El decreto establece que el uso de software libre será la política pública para las entidades de la administración pública central en Ecuador. Se define software libre como programas de computación que pueden usarse y distribuirse sin restricciones y cuyo código fuente es accesible. Las entidades públicas deben verificar la capacidad técnica para dar soporte al software libre antes de instalarlo y solo podrán usar software propietario cuando no haya una solución de software libre disponible o cuando esté en riesgo la seguridad nacional.