre la violencia
en Colombia en sus diferentes tintes —política, social,
informal, cotidiana—, es confusa e incierta. La historia
señala un acumulado de conflictos políticos y sociales
no resueltos, y un conflicto actual edificado sobre sus
restos, ¿será preciso entonces, remover viejas heridas
para sanar las actuales? ¿O es posible construir una
sociedad sobre odios enconados?

No. 43
—13—
REVISTA
La banalidad
del mal
A la memoria de Nidia Tejada
Por
Giovanni Vargas*
Nidia padecía cáncer, y como su EPS
nunca le inició tratamiento alguno, decidió trasla-
darse. En su nueva EPS la atendieron hasta que el
sistema la identificó como una paciente de alto cos-
to, entonces la retiró con el pretexto de que debía
reiniciar el proceso de traslado. Lo cierto es que una
vez otorgada la afiliación, el derecho a la salud se
torna irrenunciable; pero antes de que el Consultorio
de Seguridad Social Integral del Departamento de
Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Antioquia hiciera algo, la señora
Nidia Tejada murió.
En los registros forenses será una “muerte natu-
*Egresado del programa de
Derecho de la Universidad de
Antioquia. Se desempeña como
asesor en el Consultorio de
Seguridad Social Integral del
Departamento de Medicina
Preventiva de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Antioquia.
E-mail: sagravin@yahoo.com.ar
ral”... para las estadísticas estatales una “muerte no
violenta”... para las EPS será un trámite administra-
tivo para archivar... mientras, los médicos corearán
la retahíla “hicimos todo cuanto estuvo en nuestras
manos”... y así todos diluirán su responsabilidad
porque “sólo estábamos cumpliendo órdenes”. Y
finalmente, a nadie le importará la muerte de la
señora Nidia Tejada, porque ella era una ciudadana
más, una civil, que tuvo la desgracia de no ser con-
siderada un objetivo militar, porque de serlo, hubiera
acaparado la atención de los medios, la Iglesia, las
ONG y hasta del mismo Estado. Pero mientras este-
mos en medio de esta guerra “no declarada”, al Es-
tado poco le importarán los dramas que impotentes
soportamos los que “no somos objetivo militar”.
Recuerdo ese paraje de la historia, durante la Se-
gunda Guerra Mundial, en que la atención del mundo
entero se fijaba en los ataques y bombardeos, en los
soldados muertos en batalla y en los civiles converti-
dos en objetivo militar... pero nadie se interesaba –o
le alcanzaba la curiosidad– por saber la suerte de los
civiles llevados a los campos de concentración. Sólo
después de la guerra, en tiempos de paz, fue que el
mundo conoció, a través de los sobrevivientes, de los
vejámenes a que fueron sometidos esas personas: no
solo esclavizados para la industria militar, sino tam-
bién humillados al mayor grado de genuflexión que se
pueda someter a ser humano alguno. La humanidad
todavía se pregunta cómo pudo pasar ante la vista de
todos un holocausto que terminó con la vida de cerca
de seis millones de personas. Fue el mayor crimen
industrial de la historia.

—14—
Y no es exagerado afirmar que estamos ante el
mayor crimen empresarial de nuestra historia, en el
que las personas están siendo obligadas a tributar a
una empresa que poco le interesa la vida de estos
seres, y mucho menos su dignidad. Pero tampoco
son, siquiera, determinados por el resto de com-
patriotas, que en medio de este escenario bélico,
fijan su atención –al igual que el Estado– en los des-
plazados, en los soldados y en los civiles heridos o
muertos en ataques terroristas o en las tomas a los
pueblos.
Tal vez si algún día llegamos a la paz, fijemos
nuestra atención en esas personas que esperaron o
gestionaron estúpidamente una atención médica... y
tal vez, hasta se empiecen a narrar esos dramas, y a
contar esas víctimas... y al igual que en los Juicios de
Nuremberg, los funcionarios señalados dirán “que
sólo estaban cumpliendo órdenes”, para así diluir
su responsabilidad. Eso es lo que se conoce en la
historia como ‘la banalidad del mal’, que consiste en
esa política burocrática de eludir la responsabilidad
directa, y hacer parecer como un simple trámite
administrativo, algo que consiste en segar la vida. El
dilema ético es: ¿cómo tanta gente obedece esas ór-
denes? Y la respuesta es aún más mezquina, porque
por conservar un puesto no les importa infligir sufri-
miento a sus congéneres, ya que su débil mentalidad
servil siempre estará reacia a cambiar la política de la
rentabilidad por seguir ‘esas triviales consideraciones
humanitarias’; y además, aprovechan la aquiescencia
del desgobierno, para actuar sin la menor sujeción a
una ética humanista.
Por eso, a pesar de no ser objetivo militar, es
innegable que se ha ejercido una violencia sobre
todas estas personas; de ahí que los médicos fo-
renses cuando registran una muerte natural, hayan
acuñado el término de “muerto por la Ley Cien”,
porque en realidad allí hubo violencia estatal. Con
todo, el peor mal que podemos atribuirle a estas
empresas, es la vulneración a la dignidad de esa
muchedumbre de desgraciados que claman por
una atención, mientras se les somete al más fatal
de los vía crucis de un servicio obscenamente in-
accesible. Para las estadísticas no importan, por-
que de todas maneras nunca se presentarán como
negaciones del servicio, sino como tratamientos
no POS; ni habrán muertes, sino índices de morbi-
lidad... y la realidad es que nunca se aceptará que
fueron seres destruidos por el sistema. Por eso,
tan eficientes resultados les da el poder y la auto-
ridad de ser deleznable con todo aquel que no sea
rentable, y les da vía libre para continuar su objetivo
desenfrenado de acumular riqueza excedente que se
reinvierte sin fin; luego vemos como gastan frené-
ticamente el capital construyendo soberbias moles,
sobre unos cimientos corroídos por la barbarie y la
mezquindad.
Entonces, bajo el principio de que “las masas
sólo respetan el terror”, han convertido el sistema
de salud en una industria de horror, contra la cual
nadie ha pensado siquiera en enfrentarse. Por eso
ya no importa calcular cuántos han muerto, o cuán-
tos sobreviven con secuelas, si no saber cuál es la
idea o la política imperante y cuáles compromisos
se han roto. Porque ante la perplejidad de todos se
está cometiendo un exterminio soterrado contra la
población, y no se debe minimizar la conciencia que
esto exige.
Por todo lo anterior, por la muerte de la señora
Nidia Tejada y de los otros que todos conocemos y
que nadie nombra ya, por los que sobreviven y por
todos esos crueles dramas que todos conocemos
como una verdad a baja voz, se deben considerar es-
tos hechos como un holocausto, porque reúne todos
los elementos que este supone: cuando se ataca la
dignidad de manera sistemática, selectiva y efectiva,
sumiendo al otro en la mayor impotencia.
Con todo, el peor mal que podemos
atribuirle a estas empresas, es la vulneración
a la dignidad de esa muchedumbre de
desgraciados que claman por una atención,
mientras se les somete al más fatal de los
vía crucis de un servicio obscenamente
inaccesible. Para las estadísticas no
importan, porque de todas maneras nunca se
presentarán como negaciones del servicio,
sino como tratamientos no POS; ni habrán
muertes, sino índices de morbilidad... y la
realidad es que nunca se aceptará que fueron
seres destruidos por el sistema.

