PERIÓDICO "HUELLAS DEL GUAMBUYACO" 2. Septiembre-octubre de 2012

2huellasPeriódico Regional
E D I TO R I A L
T
ambeños, el presente informativo llama a reflexionar que nuevas puertas se
abren para bien. ¿Que hay una crisis? Sí, ¿que se puede solucionar? Sí, ¿que
después de un oscurantismo administrativo viene la luz? Sí; todo está en ma-
nos del presente administrador, claro, si quiere escribir su nombre en los libros de la
historia y que su acción sea recordada como ejemplo a seguir.
Por otra parte, está en manos de quienes activen la economía, o sea, los particulares
con visión empresarial, aprovechando que la gobernación de Nariño ha sido bene-
volente en estos dos últimos periodos, el que acaba de finalizar, correspondiente al
dirigido por el gobernador saliente Antonio Navarro Wolff y, el presente, dirigido por
Raúl Delgado, quienes prácticamente dejan pavimentada la anhela vía como una sali-
da viable en cuanto a turismo se refiere. Al resto de los tambeños, que sean propositi-
vos; que aspirar a trabajar con la alcaldía o el hospital no sea su mayor logro, hay que
luchar por formar su propia empresa, destacarse profesionalmente, como verdadero
líder cívico y no como caciquillo desfalcador del erario público. También logrando
hacer valer nuestros derechos, sea ante los estrados judiciales o con manifestaciones
públicas rechazando las malas acciones.
Es cierto que en parte tenemos responsabilidad, al fin al cabo somos los que elegimos;
enmendemos nuestras decisiones, es hora de mirar el beneficio general y no el parti-
cular, que vergonzoso para nosotros, que un sacerdote y un médico recién llegados,
estén dando más muestra de interés por esta tierra, que ni siquiera es de ellos, y con
el precedente que unos pocos no querían su llegada; en el primer caso tratando de
impedir su posesión y en el segundo, difundiendo pasquines infames.
Tambeños, los buenos somos más, pero de nada nos sirve, ser indiferentes eso es
sinónimo de complicidad; las soluciones ya están manifiestas, ahora cada cual aporte
en su campo y comenzaremos a ver resultados; este es el siglo del humanismo no
seamos lobos entre sí. Mirar el panorama de nuestro país no es muy halagador, no
contribuyamos a empeorarlo.
Director
Alex Dairo Jiménez Portillo
Comité editorial
María Eugenia Apráez
Juan Gómez Madroñero
José Vicente Gómez
Aurelio Zambrano Díaz
José Vicente Córdoba
Julio César Muñoz
Alba Córdoba Cabrera
Gregorio Gómez Madroñero
COLECTIVO LITERARIO
KAMINU LIMAY
El Tambo, Nariño.
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H
Las opiniones expresadas son
responsabilidad de los autores y no com-
prometen a los principios
ni políticas del periódico Huellas
“El que quiere hacer algo, encuentra el camino.
El que no quiere hacer nada, encuentra una excusa.”
David Cegla
Carta de Lector
Apreciados Señores,
Periódico “HUELLAS”
Permítanme presentarles la más sincera
felicitación por la gran obra que han em-
prendido para bien de nuestro terruño que
estaba huérfano, hace años, de un medio
de expresión de esta naturaleza, desde que
desapareció la revista “TAMBO.COM” di-
rigida por el Dr. Luis Arturo Salas Portilla.
Esta clase de medios requieren de gran
heroísmo, decisión, carácter aguerrido,
etc., para salir adelante y subsistir.
Es ingrediente importante también, para
la supervivencia, el aspecto económico,
el apoyo de esa naturaleza que es el que
siempre falta. Esperamos que esta vez, no
sea esquivo el concurso quienes tienen el
poder y pueden contribuir para garantizar
la consecución del objetivo que Uds. se
proponen.
Es satisfactorio volver a contar con un
instrumento que nos permita conocer as-
pectos de todo orden que corresponden a
nuestro municipio, expresar lo que senti-
mos del diario vivir, conocer nuestras ca-
pacidades culturales, difundir la afición
por la literatura, la música, en fin, el arte
en todas sus expresiones.
Gracias por este aporte en bien de El
Tambo. Adelante, siempre adelante.
Cordialmente,
JAIME R. MENA ROSERO.

O P I N I Ó N
Ramiro Chalacán
Pbro. Santuario
Nuestra Señora
de la Natividad
Desde hace 52 años Colombia vive un
conflicto armado el cual ha desesta-
bilizado al país en todo ambiente social
y gubernamental logrando una ruptura y
abandono de la realidad en la que nuestra
gente ha crecido, formado y desarrollado.
Amargas y dolorosas lecciones de vida nos
ha dado la historia de nuestra nación con
el derramamiento de sangre inocente, po-
sesión de tierras de una manera forzosa,
enriquecimiento y explotación ante nuestra
gente desprotegida y un gobierno que ha
tratado de remediar este conflicto pero que
no ha podido llegar a un acuerdo unilateral
con quienes han causado los estragos que
hemos vivido en carne propia.
No se trata de buscar culpables, pero si
se trata de encontrar la solución ante este
problema tan delicado que nos acecha día
y noche; por esta razón, empieza a brillar
la luz de la nueva aurora en nuestro país, y
esperamos que lo haga con la luz que nos
cobija a todos los colombianos, con los tan
esperados diálogos de paz entre el gobier-
no y los grupos alzados en armas. Con este
proceso de paz y llegando a ser un éxito
palpable, ¿se podría borrar de la mente de
los colombianos que han sido víctimas de
la violencia, todo lo acontecido hasta el mo-
mento; como las minas antipersona, falsos
positivos, desplazamiento forzado, tomas
guerrilleras, paros cívicos, secuestros, nar-
conegocios y demás...? desafortunadamente
vivimos en un “país sin memoria” y por esta
razón, mañana podría estar al mando una de
las personas que comandó todos estos ata-
ques y quedaríamos ante el mundo como
una nación que no le importa su historia, ni
el futuro de las generaciones venideras.
Lo que hasta ahora nos hacen pensar, es que
las FARC aspiran ser una fuerza política le-
galmente reconocida, posiblemente como
lo manifestaron el 1 de junio del 2004:
“nosotros como Autodefensas Campesi-
nas avanzaremos, no hacia la desaparición
como organización, sino hacia la transfor-
mación en un movimiento político de ma-
sas a través del cual la retaguardia social
de las Autodefensas pueda constituirse en
una alternativa democrática que defienda,
custodie y proteja los intereses, derechos
y demandas de nuestras comunidades ante
los poderes del Estado”. Ya Manuel Maru-
landa Vélez lo dijo: “la paz que queremos
y por la que luchamos es que en Colombia
se acaben las poderosas desigualdades”.
Que si bien sabemos están bien marcadas
en toda la amplitud de esta patria, la pre-
gunta es: ¿desigualdades entre el gobierno
y el pueblo, o entre ricos y pobres o entre
grupos subversivos y gobierno?... ante una
pregunta etérea, una respuesta efímera.
Nuestra postura como católicos frente a
este conflicto y ahora frente a este tan an-
helado proceso de paz es que debemos ser
promotores de la misma desde nuestro pro-
pio ambiente, profesión o ideología, respe-
tando nuestras culturas y acercándonos al
perdón, buscar soluciones concretas frente
a los afectados en la guerra fratricida, re-
cordar que el fin del conflicto armado es el
inicio de la búsqueda de la paz y que no
solo es responsabilidad de los entes guber-
namentales buscar los mecanismos de paz
sino de todos a los que nos ha afectado este
gran conflicto de violencia.
Diálogos de paz en Colombia
Hombres y mujeres de varias veredas de
nuestro municipio fueron los favore-
cidos con el empleo de emergencia, y son
parte de la mano de obra no calificada que
realiza labores de mejoramiento y manteni-
miento vial.
Un total de 36 personas del municipio de
El Tambo fueron beneficiadas con el deno-
minado empleo de emergencia creado por
el Departamento de la Prosperidad Social
impulsado por el Gobierno Nacional. El
alcalde William Ernesto Dorado Hidalgo
expresó estar bastante satisfecho por el
anuncio, y aseguró que estos 36 empleos
formales-temporales que fueron asignados
a afectados por el inverno 2010 - 2011 per-
mitiendo a igual número de familias miti-
gar en parte la problemática que ocasionó
esta emergencia; así mismo, dijo que esto
hará posible mejorar notoriamente su si-
tuación económica y, ante todo, superar la
crisis.
Sostuvo que las víctimas de la reciente ola
invernal perdieron sus cultivos de comer-
cialización, así como los
de pancoger, situación
que los afectó sobrema-
nera, pues muchas fami-
lias quedaron en la ruina
y han atravesado una
crisis financiera total.
Los empleados que ha
asignado el Departa-
mento para la Prosperi-
dad Social (DPS), en el
municipio de El Tambo,
ya han iniciado con las
labores pactadas. A su
turno Ana Cristina Luna
Lasso, supervisora de
la Fundación del Alto
Magdalena, que es la empresa contratista,
manifestó que en El Tambo se benefician
los damnificados que se encuentran ins-
critos en el Registro Único de Damnifica-
dos por la emergencia invernal de la Red
Unidos y que se priorizaron por ser des-
plazados y pertenecer a los niveles más
bajos del Sisbén.
“Los beneficiados ejecutan labores que
incluyen la recuperación de las vías se-
cundarias y terciarias, la limpieza de cu-
netas, reparación de alcantarillas, entre
otras actividades que serán realizadas
hasta el mes de diciembre. Las personas
contratadas trabajarán media jornada, se-
manalmente 24 horas, y su sueldo está es-
tipulado en $ 283.350 pesos, más $ 67.800
en subsidio de transporte, con las prestacio-
nes sociales”, concluyó la funcionaria.
Damnificados por la ola de invernal
2010 - 2011 serán beneficiados
Hermes Luna
Comunicador
Social

