La ley 1273 de 2009 estableció penas de prisión de 48 a 96 meses y multas de 100.000 a 1.000.000 de salarios mínimos para delitos informáticos como robar datos, hackear cuentas bancarias u obtener información sin autorización con fines de enriquecimiento personal o transacciones ilegales por encima de un monto determinado. El objetivo de la ley era proteger la privacidad de los ciudadanos y castigar a los "hackers" y delincuentes informáticos.