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IDENTIDADES DIVERSAS: FORMAS TERRITORIALES MÚLTIPLES1
Saríah Acevedo
1. El reconocimiento de la diversidad cultural y la centralidad del “territorio”
como referente cultural y político.
Los debates políticos generados en el contexto de la negociación para la firma de los
Acuerdos de Paz en Guatemala (1996), indudablemente abren la puerta a una
reflexión sobre la sociedad guatemalteca y sus formas de organización, como
conjunto, como totalidad.
La discusión cuyo eje primario era darle fin al enfrentamiento armado y la creación y
consolidación de una institucionalidad democrática, que anidara una nueva forma de
convivencia, trascendió a debates que abordaron no sólo la forma y contenido de la
nueva institucionalidad sino al cuestionamiento mismo del modelo civilizatorio y la
necesidad de adoptar uno que estuviera en correspondencia no sólo con las
necesidades de apertura democrática y equidad, sino con la continuidad y libertad
cultural de los pueblos que la habitan, con la ecología, con los adelantos tecnológicos,
con la superación de las opresiones históricas de los pueblos indígenas, de las mujeres,
de los campesinos, de los trabajadores.
De ésta manera, el proceso de la paz, el cual inicialmente se pensó como un espacio
para ponerle fin a la guerra, se convirtió en el escenario donde confluyeron las
preocupaciones y propuestas de casi todos los sectores de la sociedad guatemalteca:
organizaciones indígenas, de mujeres, religiosas, comerciantes, empresariales, etc.,
cada quien desde sus propias ideas e intereses, algunos con confluencias, muchos con
contradicciones e intereses encontrados.
Sin embargo, pese a las dificultades del proceso, hay que reconocer que nunca en la
historia política de Guatemala, se había desarrollado un debate tan amplio y tan
incluyente, el cual fue labrado al fuego de la confluencia de varias dinámicas
nacionales e internacionales importantes.
Por un lado la desradicalización de las posiciones polarizadas por efecto del fin de la
guerra fría, y el clima generalizado de aperturas democráticas y las tendencias a la
desmilitarización de los gobiernos, por otro lado el auge de los nuevos movimientos
sociales en el mundo alrededor de nuevas formas de identidad desde sus propias
reivindicaciones –étnica, de mujeres, jóvenes, ecológicas, etc.-
En Guatemala, uno de estos movimientos sociales, el movimiento indígena, logró en
éste contexto que los Acuerdos de Paz, incorporaran una concepción sobre “el
territorio” como algo más allá de la clásica concepción de recurso económico, y más
allá de los límites territoriales y político administrativos del Estado Nacional.
Es decir una visión del territorio en la cual se pensara más allá del municipio,
departamento o región, y visibilizó otras formas territoriales cuyos referentes son más
1
Este artículo fue publicado en: Manual de política cultural. Diversidad cultural, derechos humanos
colectivos y construcción territorial en tiempos de postguerra. Canek Observatorio Cultural. Guatemala,
2010.
2
bien culturales e históricos y cuya forma de cohesión y pertenencia no necesariamente
la certificaba el Estado.
Es a partir de ahí, que el concepto “territorio” toma centralidad en las reivindicaciones
políticas de los pueblos indígenas, territorio que viene a definirse más bien como el
lugar donde se juntan o confluyen elementos culturales, lingüísticos, históricos y
ecológicos que se consideran comunes para un pueblo o comunidad y alrededor del
cual se crea un sentimiento de pertenencia y un potencial de cohesión y movilización
colectiva.
Es precisamente el concepto de “territorios indígenas” y su defensa como unidad
ecológica, política y cultural el que en la actualidad orienta las acciones
reivindicativas del movimiento indígena, no sólo en Guatemala, sino en la agenda
indígena continental.
Poco más de una década después, tanto los balances oficiales, de organismos
internacionales y de organizaciones sociales, coinciden –aún con sus diferencias- en
una conclusión general sobre la implementación de los Acuerdos de Paz: su poco
avance en temas sustantivos, su pobre cumplimiento, y a criterio de las organizaciones
sociales el retroceso en aspectos que se creía ganados.
