1. ¿Cómo se fortalecen la democracia y rendición de cuentas?
Educándonos en la responsabilización y participación cívicas.
En México, la democracia representativa está regida por una serie de principios
de gobierno que han sido adecuados desde antiguos modelos del gobierno
liberal, republicano y democrático (Guillermo O’Donnell, 1998) y cuyos pilares
subyacen en la rectoría del estado de derecho y la soberanía popular –
interpretada como autogobierno de los ciudadanos– y entendida como una
compleja relación contractual que implica certeras responsabilidades, en donde
la máxima publicidad de los actos del gobierno –antítesis del secreto de
Estado– la distinguen del autoritarismo.
La solidez de la democracia, explicada como el conjunto de reglas procesales
para la toma de decisiones colectivas [que propicia] la más amplia participación
posible de los interesados (Bobbio, 1984:53), encuentra ciertos indicadores en
la interacción armónica del autogobierno con los derechos fundamentales y el
ejercicio de libertades que resguarda el estado de derecho y que permite la
participación de los ciudadanos en la configuración de los actos de gobierno
(Baños, 2006). Puesto que la participación cívica es sustantiva a la democracia
representativa y un indicador de su solidez, en ello coinciden diversos autores
clásicos y contemporáneos como J. J. Rosseau James Madison, John S. Mill,
Robert Dahl, Benjamin Baber, David Held y John Dryzak señala la doctora Pipa
Norris (2002:311).
En este sentido, la institucionalización de la accountability –traducida al español
como rendición de cuentas (RDC)– 1 entendida como “la obligación del poder de
sujetar sus actos al escrutinio público” (Andreas Schedler 2000:16-18), es un
importante sostén en la consecución del estado democrático responsivo con los
ciudadanos; por ello resulta imprescindible descifrar su mecánica y con ello
valorar las lógicas de las diversas interacciones -formales o informales- de la
participación ciudadana que constituyen la RDC puesto que su relación expresa
la democratización y los rasgos de la cultura política del régimen, entre otros
elementos; y en virtud de que la intervención cívica debe de entenderse como
1
Andreas Schedler (2000:15) apunta que la traslación en español de “rendición de cuentas no
recoge a plenitud el concepto de accountability”.
1

2. un proceso complejo de exigibilidad del vínculo de la representación política y
de verificación de la responsabilidad, razonada como “la posibilidad de prever
los efectos del propio comportamiento y [corregirlo] con base en tal previsión”,
ya que concepto de “responsabilidad política se basa en la noción de elección
que es consustancial al concepto de la libertad limitada” (Fornero, 2004:922-
923).
Por lo tanto, un régimen democrático se interpreta como el ejercicio de la
soberanía popular dotada del conjunto de derechos que configuran la
ciudadanía,2 a través de las instituciones garantes del acceso a la
configuración del poder público. En ello está implícita la dotación de
capacidades y facultades a los ciudadanos para ejercer y exigir la
representación política responsable a través de la adecuación de
procedimientos que lo fomenten y permitan. Ello consiente un sano equilibrio
del sistema político debido a la continua inversión del poder, acotado por
derechos de las minorías y configurado por la soberanía popular.
Al respecto, existe una tensión entre gobernar y representar, con lo cual surge
un dilema. En este sentido, la intervención de los ciudadanos en los procesos
de toma de decisiones mejora el desempeño de los procesos políticos, la
transparencia y rendición de cuentas de la función pública; y fomenta a la vez
las prácticas democráticas en el desarrollo institucional. Ello en virtud de que la
acción cívica funge como un motor democrático y mejora la funcionalidad de la
gestión pública en la toma de decisiones al fomentar la transparencia y la
permanente vigilancia de los actos y de las decisiones de los servidores
públicos, acordes al interés público.
Ante este razonamiento surgen varias cuestiones respecto al tipo de relación
que guardan la acción social y la función pública debido a la complejidad de las
interacciones entre ciudadanos y entes públicos que surgen durante los
procesos de toma de decisiones relevantes. Al respecto se debe de señalar
que la participación de los ciudadanos debe coexistir con el ejercicio de la
función pública bajo un entorno de mutua cooperación y responsabilidad, esto
2
En este tenor, la ciudadanía está integrada por un conjunto de derechos, que garantizan la
racionalidad de la democracia; políticos, civiles y sociales, según la clasificación de Marshall.
2

