El documento resume que la legislación hipotecaria aprobada por Mariano Rajoy cuando era ministro permitió que los diputados y ministros mantuvieran su titularidad en el Registro de la Propiedad. También mantiene Rajoy una plaza como registrador en Santa Pola que le ha reportado 20 millones de euros. El Ministro de Justicia quiere privatizar el Registro Civil, que ha sido público y gratuito desde 1870, para que lo lleven los Registradores de la Propiedad y los ciudadanos tengan que pagar por los servicios.