El software libre otorga a los usuarios la libertad de usar, estudiar, distribuir y modificar programas. En Ecuador, el decreto 1014 establece que el uso de software libre es una política pública para entidades gubernamentales, permitiendo software privativo solo en casos específicos. Además, la ley orgánica de educación superior promueve tarifas preferenciales para el uso de programas informáticos en instituciones educativas.