No. 43
—15—
REVISTA
La rendición
de cuentas:
una urgencia
democrática
Por
Luisa Fernanda Cano Blandón*
Rendir cuentas es dar explicaciones,
justificar, someter al escrutinio público, al examen, a
la revisión de la ciudadanía, las decisiones y las actua-
ciones de los servidores públicos en desarrollo de la
gestión de lo público. Rendir cuentas es, en todo caso,
“responder” públicamente por las acciones y omisio-
nes ejercidas en desarrollo de atribuciones públicas.
En estas líneas pretendo presentar un punto de vista
sobre la relación ineludible entre la democracia y lo
que originalmente se denomina “accountability” (1),
término que ha sido traducido al español como “res-
ponsabilización”(2), “control” y quizá de forma más
acertada: “rendición de cuentas”.
Ahora bien, relacionando lo anterior con el con-
cepto de democracia, Andreas Schedler (1999)
precisa: “la rendición de cuentas se ha vuelto una
exigencia ubicua en el mundo de la política democrá-
tica. Todos estamos de acuerdo con que democra-
cia implica rendición de cuentas” (3). Para guiar
la discusión, entonces, partimos de la pregunta,
¿por qué un gobierno democrático es obligado a
rendir cuentas? Las respuestas pueden provenir de
todo lado, se puede decir que es en virtud del “prin-
cipio” de desconfianza de los actos de gobierno, o
que obedece a la naturaleza misma del poder políti-
co que después de instituirse amerita ser controlado,
o que tal obligación surge del interés público que
refleja la sociedad política constituida. A mi juicio,
detrás de la idea de rendición de cuentas están los
“Al organizar un gobierno que ha
de ser administrado por hombres
para los hombres, la gran dificultad
estriba en esto: primeramente hay
que capacitar al gobierno para
mandar sobre los gobernados; y
luego obligarlo a que se regule a sí
mismo”
Madison (El Federalista # 51)
*Abogada de la Universidad de
Antioquia. Aspirante a Magíster
en Gobierno y Asuntos Públicos
por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO)
sede México.
E-mail: fcano@flacso.edu.mx

—16—
conceptos de Estado Constitucional de Derecho y de
Representación.
Según Natalio Botana (2001) (4), “el control de la
política y de quienes la llevan a cabo es una de las
ideas madres del Estado Constitucional de Derecho”
(5). La idea de una norma fundamental que estruc-
tura y valida el resto del ordenamiento jurídico abre
las puertas a la idea del control político, es decir, es
a partir de la consagración del principio de legalidad
cuando es posible hablar de “responsabilización” de
los gobernantes, ya que la ley además de normar a
los gobernados, alcanza a limitar la voluntad del go-
bernante y de sus funcionarios.
En palabras de Peruzzotti (2001), “mediante la se-
paración de poderes, el reconocimiento de derechos
fundamentales y el sistema de pesos y contrapesos,
el constitucionalismo moderno establece institucio-
nes que permiten poner límites a la arbitrariedad
del poder del Estado”(6). El Estado Constitucional
de Derecho prevé la rendición de cuentas y su obli-
gatoria institucionalización, ya que paradójicamente
implica tanto el fortalecimiento de las capacidades
del Estado como el debilitamiento de su poder
(Rose-Ackerman, 2004). Sumado a lo anterior, es en
contextos democráticos donde aparece clara la obli-
gatoriedad del concepto, es decir, no sólo hablamos
de rendición de cuentas por su consagración nor-
mativa en el texto constitucional, sino porque así lo
dispone el juego democrático mismo.
En ese sentido, Przeworski, Manin y Stokes (2002),
señalan dos enfoques de la representación al intentar
responder a la pregunta “¿para qué sirve la democra-
cia?”. El primero de ellos concibe la representación
como mandato y el segundo la concibe como con-
trol (7). El primer enfoque, dicen los autores, es po-
sible si los partidos revelan sus verdaderas intencio-
nes en elecciones y si la realización de esas intencio-
nes es “lo mejor” para los electores, es decir, se trata
de una situación en la cual las políticas que adopta
el gobierno concuerdan con sus propuestas electo-
rales y responden a los intereses de los ciudadanos.
Según ello, resulta difícil en la práctica entender la
representación como mandato: las promesas electo-
rales generalmente no pasan de ser más que prome-
sas al momento de llegar al poder y cualquier traba
surge intempestivamente para no poderse llevar a
cabo lo prometido en campaña; que si “las condi-
ciones cambiaron”, que si “debido a los desastres de
la gestión anterior las prioridades son otras”, que si
“el panorama favorece otras políticas”, en fin… y los
ciudadanos nos quedamos con los brazos cruzados
al no disponer de ningún mecanismo para exigir el
cumplimiento del programa electoral por el que –en
teoría– elegimos a los mandatarios para gobernar.
Así, las políticas públicas que son diseñadas e im-
plementadas sin ser anticipadas a la ciudadanía en
época electoral pueden diferir ampliamente de aque-
llas prometidas en campaña (¿discrecionalidad del
gobierno o “traición” al ciudadano?), lo que no obsta
para que en realidad sean las mejores respuestas
que puede dar el gobierno a los problemas públicos.
Por otro lado, las condiciones fácticas pueden cam-
biar (ejemplo: se prometió la dotación de un mecanis-
mo de riego a campesinos por el verano y a los pocos
meses las lluvias arrecian) de modo que la implemen-
tación del mandato ya no sea la acción que maximice
el bienestar de los electores. El problema evidente
aquí es que teniendo en cuenta el inconveniente de la
información asimétrica que se presenta en este con-
texto, los gobernantes bien podrían “aparentar” o
“disfrazar” las condiciones haciéndolas parecer “fa-
vorables” o “adversas” según sus propósitos y actuar
en consecuencia. Por último, en países donde es
posible la reelección consecutiva de los gobernantes,
tal fin se antepone a la consideración objetiva de las
políticas, es decir, se implementarán aquellas que fa-
vorezcan las posibilidades de la reelección indepen-
dientemente de si objetivamente es o no es lo que
favorece el interés y las necesidades de los electores.
Ahora bien, el enfoque de la representación que alu-
de al control (accountability), señala que la forma como
la ciudadanía controla a sus gobernantes, es “castigan-
do” a aquellos que incumplieron su gestión negándoles
su voto –y en consecuencia la posibilidad de ser reele-
gidos– y dándole oportunidad a otro gobierno de que
implemente su programa, esto es, se parte del enfoque
del “voto retrospectivo”, según el cual, los ciudadanos
establecen alguna regla de resultados para evaluar a
La rendición de cuentas: una urgencia democrática
La transparencia de la gestión pública es un
logro que va más allá de la normatividad, su
cumplimiento se encuentra subordinado a
un juego democrático que involucra actores
y estrategias, cada uno con incentivos e
intereses. El desafío está en lograr que el
jugador determinante de los resultados de
este juego seamos los ciudadanos.