La creación de la “Comisión Paritaria de Reforma y Participación a todo nivel”, la cual
surgió por mandato de los acuerdos de paz, con representación indígena y gobierno,
fue clave para dar espacio al debate de un nuevo proyecto de nación, cuyo referente
territorial era sociolingüístico.
En ese contexto, se iniciaron tres procesos importantes de los cuales se esperaba que
surgieran las nuevas formas de organización política-administrativa del país: la
nueva ley de consejos de desarrollo urbano y rural, el nuevo código municipal y la
nueva ley de descentralización.
2. La confluencia y la simultaneidad de las identidades en el territorio.
En las últimas dos décadas, una de las discusiones más importantes en la vida política
de los pueblos indígenas, y de aquellas comunidades que tienen modelos territoriales
distintos a los del Estado Nación, ha sido cómo las diversas identidades y sus formas
propias de organización política-territorial se concilian, coordinan, articulan o
rearticulan, considerando que subsisten al interior de Estados Nacionales que
generalmente se construyeron en relación de dominio y posteriormente a la existencia
de estas naciones.
El resultado de éstos debates, y de las luchas políticas emprendidas por estos pueblos,
ha sido el reconocimiento a nivel internacional de convenios que les reconocen
derechos de autonomía política y territorial, como el Convenio 169 de la OIT, y
recientemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (2007).
Sin embargo, persiste de manera importante la resistencia, marginalidad,
conflictividad y paralelismo que caracteriza a las relaciones entre las estructuras
tradicionales propias de los pueblos y las del Estado Nación, lo cual además se
complejiza por la pérdida de autonomía de los Estados en función de la acentuación
de procesos políticos y económicos de carácter global.
En Guatemala, pese a los intentos de romper con la visión centralista y única a través
de los procesos de descentralización y la aprobación de nueva legislación (Ley de
3
consejos de desarrollo, código municipal y ley de descentralización), por herencia de
las concepciones monolíticas se considera que debe haber una única manera de
organizar política y administrativamente el territorio.
Como consecuencia de ello, las propuestas de nuevas formas de territorialización
tienen en común que, independientemente de los criterios que propongan para la
nueva forma de organización político-administrativa, la mayoría giran en torno a un
solo eje de cohesión.
Unas propuestas ponen al municipio en el centro, otras consideran que la nueva
forma sea en base a criterios lingüísticos o étnicos, pero en su mayoría son modelos
por sustitución, en donde se reemplaza el modelo actual centrado en departamentos y
municipios por otro modelo centrado también en un factor único, es decir se
reemplaza totalmente uno por el otro.
Valdría la pena abrir el diálogo para reflexionar en torno a dos descubrimientos de
las ciencias que ya han empezado a influenciar al pensamiento y la organización
social, uno es el concepto de simultaneidad y el otro el de multiplicidad.
El concepto de simultaneidad vino a romper con la idea de que los procesos y
acontecimientos tanto biológicos como sociales e históricos, se desarrollaban de una
manera lineal, poniendo al pasado y sus formas como “atraso” y al futuro y lo nuevo
siempre como “progreso”, es decir en una secuencia donde las características y las
instituciones de las nuevas etapas debían sustituir todo lo que se considerara
anterior.
La idea de simultaneidad también resquebrajó la idea de fragmentación del mundo, la
idea de que las diferentes dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales y
espirituales de una sociedad podían operar de manera independiente y separada una
de la otra.
Así también ésta idea de simultaneidad, contribuyó a introducir una nueva mirada en
la reflexión sobre las identidades, pues si en un momento los debates únicos eran
alrededor de la pregunta sobre cuál era o debía ser la identidad predominante (si la
étnica, de género, nacional, religiosa, económica o gremial) ahora éste debate se
enfoca más en cómo todas éstas identidades más bien son múltiples y se
interrelacionan y expresan simultáneamente.
En fin éste concepto de simultaneidad forma parte de toda una corriente de
pensamiento, una nueva epistemología que trata de explicar el universo, el mundo y
las sociedades desde el punto de vista de su complejidad y su variabilidad y renuncia a
la búsqueda de leyes generales y definitivas.
