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LAS BUENAS PRÀCTICAS  Ana Vélez Lotero Daniela Aldana Díaz María P. Gil Montoya John Sebastián Torres Z. Felipe Ospina Montoya
¿Qué son? Las Buenas Prácticas son acciones específicas impulsadas por comunidades, organizaciones sociales, iglesias, entidades estatales o la comunidad internacional, o por la suma de varios de estos esfuerzos, que, de acuerdo con los criterios anteriores, contribuyen a varios programas.
Programas Cuidar a la gente. Es decir, a fortalecer un Sistema de Seguridad y Justicia Penal para que ofrezca el máximo de calidad y cobertura de modo que sus beneficios y costos se distribuyan equitativamente entre los ciudadanos. Estas acciones contribuyen a fortalecer la credibilidad en el Estado y pueden convertirse en un factor clave para neutralizar a los grupos armados ilegales. Humanizar el conflicto teniendo en cuenta que se trata de un proceso que busca modificar las actitudes de los actores relevantes frente al tema y remover los obstáculos que impiden el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Las buenas prácticas deben combinar el realismo de la gradualidad con la permanente                       exigencia a los grupos armados ilegales para                                                              que cumplan con la totalidad del DIH.
Atender a las víctimas adoptando un enfoque de derechos donde se apliquen los principios de solidaridad, igualdad, prevención y protección. Estas iniciativas abogan también por la reparación de los daños materiales e inmateriales sufridos. Deshacer los ejércitos. Esto es, transformar a miles de individuos desvinculados de grupos armados ilegales en una fuerza ciudadana de paz. Las buenas prácticas en esta materia contribuyen a poner en marcha un esquema sostenible de reinserción, garantizar la vida a quienes dejan las armas, evitar su rotación entre grupos armados ilegales o su ingreso a las redes del crimen organizado, restaurar todos sus derechos y a brindarles asistencia adecuada. También contribuyen a un cambio cultural con miras a la aceptación del desmovilizado por parte de la sociedad en general.
Prevenir el reclutamiento porque es crucial quitarle gente a la guerra evitando que las organizaciones armadas ilegales sigan reclutando a jóvenes en los campos y ciudades. Por ello, estas experiencias ofrecen opciones atractivas como mejores oportunidades educativas productivas, lúdicas, deportivas y artísticas que pueden proteger a quienes están en riesgo de ser enganchados. Desfinanciar la guerra mediante acciones                              dirigidas a impedir que los grupos                                            armados ilegales accedan a recursos                                  económicos a través de actividades                                     extorsivas, el secuestro, el clientelismo                                 armado, el hurto y tráfico de                                          hidrocarburos o minerales preciosos                                                  y a evitar su infiltración en la                                                economía legal mediante el                                                     lavado de activos. 
Desnarcotizar el conflicto con acciones que enfrentan el problema del narcotráfico en función de su incidencia sobre aquel. Por ello, se encaminan a crear mercados, arreglos comerciales, compensaciones ambientales, provisión de servicios sociales y a la erradicación manual para reducir los incentivos del ingreso a la economía ilegal de las drogas. Fortalecer el Estado local en tanto son iniciativas dirigidas a fomentar unas relaciones de cooperación democrática entre la ciudadanía y el Estado. Contribuyen entonces a fortalecer la gobernabilidad y la solidaridad ciudadana expresada en la organización y la capacidad de acción colectiva para enfrentar y resolver los conflictos violentos
Gestionar democráticamente los conflictos socioeconómicos locales que, de no atenderse, contribuyen a la expansión del conflicto armado. Son experiencias que se dirigen a resolver por vías democráticas los conflictos más susceptibles a la intromisión de los grupos armados ilegales: los agrarios, los laborales y los relacionados con excedentes derivados de economías de enclave, regalías, inversiones estatales y megaproyectos. Redescubrir la política para que la violencia no reemplace a la política. Son buenas prácticas que contribuyen a que los ‘proyectos de sociedad’ que nos afectan a todos y en todas las esferas de la vida se expresen, se controviertan y puedan ser cristalizados como opciones de poder. Así contribuyen a la ampliación de la política como remedio a la violencia.
Negociar la paz, entendiendo que esta seguirá siendo la mejor salida para Colombia. Y como el camino del acuerdo puede ser complejo y difícil, estas buenas prácticas recogen las lecciones del pasado, avanzan en la idea de la paz como política de Estado, proponen salidas realistas para la negociación, la construcción de confianza entre las partes y la generación de condiciones iniciales que faciliten que un eventual proceso de negociación se vaya consolidando y confían en el papel de la mediación de un tercero.
Educar para la paz y la convivencia teniendo claro que si bien no es una varita mágica, la educación y la escuela son cruciales para inculcar los valores de la paz y la convivencia. Así, estas iniciativas se dedican a proveer educación a las víctimas del conflicto, a aislar la escuela de la acción de los grupos armados ilegales y vinculan a los y las jóvenes al proceso de construcción de paz. Comunicar para la paz porque es fundamental contribuir a cambiar los imaginarios que atizan la violencia. Muchos periodistas, medios de comunicación y, sobre todo, sectores de la comunidad organizada realizan acciones concretas encaminadas a ofrecer una información completa y balanceada sobre la complejidad de la realidad.