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No. 43
REVISTA
los gobiernos (indicadores de bienestar), de modo que
los electores votan contra el gobierno a menos que
se cumplan estos criterios y, el gobierno por su parte,
como desea ser reelegido, hace todo lo posible por
satisfacer las reglas de evaluación.
Sin embargo, los autores citados identifican como
inconveniente de este enfoque la información incom-
pleta de los electores, concluyendo que “el control
no basta para inducir representación cuando los
votantes tienen información incompleta”, y esto es
bastante recurrente, ya que difícilmente la ciudada-
nía quiere y puede obtener la información necesaria
para evaluar cada gestión precedente. Este enfoque,
entonces, parte de la idea de una ciudadanía infor-
mada, que conoce los programas de gobierno y sus
acciones durante la gestión, que se involucra, critica
y evalúa, es decir, requiere lo que Schedler llama “un
diálogo crítico” entre los actores que exigen cuentas
y los que las rinden, y si ello es así, requiere dispo-
ner de mecanismos que permitan un control “duran-
te” la gestión y no sólo “ex post”, pues el voto que
se le niega al gobernante que incumple, más que un
control reactivo es una sanción que, en todo caso,
no recupera las pérdidas de una mala gestión.
Evidenciamos entonces lo que Schedler deno-
mina “el problema esencial de la democracia
representativa”. Si bien es la forma no violenta de
suceder un gobierno a otro, “no es tan evidente, en
cambio, que la democracia permita que los electores
impongan sus necesidades y sus exigencias a los go-
bernantes, es decir, que éstos actúen como agentes
representantes de los gobernados” (8). Y la solución
que el citado autor encuentra es la implementación
de un variado abanico de mecanismos, controles,
pesos y contrapesos que configuran el contexto de la
rendición de cuentas, de forma que los gobernantes
deben abrirse a la inspección pública; deben expli-
car y justificar sus actos y estar supeditados a las
sanciones en caso de incurrir en faltas o ilegalidad.
Este abanico de controles se encuentra en distintas
instituciones de país en país, cuyo objetivo es, en
palabras de Schedler, “moldear y domesticar la dis-
crecionalidad del poder”.
No obstante lo anterior, el abanico del que habla este
autor no es tan funcional en la práctica. En particular para
América Latina, varios estudiosos del tema coinciden en
que los regímenes democráticos establecidos durante el
período de democratización, presentan varios déficit ins-
titucionales, en particular en lo que se refiere al desarrollo
de mecanismos adecuados y eficaces de accountability.
En otras palabras, el déficit institucional dificulta el ejer-
cicio del control: reguladores capturados por quienes
regulan, organismos independientes de control que
“adornan” el sistema, estrategias de control sin posi-
bilidades de sanción, son sólo algunos de los ejemplos
problemáticos del sistema pensado por Schedler.
En conclusión, el sentido de la rendición de cuen-
tas no se encuentra en un solo concepto sino en la
intersección de –al menos– dos: Constitucionalismo
y Democracia. La norma prevé los mecanismos de
accountability (publicación de pliegos de licitaciones
en Internet, envío de cuentas anuales municipales a
la Contaduría…) y sanciona las conductas corruptas.
Pero la transparencia de la gestión pública es un
logro que va más allá de la normatividad, su cumpli-
miento se encuentra subordinado a un juego demo-
crático que involucra actores y estrategias, cada uno
con incentivos e intereses. El desafío está en lograr
que el jugador determinante de los resultados de
este juego seamos los ciudadanos.
NOTAS
(1) O´DONNELL, Guillermo (2001). “Acerca de varias
accountabilities y sus interrelaciones”, en Catalina Smulovitz
y Enrique Peruzzotti, Controlando la Política: Ciudadanos y
Medios en las Nuevas Democracias Latinoamericanas, Buenos
Aires: Temas.
(2) BRESSER, Luiz Carlos (2000). “La responsabilización en la
nueva gestión pública latinoamericana”. Buenos Aires: CLAD.
(3) SCHEDLER, Andreas y otros (1999). “The Self-Restraining
State: Power and Accountability in New Democracies”, Lynne
Rienner Publishers.
(4) BOTANA, Natalio (2001). Presentación del libro. En:
Controlando la política, Argentina: Temas p 17.
(5) Andreas Schedler señala que la norma de accountability
continua el proyecto de Enlightment de sujetar el poder no
sólo a la regla de la ley (“the rule of law”), sino también a la
regla de la razón, el poder debe ser atado por límites legales
pero también debe ser atado por la lógica del razonamiento
público.
(6) PERUZZOTTI, Enrique y otra (2001). “Accountability
Social, la otra cara del control.” EN: Controlando la política,
Argentina: Temas p 23-52
(7) PRZEWORSKI, Adam y otros (1999) “Elections and
Representation”, en Adam Przeworsky et.al. (eds.),
Democracy, Accountability and Representation, Cambridge:
Cambridge University Press. En español: Adam Przeworski
y otros “Elecciones y Representación”, Zona Abierta (2002)
(8) SCHEDLER, Andreas (2004) “Qué es la Rendición de
Cuentas?”, Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública, México D.F.

—18—
Es evidente que el debate académico
generado al interior de la educación superior, y más
aún en la universidad pública, se desdibuja, queda
sin contendores, carece de argumentos y se rempla-
za por otro superfluo e imbécil. Los estudiantes uni-
versitarios estamos llamados a generar controversia,
a la discusión civilizada, al pronunciamiento, a pintar
de colores los sueños y en la universidad pública a
ser la oposición. Con esto no quiero decir que deba
prevalecer un discurso de izquierda (por ser esta mi
posición) como históricamente ha sucedido, o que
se genere un discurso de derecha un poco mas atípi-
La funcion política
de los estudiantes
universitarios
co dentro del claustro universitario, o por lo menos
desde el estamento estudiantil; a lo que me refiero
es a retomar la discusión en torno a problemáticas
de interés general y a reivindicar el estamento estu-
diantil, y cuando digo de interés general me refiero
es a los temas de profundo impacto social que como
sociedad transitoria, inexorablemente, debemos
abordar al interior de la universidad pública, como
sociedad permanente que es.
No obstante el modelo económico perenne y
contemporáneo que concibe un modelo de país para
favorecer a las minorías, es lo más provocador de
debate que yo haya conocido, y aún así se acentúa
más el letargo de los grupos de base y entre ellos los
movimientos estudiantiles.
Los movimientos estudiantiles son agentes políti-
cos, que a través de sus intervenciones, postulados,
principios doctrinarios y evolución pretenden trans-
formar relaciones de poder, tanto al interior de la
universidad como fuera de ella; si esa no es la tarea
o función de un movimiento estudiantil, lamento de-
cir que no se está haciendo lo correcto.
Una posición política
Ahora cualquiera, sin argumentos políticos, dice
que lo vigente es lo mejor que le ha pasado al país,
y los otros más ineptos, lo asumen como una verdad
que los motiva a decidir electoralmente. Me parece
que el escenario propicio para encuentros acadé-
micos alrededor del debate debe seguir siendo la
universidad pública, y los estudiantes de izquierda
debemos darnos a la tarea de recrear, con interven-
Por
Juan Esteban Ríos López*
*Estudiante Facultad Nacional
de Salud Pública
E-mail: riosylopez@yahoo.es
Tel.: 2376679 – 311 3919992

