La Constitución española de 1978 estableció un Estado democrático que busca ser justo y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Dividió el poder en legislativo, ejecutivo y judicial. También definió a España como una monarquía parlamentaria y reconoció la autonomía de las regiones. La Constitución puede ser reformada pero solo mediante un proceso democrático que requiere un amplio consenso.