El documento describe los inicios de la jurisdicción penal militar en Colombia entre 1821 y 1929. Explica que los delitos cometidos por militares se castigaban de forma más severa que los cometidos por civiles, incluso con pena de muerte dependiendo del rango. Además, concluye que durante este periodo fue polémico y conflictivo el proyecto de reforma de la Justicia Penal Militar debido a los intereses de los diferentes grupos políticos.