El documento describe las medidas tomadas por el gobierno francés en 2010 contra la población gitana, incluyendo la deportación de gitanos rumanos y búlgaros a sus países de origen bajo el pretexto de combatir la criminalidad. Estas acciones fueron condenadas por instituciones europeas pero apoyadas por casi la mitad de los franceses. El autor cuestiona si todos los deportados eran realmente criminales o si su único delito era ser gitanos.