O P I N I Ó N
Como es de pleno conocimiento para la
comunidad tambeña, el día 9 de octu-
bre del año en curso, en las instalaciones
del H.H. Concejo Municipal de El Tambo,
Nariño, se llevó a cabo la sesión extraor-
dinaria donde se aprobó en segundo debate
el proyecto de acuerdo Nro. 32, por medio
del cual ésta corporación concedió amplias
facultades al señor Alcalde, por el termino
de seis meses, para determinar la estruc-
tura de la Administración Municipal y las
funciones de sus dependencias; para modi-
ficar, fusionar, suprimir o crear organismos
y dependencias; para adoptar la planta de
cargos del municipio, para contratar nuevos
empréstitos y reestructurar la deuda vigen-
te, suspender la destinación de los recursos
de inversión con los ingresos corrientes de
libre destinación y para que haga ajustes al
presupuesto del municipio.
Si bien es cierto, nuestro municipio está
afrontando una difícil situación económica
que requiere iniciar un proceso que permita
el saneamiento fiscal, también es importante
tener en cuenta que en el acuerdo aprobado
por la mayoría de mis compañeros conceja-
Una aprobación polémica les, con relación al articulado se debió anali-
zar más minuciosamente el artículo primero
de dicho acuerdo, el cual está relacionado
con la determinación de la estructura de la
Administración Municipal, debido a que se
desconoció lo establecido en el numeral 6
de elArticulo 313 de la constitución Política
de Colombia, el cual dice: “corresponde a
los concejos: determinar la estructura de
la administración municipal y las funcio-
nes de sus dependencias”. Además de las
normas legales estipuladas en el artículo 46
de la ley 909 de 2004, que dice: “Articulo
46. Reforma de plantas de personal. Las
reformas de planta de empleos de las enti-
dades de la rama ejecutiva de los ordenes
nacional y territorial, deberán motivarse,
fundarse en necesidades del servicio o en
razones de modernización de la admi-
nistración y basarse en justificaciones o
estudio técnicos que así lo demuestren,
elaborados por las respectivas entidades,
por la ESAP, o por firmas especializadas
en la materia; estudios que deberán ga-
rantizar el mejoramiento organizacio-
nal. Toda modificación a las plantas de
personal de los organismos y entidades
de las ramas ejecutivas del poder públi-
co del orden nacional,
deberá ser aprobada
por el departamen-
to administrativo de
la función pública”.
De acuerdo, entonces,
con las normas cons-
titucionales y legales,
el artículo primero del
acuerdo no debió ser
aprobado por esta corporación debido a que
no se contó con los estudios técnicos seña-
lados en el artículo anterior.
Por tal razón, aprobar el primer artículo del
acuerdo municipal no fue una decisión co-
rrecta, al contrario, es posible que a futuro
aumente la crisis financiera para el munici-
pio debido a demandas o acciones judiciales
que puedan ser emprendidas por los afecta-
dos en la restructuración. En este orden y
conociendo la situación y los acontecimien-
tos que pueden presentarse en contra de
los trabajadores actuales y agotando todas
las opciones, se podía tomar una decisión
coherente donde nadie salga perjudicado y
evitando consecuencias jurídicas. Por tal ra-
zón mi voto fue negativo en la aprobación
de dicho proyecto de acuerdo. Por otra par-
te, al concederle dichas facultades al ejecu-
tivo, el concejo municipal se despojo de su
función fundamental: la de hacer control
político que por legitimidad, la constitución
política nos otorga y el pueblo nos delega al
depositar su voto por nosotros en las urnas,
y que es lo que espera la ciudadanía de los
concejales como representantes de las co-
munidades desde esta corporación.
Carlos Bastidas
Concejal del
municipio
El patrimonio tangible e intangible debe
ser cuidado por las autoridades cual-
quiera que sea su denominación; en el caso
de nuestro municipio urge la necesidad de
reflexionar cuales son y cuanto significa el
valor de cada uno de ellos. Conservar el
patrimonio es un compromiso que implica
respetar la historia, alterarlo sería atentar
con la idea original de su razón de ser. (Ley
1185 de 2008 “Por la cual se modifica y
adiciona la Ley 397 de 1997 - Ley General
de Cultura - y se dictan otras disposiciones”.
Tal parece que a lo largo de nuestro trans-
currir histórico estas riquezas se han ido
desdibujando, la intervención apresurada
y autoritaria de algunos mandos civiles y
eclesiásticos sobre los más importantes
monumentos arquitectónicos y urbanísti-
cos han causado grave deterioro de lo que
es hoy nuestro patrimonio. El conservar no
significa estancarse en el tiempo, es mirar
nuestro pasado como soporte de identidad
hacia un futuro.
Ejemplos sobran, vale citar: ¿Qué le paso
a la planta eléctrica municipal? ¿El puente
Bolívar? Las modificaciones al interior de
lo que es hoy nuestro santuario, casa pa-
rroquial, de igual manera el cementerio, la
gruta, la capilla ya desaparecida del colegio
hoy Institución Educativa Agropecuario Je-
sús Nazareno, la plaza La libertad y su orna-
mentación, la quema de gran parte del archi-
vo municipal; estos atropellos serán tratados
con mas detalle en una nueva edición.
Hoy quiero enfocarme en la intervención
que se hace a “El Camino Real”, que no
signifique sencillamente la propuesta de
mingas de limpieza, debe contar con la
asesoría de personas capacitadas para no
transformar su aspecto, también debe ser la
oportunidad para retomar nuestra historia,
darla a conocer y mantenerla vigente con
programas educativos, ecológicos, visitas
recreativas guiadas; este camino nos indica
de donde venimos y hacia donde vamos, es
nuestro punto de partida y el que nos per-
mitía encontrarnos e identificarnos como
tambeños.
Por otra parte, cave destacar la buena noticia
emitida en el programa radial local del día
Domingo 11 de Noviembre, patrocinado por
la actual administración, en entrevista reali-
zada al tesorero municipal, donde se habla
de la construcción de un complejo cultural
tan necesario para el quehacer cultural, su-
ponemos que este contara con un auditorio,
la ubicación de la biblioteca pública, una
sala de lectura, el conservatorio, la pinacote-
ca, salón de exposiciones y por supuesto las
oficinas de la casa de la cultura; no está de
más manifestar que el diseño arquitectónico
no se parezca en nada al polideportivo.
Que la intervención abrupta de nuestro es-
pacio físico en función de construir o de
transformar nuestras riquezas arquitectóni-
cas no nos convierta en “antisociales”, bo-
gar por la estética o la conservación de ellos
permite que sean unos elementos vinculan-
tes entre nosotros, nuestro pasado y futuro.
EL PATRIMONIO MUNICIPAL
Aurelio
Zambrano
Gestor Cultural

Maria Eugenia Apraéz
Julio Cesar Muñoz
Q
uienes vimos la presentación del
empalme entre la anterior y la ac-
tual administración transmitida
por el canal de televisión local, creímos
que la situación era normal y que nuestro
municipio no atravesaba por dificultades:
saludos, felicitaciones, abrazos y sonrisas,
nada de alarma. Pero la realidad no era la
que se aparentaba ante la comunidad, bien
porque el Alcalde anterior no haya infor-
mado al actual ocultándola o bien porque el
empalme se haya tomado por éste como un
simple acto protocolario, cuando el sentido
legal que tiene es el del corte de cuentas
para establecer la situación en que se entre-
ga y se recibe una entidad.
Resulta ahora que la pregunta del título del
presente articulo que parece absurda no lo
es, dada la crisis por la que atraviesa la en-
tidad por el desgreño en el manejo de las
finanzas y políticas financieras inadecuadas
de las anteriores administraciones, a tal pun-
to que si la actual administración no toma
las medidas precisas para conjurar la crisis,
podría la Asamblea Departamental suprimir
la personería jurídica de El Tambo y con-
vertirlo en un Corregimiento de El Peñol, de
La Florida o de otro municipio colindante.
Veamos las razones de esta afirmación:
La preceptiva legal:
A finales de la década de los noventa, mu-
chos municipios y departamentos atrave-
saban crisis similares a la que vive hoy El
Tambo. Por ello la Ley 617 de 2000, entre
sus previsiones, dictó normas para la ra-
cionalización del gasto público y el sanea-
miento fiscal de las entidades territoriales,
estableciendo entre otras previsiones que
durante cada vigencia fiscal los gastos de
funcionamiento de los municipios de sex-
ta categoría (a la que pertenece El Tambo)
no podrán superar el 80 % de sus ingresos
corrientes de libre destinación. Que en caso
de incumplimiento de dicho límite, el muni-
cipio debe elaborar un programa de sanea-
miento, el que deberá definir metas de des-
empeño, pudiendo contemplar entre otros
instrumentos la contratación con otras enti-
dades territoriales o el esquema de asocia-
ción de municipios para la prestación de los
servicios a su cargo, la ejecución de obras
o el cumplimiento de funciones administra-
tivas, de forma tal que su atención resulte
más eficiente e implique menor costo. Que
si este programa no produce los resultados
esperados, la Asamblea ordenará un nuevo
plan de ajuste y finalmente, que si este úl-
timo no resulta, esta corporación suprimirá
el municipio y ordenará su fusión a otro u
otras entidades territoriales limítrofes.
La situación actual del Municipio:
Según la información escrita que ha sido
suministrada por el señor Tesorero, el Mu-
nicipio tiene en el momento una difícil si-
tuación financiera y ha superado el límite de
gastos de funcionamiento: Su deuda general
asciende a la suma de $4.586.929.294,29;
en el año inmediatamente anterior superó
en 2.06% y en lo proyectado para el año en
curso, superaría en un 3.03% el límite de
gastos permitido por la ley. El presupuesto
presentado por la anterior administración
es deficitario y por ello, sólo hasta el mes
de Agosto del presente se logró cancelar
la nómina y las mesadas pensionales. Los
gastos de nómina y pensiones mensuales
ascienden a la suma de $67.417.449; los
asociados a nómina, primas y cesantías a
la suma mensual de $9.610.530 y la con-
tratación de servicios mensual asciende a
la suma de $185.506.555, de los cuales se
están imputando algunos a inversión, a pe-
sar de constituir claros gastos de funciona-
miento, al tenor de lo dispuesto en la ley.
Como si eso fuera poco, la entidad no sólo
está en crisis en los aspectos financieros,
sino en todos los demás. A tal punto que
Planeación Nacional, según el informe ci-
tado, al evaluar el desempeño integral de
los municipios de Colombia ubicó al nues-
tro en los últimos lugares nacionales y de-
partamentales, así: En el año 2009 a nivel
nacional entre un total de 1098 municipios,
en el puesto 1033 y a nivel departamental,
entre un total de 64 en el último. En el año
2010 sobre la misma cantidad de munici-
pios a nivel nacional en el puesto 968 y a
nivel departamental en el 62; lo que indi-
ca que El Tambo en esos años fue uno de
los peores de Colombia y de Nariño, pese
a la leve mejoría del último año. Dice el
informe que falta ver la evaluación del año
2011, pero que dado el comportamiento del
municipio “…la calificación de esa vigen-
cia que está por dar Planeación Nacional de
seguro no va a ser la mejor.”
Buena herencia la que recibe el actual Al-
calde de la que no tomó nota al recibirla:
Crisis económica y desgreño administrati-
vo. Un municipio en el que si no se toman
I N V E S T I G A C I Ó N
¿SERA EL TAMBO UN CORREGIMIENTO DE EL PEÑOL?

