La ley protege los derechos de autor pero también restringe la distribución de archivos, incluso aquellos sin fines de lucro. Esto eliminaría muchas páginas de YouTube y requeriría pagar por ver videos. Si bien permite la distribución por empresas autorizadas, dificulta el acceso al conocimiento para personas de bajos recursos. Se propone una contra ley para modificarla con argumentos válidos y organismos de la sociedad civil también se oponen a la restricción del conocimiento.