El presidente Rafael Correa aprobó la nueva Ley de Comunicación en Ecuador a pesar de las advertencias sobre los riesgos que podría representar para la libertad de prensa. La ley permite al gobierno mayor control sobre los medios de comunicación y establece sanciones para la "difamación" y el "linchamiento mediático". Varios medios y observadores internacionales han expresado su preocupación por que la ley restrinja el debate público e interfiera con el derecho de los ciudadanos a recibir información independiente.
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Ley de Comunicación
Sábado, 22 de junio, 2013
Entre las alertas sobre los riesgos, Rafael
Correa aprueba la Ley de Medios
El presidente de la República, Rafael Correa, no vetó el proyecto de Ley de
Comunicación y solo resta su publicación en el Registro Oficial para que entre en
vigencia.
Durante el enlace ciudadano, grabado ayer en la parroquia San José de Minas, a 80
kilómetros de Quito, Correa dio su aprobación al texto y señaló que no hizo
observaciones porque la Asamblea Nacional hizo un buen trabajo.
Para esa resolución, el régimen preparó una fiesta de colores en la que se lanzaron
papeles amarillo, azul y rojo, y se escucharon los aplausos y gritos de los asistentes al
espacio.
Correa reiteró que la norma ratifica a la comunicación como un derecho y negó que el
objetivo sea que el Estado tome en propiedad a los medios.
Señaló que está prohibida la censura previa, que en muchos casos esta proviene de los
propios dueños de los medios de comunicación.
El mandatario destacó que ahora la prensa no podrá publicitar cosas que afecten a la
salud. Sobre la figura de „linchamiento mediático‟, creada con esta normativa, citó el
caso de su primo, el expresidente del directorio del Banco Central y expresidente de la
2. Junta del Fideicomiso AGD-CFN, Pedro Delgado, porque, a su juicio, él fue víctima de
esa infracción y aclaró que el periodismo de investigación no tiene nada que temer.
Mientras, las voces internacionales de preocupación por el contenido de la Ley de
Comunicación siguen sumándose.
Mary O‟Grady, miembro de la junta editorial del Wall Street Journal y editora de „Las
Américas‟, columna semanal en la que se habla sobre política, economía y negocios en
América, comentó ayer que “lo que pasa cuando el Gobierno trata de controlar a los
medios de comunicación es que trata de controlar el debate de las ideas en la vía pública
(...). Por eso es terriblemente alarmante”.
Esto al ser consultada sobre el tema en la sesión de directorio de la Cámara de Comercio
de Guayaquil, donde dio una conferencia sobre mercado libre.
A esta preocupación se agrega la revista The Economist con una publicación en su blog
„The Americas‟. Allí apareció el artículo Stop press! (Paren las Rotativas), publicado el
pasado martes 18 de junio.
Destacó que el referido proyecto de ley permite la censura en las normas del estado de
emergencia definidos en la Constitución del 2008 y que las empresas de medios de
comunicación se harán financieramente “responsables solidarios” en casos de
difamación.
El periódico La Tercera de Chile también expone su preocupación en su edición del
miércoles pasado.
En el editorial „Graves riesgos de la nueva Ley de Comunicación en Ecuador‟ indicó
que “siguiendo una preocupante tendencia regional, el Congreso de Ecuador aprobó (...)
una legislación que supone un severo retroceso para las libertades de prensa y
expresión, y que amenaza el derecho de los ciudadanos de ese país a recibir información
confiable desde fuentes independientes”.
En la columna se agregó que (la ley) “entrega al Estado amplios espacios para intervenir
en el proceso informativo, lo cual supone un deterioro para las posibilidades de la
ciudadanía ecuatoriana de acceder a información que le permita adoptar decisiones
ilustradas, requisito básico de cualquier sistema democrático”.