No. 43
—19—
REVISTA
ciones propias y de expertos, la realidad del país.
Cuando un movimiento político se crea, constituye
o forma, se hace basado en unos postulados doctri-
narios, filosóficos, ideológicos, programáticos, etc.,
que para los que en él participan creen y coinciden
en construir un modelo o proyecto de país que para
el escenario donde se aplique va a ser el mejor; en
otras palabras: es construir con idearios políticos el
país que sueñan –cabe precisar que lo que es “bue-
no” para uno es “malo” para otro y viceversa, no
todo lo diferente es alternativo, lo importante de una
postura política es saber argumentarla y debatir por
convicción.
El hecho de existir una derecha, no quiere decir
que esa es la opción; el hecho de existir una izquier-
da, no quiere decir que esa es la opción... yo me
decidí hace rato por la izquierda; sí creo que los in-
dividuos deben escoger su opción política, pero que
la sustenten convencidos; mejor dicho, sea cual sea
la opción política con la que se identifique, simpatice
o matricule, pero que escoja una, para que podamos
discutir en aras de la construcción de país con la in-
tervención y participación de todos.
Invitación
La invitación es al debate académico consciente,
ilustrativo y formativo, no a un escapadero de cla-
ses y evasión de responsabilidades académicas; a
la universidad vinimos a transformar situaciones, a
trabajar por un futuro digno y justo, donde quepa-
mos todos con criterios de equidad, pero esto sólo
se logra es estudiando.
Cuando se decida por una posición política, por
un lado de la pugna del poder, hágalo convencido
de que esa es la mejor decisión para Colombia,
para nuestros hijos, para nuestros padres, para
nuestros compatriotas en el exterior, en fin, para
todos; pero no resulte diciendo al final que usted es
de “centro”, porque esa posición política no existe,
eso quiere decir que uno no es “ni fu, ni fa”, o me-
jor, como dice Víctor Jara “ni Chicha ni limoná”.
…Hasta la próxima.
¡Oiga, mire, vea…
véngase al centro
para que vea!
Por
Juan Camilo Mejía Walker
Abogado de la Universidad de Antioquia
juancamilomw@yahoo.com
La mal denominada economía informal
aumenta día a día en nuestra ciudad. Esta es la his-
toria de uno de sus protagonistas, con el cual crucé
algunas palabras caminando desde la Universidad de
Antioquia hacia el centro de la ciudad, sitio éste de
paradojas, de encuentros y desencuentros, de reali-
dades y ficciones que superan lo creíble, del diario
luchar de hombres y mujeres en busca de un míni-
mo sustento. El lugar de encuentro fue por el via-
ducto del Metro, entre las estaciones Prado y Parque
Berrío, con don Armando1
, quien acababa de salir de
un Pollobrosty. Me comentó que los dueños del ne-
gocio en el que estaba cuentan con cinco negocios
iguales en dos cuadras a la redonda; según él, ese
negocio del pollo llegó para quedarse, así como los
Tragaderos, los Todo a Cien, los Baratillos y las Pana-
derías bonitas que están abriendo en cada esquina,
“esas que tienen mostradores que giran“. Estos ne-
gocios están llegando y se están quedando: hasta las
cafeterías más reconocidas de estos lados han tenido
que “quebrar los precios“; sino es que les toca ven-
der el negocio por las presiones de los señores que
quieren tener todo esto para ellos, los mismos que

—20—
se quedaron con el negocio del chance y que a su
vez controlan cantidad de asuntos, pasando desde
la venta de minutos a celular, hasta quien sabe qué
tipo de cosas. Con decirle que uno se pone a hacerle
cuentas a esos negocios y habla con la gente que les
ha vendido o que se ha quebrado, y por ningún lado
da pa' sostenerlos: ahí tiene que estar entrando plata
de otros lados pa' sostener la caña.
Pero el mejor negocio es el mío –afirma–: no tengo
jefe; si no es que aparecen los del chaleco azul, esos
no dejan que la iniciativa prospere. Es que uno no tiene
nada que perder y sí muchas necesidades que cubrir, y
esos con el miedo que generan nos quieren dominar,
su mejor estrategia es el miedo y la represión, mejor
dicho, si uno se queda esperando va perdiendo.
Don Armando es un vendedor de “chécheres”,
quien hace más de diez años trabaja diariamente
en el centro de la ciudad, por los lados del bazar de
Juanambú. “Uno llega a eso de las dos de la tarde
–dice don Armando– y empieza a hacer tiempecito,
y a conversar con los compañeros, y se pone al día
con los asuntos: que doña Juana no alcanzó a abrirse
y le regaron las manzanas en plena calle y le decomi-
saron la canasta; que pasaron unos tipos haciendo
un censo y que esta semana vuelven a pasar –uno
ya no sabe quiénes son los que hacen esos censos ni
pa’ que los utilizan. Yo creo que tendrían que pasar
todos los días porque al día siguiente ya tienen las
cifras descuadradas–. Como a uno la gente de estos
lados ya lo conoce le respetan el puesto, pero cuan-
do uno es nuevo le toca piratear y eso es un proble-
món el verraco. Yo empecé porque un conocido de
allá arriba del barrio me abrió espacio”.
Por ahí a las cuatro se tira el plástico pa’ marcar
territorio, y antes de las cinco se empieza a organizar
la mercancía, eso sí, hay que ponerla de a poquitos
pa’ no correr el riesgo de que si llegan los del chaleco
a abrir espacio lo dejen a uno llevado y le quiten el
plante, o sea las cosas que uno tiene pa'l rebusque;
eso sí, como a las seis, ya está uno a todas sus anchas
y empieza el negocio: que cuánto vale esto, que aque-
llo; que en cuanto me lo deja, que vea rebájeme; que
si me cambia esto; que si compra; que vea, estoy ven-
diendo estas vainas pa’ completar pa’ la pieza y pa’
la liga; que colabóreme. Es que uno compra, vende
y cambia artículos de primera, segunda, tercera y por
qué no decirlo hasta de cuarta. Aquí la vida útil de las
cosas se mide con otra vara y no dependen de si es-
tán buenas o malas, porque de las dos formas sirven.
NOTAS
1
Nombre ficticio.
¿Y el alcalde qué? –pregunté–, ¡ah! pero Fajardo,
sí que ese iba a ser; en plena campaña pasó más
de una vez caminando por estos lados, y ahora de
Alcalde abrió nuevamente los bazares, y dizque tiene
un plan para el centro, y lo está manejando dizque
con una Gerencia, pero la gente sigue aquí en la ca-
lle por estos lados rebuscándosela, no que era Lupe,
ese quería organizarnos: algunos fueron a parar a los
bazares que luego cerraron y que volvió a abrir Fa-
jardo; y Juan Gómez si que nos dio duro, todavía la
gente se acuerda cuando nos quitaban todito y nos
ponían a dar vueltas: que vaya allá, que venga acá,
que vuelva mañana, que dónde fue el operativo, que
traiga un derecho de petición y uno terminaba ha-
ciéndose el guevón y buscándose de nuevo el plante
pa’ empezar de nuevo; es que eso de hacerse el gue-
vón es algo como que genético en los colombianos,
como que nos acostumbramos a que nos den garro-
te, sino mire cómo nos tienen y nadie hace nada…
“esto tiene que reventar algún día“.
El nombre de Dios es el que marca la faena, mejor
dicho, la primera venta, y cada día que pasa es me-
nor; según dicen por ahí el desempleo está bajando, yo
no sé donde es que consigue trabajo la gente porque
cada vez son más los que quieren abrirse espacio por
estos lados. Con decirle que yo nunca he conocido un
trabajo de esos que tienen prestaciones y primas: las
únicas primas que yo conozco son las de la familia.
Que la libreta militar, que la experiencia, que el papel
del DAS, que las recomendaciones, que el cartón de
bachiller, que dónde vive... de entrada yo me mamé y
no volví a buscar y sigo con mi negocio: es que si uno
que es de iniciativa sobrevive con esto, ¿cómo sería
que lo apoyaran?, pero no apoyan y pa’ eso que tene-
mos allá en Bogotá al señor del corazón grande... ese sí
sabe para que es el poder y como que va a repetir.
La jornada termina después de las once de la no-
che, se recogen las cosas, se organizan y se llevan a
guardar, se sube pa’l barrio, algunas veces caminan-
do y otras en el coleto; eso depende de cómo estuvo
la faena; otros se quedan por estos lados buscando
donde dormir y algo pa’ comer y mañana ¡oiga,
mire, vea… véngase al centro para que vea!

