El proceso de acción de tutela implica que los ciudadanos o la defensoría del pueblo presentan una solicitud ante un juez, quien debe corregirla y fallar en un plazo de 10 días. Si el fallo es impugnado, el juez lo remite a un superior para que decida, y notifica a las partes. El juez puede solicitar documentos e informes, y tiene 20 días para revocar o proferir un nuevo fallo. La Corte Constitucional puede revisar las tutelas seleccionadas y revocar o modificar los fallos.