El testamento de un difunto carecía de puntuación, lo que generó confusión sobre a quién dejaba sus bienes. El juez convocó a posibles herederos (sobrino, hermano, sastre, jesuitas) para que aportaran versiones puntadas. Cada uno propuso una interpretación distinta que le beneficiaba. Ante la imposibilidad de aclarar el testamento, el juez decidió incautarse de la herencia en nombre del Estado.