medidas precisas y serias
puede convertirse en corregi-
miento. Ahora al Burgomaes-
tre le corresponde evitar que
eso sea una realidad, porque
si bien es cierto que la crisis
se hizo evidente en la anterior
administración que se calló y
nada dijo ni hizo para supe-
rarla, es también cierto que
el conjurarla con un progra-
ma de saneamiento fiscal se-
rio y con responsabilidad y
compromiso, le corresponde
a la actual administración.
La solución:
Dada la situación, para cum-
plir con los mandatos de la
ley, el Municipio suscribió
con Planeación Departamen-
tal el 24 de Agosto del presente, el com-
promiso de adoptar un programa de sanea-
miento fiscal. Hasta el día 2 de Noviembre
dicho programa no se había radicado en
Planeación Departamental, pero según el
Alcalde y el Tesorero está ya elaborado y
sus líneas generales son la racionalización
del gasto y la reestructuración administra-
tiva, es decir recorte de planta de personal.
Por la respuesta dada por el Alcalde en la
entrevista que concedió, se entiende que no
se ha contemplado la posibilidad de con-
tratar con otros municipios o asumir con-
juntamente con alguna asociación de éstos,
la prestación de servicios conjuntos, con el
fin de ahorrar costos. Manifestó que habían
alianzas para obra pública, concretamente
para la pavimentación de algunos kilóme-
tros de la carretera entre El Motilón y la ca-
becera municipal de El Tambo, pero nada
dijo de prestación conjunta de servicios.
Responsabilidades:
En la situación que se presenta en el Mu-
nicipio, caben juicios de responsabilidad
política, administrativa y fiscal. El pueblo
debe adelantar el primero de ellos: Debe
responsabilizar a las anteriores admistra-
ciones y especialmente a la última, o sea a la
presidida por el Economista Saulo Ernesto
Pupiales. Lo que sucede en el momento no
es repentino, se viene produciendo durante
varios años: provisiones de pensiones no
hechas, pagos omitidos, ausencia de medi-
das para sanear las finanzas, ocultamiento
de la crisis, presupuestos deficitarios, que
ubicaron a El Tambo entre los peores mu-
nicipios de Nariño y de Colombia. ¿Qué
hacían los Alcaldes? Al parecer no hicieron
nada, no cumplieron con el mandato que el
pueblo les otorgó; ¿se debe responsabilizar
a quienes integraron el Concejo en anterio-
res administraciones, por haber omitido su
función de control político?. ¿Que dijeron
o hicieron ante la situación? Nada. Per-
mitieron con su conducta omisiva que se
agravara la crisis día a día, callaron y ocul-
taron, nunca hicieron un debate sobre el
tema. Se debe responsabilizar igualmente a
quienes fungieron como Personeros: ¿dón-
de estuvo el control administrativo que les
correspondía? Al actual mandatario le cabe
la responsabilidad por haber secundado al
anterior, al convertir el empalme en un acto
protocolario y, así evitar que el pueblo co-
nociera el estado en que quedaba el Muni-
cipio, por haber presentado al Concejo una
solicitud de facultades para una reforma
administrativa, sin presentar el diagnóstico
de la situación y los estudios técnicos que
determinen que la solución es la reforma
que pretende adelantar y, eventualmente,
le cabrá responsabilidad si no presenta un
plan de ajuste fiscal que consulte la reali-
dad de la entidad y que contenga medidas
eficaces para evitar las consecuencias se-
ñaladas. En sus manos está solucionar la
crisis. Si lo hace el pueblo deberá recom-
pensarlo, de lo contrario lo recordará como
el Alcalde que le dio entierro de tercera al
Municipio. Igualmente, al actual Concejo
le cabe responsabilidad por haber otorga-
do facultades para la reforma sin tener el
diagnóstico de la situación; esto a pesar de
que el concejal Carlos Bastidas les advirtió
sobre la falta de información para la toma
de la decisión y le cabrá responsabilidad si
durante el proceso que se avecina no ejerce
de la mejor manera el control político que
le corresponde.
Conclusión:
Después de conocer la situación, encontra-
mos que realmente ésta es difícil y que es
cierto que existe el riesgo de que El Tambo
pierda su calidad de municipio y se convier-
ta en corregimiento de otro vecino. Pero este
riesgo se puede conjurar tal y como se ha
hecho en entidades territoriales cuya situa-
ción era más grave que la de El Tambo, por
ejemplo, como lo hizo en el departamento
de Nariño en el año 2001,
cuando la deuda de la enti-
dad superaba los doscientos
mil millones de pesos, había
cesado en pagos, adeudaba a
sus pensionados 14 mesadas
y a sus empleados seis me-
ses de sueldo y una prima, a
tal punto que ya no le servía
un programa de saneamien-
to fiscal, como el que el Mi-
nisterio de Hacienda le reco-
mendó a El Tambo, sino que
fue necesario acogerse a la
ley de quiebra o reestructu-
ración de pasivos, es decir a
un acuerdo de pago de deu-
da con sus acreedores, con la
intervención del Ministerio
de Hacienda. La situación
de El Tambo no ha llegado a
esos extremos y estamos se-
guros que con un programa de saneamiento
fiscal serio y responsable puede arreglarse
la situación. No se conoce el programa de
ajuste fiscal, solamente sus líneas genera-
les; aún no se ha presentado por parte del
señor Alcalde a Planeación Departamental.
Por ello, en esta primera entrega nos limi-
tamos a emitir nuestra opinión sobre los li-
neamientos generales que fueron dadas en
la entrevista: La racionalización del gasto y
la reestructuración administrativa.
Sobre la primera, más que una solución a
la crisis, es una obligación impuesta por la
ley. Es el principio de una sana adminis-
tración. Se tendría que conocer específi-
camente ¿qué es lo que la administración
del Municipio considera como racionali-
zación del gasto?. Cuando se preguntó por
la posibilidad de disminuir la contratación
de servicios, se respondió que se lo había
contemplado en esta línea. Sin embargo,
su peso económico en el presupuesto del
municipio es tal que sería del caso con-
templarlo en una línea diferente. Sobre la
reforma administrativa consideramos que
ella sólo es posible con base en estudio de
tiempos y movimientos, que aún no existe,
estudio que debe darse con el acompaña-
miento de la Comisión Nacional del Ser-
vicio Civil o de la ESAP y previa la eva-
luación de la necesidad de supresión de los
cargos. Es curioso que antes de pensar en
la reestructuración de la planta de personal,
no se haya pensado en el recorte de contra-
tos de prestación de servicios. El valor que
el Municipio paga por los mismos es casi
tres veces superior al que paga por nómina.
¿Será acaso que no interesa el recorte de
estos contratos porque con ellos se pagan
favores políticos y sí el recorte de nómi-
na porque quienes están en los cargos no
acompañaron al Alcalde en su campaña?
Creemos que debe primar la sensatez, es un
momento crucial para el Municipio y antes
de tomar medidas debe hacerse un estudio
serio para que ellas sean eficaces. La actual
administración tiene en sus manos evitar
que El Tambo se convierta en un corregi-
miento del municipio al que le dio origen,
es decir en hijo del que fuera su padre, o de
otro municipio vecino.
Buena herencia la que recibe el
actual Alcalde; de la que no tomó
nota al recibirla

