La Ley de Participación y Control Social en Bolivia reconoce el derecho fundamental de la democracia a la participación social en la gestión pública y asuntos ambientales. La ley establece el derecho a participar e informar en temas de desarrollo energético, hidrocarburos, bosques y servicios básicos, así como el acceso a información sobre recursos fiscales y naturales. Además, obliga al Estado a planificar políticas con participación ciudadana y permite a grupos sociales presentar proyectos de ley.