No. 43
—21—
REVISTA
El alcance de la
nueva visión de
la Universidad de
Antioquia
Por
Rubén Darío Osorio J.*
Luego de un intenso y participativo
proceso de reflexión, la comunidad universitaria
definió la nueva Visión que orientará los destinos de
la Institución para los próximos diez años. En esta
Visión se plantea lo siguiente:
«En el año 2016, seremos la principal universidad
de investigación del país y una de las mejores de
América Latina, con pregrados y posgrados de exce-
lencia académica internacional. Contribuiremos a la
consolidación de la identidad regional y nacional, en
diálogo permanente con otras culturas, en el marco
del respeto por el pluralismo y el medio ambiente».
El presente documento tiene como propósito
mostrar las profundas implicaciones y la magnitud
de los retos que se propone la Universidad de cara
al 2016, al pretender ser la principal universidad de
investigación del país y una de las mejores de Latino-
américa. Para apreciar dichos retos se llevan a cabo
algunas comparaciones con la Universidad Nacional
de Colombia, UNAL, y la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, UNAM.
Aunque la escasez de información, en unos casos,
y la discrepancia en la forma de aglutinar algunas va-
riables, en otros, dificultaron la posibilidad de realizar
una comparación pormenorizada de todos y cada uno
de los aspectos referidos al ámbito de la investigación,
*Analista de Planeación

—22—
aún así, se cree necesario dar a conocer la magnitud
total de algunas variables consideradas de importan-
cia1
.
El alcance de nuestra Visión
Establecido que la ciencia, el desarrollo tecnoló-
gico, la innovación y la formación integral, serán el
sector estratégico alrededor del cual girará la acti-
vidad académica de la Universidad en la próxima
década, conviene destacar el alcance nacional e
internacional, en el cual se inscribe este propósito.
¿Qué significa «ser la principal universidad de
investigación del país al 2016»?
Mantenerse como la principal Universidad de
Investigación del país hacia el 2016, significa estar a
la altura de los retos planteados por la Universidad
Nacional de Colombia para esa fecha, esbozados en
el Plan Estratégico de Investigación, 2005-20172
. En
el cuadro siguiente se presenta la situación actual y
las metas establecidas de cara al 2017 por parte de
la Universidad Nacional de Colombia:
GRUPOS SITUACIÓN
ACTUAL
METAS AL 2017
Situación actual y perspectivas en materia de in-
vestigación Universidad Nacional de Colombia
Cuadro 1
A
B
C
Total
36
30
30
96
150
200
200
25 Centros de Investigación de Excelencia
550 grupos+ 25 Centros
Fuente: Plan Estratégico de Investigación, 2005-2017. Propuesta para la discusión. Vicerrectoría de Investigación. Diciembre
de 2005
En relación con los Centros de Investigación de
Excelencia, el Documento 20191
establece como
meta para el año 2019, alcanzar veinte Centros de
Investigación de Excelencia reconocidos por su im-
pacto social y productivo. Esto supone, o bien que
las metas de la UNAL son muy ambiciosas, o que las
del Gobierno Nacional son conservadoras. En efecto,
de cumplirse como todos esperamos las metas de la
UNAL, este solo centro educativo estaría superando
las expectativas gubernamentales, incluso en un me-
nor tiempo.
Por su parte, la Universidad de Antioquia, cuenta
con los siguientes grupos de investigación clasifica-
dos por Colciencias:
GRUPOS SITUACIÓN ACTUAL METAS AL 2006
Cuadro 2
A
B
C
Total
46
28
25
99 ?De acuerdo con las cifras mostradas, queda claro
que si queremos estar al mismo nivel de la UNAL al
finalizar la próxima década, debemos multiplicar por
más de cinco el total de grupos (A,B,C) actuales y
definir cuántos Centros de Investigación de Excelen-
cia esperamos tener en el 2016.
Por supuesto, aumentar el número de grupos de
investigación y la creación de Centros de Investiga-
ción de Excelencia, supondrá para ambas Universi-
dades profundas implicaciones sobre otras variables
claves del hacer investigativo como por ejemplo:
investigadores con formación doctoral, número de
proyectos de investigación, financiación, relevo ge-
neracional, publicaciones, entre otros.
Así las cosas, el propósito esbozado en la Visión de
mantener la Universidad de Antioquia en el primer lugar
en investigación una década adelante, implicará grandes
esfuerzos en la medida en que las demás instituciones
también tienen metas ambiciosas para la década.
¿Qué significa ser «una de las mejores universi-
dades de investigación de América»?
Para la Universidad de Antioquia, aspirar a ser
una de las primeras universidades de investigación
en América Latina, como se ha venido planteando,
implica acercarse al desempeño, de universidades
como la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM); las universidades de Sao Pablo, Federal Río
de Janeiro y Estadual Campinas, de Brasil; la Uni-
versidad de Buenos Aires y la Universidad de Chile.
Todas éstas de carácter público.
Según La clasificación académica de las universida-
des del mundo 2003, realizado por el Instituto de Al-
tos Estudios de la Universidad de Shanghai Jiao Tong,
la Universidad Nacional Autónoma de México ocupó
en dicho año el puesto 180 a nivel mundial y el 92
en el continente Americano, lo cual la ubicó como la
primera universidad de América Latina.
Las instituciones latinoamericanas mejor coloca-
das después de la UNAM en dicho Informe fueron
la de Sao Pablo (puesto 188), Universidad de Bue-
nos Aires (330), Universidad Federal Río de Janeiro
(331), Universidad Estadual Campinas (377) y por
último, la Universidad de Chile, en el lugar 433.
El alcance de la nueva visión de la Universidad de Antioquia