3. es, de corresponsabilización del ejercicio de gobierno, representar para
gobernar. En este sentido, la acción estratégica de los ciudadanos y sus
colectivos –sean estos, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad
civil, asociaciones, prensa y demás grupos sociales– permiten crear
condiciones de exigibilidad para la transparencia en la toma de decisiones y la
función pública responsable con el interés general.
Este proceso contemporáneo de exigibilidad de transparencia y rendición de
cuentas tiene su fundamento histórico en la enérgica participación de los
ciudadanos, muy significativo en el Distrito Federal y cobijado con el marco
legal de la vanguardia de nuestra legislación. Dicha participación cívica se ha
vinculado a lo largo de la historia reciente para impulsar los procesos de
democratización y que actualmente ha sido coronada con la jerarquización
constitucional de los derechos; entre ellos el de la información –artículo 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Federal de
Transparencia y Accesos a la información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
Este proceso social e histórico, hoy ocurre a través de las diversas dinámicas y
sinergias entre los colectivos de la sociedad civil. A través de la demanda y
retroalimentación de los insumos para la información útil al escrutinio público; el
refuerzo de los mecanismos de sanción intragubernamental y cívica; la
producción social de entornos adecuados para la accesibilidad a dicha
información; y la deliberatividad de los tópicos relevantes de la toma de
decisiones.
En esta complejidad, emergen una gama de problemas que es vital identificar
si deseamos ampliar las fronteras de las políticas de transparencia y acceso a
la información pública. Esto, para localizar los obstáculos a esta labor
democratizadora y ubicar las guaridas en donde cobran una cuota abusiva las
facultades discrecionales. En ello, está “en juego” 3 la capacidad de regulación
mutua entre sociedad y gobierno; la cual está determinada por la publicidad de
los actos de Estado y su margen de acción discrecional. En otras palabras, la
lógica de la rendición de cuentas democrática; cuya perspectiva sistémica,
3
Siguiendo la definición de “enjeu” de Touraine (2006), sobre la relación conflictual entre el
movimiento social y su adversario en el poder institucional, que define la historicidad de la
sociedad.
3

4. tiene un marcado carácter cívico-político, al contenerse dentro de un sistema
político que tiene que integrar proactivamente la sinergia de los ciudadanos en
la conformación conjunta de incentivos formales e informales para la
asignación de responsabilidad con transparencia. La rendición de cuentas
democrática más que un instrumento es una lógica de organización de un
sistema político que busca la consolidación de las instituciones democráticas a
través de la ampliación participativa del demos en la integración de las mismas.
En este sentido, la rendición de cuentas en democracia, se distingue de otros
ejercicios de regulación y sanción practicados fuera de las democracias
liberales.
Por ello, es vital la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones
transcendentales que afectarán las condiciones de ejercicio de otros derechos
de ciudadanía. En consecuencia, la producción social de ciudadanía requiere
del continuo fortalecimiento de los derechos fundamentales de libertad de
expresión, asociación, e información; los derechos políticos de participación en
la toma de decisiones y de autogobierno.
Nosotros mismos en el Distrito Federal hemos sido testigos y partícipes de
estos procesos de responsabilización y participación cívicas durante la
coyuntura de la reforma petrolera o energética de 2008 en México. Al respecto
podemos destacar que en el proceso de reforma petrolera de 2008, los
ciudadanos responsabilizamos enérgicamente al gobierno federal y a los
funcionarios públicos para ceñirlos a la representación responsable del interés
público. Acción que fue ampliamente respaldada por los procesos consultivos
organizados en el gobierno capitalino. Al respecto, encontramos que la
Consulta Sobre la Reforma Energética fue un factor político significativo
durante la coyuntura en torno al proceso de legislación de la reforma petrolera
de 2008. Puesto que en este proceso, el inusual refrendo cívico articuló
sinergias y mecanismos cívicos de vigilancia y sanción desde la enérgica
acción popular. Tal refrendación cívica, enfrentó con éxito el ejercicio opaco y
discrecional con el que se conducía inicialmente la legislación de la reforma.
La reforma petrolera de 2008 generó una coyuntura política de gran calado que
a pesar de los conflictos alrededor de la misma, significó una oportunidad sin
4

