El documento aborda la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y su relación con los derechos de las mujeres, resaltando la falta de acceso seguro y legal al aborto, que provoca graves consecuencias para la salud de las mujeres, especialmente de las más desfavorecidas. Se menciona que la penalización del aborto perpetúa el estigma y no reduces la incidencia de abortos, sino que incrementa los riesgos asociados. A través de una revisión del marco jurídico y político, se argumenta que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es fundamental en la lucha feminista y se destaca la necesidad de una reforma legal que proteja la salud y derechos reproductivos de las mujeres.