El documento aborda la organización del estado peruano, enfatizando la importancia del Tribunal Constitucional como órgano autónomo encargado de velar por la constitucionalidad y los derechos ciudadanos. Se describen las funciones de los tres poderes del estado y la relevancia de los organismos constitucionales autónomos en la fiscalización y regulación de estos. Asimismo, se discuten conceptos clave como la ley, el delito, la pena y la impunidad en el contexto de un estado de derecho.

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COMPETENCIA: Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común
CAPACIDADES:  Interactuó con todas las personas.
 Delibera sobre asuntos públicos.
PROPÓSITO: Los estudiantes analizamos la organización del estado peruano y su eficiencia para atender
las demandas sociales de la población.
EVIDENCIA: El estudiante investiga y elabora un tríptico de la organización del Estado y sus funciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Reconoce la estructura del Estado Peruano.
 Indaga y sostiene una opinión crítica sobre el cumplimiento de las funciones de los poderes del Estado.
 Analiza y explica la importancia de la división de poderes para el Estado Democrático.
 Evalúa la eficiencia del gobierno local en la atención de las necesidades de la población.
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“Organización del Estado y Gobierno”
I. NOS ACERCAMOS AL TEMA:
¿QUÉ ES EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El Tribunal Constitucional (TC) es independiente y autónomo. Por lo tanto, su existencia no se condiciona a la
de otras instituciones como el Poder Judicial. Este órgano tiene mayor peso que la Corte Suprema y sus
miembros gozan de inmunidad.
Los magistrados del TC siempre son elegidos por el Congreso. Es el
encargado de cuidar las leyes y las acciones de las instituciones del
Estado.
Según el artículo 202 de la Constitución Política peruana, el TC se
encarga de revisar, como única instancia, leyes contra las cuales se
presentan acciones de inconstitucionalidad. También evalúa “en última y
definitiva instancia” toda sentencia judicial en la que se haya denegado
un habeas corpus, acciones de amparo, un habeas data y acciones de
cumplimiento. Otra función del TC es conocer los conflictos de
competencia entre instituciones que asigna la Constitución Política.
Los miembros del TC son superiores a los jueces supremos del Poder Judicial y ocupan el cuarto lugar en la
jerarquía de funcionarios públicos. Solo son superados por los ministros, los congresistas y el presidente de la
República.
 ¿Qué ocurriría si un partido político controla el Tribunal Constitucional?
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 ¿Por qué el Tribunal Constitucional debe permanecer como un organismo autónomo?
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2.1 ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO:
La estructura del Estado peruano comprende los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los
organismos constitucionales autónomos, los Gobiernos regionales y los Gobiernos municipales. En el
Perú, los representantes tanto del Poder Ejecutivo (presidente y vicepresidentes) y Legislativo como
los de los gobiernos regionales y municipales son elegidos por las y los ciudadanos mediante sufragio.
II.- NOCIONES
El Poder Ejecutivo está
conformado por el presidente,
dos vicepresidentes y el
Los organismos
constitucionales autónomos
cumplen la función de regular

