1. Para frenar tráfico de marihuana, Uruguay considera adueñarse del
negocio
MONTEVIDEO, Uruguay — La producción agrícola de este país incluye arroz, soya y trigo. Sin embargo,
el gobierno pronto podría ensuciarse las manos con una cosecha mucho más complicada — la
marihuana — como parte de un movimiento creciente en la región para crear alternativas a la guerra
contra las drogas encabezada por los Estados Unidos.
El presidente famosamente impulsivo de Uruguay incluyó un llamado a la “legalización regulada y
controlada de la marihuana” en un plan de seguridad difundido el mes pasado. Y ahora de lo único que
se habla aquí es del impacto que podría tener un mercado formal para lo que Ronald Reagan describió
como “probablemente la droga mas peligrosa en América.”
“Es un cambio profundo,” dijo Sebastián Sabini, uno de los legisladores que actualmente trabaja en la
controversial propuesta revelada por el presidente José Mujica el 20 de junio. “Queremos separar el
mercado: los usuarios de los traficantes, la marihuana de otras drogas como la heroína.”
En toda Latinoamérica, líderes preocupados por la propagación de la violencia relacionada a las drogas
están considerando políticas que hasta hace poco habrían sido inconcebibles.
¿Despenalizar todo, desde la heroína y la cocaína hasta la marihuana? Las asambleas legislativas de
Brasil y Argentina piensan que esa podría ser la mejor manera de ayudar a que la policía se concentre en
los traficantes y no en los usuarios.
¿Legalizar y regular no solo el consumo de drogas, pero también el transporte de las mismas — tal vez
con altos impuestos aduanales para los envíos masivos? El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina,
un ex-general directo y firme, ha hecho un llamado a que se considere este tipo de enfoque, así como

2. los líderes en Colombia, México, Belice y otros países, que también exigen un debate mas amplio en la
relajación de las leyes punitivas contra las drogas.
Uruguay ha llevado la experimentación a otro nivel. Funcionarios de la Organización de las Naciones
Unidas dicen que ningún otro país ha considerado seriamente el establecimiento de un monopolio
completo y legalmente manejado por el estado sobre la marihuana o cualquier otra substancia ilícita
prohibida por las Naciones Unidas en su Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
Hacerlo convertiría a Uruguay en la primera republica marihuanera en el mundo — brincándose a
Holanda, que ha ignorado la venta y el consumo de la marihuana oficialmente desde 1976, y a Portugal,
que ha abolido todas las penas criminales por el uso de las drogas desde el 2001. Aquí, por el contrario,
nacería una nueva industria manejada por el estado, creada por burócratas gubernamentales
convencidos que la oposición a la marihuana es, simplemente, obsoleta.
“En 1961, la televisión era solamente en blanco y negro,” dijo Julio Calzada, el zar antidrogas de
Uruguay. “Ahora tenemos el Internet.”
Pero deshacerse del hábito prohibicionista no es tarea fácil. Incluso aquí, en este pequeño y progresivo
país de 3.3 millones de personas, la propuesta del presidente ha sido recibida con una ráfaga de
oposición. Doctores, rivales políticos, consumidores de marihuana y funcionarios en temas de seguridad
han expresado preocupación sobre cómo se manejaría la marihuana y sobre si la legalización, o algo
cercano a ello, aceleraría el agravamiento del problema de adicción y criminalidad en Uruguay.
Al presidente Mujica, de 78 años y ex guerrillero bohemio que maneja un VolkswagenBeetle del 1981, le
ha sorprendido la reacción. La semana pasada dijo que si la mayoría de los uruguayos no entendían el
valor de la legalización, suspendería el plan mientras afinaba los detalles y conseguía el apoyo de la
ciudadanía.
Pero Mujica es un líder desafiante que pasó más de una década tras las rejas como prisionero político,
por lo que mientras habla de postergación, indicó que no estaría dispuesto a darse por vencido,
enfatizando que los usuarios de drogas “están esclavizados en ese mercado ilegal.”
“Se inclinan por el camino del delito porque no tienen dinero,” dijo, “y a su vez se transforman en
traficantes porque no tienen medios económicos para atender el vicio.”
Su gobierno, que tiene una escaza mayoría en el parlamento, sigue adelante con la propuesta. Uno de
los asesores del presidente dijo esta semana que el proyecto de ley se debe presentar dentro de un
mes, y Calzada y muchos otros han estado trabajando duro. Su escritorio esta cubierto de notas escritas
a mano sobre mercados locales de drogas. Un tecnócrata de carrera con cabello largo y ralo como el de
un rockero retirado, Calzada dice que ha estado ocupado calculando cuanta marihuana tendría que
producirse en Uruguay para sacar del negocio a los traficantes ilegales. Concluyó que para los 70,000
usuarios mensuales, tendrían que producirse más de 2.200 kilogramos al mes.