A partir de ahí, podríamos retomar el diálogo en relación a la forma en que en
Guatemala se ha organizado el territorio. Si en el país cohabitan, funcionan, se
relacionan, diferentes formas de cohesión territorial de manera simultánea, hasta
ahora de manera conflictiva, porqué no pensar que en vez de sustituir un modelo de
organización política-administrativa del territorio por otra totalmente distinta,
podrían implementarse, articularse y dejarse operar estructuras múltiples de manera
simultánea.
El diálogo podría conducirse entonces hacia la búsqueda de alternativas para
reorganizar el país en función de las principales formas de cohesión que existen en
Guatemala, dejando la puerta abierta para que éste proceso sea resultado de la
reflexión interna y la elección libre de los conjuntos sociales.
4
Es decir, se hace imprescindible tener claridad que una forma de organización
territorial inclusiva, no se reduce sólo a incorporar los modelos organizativos
indígenas, aunque éste hecho solo, fuera un gran avance. Pero debería
complementarse, pues no podemos desconocer que las identidades étnicas no son las
únicas que nos cohesionan a los que nos reconocemos indígenas por un lado o a los
que nos reconocemos ladinos o mestizos por otro.
En Guatemala, como en cualquier otra parte del mundo, tenemos identidades
múltiples simultáneamente, es decir que al mismo tiempo se viven diversas
identidades: la identidad étnica, lingüística, ecológica, histórica, gremial, nacional,
departamental o municipal etc. Y todas conforman conglomerados sociales alrededor
de los cuales nos cohesionamos.
Entonces la confluencia y la simultaneidad de las identidades en los territorios, exige
formas de organización territorial múltiple de manera simultánea. Por ejemplo,
podría darse que haya comunidades que decidan organizarse en base a su pertenencia
étnica o cultural, como comunidades indígenas o garínagu, por ejemplo.
Podrían articularse territorios que se organicen y cohesionen en función de su
comunidad lingüística, como la comunidad k’iche’, mam, q’eq’chi, garínagu, español,
etc. Desde otro punto de vista pueden articularse territorios que se organicen y
cohesionen en función de su pertenencia a regiones ecológicas, como la cuenca de un
río, de un lago, o cualquier otro ecosistema en el cual confluyan diversas
comunidades.
También la articulación en base a experiencias históricas comunes o estructuras
organizativas con larga trayectoria histórica, como es el caso de los 48 cantones de
Totonicapán. Está la alternativa de la organización de regiones territoriales en base a
rasgos de carácter más gremial o productivo, es decir, en torno a características de la
producción regional, como por ejemplo, tejedores, productores de hortalizas, de
granos básicos, etc.
Esta reorganización de las comunidades probablemente creará nuevos territorios y
podría o no prescindir de los actuales referentes legales de los municipios,
departamentos y regiones. Eso dependerá en cada caso de los procesos de debate local
sobre la pertinencia de la forma actual que tienen de organización.
De ésta forma podrían coincidir y colindar territorios organizados como comunidades
indígenas, con territorios en torno a la cuenca de un río, y territorios dedicados a la
producción de maíz y frijol, con aquellas comunidades que deseen seguir siendo
municipios.
El elemento central a superar es la concepción de que la organización territorial tiene
que tener criterios de cohesión homogéneos o únicos. Por ello más que simplificarse
las formas de organización, deben complejizarse, lo que conllevaría potenciar lo que
los economistas han llamado “ventajas comparativas” de los territorios.
En éste camino, ya hay recursos legales que permiten ir transformando
paulatinamente el mapa del país, pues al mismo tiempo que fortalecen la autonomía
municipal, y promueven la generación de mancomunidades, la ley de idiomas
nacionales fomenta la cohesión y el desarrollo de las comunidades lingüísticas y las
leyes de descentralización le reconocen personería a las comunidades indígenas, de
hecho ya hay experiencias recientes (por ejemplo en Petén) de comunidades que se
apropiaron de la ley y se organizaron en función de esta figura.
5
De hecho muchas de las políticas públicas se basan en éstos tipos de criterios para
operar, los ministerios en éste sentido han venido ensayando propuestas y
experiencias, pero no hay una institucionalización de este tipo de criterios para la
implementación de legislación, tributación, tipos de inversión pública y formas de
representación política.