Desde el día en que el presidente Juan
Manuel Santos sancionó la Ley 1530
del 17 de mayo de 2012, “por la cual se re-
gulaba la organización y el funcionamiento
del sistema general de regalías”, según él,
para “repartir los dineros más equitativa-
mente entre la población Colombiana”, el
concepto “regalías” se convirtió, progresi-
vamente, en punto central de discusiones.
Analistas económicos, políticos, periodistas
y ciudadanía en general, se enfrentaban en
sendas disputas acerca de la conveniencia o
no conveniencia de aquella ley del gobierno.
Pero, ¿qué son las regalías?: según la de-
finición oficial, se conoce como “la con-
traprestación que recibe el Estado por la
explotación de un recurso natural no reno-
vable (petróleo, oro, níquel, carbón, esme-
raldas, gas, etc.), cuya producción se extin-
gue por el transcurso del tiempo”. En pocas
palabras, son los impuestos que pagan al
Estado Colombiano las industrias dueñas
explotadoras de las minas y yacimientos en
todo el país.
La realidad mostraba que en años anteriores
el 80% de las regalías se iba al 17% de la
población, y que ahora, con la nueva norma-
tividad, el 80% de las regalías se irá al 70%
de la población colombiana: antes, 192 mu-
nicipios recibían recursos del antiguo Fon-
do Nacional de Regalías. Ahora, 1045 reci-
ben recursos del Fondo de Compensación
Regional, una mejora indiscutible en cuanto
a equidad y justicia en la distribución de los
recursos.Además, y en apoyo a la nueva de-
cisión del legislativo y el Presidente, se ha
descubierto que fueron muchos, centenares,
los casos de corrupción que ocurrieron en
los Departamentos y municipios que goza-
ban de una mayor transferencia de dineros
de las regalías; dineros que se perdían en las
manos de algunos corruptos y que ahora lle-
garán a los lugares más recónditos del país,
entre ellos, afortunadamente, el municipio
de El Tambo.
Ante esta circunstancia positiva, desde el
inicio de su mandato, el Gobernador de
Nariño y los alcaldes de esta región elegi-
dos para el periodo 2012-2015, atentos a la
nueva normatividad que regía debido a la
mencionada ley, empezaron los diálogos
para reflexionar sobre la necesidad de con-
solidar y constituir la subregión denomina-
da Guambuyaco, que la conformarían los
municipios de Los Andes Sotomayor, La
Llanada, El Peñol y El Tambo; acertada de-
cisión, puesto que anteriormente el munici-
pio de El Tambo estaba incluido en la zona
Central, con Pasto, Yacuanquer, Consacá,
La Florida, entre otros, lo que dificultaba la
formulación de proyec-
tos de gran envergadura
y favorecimiento regio-
nal, debido a que razo-
nes geográficas, eco-
nómicas o políticas no
permitían el acuerdo en
intenciones conjuntas.
Así que, ya instituida la
subregión, se empeza-
ron a elaborar proyectos
de gran impacto con los
cuales se justificaría la
adjudicación de los dineros de las regalías.
En este sentido, el gobernador, Raúl Del-
gado, definió que los recursos que llega-
rían se destinarían, de acuerdo al programa
NBI (necesidades básicas insatisfechas) y a
la población de cada municipio. De la su-
bregión de Guambuyaco, el municipio de
los Andes Sotomayor es el que presenta la
mayor cantidad de población y el NBI más
elevado, por lo que le correspondería más
cantidad de recursos, y El Tambo, para sor-
presa de todos, al contar con el NBI más
bajo y la segunda mayor cantidad de po-
blación, le correspondería un poco menos.
La Llanada y El Peñol tendrían, respectiva-
mente, la tercera y cuarta posición.
Si se hace un recuento de la distribución
general de los dineros de regalías, queda-
ría de la siguiente manera: de los $9,1 bi-
llones de pesos de regalías para Colombia
en 2012, al Departamento de Nariño, uno
de los más beneficiados, le correspondió,
en proyección, $309.153 millones de pe-
sos, ocupando el puesto número 11 de los
33 Departamentos del país. Para la subre-
gión de Guambuyaco quedaron apropiados
$15.700 millones, y de éstos, al municipio
de El Tambo le correspondieron, según
datos otorgados por el Alcalde municipal,
aproximadamente $3.500 millones.
El dinero se encontraba, pero, ¿cómo dis-
tribuirlo de acuerdo a la normatividad que
exigía la formulación de un proyecto de
IMPACTO REGIONAL? Aquí se debe re-
conocer la exposición que hizo el Alcalde
municipal de El Tambo, William Dorado,
y el liderazgo del señor Gobernador de
Nariño, Raúl Delgado, ya que lograron
persuadir y hacerles comprender a los al-
caldes de El Peñol, Los Andes Sotomayor
y La Llanada, que el proyecto de mayor im-
pacto regional era la pavimentación de la
vía que une al municipio de El Tambo con
el sector conocido como “El Motilón”, ya
que con esta obra se favorecerían todos los
municipios de la subregión. Varias reunio-
nes pasaron, hasta la última que se llevó a
efecto en el municipio de El Peñol, donde
se resolvió que el proyecto designado sería
el deseado por todos los tambeños. Fue así
como quedaron asignados $7.300 millones
para la pavimentación, que, haciendo cuen-
tas respectivas, y en opinión del Alcalde
municipal de El Tambo, alcanzarían una
distancia de 6 kilómetros de capa asfáltica.
Elaborados los cambios pertinentes al pro-
yecto que la Gobernación ya tenía elabora-
do, y adecuándolo de los $12.500 millones
previstos inicialmente en años anteriores, a
los $7.300 millones con los que se cuenta,
el proyecto ha ido pasando los respectivos
filtros legales dispuestos por los OCAD
(Órganos Colegiados de Administración
y Decisión), hasta ahora, cuando ya se ha
definido su aprobación. Ha afirmado el
Alcalde municipal que, de no presentarse
inconvenientes, en los primeros meses del
próximo año se empezaría con las obras.
Tuvo que presentarse una acción desde el
gobierno central para que este proyecto se
hiciera, al menos en parte, realidad. Queda-
ría por pavimentar ya muy poco: 7 kilóme-
tros, aproximadamente. Muchos han sido
los años de espera para ver pavimentada,
de una vez y por todas, la vía El Tambo –
El Motilón. Políticos, de todas las bande-
ras, han aprovechado esta necesidad para
embaucar a los electores con una promesa
reiterativa de toda una vida. Ahora, final-
mente, poco a poco y gracias a las regalías,
vemos como se avanza en la realización de
esta ilusión general que implica el progreso
económico y cultural para El Tambo.
----
Según información de tesorería
municipal, los recursos de regalías
corresponden a los cuatro años de la
actual administración.
I N F O R M E
Seis kilómetros más… gracias a las regalías

SALUD
La Salud como Derecho
Fundamental
Carlos Eduardo Martínez
Abogado. Ex-notario del Círculo de El Tambo (N).
El próximo 2013 se cumplirán 20 años de la expedición de la fa-
mosa Ley 100. Desde el trámite, comenzaron las críticas de mé-
dicos, enfermeras, trabajadores de la salud y usuarios que compren-
dieron que la Constitución de 1991, si bien es cierto contenía unos
pocos enunciados de carácter democrático, también lo era que tenía,
como aspecto central, los aspectos económicos derivados de la apli-
cación de las políticas neoliberales, acordadas entre el Fondo Mo-
netario Internacional, el Banco Mundial y los gobiernos nacionales
que se acogieron al Consenso de Washington. La salud, al igual que
la educación y otros derechos fundamentales, económicos, sociales
y culturales, se convertirían en negocios particulares y se entrega-
rían, para su manejo y usufructo, al gran capital financiero.
A los pocos días de iniciarse la aplicación de la Ley 100, se hicie-
ron evidentes, sin duda, los efectos negativos de los cambios en la
política nacional de salud. De esta manera, quienes dirigían los sis-
temas de seguridad social en salud, tanto públicos como privados,
fueron obligados a acabar con ellos y se forzó a los colombianos y
las colombianas a vincularse a alguna de las Empresas Promotoras
de Salud (EPS).
El gobierno de ese entonces justificó dicho cambio argumentando
que se hacía para garantizar: aseguramiento pleno, calidad en la
oferta de los servicios, ampliación de la cobertura y el pago opor-
tuno, a clínicas y hospitales, por la prestación de los servicios de
salud a los afiliados a las EPS. Y quienes no estuvieran afiliados a
las aseguradoras, contributivas o subsidiadas, gozarían de la aten-
ción que el Estado les daría como vinculados al nuevo sistema.
A partir de ese momento, los pacientes, cuando se enferman, no
van a clínicas y hospitales para que los atiendan en sus enfermeda-
des, sino a las EPS para que autoricen tratamientos y cirugías, den
órdenes de exámenes y entreguen las medicinas para atenuar los
padecimientos en su salud. El asunto se complicó, más aun, cuan-
do los afiliados y las afiliadas a las EPS comenzaron a sentir que
estos intermediarios financieros no entregaban las órdenes a tiem-
po, demoraban tratamientos y cirugías y negaban las medicinas,
tal y como sucede con la EPS Nueva, SALUDCOOP, COOMEVA
EPS y muchas otras más.
Pronto, la opinión pública descubrió que el sistema que montaron
con la Ley 100 tampoco le pagaba a clínicas y hospitales, aho-
ra llamadas Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, glosaban las
cuentas, negaban el pago de servicios ya prestados y, sobre todo,
encontraron que el esfuerzo de las EPS estaba centrado en hacer
negocios, usar los varios billones de pesos que, año a año, les da el
Estado por la llamada Unidad de Pago por Capitación, UPC, para
expandir sus propias IPS e, incluso, para invertir en actividades
comerciales completamente ajenas a la atención de sus afiliados
y afiliadas, tal y como se demostró con las inversiones del grupo
SALUDCOOP.
Por otra parte, hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas,
empezaron a quedarse sin recursos, sin el pago de las EPS y sin gi-
ros de la nación, ante lo cual muchas de ellas cerraron. Por más es-
fuerzos que hacen, todos los meses se cierra un hospital, clínica o
centro de atención en salud. Los que no cerraron, fueron obligados
a reestructurarse, es decir, reducir servicios y planta de personal,
envileciendo los salarios de médicos, enfermeras y trabajadores.
Pero, después de todos estos años, la situación es igual o peor.
Como la mayoría de la población colombiana no tiene empleo y
no puede aportar para su salud o acceder a medicina pre-pagada,
se estableció el régimen subsidiado y el de “pobres no afiliados”.
Y, como no se aporta por igual, para el sostenimiento del sistema,
la salud que se ofrece tampoco es igual. Los que tienen pre-pagada
gozan de un plan de atención mayor; los del régimen contributivo,
un Plan Obligatorio de Salud, POS, menos amplio; los del subsidia-
do, un POS más reducido aun, con menos servicios, cirugías y me-
dicinas; y los “pobres no afiliados” lo que de pronto sean capaces de
conseguir para la atención de sus enfermedades. Y así se diga que
el cubrimiento es casi universal, la verdad es que las EPS recurren
a toda clase de destrezas y mañas para no atender debidamente a
afiliadas y afiliados. Y los hospitales tampoco tienen cómo hacerlo.
Después de todos estos años, el sistema de salud de la Ley 100,
fiel copia del de los Estados Unidos - uno de los peores del mundo
desarrollado - ha alcanzado su más profunda crisis, ante lo cual
diversos sectores sociales e institucionales exigen su fin. Y lo soli-
citan, no porque no haya los recursos económicos suficientes en el
sistema, sino porque estos se quedan en los intermediarios. Según
las cuentas, la nación aporta 28 billones de pesos y, sin embargo,
los colombianos y las colombianas se mueren en las puertas de los
hospitales y sufren el paseo de la muerte.
Ante esta dolorosa realidad, se propone un sistema que, con base
en la combinación de instituciones públicas y privadas, preste los
servicios de salud - tanto de promoción y prevención como de cu-
ración de las enfermedades -, que tendrá que ser eficiente, pulcro,
cuidado por el Estado en su financiación, con cobertura plena y
vinculado al conocimiento científico y académico más avanzado;
un sistema que atienda los asuntos administrativos, de procedimien-
tos y cirugías, de entrega de medicinas y de bienestar de las trabaja-
doras y los trabajadores de la salud y sin intermediarios financieros.
Como lo ha señalado, con claridad y agudeza, la Corte Constitucio-
nal, las asociaciones de médicos, los secretarios de salud de algunos
Departamentos, los sindicatos del sector, las asociaciones de usua-
rios y miles de dirigentes sociales y políticos, para mejorar la salud
de las colombianas y los colombianos, debe acabarse con la inter-
mediación financiera y con la Ley 100 que le sirve de sustento. Y
eso debe hacerse porque está claro que las EPS se apropiaron de los
recursos estatales, los dilapidaron en todo tipo de inversiones frau-
dulentas, y 16 EPS, que atienden a la mitad de las y los colombia-

