El documento describe el marco constitucional que permite a la Asamblea Nacional requerir información de funcionarios públicos y realizar juicios políticos. Sin embargo, señala que una gran proporción de los más de 5000 pedidos de información realizados por asambleístas de oposición carecen de sustento y son usados con fines políticos en lugar de fiscalización. Concluye que los asambleístas deben rendir cuentas sobre el uso de la información recibida y que la ciudadanía debe vigilar estos pedidos para asegurar su eficiencia.