De ahí que el desafío en sí mismo no es tanto generar diferentes formas de
administración territorial que operen simultáneamente, lo cual ya existe en
Guatemala, sino más bien hacer que esta multiplicidad organizativa territorial deje de
expresar desigualdades, inequidades y exclusiones, y sea la expresión coherente,
cohesionada y equitativa, de los intereses, historia e identidad compartida de las
comunidades que se agrupan en el seno de cada territorio.

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  • 1. 1 IDENTIDADES DIVERSAS: FORMAS TERRITORIALES MÚLTIPLES1 Saríah Acevedo 1. El reconocimiento de la diversidad cultural y la centralidad del “territorio” como referente cultural y político. Los debates políticos generados en el contexto de la negociación para la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala (1996), indudablemente abren la puerta a una reflexión sobre la sociedad guatemalteca y sus formas de organización, como conjunto, como totalidad. La discusión cuyo eje primario era darle fin al enfrentamiento armado y la creación y consolidación de una institucionalidad democrática, que anidara una nueva forma de convivencia, trascendió a debates que abordaron no sólo la forma y contenido de la nueva institucionalidad sino al cuestionamiento mismo del modelo civilizatorio y la necesidad de adoptar uno que estuviera en correspondencia no sólo con las necesidades de apertura democrática y equidad, sino con la continuidad y libertad cultural de los pueblos que la habitan, con la ecología, con los adelantos tecnológicos, con la superación de las opresiones históricas de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los campesinos, de los trabajadores. De ésta manera, el proceso de la paz, el cual inicialmente se pensó como un espacio para ponerle fin a la guerra, se convirtió en el escenario donde confluyeron las preocupaciones y propuestas de casi todos los sectores de la sociedad guatemalteca: organizaciones indígenas, de mujeres, religiosas, comerciantes, empresariales, etc., cada quien desde sus propias ideas e intereses, algunos con confluencias, muchos con contradicciones e intereses encontrados. Sin embargo, pese a las dificultades del proceso, hay que reconocer que nunca en la historia política de Guatemala, se había desarrollado un debate tan amplio y tan incluyente, el cual fue labrado al fuego de la confluencia de varias dinámicas nacionales e internacionales importantes. Por un lado la desradicalización de las posiciones polarizadas por efecto del fin de la guerra fría, y el clima generalizado de aperturas democráticas y las tendencias a la desmilitarización de los gobiernos, por otro lado el auge de los nuevos movimientos sociales en el mundo alrededor de nuevas formas de identidad desde sus propias reivindicaciones –étnica, de mujeres, jóvenes, ecológicas, etc.- En Guatemala, uno de estos movimientos sociales, el movimiento indígena, logró en éste contexto que los Acuerdos de Paz, incorporaran una concepción sobre “el territorio” como algo más allá de la clásica concepción de recurso económico, y más allá de los límites territoriales y político administrativos del Estado Nacional. Es decir una visión del territorio en la cual se pensara más allá del municipio, departamento o región, y visibilizó otras formas territoriales cuyos referentes son más 1 Este artículo fue publicado en: Manual de política cultural. Diversidad cultural, derechos humanos colectivos y construcción territorial en tiempos de postguerra. Canek Observatorio Cultural. Guatemala, 2010.