nos, están intervenidas por no cumplir los indicadores financieros.
Pero aunque es sencillo lo que debe hacerse, no se hace. ¿Y, por
qué? Porque el gobierno de Juan Manuel Santos y los anteriores
(Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper y Cesar Gaviria)
son partidarios del aseguramiento, la intermediación financiera, la
permanencia de la Ley 100 y, sobre todo, de aprovechar la salud
como negocio. No importa si eso conlleva la muerte de miles de
colombianas y colombianos. Y la prueba es que Santos tramitó e
hizo aprobar en el Congreso de la República la Ley 1438 de 2011,
dejando intacta la esencia de la Ley 100 de 1993.
Dada la gravedad de los hechos en materia de salud, se necesita, a
lo largo y ancho del país, un movimiento en defensa de la salud pú-
blica como derecho fundamental y por la eliminación de la nefasta
Ley 100, ante lo cual los habitantes del municipio de El Tambo no
podemos ser ajenos.
Tal y como dice la consigna: No más Ley 100, ni intermediarios
financieros en la salud…
La crisis hospitalaria en
Colombia
Dr. Javier Augusto Villota Esparza
Subgerente Científico
Desconsuela ver la situación de los hospitales del país desde
hace mucho tiempo, pero ahora en forma agravada nos in-
formamos por la prensa del cierre de muchos sanatorios ante la
indolencia oficial y de la sociedad, como si fuera algo tan simple
como cerrar una tienda. ¿Será que ya nos estamos acostumbrando
a todo? No puede ser, y parece que debemos escudriñar en nuestras
más íntimas fibras del sentimiento de solidaridad para contribuir,
como movimiento nacional, en procura de reivindicaciones en este
campo que siempre ha servido para determinar el grado de civili-
zación y desarrollo en que se encuentra un país. Parece como si la
salud, en vez de ser un derecho de los colombianos, hubiera pasado
a convertirse en un abominable privilegio, y no podemos permitir
que lo poco que queda lo dilapiden.
Hospitales, como el San Juan de Dios de Bogotá, no superaron
la crisis o estado difícil al que lo llevaron el clientelismo, la po-
litiquería y el despilfarro de entidades oficiales financieras que lo
tuvieron a cargo durante largos años. Igual suerte pueden correr
muchos hospitales en el país porque ahora se les deben mendigar
los recursos a las EPS, consideradas un intermediario o, mejor, un
adefesio en el andamiaje de la salud, porque solo tienen la óptica
del lucro y la anteponen a las necesidades de los hospitales y de las
personas del común.
Durante mucho tiempo se escucharon voces suplicantes que cla-
maban porque no se dejara acabar el Hospital San Vicente de Paúl,
gloria de la medicina antioqueña, y parece que la única inversión o
inyección económica que esta institución recibía era la que cada año
aportan los taurófilos paisas, con la corrida de beneficencia; como
si no fuera una obligación del Estado mantenerla abierta y eficiente.
Igual suerte tuvieron el Instituto de los Seguros Sociales, las Cajas
de Compensación Familiar, las entidades de economía solidaria,
situación de riesgo que muy seguramente seguirá incidiendo en
la calidad de sus servicios de salud. Y parece, igualmente, que la
niñez colombiana no está en su mejor momento de suerte, ya que
se anuncian recortes presupuestales al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
¿Será que para los sabios de las finanzas, ya en Colombia no existe
protección de la infancia? ¿Será que ya ellos, desde sus flamantes
cargos internacionales y suntuarias oficinas, arreglaron el problema?
Pero si a esto le agregamos las dificultades que hoy padecen hos-
pitales infantiles en todo el país, como el Lorencita Villegas de
Santos y el de la Misericordia de Bogotá, parecería más bien que
nuestros dirigentes fueran sacados de los pasajes bíblicos, descen-
dientes del hijo de Antípatro, quien, después de tomar Jerusalén,
ordenó la matanza, en Belén, de todos los niños, poco después del
nacimiento de Cristo, para dar origen a la celebración del día de los
inocentes, pero, a pesar de todo, somos quienes todavía pensamos
que todo esto no se va a arreglar con nuestra mansedumbre. Partici-
pemos, pues, de posiciones actuantes que, en conjunto, no permitan
estos excesos de infamia y para que el sector salud reciba los presu-
puestos que les han sido fácilmente desviados a otros, sin tener que
recurrir a pelear unos dineros calientes confiscados a los carteles.
La salud en Colombia requiere una alta cirugía y ojalá no pasen
muchos años y tengamos en el Senado de la República a parlamen-
tarios que legislen en favor de las personas más pobres y no de los
intereses de los grupos económicos de este país, y contemos con
autoridades departamentales y locales que piensen con el corazón
en la gente que está a dos metros de un hospital, pero carece de los
medios para obtener servicios de calidad, y que los intermediarios
desaparezcan del concierto de la prestación de servicios de salud,
porque hasta ahora lo único que han hecho es llenar sus arcas a
costa del sufrimiento y angustia de muchos compatriotas, porque
debería ser que el dinero de la salud le perteneciese a los más des-
protegidos. La crisis hospitalaria en Colombia debe ser superada,
pero con recursos, no con ilusiones.
SALUD
CENTRO HOSPITAL SAN LUIS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL TAMBO
NARIÑO

Educación
Juan Gómez Madroñero
Que ya viene; esperemos, que ya viene:
eran las voces de las personas encar-
gadas de organizar la programación con la
cual se recibiría a varias autoridades edu-
cativas y, la más importantes de ellas, la
Ministra de Educación Nacional, doctora
María Fernanda Campo Saavedra, acom-
pañada del gerente del programa “Todos a
aprender”; del gobernador del Departamen-
to de Nariño Doctor Raúl Delgado y, por
supuesto, su secretario de educación, doc-
tor Ángel Paredes. Por este motivo, las au-
toridades municipales estaban listas y con
las baterías puestas para el extraordinario
evento.
Esto sucedió el pasado sábado 6 de octu-
bre de 2012, en el municipio de El Tambo,
Nariño. Es histórica la venida de una auto-
ridad del nivel nacional al terruño que nos
vio nacer. Tres semanas antes de este acon-
tecimiento, las autoridades locales, rectores
de las instituciones educativas y docentes
de los centros educativos de La Ovejera,
Las Palmas y Tanguana, escuelas focaliza-
das con el programa, hacían los preparati-
vos para recibir a los ilustres visitantes. Se
predecía que esta visita dejaría unos buenos
recursos para los implicados
Primero, tres capacitadoras ilustraron a los
docentes sobre las bondades del programa.
Con ello se entregó un material de trabajo
(cartillas), una buena colección de libros y
computadores para cada escuela. Se infor-
mó que en el país se focalizó a los Depar-
tamentos con menores puntajes en las prue-
bas censales SABER 2009. Para el caso del
Departamento de Nariño, no fue focalizado
por hallarse en el promedio nacional. La
oportuna gestión del gobernador permitió
que se focalizaran un centenar de estableci-
mientos educativos de la entidad territorial.
Con bombos y platillos… es decir, con la
banda de paz de la Institución Educativa
Agropecuaria «Jesús Nazareno», se recibió
a los visitantes en el Centro Educativo de
La Ovejera. Aplausos, saludos de bienveni-
da, calle de honor y, por supuesto, la ilustrí-
sima visitante, sin escatimar esfuerzos, con
una candidez que los docentes no le cono-
cían, saludó a los niños, les repartió abrazos
y besos y, de igual manera, a los profesores
y habitantes del sector. Digo esto porque
cuando los maestros marchan en las calles
siempre se argumenta que el gobierno na-
cional lo único que hace es hacerle conejo
a los estudiantes y al magisterio, a tal punto
que no ha cumplido los acuerdos ﬁrmados
con la Federación Colombiana de Educado-
res (FECODE) y en todo momento intenta
desconocer los derechos adquiridos de los
docentes.
Una vez ubicados en la mesa de honor, y
de los actos protocolarios, comenzaron los
discursos. Palabras de agradecimiento del
director, del alcalde, del gobernador y, por
supuesto, no debían faltar las palabras de
la ministra, quien, con bastante elocuencia,
felicitó a los docentes y les recalcó que son
los líderes de estas comunidades y que ella,
Que ya viene; esperemos, que ya viene
María Fernanda Campo, Ministra de Educación Nacional (centro), acompañada por el Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero (derecha).

Educación
a nombre del gobierno, transmitía los buenos oficios enviados des-
de la casa de Nariño; como, también, invitó a los padres de fami-
lia a brindarles la educación a sus hijos, fundamentalmente ahora
cuando el Estado ha decretado la gratuidad y, por tanto, no existe
el pretexto económico para no acceder a este
esencial servicio.
El gobierno, dijo: “viene haciendo enormes
esfuerzos e invirtiendo grandes cantidades
de dinero del erario público como muestra
de tener interés de romper las barreras de las
desigualdades sociales y culturales”. Argu-
mentó, además, que “los padres deben ser los
primeros veedores de estos recursos y pueden
pedirle cuenta a sus docentes de la manera
cómo se gastan estos dineros”, que, por cier-
to llegan aproximadamente a la suma de $300
diarios por estudiante, con los cuales se deben
cubrir todas las necesidades de los niños y de
las niñas. Esta exorbitante cantidad es la que…
hablando en plata blanca y palabras conjun-
tas, suma las grandes millonadas que dizque
gasta el Estado y anuncia el gobierno en los
medios de comunicación de los grandes em-
porios económicos del país y que, obviamente,
no consultan la realidad de los colombianos y
mantienen desinformado al pueblo.
Cabe anotar que entre discursos y alabanzas de un
lado hacia el otro, el gobernador del Departamen-
to de Nariño Raúl Delgado llamó a este evento,
el Pacto de La Ovejera, porque los compromisos
que allí se anunciaron entregarían buenos divi-
dendos para la inversión en la educación de es-
tas tierras. Por ello, muchos de los interesados,
tratando de no perder la oportunidad, presentaron
sus propuestas que, de una u otra forma, benefi-
ciarán a la niñez y juventud tambeña. Posterior-
mente, la comitiva visitó los Centros Educativos
de Tanguana y Las Palmas, en su respectivo or-
den. Donde se entregaron también los elementos
de dotación antes mencionados.
“Ya para el 18 de octubre, en horas de la tar-
de, los docentes fueron invitados por la ad-
ministración municipal a participar de una
reunión con delegados e instructores del
Ministerio de las Tecnologías, Información
y Comunicaciones (TIC’s), quienes vienen a
capacitar a los docentes de El Tambo en el
uso de estas herramientas tecnológicas con
el fin de convertirlos en ciudadanos de las
tecnologías y que puedan aplicarlas en el 2013 y así mejo-
rar la calidad educativa.”
Estudiantes Centro Educativo “La Ovejera”.
Estudiantes Grupo de danzas de la Institución Agropecuario Jesús Nazareno.

