La ley busca darle el mismo valor probatorio a la firma electrónica que a la firma escrita siempre que cumpla con ciertos requisitos relacionados a la seguridad y no alteración de los mensajes de datos. Reconoce la validez legal de los mensajes de datos y la firma electrónica para dar seguridad y confianza en transacciones y comunicaciones electrónicas. También busca impulsar el acceso a servicios electrónicos para facilitar el comercio y producción.