  • 2. 2 bien culturales e históricos y cuya forma de cohesión y pertenencia no necesariamente la certificaba el Estado. Es a partir de ahí, que el concepto “territorio” toma centralidad en las reivindicaciones políticas de los pueblos indígenas, territorio que viene a definirse más bien como el lugar donde se juntan o confluyen elementos culturales, lingüísticos, históricos y ecológicos que se consideran comunes para un pueblo o comunidad y alrededor del cual se crea un sentimiento de pertenencia y un potencial de cohesión y movilización colectiva. Es precisamente el concepto de “territorios indígenas” y su defensa como unidad ecológica, política y cultural el que en la actualidad orienta las acciones reivindicativas del movimiento indígena, no sólo en Guatemala, sino en la agenda indígena continental. Poco más de una década después, tanto los balances oficiales, de organismos internacionales y de organizaciones sociales, coinciden –aún con sus diferencias- en una conclusión general sobre la implementación de los Acuerdos de Paz: su poco avance en temas sustantivos, su pobre cumplimiento, y a criterio de las organizaciones sociales el retroceso en aspectos que se creía ganados. La creación de la “Comisión Paritaria de Reforma y Participación a todo nivel”, la cual surgió por mandato de los acuerdos de paz, con representación indígena y gobierno, fue clave para dar espacio al debate de un nuevo proyecto de nación, cuyo referente territorial era sociolingüístico. En ese contexto, se iniciaron tres procesos importantes de los cuales se esperaba que surgieran las nuevas formas de organización política-administrativa del país: la nueva ley de consejos de desarrollo urbano y rural, el nuevo código municipal y la nueva ley de descentralización. 2. La confluencia y la simultaneidad de las identidades en el territorio. En las últimas dos décadas, una de las discusiones más importantes en la vida política de los pueblos indígenas, y de aquellas comunidades que tienen modelos territoriales distintos a los del Estado Nación, ha sido cómo las diversas identidades y sus formas propias de organización política-territorial se concilian, coordinan, articulan o rearticulan, considerando que subsisten al interior de Estados Nacionales que generalmente se construyeron en relación de dominio y posteriormente a la existencia de estas naciones. El resultado de éstos debates, y de las luchas políticas emprendidas por estos pueblos, ha sido el reconocimiento a nivel internacional de convenios que les reconocen derechos de autonomía política y territorial, como el Convenio 169 de la OIT, y recientemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Sin embargo, persiste de manera importante la resistencia, marginalidad, conflictividad y paralelismo que caracteriza a las relaciones entre las estructuras tradicionales propias de los pueblos y las del Estado Nación, lo cual además se complejiza por la pérdida de autonomía de los Estados en función de la acentuación de procesos políticos y económicos de carácter global. En Guatemala, pese a los intentos de romper con la visión centralista y única a través de los procesos de descentralización y la aprobación de nueva legislación (Ley de
  • 3. 3 consejos de desarrollo, código municipal y ley de descentralización), por herencia de las concepciones monolíticas se considera que debe haber una única manera de organizar política y administrativamente el territorio. Como consecuencia de ello, las propuestas de nuevas formas de territorialización tienen en común que, independientemente de los criterios que propongan para la nueva forma de organización político-administrativa, la mayoría giran en torno a un solo eje de cohesión. Unas propuestas ponen al municipio en el centro, otras consideran que la nueva forma sea en base a criterios lingüísticos o étnicos, pero en su mayoría son modelos por sustitución, en donde se reemplaza el modelo actual centrado en departamentos y municipios por otro modelo centrado también en un factor único, es decir se reemplaza totalmente uno por el otro. Valdría la pena abrir el diálogo para reflexionar en torno a dos descubrimientos de las ciencias que ya han empezado a influenciar al pensamiento y la organización social, uno es el concepto de simultaneidad y el otro el de multiplicidad. El concepto de simultaneidad vino a romper con la idea de que los procesos y acontecimientos tanto biológicos como sociales e históricos, se desarrollaban de una manera lineal, poniendo al pasado y sus formas como “atraso” y al futuro y lo nuevo siempre como “progreso”, es decir en una secuencia donde las características y las instituciones de las nuevas etapas debían sustituir todo lo que se considerara anterior. La idea de simultaneidad también resquebrajó la idea de fragmentación del mundo, la idea de que las diferentes dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales y espirituales de una sociedad podían operar de manera independiente y separada una de la otra. Así también ésta idea de simultaneidad, contribuyó a introducir una nueva mirada en la reflexión sobre las identidades, pues si en un momento los debates únicos eran alrededor de la pregunta sobre cuál era o debía ser la identidad predominante (si la étnica, de género, nacional, religiosa, económica o gremial) ahora éste debate se enfoca más en cómo todas éstas identidades más bien son múltiples y se interrelacionan y expresan simultáneamente. En fin éste concepto de simultaneidad forma parte de toda una corriente de pensamiento, una nueva epistemología que trata de explicar el universo, el mundo y las sociedades desde el punto de vista de su complejidad y su variabilidad y renuncia a la búsqueda de leyes generales y definitivas. A partir de ahí, podríamos retomar el diálogo en relación a la forma en que en Guatemala se ha organizado el territorio. Si en el país cohabitan, funcionan, se relacionan, diferentes formas de cohesión territorial de manera simultánea, hasta ahora de manera conflictiva, porqué no pensar que en vez de sustituir un modelo de organización política-administrativa del territorio por otra totalmente distinta, podrían implementarse, articularse y dejarse operar estructuras múltiples de manera simultánea. El diálogo podría conducirse entonces hacia la búsqueda de alternativas para reorganizar el país en función de las principales formas de cohesión que existen en Guatemala, dejando la puerta abierta para que éste proceso sea resultado de la reflexión interna y la elección libre de los conjuntos sociales.