José Vicente Córdoba.
Alex Dairo Jiménez Portillo.
Para los habitantes del Corregimiento
de San Pedro, la mañana despertaba
entretenida con el acompasado rumor del
golpear de las herraduras en las piedras y
la yerba húmeda. A la distancia, se veía a
cuatro jóvenes que caminaban detrás de los
jumentos, bromeando y apurando, entre ri-
sas, el sexto viaje que hacían desde la finca
hasta el trapiche. En lo alto, una chimenea
exhalaba bocanadas de humo. El humo era
gris, igual que el futuro gris que algunos de
nuestros paneleros se resisten a aceptar.
Dentro del trapiche, más de una veintena
de personas se movían rítmica y pausada-
mente por entre el bagazo, rústicas máqui-
nas y algunas pailas que contenían líquidos
burbujeantes. Acostumbrados a convivir en
aquel ambiente, no parecían prestar aten-
ción al vapor espeso que lo envolvía todo
en una penumbra nostálgica y endulzada.
En una paila, la más pequeña, se encontra-
ba ya dispuesto el producto final: la panela:
concentración dulce que empieza a darse
forma allá en las lomas, en los cañaduzales
que se distinguen a lo lejos como tramos de
verdes que se mecen apaciblemente sobre
los lomos de nuestros campos.
Es importante saber que la explotación de
caña y producción panelera en el munici-
RURALES
pio de El Tambo beneficia, — según datos
oficiales —, a cerca de 600 familias, que si
bien están distribuidas a lo largo de todo
el territorio, confluyen en su mayoría en el
Corregimiento de San Pedro, lugar donde se
encuentran los 15 trapiches más importan-
tes, que generan a diario, cada uno de ellos,
de 30 a 40 empleos directos. Pero, y como
sucede con la gran mayoría de los queha-
ceres agrícolas, referirse a los productores
de panela es tratar con un sector olvidado y
en dificultades, que subsiste sólo gracias a
la constancia de algunos de sus dirigentes,
como Germán Guerrero, de algún asesor
técnico, como Germán Silva (FEDEPANE-
LA), pero, sobre todo, al esfuerzo y tenaci-
dad propia tanto de administradores de los
trapiches, como propietarios de los cultivos
de caña y los cientos de trabajadores, que
son el alma de este noble e importante foco
productivo.
Este sector, desde el 2006, año en que el
gobierno nacional lanzó, a la ligera y sin
consideración, la Resolución 779, donde se
“establecía el reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios que se debían cumplir
en la producción y comercialización de la
panela para consumo humano”, se ha visto
afectado por un sinnúmero de exigencias,
que, desde ese entonces, empezaron a re-
percutir económica y socialmente en sus
proyectos. Entre muchas otras, les exigían:
que los trapiches debían “estar separados de
cualquier tipo de vivienda”; además, hacer
una “delimitación física entre las áreas de
recepción, producción, almacenamiento y
servicios sanitarios”; asimismo, y, uno de
los más exigentes, que los trapiches “de-
bían contar con los equipos, recipientes y
utensilios que garanticen las buenas con-
diciones sanitarias en la elaboración de la
panela, incluyendo los molinos”.
Ante estas exigencias, ¿cómo creen que les
ha ido y les va a los trapiches tambeños?,
como debe ser, cuando el apoyo de los entes
municipales, departamentales y nacionales
es mínimo: de regular a mal. Tanto así que
una de las voces más entendidas en la si-
tuación, el señor Germán Guerrero, dice
con sinceridad: “está como en duda que los
quince trapiches a futuro sigan trabajando;
de pronto algunos pueden salir adelante”.
Y agrega, reflexionando sobre las posibles
causas del poco progreso: “lo que han he-
cho los trapiches ha sido, hasta el momento,
Trapiches con olor a injusta resolución
Uno de los cientos de trabajadores del sector pane-
lero.

esfuerzo económico de cada uno de ellos”.
Lo que atestigua un evidente abandono por
parte del Estado; bien lo dice don Luis Al-
berto Narváez, propietario del Trapiche “La
Hacienda” en el corregimiento de San Pe-
dro: “El gobierno exige y exige cosas, pero
no nos apoya en nada.”
Ahora, nadie critica unas disposiciones
que, a la postre, han significado que la pro-
ducción haya pasado de ser artesanal a te-
ner una visión empresarial, mejorando las
condiciones sanitarias, de comercialización
y beneficiando a la ciudadanía con la dis-
tribución de una panela de mejor calidad
para el consumo. Lo reprochable es que,
sin tener en cuenta las posibilidades, por
parte de los pequeños paneleros del país,
para cumplir aquellas exigencias, decidió
el gobierno que aquella Resolución “se ha-
ría exigible a partir del tercer
año de entrada en vigencia del
Reglamento técnico”: o sea, a
finales del 2009. Sin embargo,
y como era de esperar, los pro-
ductores avanzaron muy poco
en las disposiciones exigidas,
por lo que el gobierno estipuló
una nueva Resolución, donde
se daba plazo de cinco años,
a partir del 2006, para que se
efectuara: plazo que se cum-
plía a finales del año pasado.
“El gobierno exige y
exige cosas, pero no
nos apoya en nada.”
¿Qué pasó, entonces? Que el
gobierno — gracias a que las
organizaciones campesinas
se movilizaron y protestaron
en todos los Departamentos
paneleros —, tuvo que apla-
zar, una vez más, la vigencia
de sus Resoluciones apuradas.
Ahora, lo último que se sabe
es que, mediante la Resolución
4121 del Ministerio de la Protección Social
— que arremete, más que pro-
tege — intenta, de algún modo,
facilitar el cumplimiento de las
condiciones que se exigían, don-
de lo llamativo es que ya no hay
un plazo límite, sino que se da
la oportunidad al productor para
que acuerde con el INVIMA y
se comprometa a cumplir los re-
quisitos en un plazo determinado
que él mismo elige.
¿Qué buscaba aquella Resolución
tan exigente al principio? Posi-
blemente, que muchos paneleros
del país hubieran decidido no in-
sistir más en el negocio panelero, y así die-
ran vía libre a que grandes industrias, como
“Manuelita”, por ejemplo, monopolicen
la producción, situación que coincide con
las opinión de varios analistas económicos,
cuando manifestaban que una de las razo-
nes por las cuales el gobierno nacional im-
pulsó tal Resolución, era permitir que toda
la producción de panela cayera en manos de
unos pocos, los más poderosos empresarios
del país, que a la larga son, claro está, los
que financian las campañas electorales de
los que hoy promueven Resoluciones y Le-
yes para su conveniencia.
Pero, bueno, al parecer lo más difícil quedó
atrás; las acciones temerarias del gobierno
ya pasaron. Ahora es, repetimos, el produc-
tor quien — en acuerdo con el INVIMA
—, programará fechas cuando le revisarán
los avances y cumplimientos de las exigen-
cias: que haciendo cuentas, dan aproxima-
damente de 30 a 60 millones de inversión
para cumplirlas a cabalidad, dinero que sal-
drá, como ya está sucediendo, del endeuda-
miento de los campesinos con los grandes
bancos. El gobierno gana, los monopolios
empresariales ganan, los bancos ganan y
los consumidores ganamos: ¿quiénes están
perdiendo?.
RURALES
Francisco J. Pabón, arrendatario, y José C. Figueroa, propietario,
trapiche “Tres esquinas”.
“lo que han hecho los
trapiches ha sido,
hasta el momento,
esfuerzo económico de
cada uno de ellos”.

José Vicente Gómez
Cada día nace, crese, no se reproduce y muere. Vivencias perso-
nales y de conglomerado, tendencias colectivas, que aparecen,
evolucionan, dejan huella en la historia de la humanidad formando
cimientos sobre los cuales se sostendrán grandes estructuras socia-
les, organizaciones de poder que generaran cosas buenas y malas;
Paz o guerra, justicia o injusticia, esperanza o aniquilación; el po-
der enceguece y puede llegar a cambiar el pensar y actuar del ser
humano, de un pensamiento noble y libertario a un pensamiento
tiránico. Cuando se negocia todo y el único que tiene la razón es el
capital, hemos perdido los valores humanos y no podemos asomar-
nos a la equidad social; nos llega el fin o por lo menos el principio
del fin. La descomposición social inminente, ya no se puede ajus-
tar, todo tiene su final; bueno o malo pero final.
El infinito cultural humanístico ha confundido la verdad y solo
existe verdades relativas, fruto de ello se ha tomado convencimien-
tos parciales y como no se acuerda, entramos en peleas que acaban
en guerras que heredan nuestras generaciones futuras, aseguramos
esta herencia por razones particulares y no pensamos que la gue-
rra todo destruye, solo deja desgaste, aflicción, pobreza y amen
de adjetivación negativa. ¡Paramos o seguimos! cada uno puede
decidirlo, al fin y al cabo ¿no es la reunión de individuos, su pensar
y actuar lo que al final hacen el estar bien o estar mal?
Unámonos todos en el que hacer cultural positivo del mundo, acep-
temos nuestro pensar y actuar diverso, estrechémonos con un po-
quito más de amor. Se trata de construir, de hacer; y de hacer el
bien y no el mal, acabemos con lo que no permite que la vida traiga
la felicidad, seamos consientes de nuestro error y ejecutemos cam-
bios personales para que sumados seamos más, patrocinemos los
espacios que nos hagan gozar de la vida, una cruzada humanística
cultural real donde verdaderamente alcancemos todos ¿Porque el
espacio del otro queremos usurpar?
Garanticemos la vida, no la neguemos ¡Por favor! Es un don de
Dios. No a la cultura de guerra. ¡Viva la cultura de la paz!
CULTURA
Cultura a la orden del dia

