Este documento presenta un plan para abordar la crisis de seguridad y violencia en Venezuela. Propone aumentar el tamaño y mejorar la capacitación de los cuerpos policiales, despolitizar el Ministerio Público, garantizar la autonomía de los tribunales, y mejorar las condiciones en las cárceles. El objetivo general es reducir los altos niveles de homicidios e impunidad mediante un enfoque integral de prevención, aplicación de la ley y sistema de justicia penal.