El juez Baltasar Garzón inició una investigación en 2009 sobre una presunta red de corrupción vinculada al Partido Popular de España encabezada por Francisco Correa. A lo largo de los meses siguientes se detuvo e imputó a decenas de personas vinculadas al PP, incluyendo altos cargos. La investigación reveló indicios de que la trama se financiaba a través de sobornos a cambio de contratos públicos. El caso generó una gran polémica política y judicial.