CULTURA
“La sacrificada Cultura Tambeña”
Gregorio Gómez Madroñero
El preocuparse por las expresiones culturales de un pueblo, no
debe limitarse únicamente a organizar una o dos fiestas importan-
tes en el año. Es tener en cuenta el conjunto de vivencias positivas
que se instalan en el seno de nuestra sociedad; es valorarlas como
el bien más preciado que se encarga de enaltecer a los pueblos e
individuos. Para preservar y avivar nuestro patrimonio cultural, se
debe comprender que es responsabilidad de todos los habitantes
del municipio construir espacios donde ésta se manifieste. La ley
397 de 1997, ley general de cultura, estableció en uno de sus prin-
cipios que no sólo el estado es el encargado de proteger el patrimo-
nio cultural, si no que cada uno de los ciudadanos lo deben hacer.
De esta manera la protección está a cargo de: La administración
municipal, casa de la cultura, consejo de cultura, establecimientos
educativos, grupos asociativos y ciudadanía en general.
¿Qué hacer en torno al patrimonio cultural? por parte las autori-
dades, la primera gran responsabilidad es nombrar como director
de la casa de la cultura a un persona que tenga conocimiento en el
campo cultural y capacidad de gestión ante autoridades culturales
regionales, nacionales e internacionales. Que no dé como excusa
a la falta de dinero la deficiente organización cultural; que sepa
decir no a la nefasta decisión administrativa, que desfavoreciendo
al deporte y la cultura, las ha encargado en la dirección de un sólo
funcionario que se ve impotente de ejercer una aceptable labor ante
tamaña responsabilidad.
Un funcionario que tenga como iniciativa fundamental sacar de los
papeles apolillados de un archivo la organización del consejo de
cultura y llevarlo al ámbito práctico y real de las acciones ciuda-
danas. Además, realizar un inventario del patrimonio cultural del
Y de la cultura, ¿qué?
municipio, hacer visitas y socialización de talleres, incentivar la
elevación al grado de acuerdo municipal el rescate de la identidad
cultural como lo ordena la ley, destinar autonomía económica y po-
lítica de la casa de la cultura para generar acciones de recuperación
de patrimonio cultural, organizar espacio de estudio interdiscipli-
nario para la investigación científica de la cultura, etc.
Es necesario, entonces, sensibilizar en torno a valorar, proteger y
conservar la cultura, evitando que se pierda lo poco que ha subsis-
tido al olvido y menosprecio de los gobiernos de turno. Las ma-
nifestaciones culturales en El Tambo, van más allá de fiestas de
fin de año, carnavales y fiesta de Jesús Nazareno; son, entre otros,
literatura, música, artes plásticas, danza, teatro; pero no como
eventos casuales, sino como procesos de formación continua, se-
ria, que trasciendan el casco urbano y se acerquen al sector rural.
Por ello, es menester que nuestras autoridades se pongan la mano
en el pecho y digan qué se está haciendo por dinamizar las expre-
siones culturales y, además, den un informe sobre la distribución
de los dineros de la estampilla pro-cultura aprobada en el gobierno
del ex-alcalde Jairo Rojas Solarte, porque fue aquel, uno de los
mecanismos con los cuales se pretendía nutrir y fortalecer las in-
tenciones y proyectos culturales de los tambeños: beneficios que
no se ven.

Océano Paciﬁco a 75 kilómetros de la
costa de Tumaco. Miércoles 12 de
diciembre de 1979 a las 2:29 am. A esta
hora los tumaqueños dormían plácidamen-
te cuando fueron cobijados por las violen-
tas olas del tsunami; muchos no volvieron
a despertar más de su sueño profundo. En
toda la costa hubo más de 450 muertos y
1000 personas heridas.
Antes de las 8:15 de la mañana del jueves
31 de marzo de 1983. Aparentemente todo
estaba en completa calma. Era un día nor-
mal, solo faltaba 3 minutos que marcaría la
diferencia de los demás días. El reloj dio
las 8:15 y cambia totalmente el panorama
de Popayán. El terremoto de la ciudad blan-
ca de Colombia deja aproximadamente 250
muertos y 1500 heridos.
Es el 13 de noviembre de 1985 de mane-
ra abrupta, el mundo es enterado que en
Colombia existió una pequeña población
llamada Armero. La misma que desapare-
ce bajo la erupción del Volcán Nevado del
Ruiz. Atrapada en el lodo sin que nadie
pudiera ayudarla ve morir a 23.000 de los
29.000 habitantes.
El calor fatigaba un poco a los habitantes
de Armenia. Después de almuerzo algu-
nas personas caminaban por las calles rá-
pidamente. Se dirigían hacia sus puestos
de trabajo. Mientras lo hacían, se sentían
observados por los pasajeros que iban en
buses. Otros en sus motos adelantaban a
los taxistas y los acomodados en sus carros
último modelo muy seguros de tenerlo todo
y de querer más, transitaban afanosos por
las vías de la Ciudad milagro. Es lunes, el
calendario indica 25 de enero de 1999. Es
la 1:19 de la tarde. Algunos pensaban que
sus vidas estaban garantizadas, lastima el
terremoto no les brindo la oportunidad de
sorprenderse, tiempo para vivir un instan-
te. El terremoto del Eje Cafetero deja 2.000
muertos y 500 personas desaparecidas.
Por esas cosas de la vida que forman parte
del destino de los pueblos, Hace 16 años la
profesora Ana Julia España Jurado se vin-
cula a la Institución Educativa Sagrado Co-
razón de Jesús de El Tambo Nariño. Inicia
su actividad académica formando el grupo
de danzas folclóricas y el de teatro, luego
funda el comité escolar de emergencia con
32 estudiantes de bachillerato, con ellos se
inicia la atención pre hospitalaria, primeros
auxilios y traslado de pacientes. Igualmente
se organiza lo que hoy es la enfermería.
En el año 2.000 y a raíz del terremoto del
Eje Cafetero y por las catástrofes referidas,
se crea la asociación de brigadas de emer-
gencia empresariales y ayuda humanitaria,
(ASOBEECOL). Fundado en Pasto, por
5 hombres valientes destacados por haber
prestado su servicio en el departamento de
Nariño como socorristas en diferentes enti-
dades, Cruz Roja, Defensa Civil y Bombe-
ros. Unen sus esfuerzos y esperanzas para
mitigar y preparar a la población ante un
evento natural como lo puede ser una posible
y no deseada erupción del volcán Galeras.
El Capitán Oscar Armando Gó-
mez Cifuentes fue el gestor y
continúa como presiente Nacio-
nal. En Colombia él es el único
que tiene una preparación com-
pleta en manejo de desastres.
Estudio en Wisconsin Estados
Unidos y representa a nuestro
País a nivel internacional.
“ASOBEECOL” acoge, ase-
sora y capacita a otros entes
que trabajan en este campo,
sus distintivos son los colores
rojo y negro símbolo de su trabajo, después
de 13 años ya se ha extendido por toda Co-
lombia; primero se une el sur Occidente
Colombiano luego Antioquia y Norte de
Santander.
En este mismo año el comité escolar de
Emergencia paso a pertenecer a la entidad
mencionada como “la brigada de emergen-
cia Sagrado Corazón de Jesús” “ASOBEE-
COL”. Hoy cuenta con 123 alumnos “bri-
gadistas consagrados” que han recibido
formación integral. Siendo el primer y úni-
co colegio público de Nariño que maneja el
programa. La profesora Ana Julia España
Jurado es quien se desempeña como coor-
dinadora en Salud Ocupacional siendo ins-
tructora en atención pre hospitalaria a nivel
nacional, junto a su equipo de trabajo, con-
formado por, Ana Lucia Díaz Zamudio ge-
rente de “COPASO” y Atala Cristina Martí-
nez Noguera agente de grupo. Han logrado
no solo posicionar al colegio sino con ello
irradiar esta actividad a otras esferas del
municipio como la defensa civil y el centro
hospital San Luis.
Es importante que nos concienticemos y
asumamos la responsabilidad de preparar-
nos para afrontar las catástrofes naturales, o
reacciones que pueda sufrir nuestro planeta
a causa de maltrato causado al medio am-
biente provocando el calentamiento global.
Nadie está garantizado, administremos bien
nuestro planeta y vivamos felices.
RECONOCIMIENTO
Catástrofes
devastadoras
a causa de
fenómenos
naturales
“Nace una
esperanza
ASOBEECOL”
Alba Córdoba Cabrera