—23—
No. 43
REVISTA
De igual manera, en la clasificación internacional
del rotativo inglés The Times, la UNAM ocupó en el
2005 el puesto número 98 entre las mejores 100 del
mundo, remontando 100 lugares respecto del año an-
terior, según dicha clasificación. En el área de las artes
y las humanidades esta universidad se clasificó en el
puesto 20, por encima de instituciones de reconocida
importancia internacional como el University College
de Londres, y de las estadounidenses Chicago, Michi-
gan, Pensilvania, Jhons Hopkins y Nueva York.
¿Qué tan lejos estamos de la UNAM?
Las siguientes cifras muestran algunos aspectos
de la dinámica investigativa de la UNAM, y permiten
vislumbrar la magnitud de las aspiraciones de la Uni-
versidad de Antioquia de cara al 2016.
En la UNAM se realiza más del 50% de la investi-
gación total que se hace en el país Azteca, y el 30%
de los miembros del Sistema Nacional de Investiga-
dores son académicos de la UNAM1
.
Personal vinculado a actividades investigativas
en la UNAM
Al sumar el personal total vinculado a la actividad
investigativa (agrupado en las distintas categorías
establecidas en la UNAM), nos encontramos que
éste pasa de 3.384 personas en el año 1999 a 3.489,
en el 2003. En igual período, los investigadores con
vinculación de tiempo completo, pasaron de 1.947 a
2.053, lo cual representó un incremento en la parti-
cipación del 57.5% a 58.8%, del total.
En el 2003, la distribución del personal investigativo
entre investigación científica y humanidades fue 64.1%
y 35.9%, respectivamente. En el mismo año, estaban
adscritos a proyectos de investigación en áreas cien-
tíficas 1.358 investigadores y 760 en humanidades
(Cuadro 4).
Concepto
Universidad Nacional Autónoma de México
Personal académico vinculado a
investigación según categorías
Cuadro 3
1. Investigadores de carrera
De tiempo completo
De Medio tiempo
2. Técnicos de carrera
De tiempo completo
De Medio tiempo
3. Ayudantes de investigador
4. Otros(1)
Total
1.956
1.947
9
1.366
1.364
2
2
60
3.384
1999 2000 2001 2002 2003
1.985
1.978
7
1.371
1.369
2
2
56
3.356
2.049
2.042
7
1.418
1.417
1
2
61
3.467
2.086
2.080
6
1.449
1.448
1
2
62
3.535
2.059
2.053
6
1.430
1.429
1
2
65
3.489
Fuente: Cuaderno de Información Estadística Básica. Dirección General de Planeación UNAM. (1). Incluye investigadores
visitantes y eméritos
Concepto
Investigadores por subsistema de investigación
Cuadro 4
Investigación científica
Humanidades
Total
1267
770
2.037
1999 2000 2001 2002 2003
1299
757
2.056
1349
764
2.113
1387
753
2.140
1358
760
2.118
Fuente: Cuaderno de Información Estadística Básica. Dirección General de Planeación UNAM
En relación con programas de apoyo a la investigación
e innovación tecnológica, en el 2003, la UNAM contaba
con un total de 93 académicos vinculados; de los cua-
les 86 estaban en proyectos de investigación científica
y 7 en el área de las humanidades (Cuadro 5).
Concepto
Programa de apoyo a la investigación e innovación
tecnológica (Académicos participantes)
Cuadro 5
Humanidades
Total
146
39
185
1999 2000 2001 2002 2003
155
14
169
55
12
67
159
34
193
86
7
93
Personal vinculado a actividades investigativas
en Colombia
Según cifras del Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología, en el año 2002 en Colombia se
contaba con 20.759 personas asociadas a grupos de
investigación, lo cual representa alrededor de 8.560
personas con equivalencia a jornada completa. Para
ese mismo año, el total de grupos de investigación se
aproximaba a los 2.0521
.
Por su parte, la Universidad de Antioquia contaba
para dicho año con cerca de 3.283 investigadores,
cifra que disminuye para el 2003 hasta ubicarse en
2.993 distribuidos así: 1.044 docentes U. de A. 1.403
estudiantes y 546 personas externas2
.
Proyectos de investigación
Para 1999, la UNAM realizaba 3.811 proyectos de
investigación al año, de los cuales 2.361 correspon-
dieron a investigación científica y 1.450 al área hu-
manística. Esta cifra se incrementa ostensiblemente
para el 2003, hasta alcanzar un total de 8.507 pro-
yectos de investigación (Cuadro 6).
Cuadro 6
Concepto
Proyectos de Investigación por subsistema
Humanidades
Total
2361
1450
3.811
1999 2000 2001 2002 2003
2540
1872
4.412
2718
1813
4.531
2538
1938
4.476
N.D
8.507

