El documento critica la gestión económica de Camps y el PP en la Comunitat Valenciana, acusándolos de paro, retroceso, irregularidades y falta de democracia. Señala que el desempleo ha disminuido menos en la Comunitat que en el resto de España. También critica la estrategia procesal de Camps para retrasar las investigaciones sobre su corrupción y las deudas del gobierno autonómico con las universidades.