RECONOCIMIENTO
“Listos, en paz o
emergencia”
Para hacer feliz
a la gente
Poco más de dos años y medio hace de
aquel Viernes Santo, cuando se desató
uno de los más enardecidos incendios que
hayan ocurrido dentro del área urbana del
municipio de El Tambo, dejando como
resultado la reducción a escombros de un
sector importante de las instalaciones de la
Institución Educativa Sagrado Corazón de
Jesús. En la recordada tarde, cientos de tam-
beños, arriesgando sus vidas, asistieron a
socorrer a las personas que en el interior del
colegio se encontraban y, posteriormente, a
actuar en los ejercicios de apaciguamiento
de las llamas, claro, con mayor entusiasmo
que destreza en estas labores, que necesitan
de personas capacitadas, provistas con los
implementos y equipos necesarios.
Después de este hecho lamentable, la co-
munidad en general hizo un llamado de
atención a las autoridades de aquel enton-
ces para que se organizara un grupo espe-
cializado en las labores de prevención y
atención de desastres, tan necesario en un
municipio que, de igual modo a como día a
día avanza en su desarrollo, se vuelve más
proclive a situaciones de riesgo, como la
mencionada anteriormente. Fue así como, y
en bien de este pueblo, algunos concejales
y funcionarios públicos le propusieron a la
Dirección Seccional Nariño de la Defensa
Civil, que convocara a la ciudadanía para,
en primer medida, orientarla y, posterior-
mente, recibir personal para formar parte de
aquella importante institución, que goza ya
de una trayectoria cercana a los cien años
de trabajos sociales en el mundo.
Fue así como, el 19 de septiembre de 2010,
se instituyó la primera Junta Directiva, que,
después de algunos cambios, quedó confor-
mada por los siguientes tambeños:
Luis Ignacio Ordoñez Figueroa
Presidente
Willinton Antonio Pupiales
Vicepresidente
Jenny Mireya Calvache
Secretaria
Víctor Alejandro Melo
Tesorero
José Edgar Riascos
Coordinador operativo
Uriel Orlando Gómez
Redacción, prensa y comunicaciones
Paola Andrea Escobar
Jefe Talento Humano
Floriberto Argoty Erazo
Jefe Talento Humano
Marco Aurelio Botina
Capacitación y entrenamiento
Hernán Arcos López
Coordinador de disciplina
José Vicente Córdoba
José Antonio Cabrera
Fiscales
A la junta la acompaña un centenar de per-
sonas, que asumen tres campos de acción
fundamentales: la acción humanitaria, que
se refiere a emergencias tales como incen-
dios forestales, inundaciones, deslizamien-
tos de tierra, etc.; la gestión ambiental, re-
ferida a trabajos de reforestación y cuidado
del medio ambiente. Y el tercer campo de
acción, la acción social, que comprende la
atención de eventos de afluencia masiva de
gente, como fiestas patronales, caminatas
de Semana Santa, eventos deportivos, etc.
De tal importancia es la labor que está rea-
lizando el grupo de la Defensa Civil que ya,
a partir de este año, la administración mu-
nicipal la ha tenido en cuenta para que for-
me parte del Concejo municipal de gestión
de riesgos y desastres, antiguo CLOPAD,
participando como miembro del Comité
operativo. Ante tamaña responsabilidad, el
presidente de la junta, señor Luis Ignacio
Ordoñez, ha presentado, ante el Alcalde
municipal de El Tambo, basado en la Ley
1505 del 5 de enero del presente año, un
proyecto que pretende la adjudicación de
recursos del año 2013, los cuales serán
destinados al fortalecimiento institucional,
con la dotación de uniformes reglamenta-
dos para los voluntarios, equipos de resca-
te, viáticos para la asistencia a cursos en
escuelas nacionales, unidades básicas para
la junta, entre otros, apoyo que, de hacerse
realidad, se ha de sumar a la unidad locativa
de la que ya goza la institución en la antigua
escuela Nuestra Señora de la Natividad, en
el barrio Villa del Sol.
Como se puede observar, es necesario que
la comunidad tambeña aprenda a respetar,
a agradecer a este grupo de personas siem-
pre dispuestas a atender cualquier percance
o a promover actos socioculturales, cuando
la ventura otorga la siempre anhelada tran-
quilidad. Son amigos, coterráneos, que de
manera desinteresada ponen su integridad
física y mental en riesgo y dedican gran
parte de su tiempo a una labor valiente y
solidaria, digna de reconocerse.
Dos años después de presencia de la defensa
Civil Colombiana en el municipio de ElTam-
bo, los beneficios han sido considerables, no
medibles con un simple cálculo económico o
político, sino tasados con el valor mayor que
posee el ser humano: la vida. En este caso, la
vida y bienestar de los tambeños.
Línea de Mando Nacional
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Juan Carlos Pinzón
Ministro de Defensa
M.G. Jairo Duvan Pineda
Director General de la Defensa Civil
Colombiana
T.C. Mario Fernando Orozco
Director Seccional Nariño
de la Defensa Civil
Luis Ignacio Ordoñez
Presidente Junta de la Defensa Civil de
El Tambo

Aurelio Zambrano Díaz
Por generaciones, los ojos de los tambeños se han acostumbrado
a estar rodeados de las montañas, en su mayoría cultivadas con
esa planta mágica que permitió ubicar a nuestro municipio como
uno de los primeros productores de ﬁque en el país. Hoy la cruda
realidad nos expone a un paisaje de tierras casi improductivas; la
tecnología invadió el mercado con el plástico y esa planta que ge-
neraba bonanza y que se arraigó en nuestras tradiciones, en nuestro
folclor, poco a poco va desapareciendo.
La familia Sosapanta Valencia, quienes por años saborearon las
mieles de esa bonanza, hoy ven con nostalgia la caída de este pro-
ducto en el mercado. Ante esta situación, y por acuerdo, han que-
rido emprender una empresa familiar, que consiste en un Parque
recreacional de deporte extremo en la montaña de su propiedad, la
que una mañana de verano fue dispuesta con el trazo de una pista
de motocrós y enduro, dando inicio a este proyecto de inversión
considerable. En un futuro no muy lejano, los
ojos de los seguidores de este deporte visitarán
este lugar favorecido por su cercanía, su cli-
ma y, sobre todo, por la escasez de pistas en el
Departamento, permitiendo así cristalizar esta
nueva propuesta y, a la vez, generar dividendos
para sus gestores y, de paso, activar y aportar
en parte a la economía lugareña. Todo empezó
como un hobby deportivo, pero ahora la visión
a futuro es más palpable.
Las gestiones en cuanto a la creación del club
Motomanía, legalización y reconocimiento de
la pista por parte de Pasto deportes y la Liga del
Departamento están en camino. La pista tiene
una longitud de 1200 m, con una amplitud de
6 m, un partidor o salida para 16 motocrosistas,
variedad topográﬁca para el deleite de los que
D E P O R T E S
practican y quienes observan; no sobra decir que se ajusta a las
medidas estipuladas para este tipo de deporte. El trazo de la pista
lo realizó Silvio Delgado Morales, campeón nacional y de recono-
cimiento internacional en esta práctica deportiva, quien también ha
sido un motivador para la creación de una escuela de formación.
En el mes de diciembre del presente año, esta apacible montaña
rugirá, como un llamado a propios y extraños, para compartir el
inicio de una nueva era para el municipio de El Tambo, que pro-
moverá el deporte competitivo en el Departamento con el inicio
de la primera válida de motocross. El siguiente paso a dar, por
parte de esta nueva empresa familiar, en la misma montaña, será
la construcción de lugares de deporte recreativo extremo de mu-
cho apogeo en la actualidad, como un gancho perfecto que com-
plementara el turismo religioso a nuestro santuario. Ante nuestros
ojos se abren puertas de progreso; auguramos éxitos a quienes han
emprendido esta difícil labor y motivamos a quienes tengan visión
empresarial para que sigan el ejemplo.
Parque recreacional y de deporte extremo en El Tambo, Nariño.

AMBIENTE
Rodrigo Bolívar Burbano
Presidente Junta de Acción Comunal de Pocaurco.
La Reserva Natural de Pocaurco o “El Copete”, fue legalmente
reconocida mediante Acuerdo 028 del 26 de Diciembre de
2008, emanado por el Concejo municipal y sancionado respectiva-
mente por el entonces Alcalde municipal, economista Saulo Er-
nesto Pupiales G.
A pesar de que ya han transcurrido alrededor de cuatro años de
haberse declarado esta zona del municipio como área protegida,
son muy pocas las acciones que se han adelantado para cumplir
con el propósito de conservar y proteger lo que se podría llamar el
pulmón de El Tambo. La ubicación geográfica donde se encuentra
abarca la vereda de Pocaurco, parte de las veredas de El Zanjón,
La Sultana y Llano Largo. Según estudios realizados por inves-
tigadores de la Universidad de Nariño y la Institución Educativa
Agropecuario Jesús Nazareno, esta Reserva abastece de agua al
90% de la población de El Municipio de El Tambo, como tam-
bién los corregimientos de Robles y parte del corregimiento de Las
Plazuelas en el municipio de La Florida. Como se puede ver, la
Reserva Natural de Pocaurco es de una importancia incalculable
para el progreso y bienestar de la población de nuestro municipio
y sectores aledaños.
Sin embargo, es preocupante el abandono a que se
encuentra sometida esta importante área natural,
respecto a la protección de su biodiversidad, espe-
cialmente de los árboles nativos, que se los tala para
combustible (leña o carbón), para postes de cerca o
para construcción de instalaciones campesinas. De
igual manera, se arrasa con la vegetación primaria
para establecer potreros o cultivos transitorios.
Debido al desconocimiento de la población campe-
sina asentada en esta zona, al acabar con el bosque
se ve amenazada la permanencia de muchos ani-
males silvestres, que hoy ya se encuentran en
vía de extinción, entre ellos la pava copetona, el
venado, el tucán verde, el armadillo, la mofeta o
zorro, el conejo, la ardilla, la torcaza, el gorrión,
el colibrí, entre muchos otros animales de los que
aún existen algunos ejemplares. En relación con
lo anterior, es preciso, entonces, adoptar medidas tendientes a ca-
pacitar a los moradores de donde se encuentra ubicada la reserva,
hacer conocer su importancia y buscar mecanismos que permitan
conservarla y mejorarla. Una propuesta viable sería ayudar, por
parte del Gobierno, con algunos incentivos a los dueños de los pre-
dios donde están ubicadas las bocatomas de los acueductos, para
que conserven el bosque, se hagan zonas de aislamiento de ganado
y permitiendo así reforestar las cuencas hidrográficas.
También, formular proyectos dirigidos a la compra de predios,
porque si bien es cierto que la ley destina el 1% de los recursos
del SGP (Sistema General de Participaciones) para la compra de
predios de interés ambiental, dichos recursos se los ha utilizado,
en administraciones anteriores, para pagar cuotas políticas, nom-
brando reforestadores en las veredas, que lo único que hacían era
cobrar el sueldo, pero acciones a favor del medio ambiente, nada.
Últimamente en las campañas políticas a la Alcaldía, se ha es-
cuchado a los diferentes candidatos hablar de la Reserva Natural
de Pocaurco, conocida por otros como la reserva “El Copete”, pero
es mínima la importancia que le dan cuando llegan al poder.
Por otra parte, existe una fuerte contradicción entre el sistema legal
y la comunidad campesina. En la actualidad son los propietarios
de la tierra donde se encuentra la Reserva; es decir, la ley prohíbe
y sanciona a quien tale los bosques, con la argumentación de que el
Estado es el dueño del subsuelo y, por tanto, las autoridades encar-
gadas del medio ambiente otorgan las licencias para las concesio-
nes de agua. Por su parte, los propietarios, humildes campesinos,
son los que pagan el impuesto predial al municipio, de terrenos
que, en su mayoría, son minifundios, en los cuales las familias pro-
ducen su sustento diario, y por lo que en cierta forma se ven ob-
ligados a explotar sus pequeñas parcelas de tierra, aumentando así
la deforestación y erosión de la misma.
¿Qué hacer, entonces? Buscar un acercamiento entre Gobierno y
propietarios para socializar la problemática con las comunidades
beneficiadas por los acueductos regionales. Las autoridades en
unión con la academia deben buscar recursos en Corponariño y
en el Ministerio de Ambiente para la compra de los predios más
relevantes de la reserva por parte del Estado.
El Tambo se preocupa por su expansión urbana y comercial, pero
se está olvidando de lo más importante, el agua y la biodiversidad
de los ecosistemas naturales, de los que, por cierto, ya nos quedan
muy pocos.
No basta con cerrar la llave,
protejamos la Reserva

PERIÓDICO "HUELLAS DEL GUAMBUYACO" 2. Septiembre-octubre de 2012

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