—24—
Para el 2003, los proyectos de investigación (termi-
nados y en ejecución) de la Universidad de Antioquia
alcanzaron un total de 1.028, distribuidos así: Salud
(586), ciencias sociales y humanas (232), ciencias
exactas y naturales, ingeniería y economía (210).
Resultados de proyectos de investigación
En el 2002, la UNAM obtuvo 4.903 desarrollos
como resultado de proyectos de investigación. Estos
desarrollos se distribuyeron así: 63% en investiga-
ción científica (correspondiente a 3.088 productos) y
37% en investigación humanística (1.815 productos),
según se muestra en el cuadro 7.
Lo anterior significó, que para dicho año, la suma
total de libros publicados en ambas áreas ascendió a
702, el número de capítulos en libros alcanzó los 925,
los artículos en revistas internacionales ascendieron a
2.451 y los artículos en revistas nacionales 815.
Si se divide el número total de productos de inves-
tigación entre el número de personas dedicadas a la
investigación, para el caso de la UNAM la relación es
de 1.4, es decir, cada persona involucrada en proce-
sos investigativos produce 1.4 resultados o productos
al año. En cuanto al número de publicaciones nacio-
nales e internacionales, la relación es de 1.1
Concepto
Productos de investigación
Cuadro 7
1. Investigación Científica
Libros
Capítulos en libros
Artículos
Nacionales
Internacionales
2. Humanidades
Libros
Capítulos en libros
Artículos
Nacionales
Internacionales
TOTAL
2.794
72
241
2.481
262
2.219
1.152
229
448
475
361
114
3.946
1999 2000 2001 2002
3.017
68
324
2.625
319
2.306
1.373
328
519
526
420
106
4.390
3.223
102
336
2.785
288
2.497
1.164
230
452
482
370
112
4.387
3.088
107
325
2.656
310
2.346
1.815
595
610
610
505
105
4.903
El presupuesto de ingresos y su distribución
por áreas misionales
Realizar una comparación de este tipo con la UNAM,
tiene como único objetivo destacar simplemente la mag-
nitud global de los recursos destinados a las diferentes
actividades misionales, sin desconocer las diferencias en
cuanto al tamaño de ambas universidades.
En el siguiente cuadro se presenta el presu-
puesto de ingresos en dólares de la UNAM y de la
U de A1
. El presupuesto de la UNAM ascendió
a US1.457.895.439 en el 2004, mientras que
el de la Universidad de Antioquia, se situó en
US179.539.014. Para el 2005, el primero se
incrementó en 9.6% y alcanzó la cifra de US
1.661.165.102, mientras que el de la Universidad
bordeó los US 229.921.240 (Cuadro 8).
Lo anterior significa que el presupuesto total de la
Universidad de Antioquia para los años 2004 y 2005,
representó el 12.3% y 13.8%, respectivamente, del
presupuesto total de la UNAM para los mismos años.
Cuadro 8
Presupuesto de Ingresos comparado
2004
1.457.895.439
179.539.014
En dólares americanos (1)
2005
1.661.165.102
229.921.240
Nota: 1. Para hacer la conversión a dólares se tomó el tipo de cambio promedio anual para ambos países.
Institución
UNAM México
U de A
A pesar de las diferencias en el monto total de
dichos recursos, la relación presupuesto por alumno
matriculado es superior en la Universidad de Antio-
quia, como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro 9
Relación Presupuesto Vs Población Estudiantil
2004
5.420
5.621
2005
6.175
6.935
Institución
UNAM
UDEA
UNAM: Distribución de los recursos económi-
cos por áreas
En el cuadro 10 se presenta la distribución del presu-
puesto de ingresos de la UNAM para el año 2005. De
acuerdo con dicha distribución, la UNAM invirtió en docen-
cia en el 2005, un poco más de 4,3 veces el presupuesto
total de la Universidad de Antioquia para el mismo año
(US 996.699.061 vs. US 229.921.240); en igual sentido,
la inversión en investigación constituyó casi el doble del
presupuesto total de la U. de A. en el referido año (US
431.902.926 frente a US 229.921.240).
Cuadro 10
Universidad Autónoma de México Distribución del
Presupuesto de ingresos en dólares, año 2005
Dólares
996.699.061
431.902.926
132.893.208
99.669.906
1.661.165.102
%
60%
26%
8%
6%
100%
Área
Docencia
Investigación
Extensión
Gestión Institucional
Total
El alcance de la nueva visión de la Universidad de Antioquia

—25—
No. 43
REVISTA
La inversión total en investigación por parte de la Uni-
versidad de Antioquia para los años 2002 y 2003 ascendió
a US21.631.126 y US20.420.6061
, respectivamente. Am-
bas cifras están por debajo del 5%, si se le compara con
los recursos destinados a investigación por parte de la
UNAM en el año 2005. No se dispone de la distribución
presupuestal de la UNAM y de la U. de A., por funciones
misionales, para diferentes años, lo cual permitiría esta-
blecer una relación comparativa más precisa.
En conclusión
El propósito de la U. de A. hacia el año 2016 de
constituirse en la principal universidad de investigación
de Colombia y una de las mejores de América Latina,
es una apuesta profundamente ambiciosa. Es un reto
que implica dar un salto cualitativo y cuantitativo, el
cual supone buscar nuevos y cada vez más cuantiosos
recursos, aumentar de manera sustancial el número
de doctores y grupos de investigación, crear centros
de investigación de excelencia, alcanzar desarrollos en
tecnología e innovación, entre otros aspectos.
El alcance internacional que se le quiere fijar a la
Universidad le imprime a la investigación, la docen-
cia y la extensión, una dinámica cualitativa distinta.
Ya no es posible comparar nuestros resultados con
las dos o tres mejores universidades del país, sino
con las dos o tres mejores de Latinoamérica.
En materia de investigación, este nuevo alcance
supone centrar nuestros mayores esfuerzos en la
generación de nuevo conocimiento, desarrollo tec-
nológico e innovación, pero esta vez a unos ritmos y
escala distintos a los cuales hemos estado acostum-
brados. En efecto, si queremos disminuir la brecha
con respecto a los países más desarrollados, por lo
menos de la región latinoamericana, debemos acele-
rar nuestros propios desarrollos en esta materia.
El mejoramiento continuo, lento pero seguro, dirán
algunos, no parece apropiado ante la magnitud de los re-
tos y las grandes diferencias con algunas de las mejores
universidades de la región latinoamericana. Es necesario
provocar saltos, rupturas. Es justamente el sentido de la
nueva Visión, apostarle a una década de profundos desa-
rrollos en materia de ciencia, tecnología e innovación, al
servicio del bienestar de la población regional y nacional.
Es claro que la generación de conocimientos y la
transferencia de los mismos a la sociedad, le permitirá
a la Universidad de Antioquia generar cada vez ma-
yores recursos, los cuales le darán mayor autonomía
y contribuirán a la consolidación de su quehacer en
todos los demás frentes. Esto supone asimismo, que
como organización del conocimiento, realicemos una
gestión ágil y eficiente, y a costos competitivos.
Tener como propósito ser los primeros en investiga-
ción significa reflexionar también sobre en qué áreas de la
ciencia, la tecnología y la innovación, centraremos nues-
tros mayores esfuerzos. No es posible, dada la escasez de
recursos propios de la Universidad, pretender sobresalir
en todas las áreas del conocimiento; es necesario iniciar
un proceso de focalización de las acciones en esta mate-
ria. En este marco conviene citar nuevamente las palabras
de Peter Drucker: «Decidir qué cosas nuevas hacer, es
tan importante como decidir que debo dejar de hacer;
nadie puede hacer algo nuevo sin abandonar el ayer»
En efecto, resultaría contradictorio comprometernos
con el desarrollo tecnológico y la innovación, y pretender
mantener al mismo tiempo situaciones internas, por razo-
nes históricas, alejadas de la realidad contemporánea.
En este contexto resulta igualmente ilustrativo
recoger las reflexiones de Carlos Tünnermann Ber-
nheimm, quien plantea que existe crisis cuando lo
que está por nacer no nace y lo que está por morir
no muere. Es la manera como concibe el autor el
tránsito de la universidad latinoamericana hacia una
universidad al servicio de la imaginación y la creati-
vidad, y no únicamente al servicio de una estrecha
profesionalización, como desafortunadamente ha
sido hasta ahora. Marzo 13 de 2006.
NOTAS
1.Esclaroquerealizarbuenasycadavezmejorescomparaciones
con otras universidades de Latinoamérica requerirá mejorar
la búsqueda de información y la construcción de indicadores,
tarea ésta que deberá acometer la Dirección de Planeación.
2. Plan Estratégico de Investigación, 2005-2017. Propuesta para
la discusión. Vicerrectoría de Investigación. Diciembre de 2005.
3.2019:VisiónColombia.IICentenario.Propuestaparaladiscusión.
Presidencia de la República. Tercera Edición, pág 211.
4. Tomado de : http://www.edumexico.org/em/apps/
universidad.php?uniname=unam.
5. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.
Indicadores de Ciencia y tecnología, 2004.
6. Vicerectoría de investigaciones Estadísticas 2002 y 2003.
7. Ingresos provenientes de Fondos Generales, Fondos
Especiales, Fondo de Bienestar Universitario y Fondo de
Seguridad Social.
8. Universidad de Antioquia, Inversión en Investigación 2002-
2003, página Web Vicerrectoría de Investigaciones.