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  • 1. LAS BUENAS PRÀCTICAS Ana Vélez Lotero Daniela Aldana Díaz María P. Gil Montoya John Sebastián Torres Z. Felipe Ospina Montoya
  • 2. ¿Qué son? Las Buenas Prácticas son acciones específicas impulsadas por comunidades, organizaciones sociales, iglesias, entidades estatales o la comunidad internacional, o por la suma de varios de estos esfuerzos, que, de acuerdo con los criterios anteriores, contribuyen a varios programas.
  • 3. Programas Cuidar a la gente. Es decir, a fortalecer un Sistema de Seguridad y Justicia Penal para que ofrezca el máximo de calidad y cobertura de modo que sus beneficios y costos se distribuyan equitativamente entre los ciudadanos. Estas acciones contribuyen a fortalecer la credibilidad en el Estado y pueden convertirse en un factor clave para neutralizar a los grupos armados ilegales. Humanizar el conflicto teniendo en cuenta que se trata de un proceso que busca modificar las actitudes de los actores relevantes frente al tema y remover los obstáculos que impiden el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Las buenas prácticas deben combinar el realismo de la gradualidad con la permanente exigencia a los grupos armados ilegales para que cumplan con la totalidad del DIH.
  • 4. Atender a las víctimas adoptando un enfoque de derechos donde se apliquen los principios de solidaridad, igualdad, prevención y protección. Estas iniciativas abogan también por la reparación de los daños materiales e inmateriales sufridos. Deshacer los ejércitos. Esto es, transformar a miles de individuos desvinculados de grupos armados ilegales en una fuerza ciudadana de paz. Las buenas prácticas en esta materia contribuyen a poner en marcha un esquema sostenible de reinserción, garantizar la vida a quienes dejan las armas, evitar su rotación entre grupos armados ilegales o su ingreso a las redes del crimen organizado, restaurar todos sus derechos y a brindarles asistencia adecuada. También contribuyen a un cambio cultural con miras a la aceptación del desmovilizado por parte de la sociedad en general.
  • 5. Prevenir el reclutamiento porque es crucial quitarle gente a la guerra evitando que las organizaciones armadas ilegales sigan reclutando a jóvenes en los campos y ciudades. Por ello, estas experiencias ofrecen opciones atractivas como mejores oportunidades educativas productivas, lúdicas, deportivas y artísticas que pueden proteger a quienes están en riesgo de ser enganchados. Desfinanciar la guerra mediante acciones dirigidas a impedir que los grupos armados ilegales accedan a recursos económicos a través de actividades extorsivas, el secuestro, el clientelismo armado, el hurto y tráfico de hidrocarburos o minerales preciosos y a evitar su infiltración en la economía legal mediante el lavado de activos. 
  • 6. Desnarcotizar el conflicto con acciones que enfrentan el problema del narcotráfico en función de su incidencia sobre aquel. Por ello, se encaminan a crear mercados, arreglos comerciales, compensaciones ambientales, provisión de servicios sociales y a la erradicación manual para reducir los incentivos del ingreso a la economía ilegal de las drogas. Fortalecer el Estado local en tanto son iniciativas dirigidas a fomentar unas relaciones de cooperación democrática entre la ciudadanía y el Estado. Contribuyen entonces a fortalecer la gobernabilidad y la solidaridad ciudadana expresada en la organización y la capacidad de acción colectiva para enfrentar y resolver los conflictos violentos
  • 7. Gestionar democráticamente los conflictos socioeconómicos locales que, de no atenderse, contribuyen a la expansión del conflicto armado. Son experiencias que se dirigen a resolver por vías democráticas los conflictos más susceptibles a la intromisión de los grupos armados ilegales: los agrarios, los laborales y los relacionados con excedentes derivados de economías de enclave, regalías, inversiones estatales y megaproyectos. Redescubrir la política para que la violencia no reemplace a la política. Son buenas prácticas que contribuyen a que los ‘proyectos de sociedad’ que nos afectan a todos y en todas las esferas de la vida se expresen, se controviertan y puedan ser cristalizados como opciones de poder. Así contribuyen a la ampliación de la política como remedio a la violencia.
  • 8. Negociar la paz, entendiendo que esta seguirá siendo la mejor salida para Colombia. Y como el camino del acuerdo puede ser complejo y difícil, estas buenas prácticas recogen las lecciones del pasado, avanzan en la idea de la paz como política de Estado, proponen salidas realistas para la negociación, la construcción de confianza entre las partes y la generación de condiciones iniciales que faciliten que un eventual proceso de negociación se vaya consolidando y confían en el papel de la mediación de un tercero.
  • 9. Educar para la paz y la convivencia teniendo claro que si bien no es una varita mágica, la educación y la escuela son cruciales para inculcar los valores de la paz y la convivencia. Así, estas iniciativas se dedican a proveer educación a las víctimas del conflicto, a aislar la escuela de la acción de los grupos armados ilegales y vinculan a los y las jóvenes al proceso de construcción de paz. Comunicar para la paz porque es fundamental contribuir a cambiar los imaginarios que atizan la violencia. Muchos periodistas, medios de comunicación y, sobre todo, sectores de la comunidad organizada realizan acciones concretas encaminadas a ofrecer una información completa y balanceada sobre la complejidad de la realidad.