El documento denuncia el cerco económico a los gobiernos regionales y locales en Venezuela debido a la reducción de sus ingresos propios por las estatizaciones y la crisis de PDVSA. Propone declarar la inconstitucionalidad de la Ley del Concejo Federal de Gobierno y exhorta a alcaldes, concejos municipales y consejos locales a informar a los ciudadanos sobre la situación presupuestaria de 2011 y a respaldar a las autoridades en la defensa de la descentralización.