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El Poder Legislativo está conformado por 130 congresistas.
Su función central es mejorar las leyes o generar las que se
consideren necesarias a través de la deliberación y discusión.
Otra de sus funciones es fiscalizar las acciones del Estado,
especialmente, las del Ejecutivo.
El Poder Judicial tiene como
función administrar justicia.
Está constituido por órganos
de diferentes niveles de
jerarquía que atienden los
procesos judiciales a nivel
nacional, regional, provincial y
distrital.
2.2 ¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES
AUTÓNOMOS?:
El Estado peruano, con el objetivo de fortalecer su Estado de derecho, ha ido creando instituciones que
son independientes de los tres poderes, y que están reconocidas en la Constitución Política del Perú. Su
objetivo es fiscalizar y regular a los otros poderes en aspectos específicos a partir de evaluar y
garantizar el cumplimiento de las leyes.
Se puede agrupar a estos organismos de acuerdo con las siguientes funciones:
Tribunal Constitucional (TC)
Analizar medidas que puedan afectar la
Constitución y a la ciudadanía y organizar
procedimientos para defenderla.
Ministerio Público-Fiscalía de la Nación
(MP)
Defensoría del Pueblo (DEPU)
Contraloría General de la República
Administrar y regular aspectos de la economía
que pueden afectar los intereses de la
ciudadanía.
Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones
(SBS)
Banco Central de Reserva del Perú (BCR)
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Organizar, planificar, ejecutar y fiscalizar los
procesos electorales para que se desarrollen
de manera eficiente y transparente, en respeto
de la voluntad popular.
Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE)
Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (Reniec)
Organizar los procesos que permiten identificar
a las personas y proteger su derecho a la
identidad.
Consejo Nacional de la Magistratura
Asegurar la selección y el nombramiento de los
jueces y fiscales, sancionar sus inconductas y,
de ser el caso, destituirlos.
2.3 ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS:
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La Contraloría es una de las organizaciones más antiguas del Perú (1929) y surge de la necesidad de
una institución que observe el uso eficiente y transparente de los recursos del Estado. Su objetivo es
vigilar y controlar el uso del dinero público o cualquier bien del Estado en todas las instituciones
estatales. Una de sus principales funciones es supervisar cómo se ejecuta el presupuesto de estas
instituciones; es decir, revisar cómo se ha planificado el gasto del dinero y si se cumple con esta
planificación sin perjudicar los intereses de las y los ciudadanos.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC)
Es el organismo que fiscaliza las acciones del Estado para verificar si cumplen adecuadamente los
mandatos de la Constitución. También analiza en detalle el trabajo de las instituciones del Estado y
evalúa si cumplen rigurosamente las normas planteadas por la Constitución. Si considera que las

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MINISTERIO PÚBLICO (MP)
A pesar de llamarse ministerio no forma parte de los ministerios del Poder Ejecutivo ni es liderado
por un ministro. Está dirigido por el fiscal de la nación. Este organismo ha sido creado para
colaborar y fortalecer la administración de justicia. Representa a la sociedad para apoyar en el
esclarecimiento de los delitos o infracciones a las leyes. Puede participar en procesos judiciales de la
siguiente manera: iniciar la investigación de los delitos, ejercer la defensa de ciudadanas y
ciudadanos o establecer dictámenes previos sobre algunos procesos de interés público como casos de
corrupción de autoridades.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO (DEPU)
La Defensoría es de más reciente creación que los otros organismos (1993) y tiene funciones bastante
amplias: defender los derechos de las y los ciudadanos y de la comunidad; supervisar el cumplimiento
de los deberes de la administración estatal y el adecuado uso de los servicios públicos que el Estado
brinda a la ciudadanía. Su labor de supervisión le permite tomar medidas de prevención del delito y la
corrupción.
2.4 LA LEY, EL DELITO, LA PENA Y LA IMPUNIDAD:
La ley es un mandato que debemos cumplir las personas con el objetivo
de mantener el orden y la sana convivencia. Toda ley exige o prohíbe un
tipo de acción; es decir, nos plantea límites que repercuten en una buena
convivencia. En el Estado de derecho, las principales leyes promueven el
respeto a los derechos de las personas y proponen restricciones para que
la libertad de cada uno no afecte la libertad de las y los demás.
Hay diferentes tipos de leyes: algunas están vinculadas con las obligaciones, como las que regulan el
pago de impuestos, que permiten que el Estado tenga recursos para administrar los bienes y servicios
que son de todas y todos (obras públicas como carreteras, servicios de salud, etc.); otras están
orientadas a la protección de las personas, como, por ejemplo, las que ordenan las relaciones
laborales para evitar la explotación.
A. El delito y la pena
El delito es la infracción a las leyes o al espacio de convivencia. Esto último explica por qué el
incumplimiento de la ley nos afecta a todas y todos. Así, aquellas personas o grupos de personas que
la trasgreden por voluntad propia o por negligencia deben recibir un castigo o pena, de acuerdo con la
infracción y con su gravedad.
Algunos delitos pueden afectar la vida de otras personas y otros pueden alterar el orden público. Ante
los delitos cometidos se establece una pena o sanción. Estos cumplen una función de reparación ante
la sociedad por el daño ocasionado.
B. La impunidad
La impunidad implica que un delito no sea sancionado. Esto genera una condición de injusticia, ya
que muestra que no todas las personas son iguales ante la ley, pues se permite que haya quienes
cometan delitos o infracciones sin ser sancionados por estos. Este es un punto desde el cual es posible
cuestionar si realmente existe un Estado de derecho. Si bien la impunidad puede tener varias causas,
una de las principales es la corrupción de autoridades o funcionarios públicos, quienes incumplen la
ley a cambio de algún beneficio.