La carta expresa el desacuerdo del Partido Progresista con la decisión del gobierno de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra el movimiento social en Aysén. Argumentan que las demandas de Aysén expresan el malestar por la inequidad económica y política en Chile, y que la violencia demuestra la frustración de un movimiento social agotado. Piden al presidente que desista de aplicar la ley y en su lugar escuche las demandas a través del diálogo para resolver las condiciones de inequidad.