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Linchamiento mediático Ecuador
1. Linchamiento Mediático
En momentos en que en varios países de América Latina se discuten controles a los
medios de comunicación, Ecuador acaba de aprobar una controversial ley que
incluye la figura del "linchamiento mediático".
Después de casi cuatro años de discusión, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este
viernes la Ley de Comunicación, gracias a la votación de una mayoría absoluta del
oficialista Alianza País.
El nuevo texto legal establece una serie de regulaciones a medios y periodistas, a la vez
que fija normativas en diversos ámbitos de la comunicación.
Y allí se inserta un castigo contra el llamado "linchamiento mediático", que a algunos les
parece una restricción a la libertad de prensa.
La norma lo define como "la difusión de información que, de manera directa o a través
de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de
uno o más medios de comunicación, con el propósito de desprestigiar a una persona
natural o jurídica, o reducir su credibilidad pública".
¿Aun sigue vigente?
Entre las reformas a la Ley de Comunicación está la eliminación de la Superintendencia
de Comunicación (Supercom) y la figura de linchamiento mediático. Así lo confirmó la
mañana de este lunes 21 de mayo del 2018 Andrés Michelena, titular de la Secretaría de
Comunicación (Secom). Las reformas fueron presentadas en el Legislativo. Michelena
fue recibido por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y los coordinadores de
las diversas bancadas políticas. “El documento plantea cambios estructurales, como la
eliminación de todo esquema administrativo de sanción y control, la desaparición
definitiva de la Supercom, con lo que terminará el uso discrecional o político de la Ley”,
señaló Michelena.
Al ser consultado sobre la continuidad de la figura de linchamiento mediático, Michelena
dijo que fue eliminada y que las denuncias planteadas en este sentido quedan dentro de
las normativas de protección de derechos humanos que se fortalecerán con la Ley. En las
reformas consta la creación de un Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, la
reclasificación de los medios públicos en medios públicos al servicio institucional y
medios públicos al servicio de los ciudadanos.
Para estos últimos se elaborará un reglamento que determine parámetros para su
conformación, funcionamiento y financiamiento. También se incluye un nuevo concurso
de frecuencias para medios privados y comunitarios. En este aspecto, se plantea una
asignación directa de frecuencias para las nacionalidades indígenas. También se plantea
la venta de los paquetes accionarios de los medios que fueron incautados en el gobierno
pasado.