3. “Tenemos que garantizar que todos nuestros usuarios tengan acceso a un producto de calidad,” dijo
Calzada.
Agregó que la seguridad será otro reto. Los carteles protegen su producto escondiéndolo, usando la
violencia como una amenaza constante. Oficiales uruguayos, incluyendo Sabini — uno de los
legisladores que públicamente admite haber fumando marihuana — están a favor de un enfoque más
cordial. Imaginan poder permitir el cultivo para uso personal mientras agricultores profesionales
proveen el resto para consumo comercial usando pequeños terrenos que pueden ser protegidos
fácilmente.
El gobierno también requeriría que los usuarios tuvieran tarjetas de registro para excluir a los
extranjeros — una idea influenciada por la nueva normativa en Holanda que restringe la venta de
marihuana a los residentes de ese país.
El gobierno también utilizaría el registro para limitar las compras de los uruguayos (tal vez a 40 porros
mensuales, según funcionarios) y oficiales dicen que van a controlar los niveles de THC, el ingrediente
activo en la marihuana, e impondrían impuestos a los productores, apoyándose en las agencias que
regulan el tabaco, el alcohol y los farmacéuticos para hacer que se respete la ley.
Las autoridades reconocen que para ganarle a los capos como el mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán en
su propio juego, van a tener que negociar con viejos enemigos y unir fuerzas con los mismos aficionados
que han estado poniendo tras las rejas durante años.
Eso significa colaborar con gente como Juan Vaz, un programador de computadoras delgado y de
cabello oscuro, padre de tres y posiblemente el activista pro-marihuana mas famoso de Uruguay. Vaz
pasó 11 meses en prisión hace unos años después de haber sido capturado con cinco plantas de
marihuana y 37 macetas con semillas.
Durante una entrevista, Vaz comparó la marihuana con el vino y expresó tanto interés como
preocupación por los planes del gobierno. Dijo que estaba contento de ver a la administración de Mujica
abordar el tema, pero como muchos otros, dijo que temía el control del gobierno.
El consumo personal de la marihuana ya esta despenalizado en Uruguay, así que Vaz, de 45 años, dijo
que la idea de un registro de productores y usuarios equivale a un retroceso Orwelliano. “Estamos
preocupados por la violación de la privacidad,” dice Vaz.
Otros cultivadores y fumadores, que hablaron bajo la condición de no ser plenamente identificados,
parece que tienen más interés en participar.
Martín, de 26 años, un programador con barba y un closet lleno de plantas de marihuana que le daban
un aroma único a su edificio, dijo que sus amigos han estado considerando empezar una pequeña granja
de marihuana.

4. Gabriel, un vendedor y consumidor de marihuana de 35 años que vive en el centro de Montevideo, dijo
que le gustaba la idea de un mercado legal y que esperaba que eso pudiera limitar el lado oscuro del
negocio de las drogas.
Gabriel dijo que ha vendido marihuana de manera informal durante los últimos 15 años — moviendo
poco menos de un kilo al mes — y que la gente a la que le compra lo ha presionado en diversas
ocasiones a vender drogas más peligrosas como la pasta de cocaína, una substancia parecida al crack
que se ha vuelto ampliamente popular en la región desde el 2001.
A la “pasta base,” como se le conoce aquí, se le atribuye el reciente aumento de drogadicción y crimen
violento en Uruguay, y el presidente Mujica ha dicho que la legalización de la marihuana rompería el
ciclo de adicción y delincuencia que se genera cuando los usuarios se convierten en vendedores.
Muchos dentro de la comunidad de rehabilitación por consumo de drogas tienen sus dudas. “Nunca te
vas a deshacer del mercado negro,” dijo Pablo Rossi, director de la Fundación Manantiales, que maneja
varios centros de rehabilitación en Montevideo.
Pero Gabriel dice que los grandes proveedores inevitablemente se tendrán que adaptar. La pregunta
sería, ¿se adaptarán para bien o para mal?
Tal vez empezarían a vender cocaína mas barata, dijo Gabriel, causando más problemas. O tal vez serán
desplazados del negocio de las drogas por completo. Por ahora, al menos, parecen tenerle miedo al
cambio: según Gabriel un kilo de marihuana (2.2 libras) ahora cuesta $470 en Uruguay, cuando antes del
anuncio de la propuesta de legalización su costo era de $375.
“Están tratando de ganar todo el dinero que puedan,” dijo Gabriel. “Piensan que la legalización es
inminente.”
Emily Schmall contribuyó reportando desde Argentina, y Lis Horta Moriconi desde Brasil.