  • 4. 4 Es decir, se hace imprescindible tener claridad que una forma de organización territorial inclusiva, no se reduce sólo a incorporar los modelos organizativos indígenas, aunque éste hecho solo, fuera un gran avance. Pero debería complementarse, pues no podemos desconocer que las identidades étnicas no son las únicas que nos cohesionan a los que nos reconocemos indígenas por un lado o a los que nos reconocemos ladinos o mestizos por otro. En Guatemala, como en cualquier otra parte del mundo, tenemos identidades múltiples simultáneamente, es decir que al mismo tiempo se viven diversas identidades: la identidad étnica, lingüística, ecológica, histórica, gremial, nacional, departamental o municipal etc. Y todas conforman conglomerados sociales alrededor de los cuales nos cohesionamos. Entonces la confluencia y la simultaneidad de las identidades en los territorios, exige formas de organización territorial múltiple de manera simultánea. Por ejemplo, podría darse que haya comunidades que decidan organizarse en base a su pertenencia étnica o cultural, como comunidades indígenas o garínagu, por ejemplo. Podrían articularse territorios que se organicen y cohesionen en función de su comunidad lingüística, como la comunidad k’iche’, mam, q’eq’chi, garínagu, español, etc. Desde otro punto de vista pueden articularse territorios que se organicen y cohesionen en función de su pertenencia a regiones ecológicas, como la cuenca de un río, de un lago, o cualquier otro ecosistema en el cual confluyan diversas comunidades. También la articulación en base a experiencias históricas comunes o estructuras organizativas con larga trayectoria histórica, como es el caso de los 48 cantones de Totonicapán. Está la alternativa de la organización de regiones territoriales en base a rasgos de carácter más gremial o productivo, es decir, en torno a características de la producción regional, como por ejemplo, tejedores, productores de hortalizas, de granos básicos, etc. Esta reorganización de las comunidades probablemente creará nuevos territorios y podría o no prescindir de los actuales referentes legales de los municipios, departamentos y regiones. Eso dependerá en cada caso de los procesos de debate local sobre la pertinencia de la forma actual que tienen de organización. De ésta forma podrían coincidir y colindar territorios organizados como comunidades indígenas, con territorios en torno a la cuenca de un río, y territorios dedicados a la producción de maíz y frijol, con aquellas comunidades que deseen seguir siendo municipios. El elemento central a superar es la concepción de que la organización territorial tiene que tener criterios de cohesión homogéneos o únicos. Por ello más que simplificarse las formas de organización, deben complejizarse, lo que conllevaría potenciar lo que los economistas han llamado “ventajas comparativas” de los territorios. En éste camino, ya hay recursos legales que permiten ir transformando paulatinamente el mapa del país, pues al mismo tiempo que fortalecen la autonomía municipal, y promueven la generación de mancomunidades, la ley de idiomas nacionales fomenta la cohesión y el desarrollo de las comunidades lingüísticas y las leyes de descentralización le reconocen personería a las comunidades indígenas, de hecho ya hay experiencias recientes (por ejemplo en Petén) de comunidades que se apropiaron de la ley y se organizaron en función de esta figura.
  • 5. 5 De hecho muchas de las políticas públicas se basan en éstos tipos de criterios para operar, los ministerios en éste sentido han venido ensayando propuestas y experiencias, pero no hay una institucionalización de este tipo de criterios para la implementación de legislación, tributación, tipos de inversión pública y formas de representación política. De ahí que el desafío en sí mismo no es tanto generar diferentes formas de administración territorial que operen simultáneamente, lo cual ya existe en Guatemala, sino más bien hacer que esta multiplicidad organizativa territorial deje de expresar desigualdades, inequidades y exclusiones, y sea la expresión coherente, cohesionada y equitativa, de los intereses, historia e identidad compartida de las comunidades que se agrupan en el seno de cada territorio.