El documento habla sobre el uso del software libre como una política pública de estado. Explica que esto ayuda a aumentar la soberanía tecnológica y la seguridad de la información gubernamental, además de mejorar la compatibilidad, interoperabilidad y acceso a largo plazo para los ciudadanos. Concluye que el software libre es fundamental para los modelos emergentes de gobierno abierto y electrónico, y requiere del apoyo de las más altas instancias decisorias para establecer las políticas públicas correspondientes.