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El documento describe las relaciones entre el gobierno y las cortes generales en España según la Constitución Española. Establece que el gobierno es responsable ante el parlamento y debe informar a las cámaras, y también trata sobre cuestiones de confianza, mociones de censura, dimisiones del gobierno, disolución de las cámaras, y estados de alarma, excepción y sitio.









