El documento establece que los adolescentes tienen derecho a la protección y formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en organismos públicos y privados relacionados con la protección, educación y progreso de la juventud. Además, la recién aprobada Ley de Juventud es un instrumento que ayudará al Estado y la sociedad a mejorar las condiciones de vida de los nueve millones de jóvenes colombianos y lograr su participación activa en la vida económica, política y cultural.