5. igual para la implementación, optimización y diseño de dispositivos
democráticos de evaluación y sanción de la toma de decisiones. A
continuación, remarcamos algunos elementos vitales:
• Se reconfiguran la producción y el provecho de la información, la
opinión pública autónoma y los entornos de exigibilidad de
responsabilidad política.
• Se legitima la actuación de los órganos de transparencia,
fiscalización y rendición de cuentas, al establecerse sinergias entre la
fiscalización superior y la demanda ciudadana de la responsabilización
pública y política.
• Se reconfiguran los balances y contrapesos políticos que
condicionan el desarrollo de la legislación sobre la reforma.
• Se impacta en la deliberación del Poder Legislativo.
En este sentido nuestra propuesta de diseño institucional debe incorporar estos
ejes:
• Fortalecer de manera proporcional los incentivos positivos y
negativos para el ejercicio responsable de la función pública.
• Someter al escrutinio ciudadano los procesos relevantes de la
política gubernamental que afectan de sobremanera el interés público.
• Robustecer el vínculo cívico-legislativo en las labores de
vigilancia, evaluación y sanción de dichos procesos.
• Generar un fuerte vínculo entre los entes de fiscalización superior
y los sectores cívicos que ya tienen facultades de “contraloría social”.
• Publicitar la importancia de la función socio política de la
responsabilización cívica para el desarrollo democrático.
• Realizar las adecuaciones correspondientes al marco normativo
en los tres niveles de gobierno respecto a los conceptos institucionales
de participación ciudadana, contraloría social, soberanía popular,
transparencia y rendición de cuentas.
• Re-institucionalizar la participación cívica, con la inclusión de
mecanismos vinculatorios, tanto de la pericia de los ciudadanos
expertos, como del capital social expertise inserto en los foros sociales
de consulta.
5

6. En esta lógica, se debe de retomar la sinergia y el diseño normativo derivado
de la reforma petrolera que fue insertado en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, respecto de la institucionalización de la
participación de la sociedad civil. Esto debe servir de antecedente para dar pie
a la creación de la figura jurídica del ciudadano experto, y del foro social de
consulta, como mecanismos de democracia directa vinculatorios con la toma de
decisiones de los Poderes públicos (Rendón y Manríquez, 2011).
Finalmente subrayamos que la responsabilización cívica, con la consecuente
penetración de la transparencia y el libre acceso a la información pública son
fundamentales –aunque no suficientes– para la desarticulación de la corrupción
de la función pública y el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas
democrática. Es así que la acción cívica permite sustentar un enérgico motor
democrático para reconfigurar los procedimientos de toma de decisiones,
integrando un valioso elemento de transparencia y rendición de cuentas en
democracia.
Compartir esta análisis y dejarlo en este espacio académico tiene el firme
propósito de aportar una propuesta ciudadana que fortalezca a través de los
estudios de ciencia política; el programa de las políticas públicas de
participación ciudadana; de educación cívica y; de la política de rendición de
cuentas que seguramente serán la beta de estudios que muchos de mis
compañeros habrán de explorar con éxito. Muchas gracias.
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7. Bibliografía.
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Andamios. 2006, vol.2, n.4, pp. 35-58. UACM. México.
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Fornero, Giovanni. (2004). Diccionario de Filosofía. Actualizado y aumentado.
Fondo de Cultura Económica (FCE). Cuarta ed. Español. México.
Manríquez, Omar. (2011). Responsabilización, accountability y rendición de
cuentas. Ciudadanos frente al proceso político de reforma petrolera en el D.F.-
2008. Tesis para obtener el grado de licenciatura. Universidad Autónoma de la
Ciudad de México - Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Tesis
Inédita. México.
Norris, Pippa. (2002). La participación ciudadana: México desde un perspectiva
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México, SEGOB, SEP, IFE, CIDE, ITAM. México. Miguel Ángel Porrúa.
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http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/accountability%20democratico.pdf
Rendón, Iliana y Manríquez, Omar. (2011). La opinión pública y la participación
vinculatoria de expertos de la sociedad civil en las iniciativas de calidad en el
Senado de la República. La incidencia de la opinión pública en el proceso
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Schedler, Andreas. (2004). ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos de
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Normativa.
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
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