Proyecto presentado por la Diputada Nacional Paula Bertol

1. PROYECTO DE DECLARACIÓN POR EL QUE SE MANIFIESTA
PREOCUPACION POR VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN
VENEZUELA
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su preocupación por las constantes violaciones a la libertad de expresión que se
vienen produciendo en la República Bolivariana de Venezuela y que se manifiestan
expresamente a través del proyecto de ley de Delitos Mediáticos y el cierre de 34
radioemisoras críticas de la política oficial.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 31 de julio fue presentado por la Fiscal General de Venezuela, Luisa
Ortega Díaz, el proyecto de ley de Delitos Mediáticos. En esta se tipifican distintas
figuras delictivas como divulgación de noticias falsas que causen un "perjuicio a los
intereses del Estado", manipulación o tergiversación de noticias, negativa a revelar
información. Las penas establecidas por la comisión de estos delitos van desde los seis
meses a cuatro años de prisión. Es decir, se castiga penalmente a aquellas personas
físicas y jurídicas cuyas opiniones y dichos no se condigan con la opinión oficial.
El texto del proyecto venezolano viola los principios consagrados tanto en el
Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos de 1969 así
como también el Pacto de San José de Costa Rica que versan sobre la libertad individual
así como la garantía a la libertad de expresión (artículo 13 de este último).
Al respecto, la primera opinión conocida fue la de Frank La Rué , reportero
especial para la promoción y protección del derecho de libertad de expresión de la ONU
, quien a través de un comunicado de prensa expresó que el uso del concepto delito
mediático en Venezuela “es una forma de intimidación política que puede llevar a la

2. criminalización del disenso y de la crítica, violentando el pluralismo que debe existir en
los medios de comunicación social en una sociedad democrática”.
Asimismo, el 4 de agosto la Cámara de Diputados de Chile aprobó casi
unánimemente un Proyecto de Acuerdo en donde manifiestan su preocupación por el
deterioro de la calidad democrática en Venezuela y recomiendan la aplicación plena de
la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por otro lado, el cierre de 33 emisoras de radio y 1 emisora de televisión el día 1
de agosto por parte del ministro Diosdado Cabello, director de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), resulta un agravante a la situación preocupante de la
libertad de expresión en Venezuela. Algunas de las causas aducidas para retirar la
frecuencia a estas emisoras son el fallecimiento del titular de la concesión, renuncia,
vencimiento de la licencia sin que haya habido proceso para su renovación, o porque se
ha declarado improcedente una solicitud de cambio de titularidad.
Esta decisión es la primera que el Estado toma sobre una lista posible de 240
emisoras que se encontrarían en la misma situación. Las más conocidas son las emisoras
CNB, de Caracas y de la vecina ciudad de Valencia, que forman parte de un circuito
nacional con programación informativa y espacios de opinión críticos con el gobierno
del presidente Hugo Chávez.
Es por todas estas irregularidades que afectan tanto a los venezolanos como a
todos aquellos que defienden la libre opinión y el libre pensamiento que queremos
manifestar nuestra preocupación.