—26—
1. A modo de introducción
Ante los avances técnicos y científicos, particular-
mente, en el campo de la Medicina, la práctica judi-
cial encuentra situaciones que desbordan las regu-
laciones legales; por ello, aparecen lagunas o casos
difíciles que el juez tendrá que resolver en aras de
hacer realidad el derecho material que el ciudadano
aduce como vulnerado o en disputa. Precisamente,
uno de los problemas a los que se ha enfrentado
la justicia, en algunos casos, radica en la imposibi-
lidad o la dificultad de establecer, probatoriamente,
en grado de certeza, la relación causal entre la falla
del servicio médico y el daño, generando esto pro-
blemas para el ciudadano que quiera acudir ante la
jurisdicción con el fin de hacer valer su derecho a
una posible indemnización ante un daño relacionado
con la práctica médica, consistente en cumplir con la
carga de probar ese nexo y los demás extremos de la
responsabilidad médica.
Un caso paradigmático en la jurisprudencia admi-
nistrativa, alude al de una menor, que ingresó al Ins-
tituto Nacional de Cancerología con el fin de obtener
un diagnóstico médico en relación con una masa
tumoral que mostraba en los distintos exámenes de
laboratorio, gamagrafías, radiografías y tomografías;
debido a ello, los médicos del Instituto le practicaron
a la menor una cirugía en la cual se le produjo un
Valoración de
la prueba en la
responsabilidad
por la actividad
médica, concepto
de probabilidad
y garantías
procesales
Por
Semillero de Investigación en
Derecho Procesal de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas*
Aceptar el concepto relativista y
aproximativo de la verdad procesal,
con respecto a la verdad como
correspondencia, conlleva a dilucidar
que existen grados o medidas de
conocimiento que necesariamente
se sitúan a lo largo de una escala
en la cual pueden ser ordenados,
distinguidos y comparados.

No. 43
—27—
REVISTA
desplazamiento de la médula espinal, razón por la cual
quedo parapléjica. Quince horas más tarde se le prac-
ticó otra cirugía para retirarle la cera ósea que estaba
comprimiendo la médula, no obstante, no fue retirada
en su totalidad. Debido a esta circunstancia, la menor
debió ser intervenida nuevamente en otro centro hos-
pitalario en el que le fue retirado el resto de cera ósea,
empero el daño irreversible -paraplejia- ya estaba cau-
sado1
. El problema se encuentra en establecer con
certeza si la paraplejia se debió a la masa tumoral o
a la mala práctica médica en el Instituto Nacional de
Cancerología.
Es de advertir que, de acuerdo a la carga de la
prueba, quien tenga interés en hacer valer un dere-
cho tiene la autoresponsabilidad de llevar la prueba
que lo acredite, y en caso de ausencia o de duda, el
juez deberá desfavorecerlo en la sentencia. Gene-
ralmente, en estos problemas de la prueba del nexo
causal en la responsabilidad médica, le corresponde-
ría la carga de la prueba al demandante, y en caso de
que en el proceso no se logre probar con certeza el
mismo, como lo exige la ley procesal, el juez deberá
denegar el derecho invocado. De esta manera, el
litigante puede verse, en estos casos, desprovisto de
los medios probatorios que le permitan acceder a la
jurisdicción con el fin de hacer valer su derecho.
Ante esta situación, el Consejo de Estado, ampa-
rado en criterios de equidad, ha decidido mitigar la
carga de la prueba al demandante, disminuyendo el
grado o estándar de prueba de certeza para funda-
mentar el nexo causal hacia una verosimilitud preva-
lente. Así, el juez queda excusado de fundar su deci-
sión a partir de la certeza, bastándole para establecer
la misma, aquellos hechos que aparecen como los
más verosímiles, es decir, los que presentan un gra-
do de probabilidad predominante. En otros términos,
significa que aquél que pretende hacer valer su pre-
tensión apoyándose en la relación de causalidad na-
tural entre un suceso y un daño, no está obligado a
demostrar esa relación con exactitud científica. Basta
con que el juez, “en el caso en que por la naturaleza
de las cosas no cabe una prueba directa, llegue a la
convicción de que existe una ‘probabilidad’ determi-
nante2
“.
No obstante, esta posición del Consejo de Estado
encuentra algunos reparos, ya que al disminuir el
estándar de prueba de certeza a una probabilidad
preponderante, produce como efecto una desvalo-
rización de las garantías procesales constitucionales
y legales, entre ellas, el derecho fundamental a la
prueba, y los principios de la necesidad de la prueba,
la valoración racional y la contradicción etc. En con-
traste con esta solución procesal del Consejo de Es-
tado, en el presente artículo se propone una solución
en el ámbito sustantivo, con la teoría del riesgo, que
permite, de un lado, aplicar la equidad en la decisión
y por el otro, deja incólumes las garantías procesales
constitucionales.
2. Posición del Consejo de Estado
2.1 De las diversas posiciones que histórica-
mente ha asumido el Consejo de Estado sobre la
responsabilidad médica
Ciertamente, el Consejo de Estado ha sufrido una
evolución con respecto a la responsabilidad médica,
que se puede resumir de la siguiente forma:
En un primer momento que vivió la jurispruden-
cia del Consejo de Estado, apoyado en la teoría
de la falla del servicio probada, se exigía al actor
aportar la prueba de la falla para la prosperidad de
sus pretensiones, ya que de la sola existencia del
daño no había lugar a presumir la falla del servicio,
tratándose de una obligación de medio3
.
En un segundo momento, la Corporación acogió
el principio de presunción de falla del servicio mé-
dico considerando que el artículo 1604 del Código
Civil debía ser aplicado también en relación con la
responsabilidad extracontractual y, en consecuencia,
la prueba de la diligencia y cuidado correspondía al
demandado en los casos de responsabilidad médica4
.
Lo anterior sirve para indicar que las actividades médi-
cas se encierran dentro de las actividades peligrosas,
Es de advertir que, de acuerdo a la carga de la
prueba, quien tenga interés en hacer valer un
derecho tiene la autoresponsabilidad de llevar
la prueba que lo acredite, y en caso de ausencia
o de duda, el juez deberá desfavorecerlo en la
sentencia. Generalmente, en estos problemas de
la prueba del nexo causal en la responsabilidad
médica, le correspondería la carga de la prueba
al demandante, y en caso de que en el proceso
no se logre probar con certeza el mismo, como
lo exige la ley procesal, el juez deberá denegar el
derecho invocado.

Revista DEBATES No. 43 Enero-Abril 2006 (Universidad de Antioquia)

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